HECATOMBE SOCIAL POR MEDIDAS DE URIBE

El gobierno de Uribe Vélez acaba de propinarle un nuevo y demoledor golpe a la salud pública, con graves repercusiones para los trabajadores y la población. Bastó con que los poderosos negociantes de la salud agremiados en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI, amenazaran con que si los departamentos y municipios y el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA no les pagaban las deudas pendientes, 15 Empresas Promotoras de Salud EPS cerrarían sus puertas, para que el gobierno se apresurara a decretar la llamada Emergencia Social, a cuyo amparo ha expedido una avalancha de decretos con fuerza de ley que, en definitiva, lo que hace es favorecer a los comerciantes de la salud, profundizar el proceso de privatización y recortar los derechos de los usuarios.

En una Constancia que dejamos en el Senado de la República el 15 de diciembre del año anterior, en nombre del Polo Democrático Alternativo dijimos que “una emergencia como esta sólo puede ser decretada cuando hay ‘hechos sobrevinientes’, es decir, sucesos imprevistos, y no hay nada más sabido que la crisis que la salud viene afrontando desde cuando se inició el proceso de reformas neoliberales con le Ley 100 de 1993, que convirtió la salud en un negocio del capital financiero, (…) Además para el congreso de la República resulta inaceptable que por la vía de la Emergencia se eluda el necesario debate que hay que dar sobre el estruendoso fracaso de las reformas a la seguridad social”.

Es pertinente recordar que los problemas financieros de la salud se derivan del recorte a las transferencias a departamentos y municipios aprobado por el Congreso de la República, de la utilización de los recursos del FOSYGA por parte del gobierno nacional para tapar los huecos fiscales y del hecho de que gran parte de los recursos se quedan en manos de los intermediarios, asuntos que no se tocan para nada en los decretos de la Emergencia Social.

Los aspectos particularmente lesivos de la nueva reforma son los que tienen que ver con el aumento del IVA a los licores, que, hasta 35 grados, tributarán 286 pesos por grado alcohólico y con más de 35, 386 pesos por grado; los cigarrillos pagarán 650 pesos por cajetilla de 20 unidades en el 2010 y 750 pesos a partir del 2011; el IVA a la cerveza subirá del 3% al 14% en el presente año y al 16% el año entrante, y los juegos de suerte y azar incrementarán el IVA del 5% al 16%. Esto significa que es por la vía de aumentar el IVA, que es el impuesto más regresivo, como se va a financiar el déficit de las finanzas de la salud.

Con todo ello, el gobierno aspira a recaudar 1.15 billones de pesos anuales, que hay que sumarlos a los recursos liberados de los saldos excedentes por concepto de aportes patronales del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones para salud, de la liquidación de los contratos del régimen subsidiado suscritos entre gobernadores y alcaldes con las EPS y de otras medidas dirigidas a facilitar el flujo de recursos a las empresas de salud. Sin embargo, los voraces representantes de ACEMI han dicho que las medidas ayudan, pero son “insuficientes”.

Más graves aún resultan las normas contenidas en los decretos 128 y 131 de 2010. En el primero de ellos se establece que los servicios no POS, que ahora se llamarán “prestaciones excepcionales en salud”, deberán ser autorizadas por un comité técnico y serán costeadas total o parcialmente por los afiliados, para lo cual los someterán al examen minucioso de sus ingresos y de su patrimonio personal y familiar y, si carecen de recursos, podrán financiarlos con las cesantías, los ahorros pensionales o créditos bancarios. Para las personas insolventes se crea un fondo llamado FONPRES que subsidiará los gastos con la condición de que los recursos de dicho fondo alcancen para ello, cosa que ya sabemos que no ocurrirá.

El decreto 131, por su parte, modifica el POS priorizando la atención de baja complejidad en medicina y odontología y limitando los especialistas a los casos en que “se cuente con evidencia científica” y siempre y cuando no se afecten los costos. Para rematar, le asesta un golpe de gracia al derecho de tutela en salud, al establecer sanciones entre 10 y 50 salarios mínimos a los médicos y odontólogos que formulen por fuera del POS básico. El resultado será que de ahora en adelante los negociantes de la salud recibirán más dinero pero prestarán menos y peores servicios, con lo cual sus ganancias se verán extraordinariamente multiplicadas.

Este sartal de medidas regresivas, parece inconcebible pero es real. Está firmado por el mismo personaje que hace pocos días afirmaba demagógicamente que “una decisión que nos llena de entusiasmo, que ennoblece la vida de Colombia, que justifica la razón de ser de los gobiernos, es el salvamentos financiero de la salud”; el mismo que funge otra vez como candidato presidencial y que, en realidad, lo que ha hecho es asegurar las ganancias de los negociantes a costa de la salud del pueblo.

A nuestro juicio, estos decretos, además de atentar gravemente contra el derecho fundamental a la salud, son violatorios de los convenios del OIT, de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional que ordenó prestarles los servicios de salud a todos los usuarios aún cuando no están incluidos en el POS, y del Artículo 215 de la Constitución que dice que “El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”. En consecuencia, vamos a reivindicar el derecho del Congreso de la República de “derogar, modificar o adicionar los decretos”, tal como lo dispone el Artículo 215, pero lo que nos parece fundamental es organizar la movilización de los trabajadores y de la población para echar atrás esta monstruosidad contra el derecho a la salud.

De otra parte, consideramos que si la Corte Constitucional es coherente, lo que debe hacer es declarar inexequibles los decretos que contradigan las sentencias que ha proferido en materia de salud.

