DOSSIER:
FALLO DE LA CORTE SOBRE BASES MILITARES ES SOLO EL COMIENZO DEL FRACASO EN LAS PRETENSIONES ENTREGUISTAS
FALLO DE LA CORTE SOBRE BASES MILITARES ES SOLO EL COMIENZO DEL FRACASO EN LAS PRETENSIONES ENTREGUISTAS
Miércoles 18 de agosto de 2010
El 13 de octubre de 2009, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que recomendó al gobierno nacional renegociar el llamado Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, por considerar que tenía implicaciones reales sobre la soberanía nacional, al tiempo que recomendó adelantar el trámite ante las “instancias ordinarias de control democrático”, es decir, ante el Congreso de la República. Aún así, el gobierno de Uribe Vélez firmó el acuerdo el 30 de octubre, desconociendo al Consejo de Estado y pretendiendo pasarse por encima a la Constitución colombiana.
Hoy, como tenía que ocurrir, la Corte Constitucional declaró inexequible el acuerdo que le entregaba el control de por lo menos siete bases militares colombianas al ejército de Estados Unidos, y obliga al gobierno a realizar el trámite por el Congreso. Es bueno mencionar que el fallo de la Corte no reconoce el acuerdo firmado, por lo que no podrá ejecutarse sin surtir el trámite de la aprobación y si ya se venía haciendo deberán ser retiradas las tropas y equipos gringos de las bases militares colombianas.
De esta forma se comprueba que sí tenían fundamento los cuestionamientos que amplios sectores democráticos de la población colombiana y estadounidense venían haciendo sobre el Acuerdo militar y sobre la forma mansa en que el gobierno de Uribe, con su entonces ministro de Defensa y hoy presidente, Juan Manuel Santos, pretendía renunciar a la soberanía nacional.
Este fallo, que es la primera prueba de fuego de Santos en política internacional, abre una oportunidad para que las fuerzas vivas de la nación, del empresariado, los trabajadores, la intelectualidad, las organizaciones de derechos humanos, sectores políticos y sociales de diversas tendencias, impidamos que ese Acuerdo sea aprobado en el congreso colombiano. Nos da la oportunidad de exigirle a todos los senadores y representantes que rechacen tal despropósito y que, en consecuencia, la sociedad colombiana pueda dar cuenta de quiénes van a votar a favor de que Colombia sea una colonia estadounidense y acepte el ejército que hoy tiene invadido a Afganistán y a Iraq, y quiénes votarán por defender la independencia conseguida hace 200 años por nuestros libertadores.
* La Coalición Colombia No Bases nació el 8 de abril de 2010, conformada por más de 150 organizaciones sociales. La Coalición es de carácter amplio y democrático y tiene como objetivo trabajar para impedir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio colombiano.
Polo Saluda Fallo de la Corte Constitucional
Miércoles 18 de agosto de 2010
La Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, saludó el fallo de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del acuerdo militar con Estados Unidos por no haber surtido el trámite ante el Congreso que en su momento recomendó el Consejo de Estado al Gobierno Nacional.
“Hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que en la sentencia establezca mecanismos de verificación a fin de que se cumpla lo decidido”, afirmó la presidenta del Polo Democrático.
De la misma manera, “le hacemos un llamamiento al Presidente Juan Manuel Santos para que desista de los propósitos iniciales de ceder las bases a EEUU dado que con ello se viola el mandato de ‘impulsar la integración de la comunidad latinoamericana’ ordenado en el Preámbulo de la Constitución y que este Tratado a todas luces obstaculiza”, concluyó la doctora López.
GOLPE A LA POLÍTICA ANTINACIONAL Y GUERRERISTA DEL URIBISMO
Miércoles 18 de agosto de 2010
GOLPE A LA POLÍTICA ANTINACIONAL Y GUERRERISTA DEL URIBISMO
El 17 de agosto de 2010, la Corte Constitucional declaró inexistente el Acuerdo firmado el 30 de octubre de2009 entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para entregarle al gobierno norteamericano las bases aéreas de Palanquero, Malambo y Apiay, los fuertes militares de Tolemaida y Larandia y las bases navales de Cartagena y Málaga, así como para permitirles a los norteamericanos la utilización de los aeropuertos internacionales, establecer estaciones de radio y televisión por satélite, entrar y salir libremente del país, tener exoneraciones de impuestos, portar armas, realizar operaciones militares, gozar de inmunidad diplomática y otra serie de facultades y privilegios claramente violatorios de nuestra soberanía nacional.
