Bogotá, 28 nov (EFE).- La procuraduría colombiana, órgano de control de los funcionarios públicos, sancionó hoy con destitución retroactiva a William Hernán Pérez, ahora ex gobernador del Casanare, por haber administrado este departamento del este del país en connivencia con un grupo paramilitar entre 2001 y 2003.
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Pérez fue también inhabilitado por 20 años para el ejercicio de cargos públicos, informó en Bogotá la Procuraduría General, que advirtió de que se trata de un fallo de única instancia, es decir, que no admite apelación.
La dependencia precisó en un comunicado que el sancionado fue sometido a una investigación disciplinaria por hechos relacionados con su desempeño como gobernador.
El ahora ex funcionario se alió con el paramilitar Germán Darío Buitrago, jefe del grupo Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), de quien era "hombre de confianza", advirtió la procuraduría.
Según la investigación del Ministerio Público, Buitrago le financió a Pérez su campaña a la gobernación en 2000 con 3.000 millones de pesos (unos 1,29 millones de dólares) y este, como retribución, puso su cargo al servicio del ultraderechista.
Asimismo, el político recibió del paramilitar "apoyo político, en la medida en la que se obligó a la población a votar por él", continuó la procuraduría, que señaló que, a cambio, el entonces gobernador hizo las contrataciones públicas con el grupo ilegal, que creó para tal efecto varias cooperativas.
La finalidad de estos contratos, que era la de cumplir con compromisos previos de las partes, se ocultaba mediante las gestiones de legalidad de una "oficina paralela" que se abrió en la Oficina Jurídica de la gobernación.
Los nexos de Pérez con las ACC fueron establecidos mediante diversas pruebas y testimonios, entre ellos el del detenido portavoz político del grupo, Carlos Guzmán ("Salomón").
Los investigadores concluyeron que el ahora ex gobernador "incurrió en una falta disciplinaria gravísima y a título de dolo" por haber promovido, auspiciado y financiado un grupo paramilitar.
Pérez está detenido por orden de la Fiscalía General, que le abrió un proceso penal por concierto para delinquir y otros delitos.
