La OTAN redefine su misión mientras gobiernos, empresas armamentísticas y fondos financieros convergen en una misma estrategia de expansión
CÁNDIDO GALVEZ
canaarias-semanal.org/16/07/2026
Durante décadas, la OTAN fue presentada como una organización destinada exclusivamente a garantizar la defensa colectiva. Sin embargo, su transformación en los últimos años apunta hacia un papel mucho más amplio: orientar inversiones, acelerar la producción armamentística y consolidar un gigantesco ecosistema económico donde seguridad, tecnología, finanzas e industria avanzan cada vez más entrelazadas.
La Alianza Atlántica ya no se limita a coordinar
Ejércitos. Ahora organiza presupuestos, orienta inversiones, garantiza mercados y acelera la integración entre los Estados, las grandes empresas armamentísticas y los gigantes tecnológicos.
Durante décadas, la OTAN se presentó ante la opinión pública como una alianza defensiva creada para proteger a sus miembros frente a una posible agresión exterior.
Sin embargo, esa descripción resulta cada vez más insuficiente. La organización continúa siendo, efectivamente, una estructura militar dirigida por Estados Unidos, pero se ha convertido además en una enorme maquinaria de planificación económica:
-establece objetivos de gasto,
-define qué capacidades deben adquirir los países,
-impulsa la producción industrial,
-conecta a los gobiernos con empresas privadas
-y abre nuevos mercados para las tecnologías militares.
«OTAN 3.0»
Con esta definición se describe una nueva fase en la que la política de seguridad, la industria armamentística, las grandes compañías tecnológicas y la acumulación de capital aparecen cada vez más entrelazadas. Su tesis central es que la Alianza funciona progresivamente como un mecanismo para transferir cantidades gigantescas de dinero público hacia empresas privadas.
¿Se trata de una exageración? Para responder, hay que entender primero qué es lo que está cambiando, cuánto dinero está en juego y quién puede terminar beneficiándose de esta gigantesca movilización económica.
DEL 2% AL 5%: UN CAMBIO DE ESCALA HISTÓRICO
En la Cumbre de La Haya de junio de 2025, los países de la OTAN asumieron el compromiso de destinar, antes de 2035, el equivalente al 5% de su producto interior bruto a defensa y seguridad.
La cifra se divide en dos partes. Un mínimo del 3,5% deberá dirigirse al gasto militar propiamente dicho: tropas, armamento, municiones, vehículos, aviones, buques, sistemas de mando y otras capacidades exigidas por la planificación de la Alianza. El 1,5% restante podrá dedicarse a infraestructuras estratégicas, ciberseguridad, redes de comunicaciones, movilidad militar, protección civil, innovación tecnológica o fortalecimiento de la industria de defensa.
Conviene aclarar una confusión frecuente: los gobiernos no entregan directamente ese 5% a una caja central de la OTAN. La mayor parte del dinero permanece formalmente dentro de los presupuestos nacionales. Son los propios Estados quienes compran los aviones, contratan los sistemas digitales, construyen las bases o pagan a sus ejércitos.
Pero la OTAN influye decisivamente en el destino de esos recursos. La organización determina las capacidades militares que considera necesarias, fija estándares de interoperabilidad, señala carencias, establece compromisos políticos y exige a cada país planes anuales que demuestren cómo avanzará hacia el objetivo acordado.
Por eso no estamos ante una simple recomendación contable. Nos encontramos ante un mecanismo de orientación coordinada del gasto público de treinta y dos Estados.
La magnitud se comprende mejor mediante un cálculo sencillo. El PIB conjunto de los miembros de la OTAN supera ampliamente los 50 billones de dólares. Aplicar de manera sostenida un objetivo equivalente al 5% significa movilizar cada año varios billones en actividades militares o relacionadas con la seguridad.
No todo será compra de armas, pero una parte extraordinariamente importante acabará convertida en pedidos, contratos, subvenciones, créditos e inversiones para empresas privadas.
La propia OTAN reconoce la aceleración. En 2025, los aliados europeos y Canadá aumentaron su gasto en defensa cerca de un 20%, casi 139.000 millones de dólares nominales más que el año anterior. En conjunto, superaron los 570.000 millones de dólares.
¿POR QUÉ SE HABLA DE UNA «OTAN 3.0»?
La historia de la Alianza puede dividirse, de forma simplificada, en tres etapas.
La primera OTAN nació en 1949, durante la Guerra Fría. Su razón declarada era supuestamente contener a la Unión Soviética y garantizar la defensa colectiva de Europa occidental bajo el liderazgo militar estadounidense.
Tras la desaparición de la URSS, la organización no se disolvió. Comenzó una segunda fase caracterizada por la expansión hacia Europa oriental y las operaciones realizadas fuera del territorio de sus miembros. Yugoslavia, Afganistán o Libia mostraron que la OTAN podía actuar como instrumento de intervención militar mucho más allá de la defensa estricta de sus fronteras.
La tercera fase añade algo nuevo. La Alianza ya no se limita a organizar ejércitos y operaciones. Busca transformar de forma permanente la economía occidental para sostener una capacidad prolongada de rearme.
El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha hablado abiertamente de aumentar la producción industrial, acelerar las compras y promover una auténtica transformación de la industria de defensa.
En la Cumbre de Ankara del pasado julio del presente año, los aliados revisaron sus planes para cumplir el objetivo del 5%, ampliar las capacidades militares y mantener el apoyo armamentístico a Ucrania.
La diferencia fundamental es esta: antes, la industria armamentística abastecía las necesidades definidas por los ejércitos. Ahora se pretende reorganizar una parte considerable de la economía para garantizar que esas empresas puedan producir más, durante más tiempo y con mayor seguridad financiera.
