LA EXPEDICIIÓN DEL DECRETO 1290 OTRA IMPRUDENCIA DEL GOBIERNO
La semana que pasó la comunidad educativa recibió la expedición del Decreto 1290 por parte del Ministerio de E ducación, que aunque deroga el 230 pone en aprieto a las instituciones educativas porque en apariencia les da la oportunidad de crear modelos de evaluación, pero lo que hace realmente es quitarle todos los procesos de autonomía que están establecidos en la Ley 115.
FECODE desde el año 2002 cuando se expidió el Decreto 230, ha venido reclamando su derogatoria porque impone el concepto macabro de la promoción automática, el mínimo esfuerzo y la mediocridad de la educación, la respuesta en los colegios no se hizo esperar, para los docentes se convirtió en una camisa de fuerza que les hacia escoger entre los de menor compromiso educativo, quienes debían de pasar aunque su proceso no ameritara promoverse, porque solamente podía quedarse el 5%, y pues para los alumnos el desinterés era pleno porque estudiaran o no serían pasados.
Ahora el Ministerio como gran novedad y desconociendo que los cambios en el sistema de educación son estructurales, expide un decreto en el que se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los niveles de la educación básica y media, en el que en apariencia se busca rescatar la autonomía implementada en la Ley 115, desdibujada en el Decreto 1860, y sepultada en el 230. Pero en la realidad este decreto de entrada limita y amordaza la tan anhelada autonomía, para crear un modelo evaluativo particular que responda a las necesidades de la comunidad educativa, porque este modelo debe ceñirse a los parámetros de las pruebas internacionales y las pruebas externas censales, así que los concejos directivos aunque reaparecen en escena son amordazados porque dialoguen o no, o desarrollen un plan de evaluación, este igual debe ceñirse a la políticas neoliberales de la mercantilización de la educación. Aunque el Ministerio diga que este es un avance, es todo lo contrario, es otro pañito de agua tibia y como FECODE lo ha denunciado este es un problema endémico de la educación que desconoce que para construir un modelo de evaluación debe previamente garantizarse condiciones de infraestructura, dotación, capacitación y demás elementos claves del sistema, porque de lo contrario se continúa con la política de este gobierno que es señalar a los maestros como responsables, desconociendo que la autonomía no es autoritaria, es heterogénea y por ende las camisas de fuerza no deben ser visibles.
AMORES Y DESAMORES HA DESPERTADO LA EXPEDIICIIÓN DEL 1290
Omaira Morales.
Para continuar analizando la expedición del decreto 1290 y las consecuencias que trae para la autonomía de las escuelas y los educadores, entrevistamos al profesor Francisco Cajiao, investigador y pedagogo, y a John Ávila, Director del CEID Nacional.
Omaira Morales: ¿Cuál es el objetivo por el que se crea este decreto, y cuál es su beneficio?
Francisco Cajiao: Este decreto lo que logra es entregarle a los maestros y los colegios una responsabilidad fundamental en el ejercicio de una profesión como es la educación, y es la capacidad de definir los procesos de aprendizaje que se quieren implementar en los niños.
John Ávila: Nosotros no vemos grandes avances en esta materia, porque el decreto no ataca la promoción automática y las consecuencias negativas que ha tenido, sino por el contrario es un proyecto más para legitimar, validar e imponer la política neoliberal en educación.
Omaira Morales: ¿Dónde quedan los procesos de la autonomía como está Francisco Cajiao: Ahora lo que la Ley dice es que usted ponga todo su conocimiento, su formación y la energía que puede tener un grupo académico de un colegio para hacer todo lo mejor en beneficio de los estudiantes.
John Ávila: Lo primero que hay que decir es que hay un concepto dentro de la política educativa neoliberal de autonomía que avanza hacia el autofinanciamiento, es decir, la responsabilidad absoluta de todas las cargas educativas y sociales que hay en una institución educativa, y eso es contrario al verdadero espíritu de la autonomía, porque ésta debe ser colegiada.
Omaira Morales: Durante este período de transición los estudiantes y padres de familia van a salir fuertemente afectados porque no saben como van a calificar a sus niños, bien sea por números, letras, o de manera mixta, ¿Cómo se va a desarrollar este proceso?
Francisco Cajiao: Lo que el decreto dice es que la institución debe dar una escala única para cada asignatura y que al final de año cada colegio deberá traducirla en un informe
John Ávila: Desde la resolución del 2343 las políticas neoliberales han tendido a confundir y desorientar a la comunidad educativa, esta es una estrategia para imponer sus políticas; pero si se analizan, en el fondo existe un plan donde los logros llevan a los desempeños, éstos a las competencias y éstas a los estándares, lo que refleja una especie de cadena donde se va definiendo y profundizando una visión de la educación para el mercado.
Omaira Morales: ¿Este decreto es un retroceso de lo que se venía construyendo al interior de las instituciones educativas con el proceso de evaluación?
Francisco Cajiao: Anteriormente muchos rectores tenían dificultades por ejemplo para establecer acuerdos en los comités de evaluación con los maestros, pero ahora el colegio tiene que fabricar su propia norma y consensuarla con los docentes.
John Ávila: Pasa lo mismo que está pasando con la descentralización, porque las responsabilidades y las obligaciones financieras se descentralizan, pero la política si está centralizada, en este sentido, existe un sofisma donde la autonomía se convierte en una entelequia porque no es una autonomía real.
Este decreto obviamente afecta la autonomía y el desarrollo que se venía ejecutando al interior de las escuelas, esperemos a ver que pasa el próximo año cuando se empiece a ejecutar en todas las instituciones educativas del país.
El magisterio atento a defender su régimen especial de pensiones
Abril 23 de 2009
Yesid Quiroga.
Y continuando con el análisis de los once puntos del Pliego de Peticiones que entregó la Federación Colombiana de Educadores al Ministerio de Educación, en esta edición abordamos el tema del Régimen Especial de Pensiones del magisterio.
El Régimen Pensional Especial de los educadores colombianos está garantiza-do por dos normas, una de carácter legal y otra de rango constitucional.
El senador Luis Carlos Avellane-da del PDA comenta: “Conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el pará-grafo transitorio primero del artículo primero del Acto Legislativo número uno del 2005, el Régimen Especial de Pensiones de los educadores que estaban vincula-dos con anterioridad al 27 de junio de 2003 se mantendrá vi-gente; ese régimen solo lo perderán los educadores que se vinculen después de esa fecha”.
A pesar de esta claridad, el gobierno solicitó al Consejo de Estado un concepto sobre las normas citadas y este aseguró que el Régimen Especial culmina el 31 de julio de 2010. Lo cual no tiene en cuenta a los miles de educadores que están en el primer grupo, es decir a los que por estar vinculados hasta el 27 de junio de 2003 mantienen el derecho. En otras palabras el fallo del Consejo de Estado mete a todo el magisterio en la misma colada, lastimosamente lo hace en la más mala que es la del Régimen General.
El Senador Avellaneda con respecto a lo anterior analiza y comenta que hoy no se sabe si el Gobierno Nacional vaya a persistir en aplicar el concepto del Concejo de Estado o no, porque este tema está en revisión en una comisión accidental que fue constituida a instancias de un debate en la Comisión Séptima del Senado, y está integrada por la Federación Colombiana de Educadores, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
El concepto no es de obligatorio cumplimiento y será el gobierno el que decida si lo aplica o no, pero será la fuer-za del magisterio la que lo obligue a no tenerlo en cuenta.
