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INDOLENCIA Y DESGOBIERNO: LA HUELLA DE ABELARDO EN LA TRAGEDIA NACIONAL DE COLOMBIA

Cuando la emergencia desaparezca de los titulares, las familias seguirán allí, seguirán allí quienes perdieron sus viviendas, quienes necesitan alimentos, quienes deben reconstruir sus escuelas
¿Qué ocurre con las comunidades que se encuentran después del último punto al que puede llegar un vehículo terrestre?

Boca de Suruco – La Encharca – Vivienda destruida por el terremoto

Viviana Vargas Ávila
diario-red.com/17/08/26 |10:00

El lunes 10 de agosto de 2026, Colombia enfrentó uno de los terremotos más fuertes de su historia reciente; el movimiento telúrico, de magnitud 7.4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y produjo afectaciones en una amplia extensión del territorio nacional; cinco días después, el país todavía continúa dimensionando las consecuencias de una emergencia cuya verdadera magnitud difícilmente puede reducirse a un balance nacional, especialmente cuando una parte importante de las comunidades afectadas se encuentra en zonas rurales, dispersas y con enormes dificultades de conectividad.

Con corte a las 6:30 de la mañana del 15 de agosto, el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas; en total, 54.008 familias, equivalentes a 115.461 personas, han resultado afectadas en 448 municipios de 15 departamentos. El mismo reporte contabilizaba 14.493 viviendas destruidas y otras 81.506 con daños, además de afectaciones en 241 centros de salud, 2.612 centros educativos, 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

La emergencia no se desarrolla de la misma manera en Quibdó que en las comunidades rurales del Medio San Juan

Son cifras que permiten dimensionar la tragedia, pero que no necesariamente comprenderla ya que la estadística puede decir cuántas viviendas fueron destruidas, pero no explica qué significa para una familia perder la única casa que tenía. Un balance puede contabilizar cuántas personas resultaron afectadas, pero no muestra la diferencia entre una familia que vive a pocos kilómetros de un centro urbano y otra que se encuentra río arriba, en una comunidad donde el transporte depende de una embarcación, el combustible representa un costo que muchas veces no se puede asumir y la comunicación puede ser intermitente o inexistente.

Esa diferencia territorial resulta especialmente importante en el caso del Chocó; la emergencia no se desarrolla de la misma manera en Quibdó que en las comunidades rurales del Medio San Juan; tampoco las posibilidades de recibir asistencia son iguales; la propia información recopilada durante estos días evidencia que Chocó y Buenaventura enfrentan desafíos particularmente graves relacionados con la falta de agua potable, energía, servicios de salud, albergues adecuados y ayudas humanitarias, además de afectaciones que involucran a comunidades étnicas.

El problema, entonces, es hasta dónde están llegando esas ayudas y qué ocurre con las comunidades que se encuentran después del último punto al que puede llegar un vehículo terrestre; en territorios atravesados por ríos, selva y grandes distancias, una ayuda entregada en una cabecera municipal no necesariamente significa que haya llegado a la familia damnificada; entre un centro de acopio y una comunidad rural pueden existir horas de navegación, costos de combustible, condiciones climáticas adversas, ausencia de infraestructura y, en determinados sectores, dificultades asociadas al orden público y a la presencia de grupos armados.

Quibdó, Colombia. Foto: Cortesía Juan Diego Rojas Rueda

Fue precisamente esa realidad la que pudimos conocer desde Diario Red Latinoamérica durante nuestro desplazamiento hacia Boca de Suruco, en el sector de La Encharca, una comunidad afrocolombiana rural y ribereña ubicada en el departamento del Chocó, en el área de influencia del municipio de Medio San Juan; allí, la emergencia adquiere una dimensión completamente distinta a la que puede observarse en los principales centros urbanos.

En Boca de Suruco encontramos viviendas completamente destruidas y otras que permanecen en riesgo de caer; encontramos familias enfrentando las consecuencias de un terremoto que golpeó estructuras ya vulnerables y que, además, llegó a un territorio donde las dificultades de acceso a servicios básicos y conectividad no comenzaron con la emergencia; sin embargo, también encontramos algo que resulta fundamental para comprender la dimensión humana de esta tragedia, una comunidad que, una vez más, está tratando de resolver por sus propios medios aquello que necesita para sobrevivir.

