Imagen: uribestiario.com

EN EL OPORTUNO Y EXCELENTE LIbro de Jorge Cardona, Días de memoria, escribe que cuando comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, y en el Congreso sus representantes denunciaron la monstruosidad que se le venía encima al país, el general de la Policía José Guillermo Medina Sánchez justificó la creación de comités de autodefensa contra la subversión.

El entonces viceministro de Asuntos Políticos, Fernando Botero Zea, aclaró que de lo que se trataba era de crear “comités de vigilancia como los que organizan las juntas de acción comunal en los barrios”. ¡Todo tan legal, todo tan limpio! Y la opinión pública se comió entero el cuento y quien ponía en duda la versión oficial era mirado con desconfianza, cuando no acusado de colaboración. Veinte años después y con 150.000 muertos a cuenta del paramilitarismo y 25.000 desaparecidos, según cifras de la Fiscalía, el señor Uribe vuelve a las andadas de siempre, creando un cuerpo de inteligencia mercenaria con estudiantes en Medellín. El argumento de Botero Zea —el Andrés Felipe de la época— es el mismo que ahora esgrimen el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y su amigo y sucesor, Silva Luján: la juventud debe abrazar a su ejército: la colaboración de la ciudadanía es obligatoria en la lucha contra el crimen. La opinión pública, que no se deja ya meter gato por liebre, sabe que se trata de un nuevo y diabólico intento de meter a la población civil —así se llamen esta vez “estudiantes con criterio”— en la guerra. Sabemos a qué condujo la política de armar civiles bajo la fórmula de las Convivir, justamente el cabezazo de Botero Zea, cuando fue ministro de Defensa, y de Uribe como gobernador de Antioquia.

El reclutamiento de estudiantes en Medellín —que será pronto extendido al resto del país— es diabólico y perverso. Se apela a un estrato social, siempre necesitado de dinero, para convertirlo en instrumento de inteligencia de unas fuerzas que no son éticamente confiables, como puede deducirse de los miles de militares empapelados por la justicia civil: asesinatos fuera de combate, torturas, desapariciones. Es perversa la medida porque pondrá a darse bala a un sector civil contra otro, a denunciarse mutuamente, a legitimar el ajuste de cuentas y, en general, a dividir a la gente. Ha sido la política de Uribe, dividir, dividir, dividir para aislar a un sector y proceder contra él. Y ese sector es, al fin de cuentas, la oposición a los interese económicos y políticos del Gobierno. Eso es lo que pomposamente llama Uribe la “Cohesión Social”, tercera pata del trípode Seguridad Democrática e Inversión Económica, con el que apalanca el Estado de Opinión.