La decisión de la Corte Constitucional, tomada por 6 votos contra 3, constituye un duro golpe a la política antinacional y guerrerista del gobierno de Uribe Vélez y a la posición de sectores ultraderechistas como el que representa el Procurador General de la Nación, quien llegó hasta el extremo de conceptuar que la Corte Constitucional no tenía facultades para pronunciarse sobre el Acuerdo.
Ese cambio, atiende el concepto del Consejo de Estado, que afirmó que el Acuerdo debía ser tramitado en el Congreso de la República, lo mismo que las críticas hechas por el Polo Democrático Alternativo y otros sectores de oposición que desde un comienzo se opusieron a la firma del Acuerdo por considerar que además de violar la Constitución Política, era un atentado grave contra la soberanía de Colombia y contra la paz de América Latina.
Conociendo el carácter antinacional del régimen imperante en Colombia y su incondicional sumisión a los dictados del imperio gringo, lo más seguro es que el Acuerdo será llevado al Congreso de la República, en donde el gobierno cuenta con una mayoría amplia para ratificarlo, por lo que desde ya convocamos a todos los sectores democráticos y patriótico de nuestro país a movilizarse contra este engendro que, en cualquier caso, es claramente violatorio de nuestra Constitución, que en ninguna de sus normas contempla la posibilidad de permitir el acantonamiento de tropas extranjeros en nuestro territorio.
Abecé de la decisión de la Corte Constitucional sobre las bases militares
Miércoles 18 Agosto 2010
El magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, explicó que el acuerdo militar firmado por Colombia y Estados Unidos el año pasado no tiene validez jurídica
El Tribunal dejó sin sustento jurídico el acuerdo firmado en 2009. ¿Qué opciones tienen ahora el Gobierno y quienes rechazan el convenio militar?
Cuando Estados Unidos tuvo que devolverle a Ecuador la base de Manta en septiembre de 2009, Colombia vio la oportunidad de fortalecer la alianza militar con los norteamericanos.
Con anticipación, en febrero del año pasado, empezó una negociación confidencial en Washington, según la cual Estados Unidos podría usar siete bases militares en Colombia, a cambio de incrementar el apoyo a las operaciones que el país desarrollara contra narcotraficantes y guerrilleros (ver acuerdo).
Los acuerdos militares entre Colombia y los norteamericanos no son nada nuevo. Existe, por ejemplo, uno firmado en 1952 para asistencia militar, otro de 1962 para ayuda económica y técnica, uno más de 1974 para misiones militares y otros tantos que los complementan. También existe la Convención de Viena, firmada en 1988, para controlar el tráfico de estupefacientes y dos convenciones de la ONU y la OEA, una sobre lucha contra el terrorismo y otra para combatir la delincuencia transnacional organizada.
Respecto al nuevo acuerdo, el de 2009, el Gobierno explicó que se trataba de un complemento a los ya existentes. Pero la revista Cambio reveló detalles secretos de este nuevo documento que significaban para Colombia nuevas obligaciones o hacía cambios a los anteriores.
Lo que tiene este acuerdo que no tenían los de años anteriores es que les permite a los norteamericanos usar bases aéreas y navales y la circulación del personal militar extranjero en estas instalaciones. Autoriza su porte de armas y el ingreso de aeronaves al territorio colombiano. Además, extiende las inmunidades diplomáticas a personal militar y a personas a cargo de personal extranjero.
Al conocer las novedades, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos demandó el acuerdo ante la Corte Constitucional, y el pasado febrero, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo complementó los argumentos con los que reclamaban la inconstitucionalidad del acuerdo de 2009.
El abogado Luis Guillermo Pérez, de esa ONG, explica que la demanda se hizo por dos razones. La primera, sobre el procedimiento, porque no se trataba de un acuerdo simplificado que venía de los acuerdos anteriores, como lo argumentaba el Gobierno, sino que “era de tal envergadura, que consistía en un Tratado que debía surtir el trámite legal correspondiente, ser aprobado por el Congreso y luego ser sometido al control de constitucionalidad de la Corte”.
