Criminalización de la lucha social vs acuerdo sindical
José Arlex Arias Arias, La Verdad
El Congreso aprobó la ley de “Seguridad Ciudadana”, una especie de Estatuto antiterrorista pero contra la población civil, presentado por el gobierno del presidente Santos y respaldado por la coalición de partidos que conforman la “Unidad Nacional”. Además se están discutiendo más medidas represivas en la reforma al Código de Policía que parece más para el control de una cárcel que del orden público ciudadano.
Como lo intentaron los gobiernos anteriores -con más dureza los de Turbay y Uribe-, justifican la iniciativa en la necesidad de tener “herramientas para combatir la delincuencia común y las llamadas bandas criminales”, como si la historia no indicara que han utilizado todo tipo de métodos, legales e ilegales, hasta convertir al país en uno de los que más violan los derechos humanos en el mundo.
Al igual que en el Plan Nacional de Desarrollo, convertido en una reforma tributaria, soslayando la discusión en las Comisiones Legislativas, en la Seguridad Ciudadana le metieron la mano a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y a la Ley de la Adolescencia -cuyo trámite abrió gran debate sobre la criminalización de los menores de edad, en el cual participaron organizaciones internacionales y personalidades del país-, además de tipificar nuevos delitos. Me atrevo a asegurar que todas las conductas quedaron criminalizadas.
En dicho Estatuto se aprobó: variar los términos procesales de la Fiscalía para acusar, realizar la audiencia y formular o archivar la investigación; facilita las capturas, incluso cambiando los jueces de garantía; reglamenta las interceptaciones de las comunicaciones; tipifica como delito manipular, remarcar o modificar los celulares, penalizándolo entre 6 a 8 años de cárcel; abrevia el procedimiento para la extinción de la propiedad; cárcel de 9 a 12 años por porte ilegal de armas; 13 a 22 años por financiación a grupos delincuenciales; 30 años por tráfico de drogas; cárcel para menores criminales y a quienes los utilicen de 10 a 17 años; allanamientos las 24 horas del día; disparar al aire: de 1 a 4 años; comercializar lo robado: de 4 a 12 años, y de medicamentos de la seguridad social, de 2 a 4 años. Es decir, hay dosis para todo. Algunas de ellas necesarias, otras discutibles y otras inaceptables.
En la última categoría, la criminalización de menores de edad es muy popular por el crecimiento de bandas y pandillas que han venido causando daño, pero su existencia es la demostración de la incapacidad del Estado para garantizarles sus derechos fundamentales, que se concreta en la carencia de atención desde la gestación, salud, educación, empleo, seguridad social y vivienda; ese es el caldo de cultivo para que la criminalidad adolescente sea el denominador común y no la excepción, por lo cual la represión del Estado conllevará a su sofisticación y no a la solución de la problemática social.
Como esa problemática social conlleva la movilización de la población y el Gobierno no tiene soluciones porque en su modelo económico prevalecen los intereses plutocráticos, entonces resolvió también criminalizar la protesta. La norma penaliza con 2 a 4 años de cárcel a quien "por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo". El Vicepresidente de la Cámara, Germán Navas dijo que es "ambigua" la expresión “medios ilícitos” porque ilícito es lo que está contra la ley, y si la manifestación no tiene autorización, eso ya puede considerarse ilícito".
Lo paradójico es que mientras esto sucede, la Confederación General del Trabajo, con su presidente Julio Roberto Gómez, anda lagarteándose el Ministerio del Trabajo, y la Confederación de Pensionados, cambió a su presidente para montar una mayoría proclive, firmaron un acuerdo con el Gobierno de Santos, usurpando al sindicalismo y mimetizando la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Todas las triquiñuelas para salvar un TLC con EEUU que sólo beneficiará a las multinacionales.
