No existen pruebas de que la actual afluencia de migrantes haya sido coordinada entre Marruecos y Estados Unidos. Sin embargo, se observa una convergencia objetiva de intereses
Mauro Morbello
lafionda.org/1 de agosto de 2026
Ceuta (y Melilla) son dos pequeñas ciudades autónomas españolas situadas en la costa norteafricana, rodeadas por Marruecos y separadas por unos 220 kilómetros. Juntas ocupan apenas 33 kilómetros cuadrados y cuentan con algo más de 170.000 habitantes. Melilla, ubicada en la costa noreste de Marruecos, fue ocupada por la Corona de Castilla desde 1497. Ceuta, situada cerca del estrecho de Gibraltar, pasó a ser española en la segunda mitad del siglo XVII. Ambos territorios constituyen hoy las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano, si bien Marruecos sigue reivindicando su soberanía.
La crisis migratoria en Ceuta adquirió proporciones significativas el sábado 25 de julio, con una cifra estimada de entre 50.000 y 60.000 llegadas, en su mayoría jóvenes y adolescentes marroquíes. Algunos migrantes entraron saltando vallas o cruzando por tierra, aprovechando el colapso de los controles fronterizos. La mayoría llegó a Ceuta por mar, nadando la corta distancia desde la costa marroquí en embarcaciones improvisadas o sorteando los rompeolas fronterizos. Este trayecto se realizó en condiciones extremadamente peligrosas, lo que ha provocado hasta el momento al menos 24 muertes por ahogamiento.
Varios factores propiciaron esta repentina concentración. En primer lugar, se difundió en redes sociales la noticia de que la frontera estaba abierta o era más fácil de cruzar, información que probablemente se amplificó y manipuló para inducir a miles de personas de diversas partes de Marruecos a dirigirse hacia Fnideq-Castillejos, la ciudad fronteriza con Ceuta. La afluencia también se vio impulsada por la creencia de que quienes lograran llegar a Ceuta por mar no podrían ser devueltos inmediatamente a las autoridades marroquíes. Esta expectativa creció tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que dictaminó que las personas interceptadas en el mar deben someterse a los procedimientos establecidos por la legislación de inmigración y asilo, y no ser rechazadas automáticamente bajo el régimen especial aplicado a los cruces fronterizos terrestres. Finalmente, el debilitamiento de la vigilancia marroquí desempeñó un papel decisivo. Aún no se ha demostrado que Rabat fomentara deliberadamente la afluencia, pero la insuficiencia de los controles ha alimentado las sospechas de que la presión migratoria fue, al menos, tolerada. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que, antes de la crisis, las entradas irregulares a Ceuta se limitaban a un promedio de tan solo unas pocas personas al día.
Además de la tragedia humana y social que acompaña al fenómeno migratorio, la crisis actual en Ceuta debe entenderse también en su dimensión geopolítica. La magnitud repentina de la afluencia, el debilitamiento de los controles marroquíes y las tensiones persistentes entre Rabat, Madrid y Washington alimentan las sospechas de que la presión migratoria se ha utilizado, al menos en parte, como instrumento de influencia política. La crisis de Ceuta se enmarca en una convergencia de presiones ejercidas sobre el gobierno español. Por un lado, la administración Trump ha fortalecido su relación estratégica con Marruecos, reconociendo su soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio en disputa con el Frente Polisario y reivindicado por el pueblo saharaui. Por otro lado, ha intensificado progresivamente el conflicto con el gobierno de Pedro Sánchez, después de que Madrid, a diferencia de los demás países de la UE, rechazara la solicitud de aumentar el gasto militar al 5% del PIB, mantuviera mayores márgenes de autonomía en política exterior y no se alineara plenamente con las prioridades de Washington.
Marruecos, vinculado a España por relaciones de cooperación pero también por profundas y recurrentes tensiones territoriales y diplomáticas, dispone además de una herramienta de presión particularmente eficaz. Controlar los flujos migratorios hacia Ceuta y Melilla puede transformar la cooperación en materia de migración en un instrumento de negociación capaz de aumentar rápidamente la presión sobre Madrid. Un precedente significativo se remonta a mayo de 2021, cuando aproximadamente 8.000 personas entraron en Ceuta en el transcurso de dos días, facilitadas por una notable relajación de los controles marroquíes. Esta afluencia se produjo en el punto álgido de la crisis diplomática desencadenada por la decisión de España de acoger a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para recibir tratamiento médico, y llevó a Madrid a acusar a Rabat de utilizar la presión migratoria como instrumento de chantaje político.
No existen pruebas de que la actual afluencia de migrantes haya sido coordinada entre Marruecos y Estados Unidos. Sin embargo, se observa una convergencia objetiva de intereses. Trump busca debilitar a uno de los gobiernos europeos menos dispuestos a ceder a sus demandas, mientras que Marruecos pretende aumentar su poder de negociación frente al gobierno español, no solo en lo que respecta a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, sino también sobre el Sáhara Occidental, sobre el cual España, a diferencia de Estados Unidos, aún no ha reconocido formalmente la soberanía de Rabat. En este contexto, la presión diplomática, comercial y militar de Washington converge con la que emana de la frontera de Ceuta. El gobierno marroquí, uno de los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en el norte de África, posee una influencia capaz de impactar directamente en la estabilidad política española. A pesar de la falta, al menos hasta la fecha, de pruebas de coordinación directa, ambas dinámicas terminan reforzándose mutuamente, reduciendo la capacidad del gobierno de Sánchez para resistir la presión externa y mantener una línea política independiente, con los migrantes convertidos en instrumentos involuntarios de una disputa geopolítica más amplia.
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