La segunda argumentación de la demanda se refería al fondo del acuerdo. “Logramos demostrar cómo era un acuerdo lesivo a los intereses nacionales sin reciprocidad en relación con lo que el Gobierno entregaba a los Estados Unidos”, explicó el abogado.
Un concepto del Consejo de Estado encontró que, efectivamente, el acuerdo debió hacer su trámite por Congreso, pero esta apreciación no era de obligatorio cumplimiento para el Gobierno, que siguió adelante con su proyecto.
La Corte Constitucional, por su parte, debió hacer trámite a la demanda de inconstitucionalidad y tomó una decisión este martes 17 de agosto.
En efecto, el Tribunal “consideró que el acuerdo complementario de 2009 incorporaba obligaciones nuevas o modificatorias de obligaciones preexistentes en tratados anteriores bilaterales o multilaterales o en todo caso que superaban o excedían las previstas en estos acuerdos suscritos previamente”, según lo explicó el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional.
A este hallazgo se llegó, básicamente, después de analizar los acuerdos de 1952, de 1962, de 1974, y los que los complementan, la Convención de Viena de 1988 y las dos de la OEA y la ONU.
De acuerdo con las explicaciones que ha dado González, lo primero que hay que tener claro es que el Tribunal no dijo si el acuerdo de 2009 se hizo acorde o no con la Constitución colombiana. Tampoco lo declaró inexistente como tal porque “existe como instrumento bilateral suscrito entre los representantes de los estados de Colombia y de Estados Unidos. Es decir, hay una manifestación de consentimiento de los estados que no puede ignorarse y que no puede considerarse inexistente”, según explicó el Magistrado.
Lo que hizo la Corte Constitucional fue declarar inexistente la validez jurídica del acuerdo firmado en 2009. Es decir, ahí está, existe, pero, jurídicamente, no se puede aplicar porque no tuvo su trámite en el Congreso, que era necesario, porque con todo lo nuevo que tiene merecía una discusión en el Legislativo y su posterior revisión en la Corte Constitucional.
El magistrado González explica la decisión diciendo que después de esa declaración de la Corte, el acuerdo ha perdido “aplicabilidad en el orden interno por considerarse que no tuvo un trámite propio de un tratado internacional”. Sin embargo, los demás tratados vigentes hasta ahora siguen teniendo validez.
En consecuencia, el Gobierno de Colombia tiene dos opciones. Según el ministro del Interior, Germán Vargas, podría crear un convenio que realmente sea un complemento para los tratados existentes, pero sin incluir nuevas obligaciones o modificaciones. O podría presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que apruebe el que se hizo el año pasado.
Si la decisión que toma el Gobierno es la segunda, el proyecto podría pasar fácilmente, pues la coalición ‘santista’ es mayoría en el Congreso. “Si el sentido del fallo indica que el Congreso debe conocer y debatir ese acuerdo, los partidos que hacen parte de la ‘unidad nacional’ haremos el trámite para que el tratado sea ratificado”, dijo Juan Lozano, presidente de La U, el partido con mayor representación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
La oposición reconoce que el tratado puede ser aprobado fácilmente en el Congreso. Por eso, el senador Jorge Enrique Robledo argumenta que, además del trámite, hay un asunto de fondo. “No hay ningún artículo en la Constitución de 1991 que permita la construcción de bases militares ni el uso de bases colombianas por parte de tropas extranjeras para que operen desde el interior del país. Si el Congreso aprueba ese tratado, la Corte Constitucional deberá fallar su ilegalidad”, aseguró.
En efecto, el trámite que debe seguir el proyecto, en caso de ser presentado por el Gobierno en el Congreso, es que después de su aprobación, la Corte analice si “cumple los requisitos formales y si el acuerdo mismo en su contenido material es compatible o no con la Constitución”, de acuerdo con la explicación del magistrado González.
En últimas, la decisión recaerá, otra vez, sobre la Corte Constitucional. Pero será después de un debate público y de un proceso adecuado. Por ahora, los demandantes ganaron su alegato sobre la forma como se hizo el acuerdo. Está en deuda el del fondo.
Será entonces cuando se sabrá definitivamente si las normas colombianas permiten que en el país haya extranjeros circulando por las bases militares, porten armas, ingresen aeronaves y si sus comportamientos gozarán de inmunidad diplomática.