Una vez más, insistimos en que la solución de los problemas de la salud pasa por la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y demás leyes neoliberales que le quitaron el carácter de derecho fundamental y la mercantilizaron, y en la discusión amplia de una nueva reforma democrática que rescate la salud pública y garantice servicios de calidad para todos los colombianos.

Bogotá, D.C., 26 de enero de 2010

Gloria Ines Ramírez

Senadora PDA

El 21 de enero el gobierno nacional promulgó 16 decretos en el marco de la Emergencia Social decretada para “solucionar” los graves problemas del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud, la eliminación de los servicios NO POS y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

El senador Jorge Enrique Robledo calificó de regresivos los decretos del gobierno porque agravan una situación que ya de por sí es desastrosa. El congresista explicó que ahora los colombianos tendrán derecho a menos servicios de salud porque el POS queda reducido simplemente a la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general. “¿Por qué estabilidad jurídica para los monopolios y trasnacionales y decisiones regresivas para los ciudadanos?”, preguntó Robledo.

A esto se suma la decisión de obligar a los pacientes a pagar por los servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud, negándoles el derecho a presentar tutelas para acceder a cirugías, medicamentos y demás tratamientos. “Es inaudito que en medio de este desastre de desempleo y pobreza el gobierno restrinja el derecho a la salud y obligue a los enfermos a pagar con sus cesantías y pensiones los servicios que por su naturaleza e importancia deben prestarse de manera gratuita”, afirmó el congresista del Polo.

Robledo explicó que el gobierno le metió la mano al bolsillo de los colombianos para salvar a un puñado de EPS que han convertido la salud en un negocio. Afirmó que “las pérdidas de las EPS van a financiarse con el aumento del IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar, es decir, con impuestos indirectos que terminan pagando las capas pobres y medias y que igualan la capacidad de pago de un campesino con la de los grandes monopolios nacionales y extranjeros”. El senador denunció que con esta reforma tributaria el gobierno “vuelve a actuar como Robin pero al revés, le quita a los pobres y a las capas medias para darle a los más pudientes”.

Sobre el preocupante déficit de las entidades territoriales, el senador del Polo recordó que fue causado por los recortes a las transferencias de 2001 y 2007, medidas impuestas por el FMI con las que los departamentos y municipios han perdido cerca de 12 billones de pesos para financiar la salud de los colombianos.

Finalmente Robledo resaltó que la única solución a este desastre es derogar la ley 100 para que el estado sea el responsable de la administración y prestación de los servicios. “La ley 100 mata más colombianos que todas las violencias que nos azotan y, mientras siga primando el ánimo de lucro de los negociantes, el sistema de salud seguirá siendo el negocio de unos y el sufrimiento de muchos”, afirmó Robledo.

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Los excedentes de la Subcuenta ECAT (Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito) del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía) han servido, en varias ocasiones, de salvavidas a la red pública hospitalaria para pagar los servicios prestados a la población pobre (subsidio a la oferta) y que no hacen parte del Régimen Subsidiado. En los hospitales públicos a nadie se le niega el servicio, pero no hay quién pague; esa cartera engrosa las altas cuentas que siempre los mantienen al borde de la quiebra. La última vez que se hizo este salvamento fue con ciento cincuenta mil millones de pesos de los excedentes registrados a diciembre de 2005, incorporados en los mandatos de la Ley 1122 de 2007.

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) tiene una cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios hasta 500 salarios mínimos diarios; cuando la cuenta de atención llegaba entre 500 y 800 SMDLV, se recaía al FOSYGA; superados los 800 SMDLV, asumían el pago las EPS. Como el trauma por accidentes de tránsito ha aumentado en número de siniestros y en costos de atención, las EPS debieron asumir solidariamente en el esquema de aseguramiento algunos costos; pero pegaron su grito y fueron escuchadas.

El Gobierno, en uso de su llamada emergencia social, dio su regalito a las empresas administradoras del seguro SOAT disminuyendo en un 20% el valor de las primas emitidas que deberían transferir al FOSYGA (Art.2 del Decreto 074 de 2010) y así incrementarles sus ganancias. A las EPS también las exoneraron de la cobertura del siniestro, al aumentar el techo de la atención hasta 1.100 SMDLV (Art. 4 Literal B Decreto 074 de 2010); sólo cuando pase este tope, repetirán contra ellas. Prácticamente, sacaron a las EPS de la supuesta solidaridad en las reclamaciones con cargo al SOAT. Ahora, las aseguradoras SOAT asumirán mayores costos de atención que compensarán con la disminución del 20% que deberían girar por las primas emitidas.

Resulta evidente que acabaron con la gallinita de los huevos de oro que alimentaba la Subcuenta ECAT, con cuyos excedentes se salvaba periódicamente a la red pública hospitalaria. Al hospital público no le queda alternativa diferente que cerrar las puertas para la atención a esa población pobre que no está cubierta por el Régimen Contributivo o que no alcanzó cupo en el Régimen Subsidiado. A los alcaldes y gobernadores les dejaron sin recursos para atender la salud de los mal llamados “vinculados”, de los cuales ellos son responsables; a los gerentes de hospitales y trabajadores de la salud los enfrentaron a la población que no dispone de recursos para su atención y los administradores quedan con una alta cartera que no significa otra cosa que pérdida para los hospitales.

Son los resultados de la Seguridad Democrática y la Confianza Inversionista que significan más ganancias para los negociantes de la salud y menos recursos para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.