Piedad Córdoba es víctima de persecución política por parte de Álvaro Uribe
El abogado de Córdoba enfatizó que responsables del crimen contra la senadora responderán ante la justicia. (Foto: teleSUR)
Luis Guillermo Pérez, uno de los abogados encargados de la defensa de la senadora Piedad Córdoba, sostuvo que la inhabilitación de la congresista responde a una campaña orquestada por el Gobierno anterior de Colombia, lo cual da cuenta que la también activista es víctima de persecución política. Agregó que los responsables de esta maquinación tarde o temprano responderán por este crimen.
TeleSUR
El abogado colombiano Luís Guillermo Pérez, afirmó este martes que la senadora de ese país Piedad Córdoba está siendo víctima de persecución política por parte del anterior Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe ante el fallo emitido el lunes por la Procuraduría General del Estado que inhabilitó a la congresista por 18 años.
''Hay una campaña orquestada contra la senadora (...) que viene del Gobierno de Álvaro Uribe (2002- 2006 y 2006 - 2010) hace parte de un delito de persecución política contra la senadora en el contexto de crímenes de lesa humanidad'', indicó el jurista, que forma parte del grupo de abogados encargados de la defensa de Córdoba.
Pérez explicó en entrevista para teleSUR, que en las investigaciones que conllevaron al dictamen de la Procuraduría, ''se utilizó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)'' tal como lo demuestra el hecho que ''dos capitanes de la Armada Nacional que fueron altos responsables de la inteligencia del Estado durante la administración de Uribe, hayan confesado que cometieron concierto para delinquir y le han pedido perdón a la senadora y se han comprometido a esclarecer los hechos'', dijo.
El letrado agregó que las confesiones de estos dos miembros del Ejército colombiano no fueron tomados en cuenta por el procurador General. Alejandro Ordóñez, antes de emitir los señalamientos contra la congresista.
''Estos testimonios no han sido ni siquiera recibidos por el procurador General'', expresó.
El pasado abril, Córdoba sostuvo que el DAS había orquestado un plan, ordenado por la Presidencia, con el fin de dañar su reputación, en el cual se contemplaba la supuesta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Montaron una estrategia para acabarme (...) estoy sometida a una persecución permanente", declaró la senadora a la prensa colombiana, y reveló que existen documentos que demuestran que al DAS le fue ordenado buscar los indicios necesarios para relacionarla con la guerrilla.
El abogado de Córdoba indicó que las acusaciones de Ordóñez están basadas en pruebas manipuladas, razón por la cual la también activista humanitaria presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra del procurador, entre otros recursos.
''La argumentación del procurador está sustentada en pruebas irregularmente conducidas a esta investigación disciplinaria, por esta razón la senadora Córdoba presentó una denuncia penal contra el procurador y una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia'', dijo.
También consideró que los señalamientos en contra de la congresista ''es un delito susceptible de ser investigado en la Corte Penal Internacional en la Haya''.
En cuanto a las estrategias a seguir para la defensa de la senadora, Pérez señaló que ''insistiremos en la recusación contra el procurador'', así como también ''estamos evaluando la posibilidad de iniciar unas acciones de tutela y de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)''.
''Todos los que son responsables de esta maquinación (...) tendrán tarde o temprano que responder a este crimen'', enfatizó el jurista.
La Procuraduría General de Colombia inhabilitó este lunes por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según la Procuraduría, Córdoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, "colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".
En rueda de prensa desde La Casa de la Mujer, ubicada en Bogotá, este martes la congresista sostuvo que a través de su inhabilitación "se está criminalizando la labor humanitaria, se está criminalizando la tarea de la paz".
También negó a los medios de comunicación los señalamientos que le hace el ente y agregó que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Córdoba ha sido una gran defensora e impulsadora de un intercambio humanitario con las FARC como manera de comenzar un acercamiento y encontrar una salida pacífica al conflicto armado colombiano.
Desde 2008 ha estado a la cabeza de las misiones para las liberaciones unilaterales de cautivos por el grupo armado con la anuencia del Estado colombiano.
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