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Los Santos lavados de fachada o la metamorfosis del actual proyecto capitalista
Por: Jairo Estrada Álvarez
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
Caracterizaciones sobre el actual gobierno
Los primeros días de la presidencia de Juan Manuel Santos han abierto un abanico de opiniones acerca de la relación de continuidad o no respecto del gobierno anterior, así como de los propósitos y los alcances de la política para el cuatrienio que se ha iniciado. En la filas del uribismo ramplón que se le había impuesto al país, sus más genuflexos exponentes han llegado a sugerir una traición en curso; otros, fieles a su talante camaleónico guardan hoy distancia crítica frente a su anterior patrón. Consuetudinarios contradictores, sorprendidos, se han declarado a la expectativa.
En el campo de la izquierda, su derecha –consecuente con su gelatinoso y siempre pedante accionar– siguió en la infructuosa búsqueda del gran acuerdo nacional; en otros sectores, no se reconoce cambio alguno y se afirma que se trata simplemente de un gobierno en cuerpo ajeno, de mero continuismo. No faltarán aquellos que para justificar sus nuevas posturas señalen contradicciones en el seno del Gobierno y destaquen la existencia de un ala democrática a la que habría que apoyar. En fin, la discusión para caracterizar el gobierno de Santos se encuentra abierta. En este breve texto quiero presentar algunas ideas al respecto.
Lo primero a constatar es que buena parte de lo que está ocurriendo en términos de opinión pública es una fabricación mediática. Los mismos medios masivos de comunicación que hace poco más de un mes abundaban en loas sobre la excepcionalidad del gobierno que llegaba a su fin, de repente, han empezado a cuestionarlo, y ahora vienen desplegando todo su poder para prefigurar una gran transformación en curso. Como van las cosas, en breve tiempo el soberbio Uribe empieza a hacer parte de los inútiles trastos viejos para dar paso a un presunto nuevo gran reformador, el presidente Santos. Desde luego que sería equivocado pensar que lo que se está viviendo no es más que una simulación organizada u otro producto de esa pretensión de institucionalizar la política como espectáculo.
Para comprender el gobierno de Santos y sobre todo los anuncios de política que se han esbozado, más allá de las conjeturas y de los ejercicios de futurología, la pregunta central a responder consiste en indagar sobre lo que éste representa para un proyecto estable de dominación de clase y, sobre todo, para la estrategia de acumulación capitalista en curso. En ese sentido, es evidente que las configuraciones criminales y mafiosas del régimen político, así como las formas de acumulación por desposesión fundadas en la violencia paramilitar se venían tornando en forma creciente en limitantes para el despliegue pleno del actual proyecto capitalista.
En tiempos en los que en el capitalismo transnacional campea el discurso de la democracia liberal y los derechos humanos son referentes y propósitos de lucha de amplios sectores sociales, millones de desplazados, usurpación violenta de propiedades, persecución a opositores, asesinatos y desapariciones por razones políticas, entre otros, generan rechazo y cuestionan los sustentos de una estrategia económica.
Es notorio que las mismas clases dominantes que hoy construyen un nuevo consenso para marcar al parecer otros acentos, son aquellas que en su momento rodearon el que se generó alrededor de la “seguridad democrática”. Y otro tanto ocurre con el capital transnacional, los organismos multilaterales y los estados del capitalismo central: al tiempo que contribuyeron al sostenimiento del gobierno anterior, hoy pasan la página sin recato alguno para saludar las medidas del nuevo gobierno.
El cierre oficial de un ciclo de violencia y la estrategia capitalista
Todo parece indicar, aunque probablemente sea aún prematuro afirmarlo, que asistimos al cierre oficial del más reciente ciclo de violencia. El discurso santista de la unidad nacional posee algunas similitudes con el que diera inicio en su momento al Frente Nacional. De la misma forma que entonces, también ahora se ha producido un alistamiento violento del territorio para alentar una nueva dinámica de la acumulación capitalista. Las modalidades específicas de desposesión guardan incluso mucho parecido. Tal vez lo nuevo ha sido la estructuración mafiosa del proyecto actual, así como su fuerte imbricación con el Estado y los negocios capitalistas legales.
