Piden investigar a Tomás Uribe por escándalo de Notarías
En la misma determinación se abrió indagación contra los dirigentes José Darío Salazar y César Mosquera Negret.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue a Tomás Uribe Moreno, hijo del jefe del Gobierno colombiano, por su presunta vinculación al escándalo de las notarías que habrían sido ofrecidas a numerosos servidores públicos para asegurar la aporbación de la reelección presidencial en el legislativo.
Al parecer, notarios de Fusa, Cundinamarca, y Tunja, Boyacá, fueron nombrados en sus cargos por injerencia del Uribe Moreno, y de ahí que la Corporación haya compulsado copias al ente investigador y acusador, con el fin de que esclarezca la veracidad de esta denuncia.
La titular de un despacho de la capital boyacense, Luz Marina Ocampo, aseguró públicamente que había llegado a ocupar ese cargo gracias a la gestión del hijo del primer mandatario de los colombianos.
Así mismo, abrió investigación preliminar en contra del presidente de la Comisión Tercera del Senado, José Darío Salazar, y del ex congresista César Mosquera Negret, presuntos acreedores del supuestao carrusel de notarías puesto al servicio de la reelección presidencial.
Al parecer, son sospechosos de haber recibido tales prebendas que, según el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute buscaban asegurar la aprobación de la iniciativa legislativa que dio via libre a la participació n de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales de 2006.
Por los mismos hechos ya fueron condenados los ex representantes a la Cámara Yidis Medina, Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, al igual que el senador Alirio Villamizar, todos pertenecientes al partido Conservador.
En el caso de los tres primeros, las indagaciones empezaron a cursar tras las denuncias elevadas por el representante Germán Navas Talero, que aunque no surtieron efectos inicialmente, se revivieron gracias a la confesión de Yidis Medina ante los medios de comunicación y su posterior aceptación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia.
Villamizar, por su parte, fue investigado y sentenciado a nueve años de prisión, luego de las declaraciones ofrecidas por Manuel Guillermo Cuello Baute, que fueron el precedente de la publicación de una larga lista de servidores públicos que, al parecer, recibieron notarías a cambio de dar su voto favorable a la reelección presidencial.
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