Durante nuestro recorrido pudimos conversar directamente con habitantes de la comunidad y una de las expresiones que más resume lo que allí está ocurriendo fue contundente “Acá nunca llegan ayudas del Gobierno y nos toca a nosotros siempre resistir”; la frase no debe entenderse únicamente como una denuncia frente a los días posteriores al terremoto, sino que es, para quienes la pronuncian, una descripción de una experiencia acumulada durante años. El evento telúrico se superpone así sobre otras emergencias que ya existían como la pobreza, la falta de infraestructura, las dificultades de movilidad, las limitaciones en los servicios públicos y una presencia estatal que las comunidades consideran insuficiente frente a sus necesidades.

Es precisamente en ese punto donde la tragedia natural comienza a convertirse también en una discusión política y social ya que un terremoto no puede prevenirse, pero muchas de las condiciones que determinan quién puede recuperarse más rápido y quién queda abandonado durante días sí están relacionadas con decisiones institucionales, inversión pública, infraestructura, conectividad y presencia efectiva del Estado.

Es precisamente en ese punto donde la tragedia natural comienza a convertirse también en una discusión política y social ya que un terremoto no puede prevenirse, pero muchas de las condiciones que determinan quién puede recuperarse más rápido y quién queda abandonado durante días sí están relacionadas con decisiones institucionales

Es así como la ruralidad vuelve a quedar en el último lugar de la fotografía nacional, y mientras eso ocurre, aparece una respuesta que no está preguntando por ideologías, partidos políticos o posiciones electorales porque ciudadanos de todo el país, se han organizado para recoger alimentos, medicamentos, elementos de aseo y otros insumos, y para buscar la manera de llevarlos hasta las comunidades afectadas; personas que posiblemente nunca se habían encontrado están compartiendo recursos, vehículos, tiempo y trabajo; organizaciones sociales, voluntarios y comunidades se han convertido en parte de una cadena de solidaridad que intenta cubrir los vacíos que deja la dificultad de llegar a los territorios.

Es allí donde “solo el pueblo salva al pueblo” deja de ser una consigna política para convertirse en una realidad observable ya que el ciudadano que dona mil pesos, quien entrega una caja de alimentos, quien consigue medicamentos, quien presta una embarcación o quien decide desplazarse hasta una comunidad afectada está participando de una respuesta que, en muchos casos, nace desde abajo y se construye entre quienes entienden que una emergencia no puede esperar a que las diferencias políticas sean resueltas.

Lo particularmente significativo es que esta solidaridad ha atravesado las fronteras ideológicas; personas que piensan distinto han entendido que frente a una familia que perdió su vivienda no importa por quién votó, qué partido apoya o qué posición tiene frente al gobierno; lo primero es preguntar qué necesita ya que esa debería ser también la primera pregunta de cualquier respuesta humanitaria, no qué puede mostrarse, no qué puede anunciarse, sino qué necesita realmente la comunidad.

Lo particularmente significativo es que esta solidaridad ha atravesado las fronteras ideológicas; personas que piensan distinto han entendido que frente a una familia que perdió su vivienda no importa por quién votó

En este contexto, desde Diario Red Latinoamérica decidimos hacer parte de esa respuesta y trasladar ayudas humanitarias directamente hacia el territorio. No se trata de presentar una acción periodística como sustituto de la responsabilidad institucional, sino de mostrar una realidad que muchas veces no alcanza a verse desde las capitales ya que hay comunidades a las que la ayuda simplemente tarda mucho más en llegar.

El recorrido hasta Boca de Suruco permitió comprobar que el desafío logístico es enorme, el territorio no puede analizarse desde una lógica exclusivamente urbana, la ayuda debe movilizarse por ríos, sortear distancias y asumir costos que se multiplican cuando se trata de llegar a comunidades alejadas. En algunos lugares, además, las condiciones de seguridad hacen que determinados desplazamientos deban realizarse con especial precaución, por lo tanto, esto significa que la respuesta humanitaria requiere planificación territorial, conocimiento de las dinámicas locales y articulación directa con las comunidades.

Una de las mayores dificultades de este tipo de emergencias es que los centros de acopio pueden llenarse mientras algunas comunidades continúan esperando, la existencia de alimentos, medicamentos o elementos de primera necesidad no significa automáticamente que estos hayan llegado a quienes los necesitan ya que, en territorios rurales y ribereños, la última milla humanitaria puede ser la más difícil y costosa.