Si la geografía del capital que arrojó la Violencia fue aquella de la urbanización forzada, de la vía prusiana del desarrollo capitalista en el agro, del mayor despliegue de la industrialización, así como del sentamiento de las bases para el desarrollo del sector financiero y para una organización de la propiedad capitalista en la forma de grupos económicos, el más reciente ciclo de violencia –con su paz mafiosa– ha dispuesto el territorio nacional para un estrategia de acumulación capitalista basada en los hidrocarburos, la minería, los agronegocios (especialmente agrocombustibles), y las plataformas para la exportación, que da paso igualmente a una creciente transnacionalización y desnacionalización de la economía, en el contexto de un régimen de acumulación flexible y de financiarización del capital a escala planetaria.
El cierre oficial del más reciente ciclo de violencia que parece representar el gobierno de Santos no significa el fin de la violencia capitalista. De la misma forma que durante el Frente Nacional, se asiste ahora a otra normalización de la anormalidad. Se trata en todo caso de la continuidad del régimen de excepcionalidad permanente, con otras formas, que ha caracterizado un buen trecho de nuestra historia en el siglo XX.
Es muy significativo que, así como en los años 60 la cuestión de la propiedad sobre la tierra estuvo en el centro de los debates y de las luchas campesinas y produjo políticas de contención con la llamada reforma agraria, ahora el gobierno de Santos anuncie su interés de contribuir a la restitución de las propiedades despojadas y exalte incluso el papel de la economía campesina frente al modelo predominante, de estímulo exclusivo a la gran propiedad agraria y ganadera.
Ese renovado interés guarda relación con la necesidad de aclarar la situación de los derechos de propiedad sobre la tierra, en un contexto en el que las tendencias de la acumulación capitalista le han dado a ésta otro significado y priorizan la apropiación del territorio para la explotación minera y energética. En materia de tierras parece haberse puesto en marcha el mayor esfuerzo de lavado de fachada. Esa fachada ensangrentada va a ser recubierta con el barniz que saldrá del capítulo correspondiente en el proyecto de ley de víctimas que se presentará nuevamente al Congreso en esta legislatura.
La aclaración sobre los derechos de propiedad (incluida la muy probable legalización de muchas expropiaciones violentas) les dará tranquilidad a los inversionistas que se encuentran detrás de los proyectos mineros, de hidrocarburos y de agrocombustibles. Sus negocios no tendrán la duda de propiedad espuria. Desde luego que no es despreciable que el Gobierno haya decidido abrir la discusión sobre la política en esa materia; para el movimiento social y popular y para las víctimas de violencia estatal y paramilitar representa una oportunidad de la mayor importancia para darle nuevos contenidos a sus luchas.
El cierre oficial del ciclo de violencia es el producto de un reacomodo en el bloque dominante de poder que se encuentra en desarrollo. En su base sigue el capital transnacional, el gran capital industrial y financiero (unos pocos grupos económicos) y sectores terratenientes y ganaderos. Todavía está por verse cómo éstos concretan el cambio de vecinos o, incluso, si cambian, o los pueden cambiar. Habrá que esperar si los vecinos de Palacio son aquellos del Gun o del Jockey Club (o incluso del Nogal), o si continúan siendo de los lindantes del Ubérrimo.
El legado que Santos podría dejar –e insisto, está por verse– es una depuración del régimen político en términos de su organización más civilizada, acorde con las reglas de la democracia liberal. Eso lo requiere el proyecto político económico de las clases dominantes, en momentos en que éstas sueñan con que el actual gobierno se encuentre con la posibilidad de iniciar una nueva fase expansiva del ciclo económico, que anticipe la prosperidad que se ha venido anunciando con la llamada bonanza minero-energética.
Santos y la neoliberalización en profundidad
En lo demás se aprecia una profundización del proceso de neoliberalización que se ha venido adelantando en el país. A dos décadas del “Bienvenidos al futuro”, que anunciara César Gaviria con su paquete de reformas neoliberales de la apertura económica y de la modernización del Estado, Colombia se encuentra ad portas de la imposición de reformas pendientes y de la corrección de algunos de los más protuberantes fracasos del neoliberalismo para darle un nuevo aire y remozar su legitimidad. De nuevo se ha puesto en marcha la maquinaria de la producción de normatividad. Son múltiples los proyectos de ley presentados o que se encuentran en el trance de ser puestos a consideración del Congreso y de la opinión pública. Su examen escapa a los propósitos de este texto; demandará ejercicios posteriores.
