Notas de Buhardilla
Licencia para matar
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
SENTÍ MÁS PÁNICO QUE IRA VIENDO a Uribe rodeado del aturdido ministro de Defensa y de los comandantes de las diferentes armas, ofreciendo una insultante rueda de prensa en contra de una jueza respetable y en defensa de un coronel condenado.
Si fue atroz ver a Uribe con todos los uniformados impulsando el odio contra otro poder público, resultaron peores sus amenazas.
Que el Jefe de Estado, después de criticar sin fundamento el fallo de la jueza, María Stella Jara, contra Plazas Vega, exhorte al funcionario que ha de revisar en segunda instancia el asunto a administrar “justicia imparcial” no es una señal patriótica, sino una advertencia parecida a la que hacen los que sabemos. Para Uribe sólo habrá justicia si absuelven a su ex subalterno, porque todo aquel que se atreva a condenarlo por desaparecer a 11 personas prevarica y deshonra a los “soldados de la patria”. A propósito, es una paradoja que la jueza y su pequeño hijo hoy estén protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero intimidados por el Estado al que ella sirve.
Uribe volvió a mentir en vivo y en directo, y esta vez avaló sus falsedades con las armas del Estado, simbolizadas por los más altos generales. Dejó la sensación de que la condena de Plazas Vega, además de injusta, fue también contra todos los militares. Nada más tendencioso.
El juicio que acaba de terminar en primera instancia se adelantó porque desaparecieron 11 personas que salieron vivas del asalto criminal del M-19 al Palacio de Justicia. ¿Permitía, acaso, la ley de entonces desaparecer a alguien? Por supuesto que no, pero sucedió en esa ocasión, cuando quien tenía el control de la situación era el coronel Plazas Vega. Por eso me pareció insólito el argumento de Juan Manuel, según el cual hay que fortalecer la justicia militar, porque como los civiles no comprenden la vida castrense, es necesario que a los soldados los juzguen otros soldados. No se necesita haber sido militar para saber que ni en 1985, ni ahora, un oficial, ni nadie, puede desaparecer a otro ser humano, porque eso es un crimen.
Uribe necesitaba mentir sobre la falsa condena al estamento militar para justificar una desastrosa propuesta. Bajo la mirada de sus generales, ofreció tramitar una ley de garantías a la oficialidad, que pretende concederles patente para que cuando delincan nadie pueda tocarlos, ni siquiera la justicia.
Según el “abogado” Uribe, se necesita reformar la ley para que los militares sólo puedan ser condenados cuando se les compruebe dolo, como si eso no estuviese previsto desde siempre. Lo que en verdad busca es legalizar la impunidad, a la que ni siquiera aspiran los militares decentes.
En su infame arenga contra los jueces, Uribe no hizo una sola mención a los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia; en cambio sí aplaudió a quienes todavía no han podido explicar su negro noviembre de 1985, incluido Belisario Betancur, quien jamás enfrentó la responsabilidad que prometió asumir la noche trágica del 7 de noviembre de 1985.
Alejandro Ordóñez, indelicado y “goterero” —pronto revelaré por qué— Procurador de bolsillo del régimen, le cumplió a la horda ultraderechista encabezada por sus amigotes y contertulios Fernando Londoño, alias “Héroe de Invercolsa”, y Pablo Victoria, entre otros. Hoy comanda la cruzada contra el fallo adverso a Plazas Vega.
Lo único que falta es cerrar la Corte; ya no le alcanzará el tiempo al tirano, aunque ganas no le faltan.
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Adenda. Si se insiste en adjudicar el tercer canal de televisión aun en presencia de las inhabilidades éticas de altos funcionarios del Gobierno, todo para darles más poder a José Obdulio y su banda, está más que merecida una acción popular por violación a la moralidad administrativa, que ojalá permita suspender el atropello a la decencia.
Ramiro Bejarano Guzmán
