POR QUÉ EL SUR GLOBAL NECESITA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL

Instituto Tricontinental de Investigación Social/Boletín 36/3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Durante 40 años, a los países del Sur Global se les dijo que la planificación económica era un error. El Estado debía reducirse, había que bajar los aranceles, privatizar las empresas públicas y había que confiar la inversión a quienes mueven dinero a través de las fronteras con solo presionar una tecla. El desarrollo llegaría mediante la ventaja comparativa: cada país debía vender lo que ya tenía y comprar lo que otros habían aprendido a fabricar. El resultado es visible de Harare a Yakarta. Los países ricos en minerales, tierras fértiles y trabajadorxs jóvenes permanecen atrapados en el extremo menos rentable de las cadenas de valor mundiales, exportando materias primas mientras importan los bienes de mayor valor elaborados a partir de ellas. Ghana, por ejemplo, exporta cacao e importa chocolate, mientras Venezuela exporta crudo e importa combustible refinado. La riqueza se escurre fuera del Sur Global, mientras la deuda, la informalidad y la disciplina de la austeridad se profundizan.

Una política industrial progresista para el Sur Global debe comenzar con el rechazo de este trato. La “economía” no es un hecho neutral ni natural, sino un producto histórico de la intervención colonial, la reestructuración neocolonial, los regímenes de propiedad y los patrones de acceso a la tecnología y el capital. Las tasas de crecimiento son importantes, pero aún más importante es la pregunta de qué se produce, cómo se produce, quién controla el proceso de producción y cómo se distribuyen los beneficios. El objetivo del desarrollo no debería ser el crecimiento per se, sino el florecimiento de la vida humana.

Las instituciones que alguna vez convirtieron la política industrial en tabú para el Sur Global –el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– han comenzado a revisar sus recomendaciones. La OCDE, por ejemplo, ahora admite que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden resolver la débil productividad, las cadenas de suministro frágiles y las transiciones verde y digital. Pocas empresas arriesgan su capital en inversiones a largo plazo a menos que se las obligue a hacerlo. El Banco Mundial va más allá y sostiene que solo la inversión liderada por el Estado puede impulsar la industrialización, incluso mediante la creación de parques industriales, infraestructura de transporte, redes energéticas y la provisión de financiamiento a largo plazo. El FMI es más cauteloso: reconoce la importancia de los subsidios y la protección comercial para las industrias nacientes, pero advierte contra la protección de sectores no competitivos. Cada una de estas instituciones ahora sugiere, sin decirlo abiertamente, la necesidad de la planificación. Nosotrxs agregamos que esa planificación debe ser democrática y para el bien público. Debemos construir poder popular y capacidad estatal para disciplinar al capital y penalizarlo cuando se niega a cumplir los objetivos sociales.

Hay una asimetría reveladora en los viejos argumentos sobre la política industrial. Cuando los Estados ricos subsidian semiconductores, vehículos eléctricos, industrias de defensa o tecnologías verdes, se presenta como “innovación” o “seguridad nacional”. Cuando los países pobres intentan procesar sus propios minerales o proteger industrias nacientes, se les advierte sobre la “distorsión”, la “ineficiencia”, la “corrupción” y el “riesgo fiscal”. El hecho es que el mercado mundial ya está planificado por Estados poderosos, empresas transnacionales, regímenes de patentes, instituciones financieras y prioridades militares. La verdadera pregunta es quién planifica, en beneficio de quién y en qué nivel de la cadena de valor.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por su sigla en inglés) destaca la necesidad de coordinación estatal para que la política comercial, energética, de educación e investigación, la política ambiental y las normas de inversión extranjera avancen en la misma dirección. Sin coordinación, un gobierno puede anunciar procesamiento local mientras su banco central priva a la industria de crédito a largo plazo, su sistema eléctrico falla a las fábricas y su régimen comercial premia las importaciones. Los argumentos de la UNCTAD son útiles, pero ignoran lo evidente: lxs capitalistas buscan ganancias, no el bien público.

Una política industrial que no discipline al capital y lo encauce hacia el bienestar de la sociedad fracasará necesariamente. Las empresas públicas son ineludibles para realizar las inversiones a largo plazo en áreas socialmente necesarias donde el sector privado no muestra interés. En lugar de usar fondos públicos para la especulación privada, es mucho mejor encauzar los fondos públicos hacia instituciones públicas capaces de crear mercados gestionados, incubar nuevas tecnologías y desarrollar líneas de producción socialmente beneficiosas. En última instancia, una política industrial no puede sostenerse a menos que los países restauren algunas barreras comerciales y controles de capital. Sin estas medidas, los gobiernos enfrentarán una grave escasez de divisas y elevados costos fiscales. Con el tiempo, estas presiones debilitarán las finanzas públicas y socavarán el desarrollo industrial.