Por eso resulta insuficiente evaluar la respuesta únicamente a partir de la cantidad de toneladas de ayudas recolectadas, los anuncios realizados o las visitas institucionales; la verdadera medida de una respuesta humanitaria está en la comunidad más distante, en la familia que todavía no ha recibido alimentos, en la vivienda que continúa a punto de colapsar y en la persona que todavía espera una valoración médica.

Esta es una de las principales preocupaciones expresadas por habitantes de los territorios visitados; según los testimonios recogidos directamente por Diario Red Latinoamérica, existe una percepción de demora en la llegada de la respuesta institucional y una crítica frente a visitas que, desde su perspectiva, no siempre se traducen en soluciones concretas; algunas personas incluso resumieron esa percepción con la frase “llegan, se toman la foto y se van”.

Quibdó, Colombia. Foto: Cortesía Juan Diego Rojas Rueda

El hecho de que una comunidad afectada exprese esta percepción merece ser escuchado porque en una emergencia, la confianza también es una forma de asistencia; cuando las personas sienten que las instituciones llegan, escuchan y regresan con soluciones, la relación entre ciudadanía y Estado se fortalece, pero cuando sienten que su territorio es visitado únicamente para registrar una imagen, la distancia institucional se profundiza.

El gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella enfrenta, en este sentido, una de sus primeras grandes pruebas de capacidad territorial dado que la magnitud de la emergencia exige mucho más que una respuesta concentrada en las ciudades más visibles y exige llegar a los territorios donde el Estado históricamente ha tenido mayores dificultades para garantizar derechos y donde un desastre natural puede multiplicar vulnerabilidades que ya existían.

Esta realidad obliga a replantear también el concepto de reconstrucción ya que reconstruir no puede significar únicamente volver a levantar una vivienda que se cayó; si una comunidad continúa sin vías adecuadas, sin conectividad, con dificultades para acceder a salud, con problemas de transporte y sin condiciones suficientes para responder ante una emergencia, reconstruir la misma infraestructura sin transformar las condiciones que producen vulnerabilidad significa preparar el terreno para una nueva tragedia.

La reconstrucción debe incorporar una perspectiva territorial y diferencial; debe reconocer que las comunidades afrocolombianas e indígenas no son solamente beneficiarias de asistencia humanitaria, sino que son sujetos colectivos de especial protección con capacidad de organización, conocimiento de sus territorios y derecho a participar en las decisiones que determinarán cómo se reconstruirán sus comunidades.

Cuando la emergencia desaparezca de los titulares, las familias seguirán allí, seguirán allí quienes perdieron sus viviendas, quienes necesitan alimentos, quienes deben reconstruir sus escuelas

El terremoto también ha vuelto a mostrar una característica histórica de Colombia y es la distancia entre el país que aparece en los balances nacionales y el país que existe en las comunidades rurales. En el primero se cuentan viviendas, familias, municipios y departamentos. En el segundo están las personas que deben decidir cómo dormirán esta noche, cómo conseguirán alimentos mañana y cómo evitarán que una casa parcialmente destruida termine cayendo sobre sus familias.

Las primeras cien horas después de un desastre son determinantes, pero para las comunidades rurales la emergencia no termina cuando transcurre ese periodo; después vienen los días de incertidumbre, la pérdida de ingresos, la reconstrucción de viviendas, la recuperación de cultivos, el acceso a la salud física y mental, la escolaridad de los niños y la necesidad de recuperar condiciones mínimas de dignidad.

Colombia tiene ahora la oportunidad de demostrar que la reconstrucción será diferente, que los territorios rurales no volverán a quedar al final de la cadena de atención, las comunidades afrocolombianas e indígenas serán escuchadas, los recursos llegarán hasta donde tienen que llegar, la reconstrucción será transparente y participativa y la respuesta institucional no terminará cuando las cámaras se retiren.

Boca de Suruco - La encharca, Colombia. Foto: Cortesía Juan Diego Rojas Rueda

Porque cuando la emergencia desaparezca de los titulares, las familias seguirán allí, seguirán allí quienes perdieron sus viviendas, quienes necesitan alimentos, quienes deben reconstruir sus escuelas, las comunidades que deben navegar durante horas para llegar hasta un centro urbano, y seguirá allí el Chocó y Buenaventura, con sus ríos, sus comunidades, su memoria y su histórica capacidad de resistencia y aunque el pueblo puede salvar al pueblo en las horas más difíciles, ahora corresponde al Estado demostrar que también está dispuesto a llegar hasta él, porque solo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo no debería tener que salvarse solo.

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