La Corte Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad total del Acuerdo de bases militares
A pesar de solicitar la inconstitucionalidad del tratado que permite la creación de siete bases militares estadounidenses en nuestro país, la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, deja un sabor amargo entre quienes nos oponemos a la presencia militar extranjera en el territorio nacional, ya que pese a declarar que la aprobación realizada por el presidente excede sus funciones, no parece dar una respuesta de fondo al problema de afectación de la soberanía nacional. La ponencia permite que el acuerdo tal y como esta, continúe ejecutándose con plenos efectos durante el término de un año, tiempo en el que debe ser remitido al Congreso de la República para su aprobación cumpliendo con el procedimiento preestablecido en la constitución política colombiana para este tipo de acuerdos. El Consejo de Estado había advertido de la necesidad de llevar este proceso por medio del trámite ordinario de los tratados internacionales y no como se realizo.
Después de conocida la ponencia del Magistrado Palacio, corresponde a la sala plena de la Corte Constitucional debatir y evaluar la misma, para en un término no mayor a dos semanas promulgar lo que será el fallo definitivo, que resolverá en última instancia la validez del acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos.
Lo que resulta alarmante para la sociedad civil y para esta Coalición es la posibilidad de que se tome como definitiva la declaratoria de la “constitucionalidad diferida” permitiendo que esta medida abiertamente inconstitucional siga surtiendo efectos sin ninguna justificación aparente.
Es curioso como esta tendencia a utilizar “inconstitucionalidad diferida” dentro del tribunal constitucional (como en el caso de los decretos que regulan la salud en Colombia), concluya que las actuaciones contradicen la Constitución pues afecta al Estado Social de Derecho colombiano, y sin embargo la sujeción a la ley y los procedimientos contenidos en ella pasan a un segundo plano. Esta situación genera una protección formal más no material del texto constitucional, atenuando sin motivo aparente los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, de modo que los procedimientos y principios constitucionales son protegidos y desarrollados de forma suficiente en la parte argumentativa de la sentencia, pero fuera del papel no tienen ningún tipo de eco en la realidad.
Para la Coalición Colombia No Bases es importante resaltar que en todo caso, el año venidero debe generarse un espacio de intenso debate al interior de la sociedad Colombiana, y debe ser un momento para reflexionar sobre temas como la soberanía nacional y la forma en que nos relacionamos con otros países.