Si se observan de conjunto los lineamientos de política y los proyectos hasta ahora conocidos o anunciados, no hay nada que permita afirmar que el gobierno de Santos representará una mejoría en la situación de la población colombiana. Más allá de las alusiones a la trasnochada (y fracasada) tercera vía, el marco jurídico-institucional de protección de los derechos del capital que se ha impuesto en el país permanecerá incólume, lo que augura la reproducción de las actuales condiciones sociales de escandalosa concentración de la riqueza y del ingreso, acompañada de una profunda desigualdad social y de unos altos niveles de pobreza.
En curso está la pretensión de constitucionalizar el derecho a la estabilidad macroeconómica, que no es más que la concreción de una vieja aspiración de la tecnocracia consistente en resolver jurídicamente a favor de la primera la contradicción entre la macroeconomía neoliberal y las demandas por la materialización de los derechos fundamentales. En estrecha relación con ello está la imposición de la regla fiscal, cuyo propósito principal consiste en blindar el pago de la deuda pública imponiendo superávit primarios (dando continuidad a lo ya señalado en la vigente ley de responsabilidad fiscal).
En la misma dirección se encuentra el proyecto de ordenamiento territorial y la distribución de las regalías. Aunque se anuncia el loable propósito de un fondo de compensación regional, dadas las características del proyecto capitalista extractivista y de primarización, es altamente probable que los recursos tiendan a concentrarse en la generación de la infraestructura que demanda la actual fase de transnacionalización de la economía. De lo anterior se infiere que una de las principales preocupaciones del gobierno de Santos consiste en evitar que buena parte de los excedentes que se puedan generar en los próximos años deban ser destinados para la reparación de las víctimas de la guerra.
Por otra parte, se han planteado un plan para la formalización del empleo, así como la generación masiva de nuevos de puestos de trabajo. En el primer caso, se busca incidir sobre la estadística de informalidad (entre 59% y 64% según la fuente), estimulando formas de afiliación a los sistemas de aseguramiento en salud y pensiones de la principal fuente de generación de empleo en Colombia: el autoempleo. En el segundo, se ha anunciado como una gran noticia un pacto con los gremios del capital para la creación de dos millones de empleos y la reducción de la pobreza.
La contribución del empresariado consistiría en aceptar un marchitamiento gradual de las deducciones del 30% por reinversión de utilidades en activos fijos, uno de los tantos incentivos (tributarios) escandalosos de que han sido objeto los grandes capitalistas en el país durante los últimos años. Con el equivalente a ello, unos 3,5 billones de pesos, se pondría en marcha la política gubernamental en esa materia. Como operación mediática tales anuncios funcionan; para afectar las realidades de precariedad, desigualdad, informalidad y pobreza que caracterizan al mercado de trabajo, no son más que un pírrico aporte.
Por último, se encuentra la reforma al régimen de salud, que busca garantizar en forma estable la rentabilidad de las EPS, muy probablemente mediante un acotamiento de servicios a que obligan los planes obligatorios de salud. Y siguen en el tintero las posibilidades de una reforma tributaria, de una reforma al régimen de pensiones y de una nueva reforma laboral. En suma, el gobierno de Santos es portador de un ambicioso paquete de reformas que reforzará la estrategia neoliberal y dará lugar a un amplio espectro de conflictividades en diversos campos de la vida política, económica y social.
Tal paquete tiene el soporte de un muy selecto grupo de tecnócratas que, como el Presidente mismo, han estado comprometidos con los diseños de política económica y social que tienen al país en la penosa situación actual. Pero por obra y gracia de la metamorfosis en curso, aparecen como los grandes reformadores que resolverán los ancestrales problemas que nos agobian.
Si todo esto termina en una nueva gran patraña y en un remozamiento del régimen de dominación de clase, dependerá de los alcances de las luchas sociales y populares.
Fuente: Revista Izquierda No. 4, Septiembre de 2010Espacio Crítico