Parte de la destrucción de la política industrial en el Sur Global se produjo con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, que estrechó el margen de política que los países utilizaban para imitar, adaptar y construir sobre tecnologías existentes. El ADPIC dificultó que los países desarrollaran nuevas tecnologías en sus propios términos. Es hora de que los Estados del Sur Global reconsideren el reconocimiento pleno de los derechos de propiedad intelectual. Las licencias obligatorias ya permiten la producción de medicamentos que salvan vidas cuando las necesidades públicas son urgentes. Herramientas similares deberían extenderse a otros sectores críticos para el desarrollo industrial. Esto mejoraría el acceso a tecnología esencial, fortalecería la producción nacional y reduciría la dependencia de las corporaciones multinacionales.

La política de litio de Zimbabue es una muestra importante de la visión económica necesaria para la política industrial contemporánea. En diciembre de 2022, el Instrumento legal 213 de Zimbabue prohibió la exportación de minerales que contienen litio y de litio no refinado sin permiso ministerial. Esta política revirtió el sentido común colonial según el cual el papel de un país africano es extraer y exportar. El país utilizó el control sobre un recurso estratégico para presionar a las empresas mineras a invertir en procesamiento y generar más valor agregado, capacidades e ingresos fiscales en casa. Este es precisamente el tipo de medida contra la que advierte la economía dominante. Sin embargo, instrumentos tan audaces pueden ser necesarios cuando el sistema existente hace que la extracción parezca “eficiente” y la industrialización, “ineficiente”. La prohibición de Zimbabue cambió el cálculo que enfrentaba el capital minero: el acceso al mineral exigía cada vez más inversión en el procesamiento local. Esto ayudó a empujar a las empresas hacia el procesamiento del mineral de litio en concentrado y, más recientemente, hacia planes para instalar plantas de sulfato de litio, lo que acercó a Zimbabue un paso más hacia la producción de insumos para baterías.

La política de Zimbabue debe defenderse sin idealizarla. Procesar el mineral en concentrado no es lo mismo que controlar la cadena de valor de las baterías. Las empresas extranjeras aún dominan la producción. La tecnología, las finanzas y el acceso a los mercados permanecen bajo el control de las corporaciones multinacionales. Las comunidades locales han planteado preocupaciones sobre las condiciones de trabajo, los derechos sobre la tierra y el agua, y la regulación deficiente. Una prohibición de exportación por sí sola no puede producir ingenierxs, electricidad confiable, investigación de propiedad pública ni fabricantes nacionales. El próximo paso de Zimbabue debe ser, por tanto, más profundo y más público: un plan de la mina a la manufactura que vincule el conocimiento geológico, la participación accionaria del Estado, el crédito de la banca de desarrollo, la educación vocacional, el procesamiento químico, la producción de componentes, el reciclaje y la demanda regional. Tal plan debería otorgar poder institucional a las comunidades mineras y a lxs trabajadorxs, y asegurar que los ingresos públicos construyan bienes universales en lugar de riqueza privada.

El éxito de Zimbabue no debe medirse por sus plantas de procesamiento, sino porque la política del litio ayuda a construir nuevas escuelas públicas, hospitales, infraestructura de agua y transporte, redes energéticas y otros bienes públicos.

El Cuarto Decenio de Desarrollo Industrial para África (2026-2035) de las Naciones Unidas reconoce la urgencia de nuestra coyuntura. Casi 12 millones de jóvenes africanxs ingresan cada año a la fuerza laboral, mientras la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA por su sigla en inglés) ofrece la escala necesaria para construir cadenas de valor regionales. La ONU llama correctamente a África a pasar de las exportaciones de materias primas a la producción de bienes con valor agregado. Pero las declaraciones y los “proyectos financiables” no bastan. Como sostenemos junto con Grieve Chelwa en nuestro libro, How the International Monetary Fund Strangles Africa [Cómo el Fondo Monetario Internacional estrangula a África] (2026), África necesita bancos públicos de desarrollo, planificación continental de infraestructura, coordinación de políticas sobre minerales, normas de contenido local, protección de las industrias incipientes y alivio de la deuda externa que agota precisamente la capacidad fiscal que requiere la industrialización.

Quienes se oponen a la política industrial no ofrecen una alternativa neutral. Dejar la inversión en manos de las corporaciones multinacionales es aceptar un plan elaborado en otra parte: minas sin industria, cultivos sin procesamiento de alimentos, ciudades sin trabajo digno y una transición verde en la que las tecnologías se diseñan en el Norte utilizando minerales extraídos en el Sur. La política industrial no es una garantía de emancipación, pero puede ser un terreno de lucha de clases sobre quién controla la inversión, la producción y el excedente económico. Los pueblos del Sur Global tienen derecho a utilizar sus propios recursos para construir el futuro.

La coyuntura actual ha abierto espacio para el debate sobre la política industrial, en parte porque el prolongado estancamiento que siguió a la crisis financiera de 2008 ha hecho que las viejas recetas resulten cada vez más insostenibles. Después de décadas en las que la planificación fue desacreditada y la capacidad estatal debilitada, los países del Sur Global deben tener la audacia de imaginar algo mejor que el trato que les ha sido impuesto. Hay un antiguo proverbio shona de Zimbabue que puede ser útil recordar: Chawawana batisisa mudzimu haupi kaviri [agarra con fuerza lo que hayas encontrado, porque los ancestros no dan dos veces].

Cordialmente,

Vijay