EL ESTADO ASUME EL RIESGO; LA EMPRESA RECIBE EL CONTRATO
El mercado militar posee una característica muy particular. Su principal cliente es el Estado. Un ciudadano puede decidir no comprar un automóvil. Una empresa puede retrasar la renovación de sus ordenadores. Pero cuando un gobierno se compromete internacionalmente a alcanzar un porcentaje determinado de gasto militar, la demanda queda políticamente garantizada.
Este mecanismo reduce enormemente el riesgo empresarial. Los Estados financian la investigación, conceden créditos, adelantan pagos, aseguran pedidos durante años y, en ocasiones, rescatan proyectos cuyos costes se han disparado. Posteriormente, las compañías conservan las patentes, exportan los productos y distribuyen los beneficios entre sus accionistas.
Es una relación especialmente ventajosa para el capital privado: la colectividad asume buena parte del riesgo tecnológico y financiero, mientras la apropiación de los beneficios continúa siendo privada.
Los datos permiten observar quién está ganando. Los ingresos militares de las cien mayores empresas armamentísticas del mundo alcanzaron en 2024 los 679.000 millones de dólares, el nivel más elevado registrado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. La cifra había crecido un 26% desde 2015.
Las 26 grandes compañías europeas incluidas en esa clasificación aumentaron sus ingresos un 13% en un solo año, hasta alcanzar conjuntamente los 151.000 millones de dólares. Veintitrés de ellas registraron incrementos. Las empresas alemanas elevaron sus ingresos militares un 36%, impulsadas por la demanda de municiones, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea.
Las guerras producen destrucción social, desplazamientos, mutilaciones y muertes. Pero, contempladas desde los balances de una compañía armamentística, aparecen como una expansión de la demanda.
"EUROPA SE REARMA, PERO... ¿QUIÉN VENDE LAS ARMAS?"
¿QUIÉN ES EL QUE VENDE LAS ARMAS?
Una economía permanentemente preparada para la guerra no solo necesita fabricar armas. Tarde o temprano necesita justificar para qué las fabrica
El rearme europeo ya no puede entenderse únicamente como una respuesta a las tensiones internacionales. Está dando forma a una nueva economía en la que el gasto militar deja de ser un recurso excepcional para convertirse en una política industrial permanente. Y cuando la guerra empieza a ocupar el centro de la economía, la paz deja de ser solo un objetivo: puede convertirse también en un problema para quienes viven de prepararse para el conflicto.
Los gobiernos europeos presentan el rearme como una oportunidad para desarrollar una industria propia y alcanzar la llamada «autonomía estratégica». Sin embargo, la realidad
muestra una dependencia profunda de Estados Unidos.
Entre febrero de 2022 y junio de 2023, el 78% de las adquisiciones de defensa realizadas por los países de la Unión Europea se contrató fuera de la UE. De esas compras exteriores, el 63% procedió de Estados Unidos.
La tendencia se ha mantenido. Aproximadamente el 55% de las importaciones europeas de grandes sistemas de armas realizadas entre 2019 y 2023 tuvo origen estadounidense. Además, las compras efectuadas mediante el programa norteamericano de ventas militares representaron alrededor de la mitad del gasto en equipos de los países europeos de la OTAN entre 2022 y 2024.
Por tanto, una parte importante del rearme europeo no fortalece una autonomía independiente de Washington. Refuerza la dependencia tecnológica, logística y operativa respecto a las compañías estadounidenses.
Comprar un avión de combate no significa adquirir solamente una máquina. Implica contratar durante décadas repuestos, actualizaciones informáticas, municiones, mantenimiento, formación y sistemas de comunicación compatibles. El vendedor conserva así una influencia prolongada sobre el comprador.
El mercado mundial refleja claramente esta desigualdad. En 2024, 48 de las cien mayores empresas militares tenían su sede en Estados Unidos, frente a solo 19 radicadas en la Unión Europea.
La OTAN funciona, por consiguiente, como alianza militar, pero también como un gigantesco espacio comercial regulado por normas técnicas, doctrinas y sistemas de plena compatibilidad en los que la industria estadounidense ocupa una posición dominante.
LA UNIÓN EUROPEA ABRE EL GRIFO FINANCIERO
La militarización económica no depende únicamente de la OTAN. La Unión Europea está creando sus propios instrumentos para financiarla.
El plan denominado inicialmente ReArm Europe y posteriormente Readiness 2030 pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros. Para conseguirlo, flexibiliza las reglas fiscales, permite aumentar el endeudamiento destinado a defensa y facilita que determinados fondos europeos apoyen proyectos relacionados con la seguridad.
Una de sus principales herramientas es SAFE, un mecanismo que ofrece hasta 150.000 millones de euros en préstamos respaldados por el presupuesto de la UE. Los Estados podrán emplearlos para realizar adquisiciones militares conjuntas y ampliar rápidamente sus inversiones.
La palabra «préstamos» resulta fundamental. No se trata de dinero gratuito. Son deudas que deberán devolverse en el futuro mediante los presupuestos públicos. Los ciudadanos financiarán durante años equipos militares comprados hoy.
En 2024, el gasto militar de los miembros de la UE alcanzó los 343.000 millones de euros. Para 2025 se estimaban 381.000 millones, nada menos que un 63% más que en 2020.
Estamos, por tanto, ante una orientación económica de largo alcance. La política industrial europea comienza a organizarse alrededor de la fabricación de municiones, drones, satélites, sensores, blindados, sistemas antiaéreos y tecnologías digitales aplicadas a la guerra.
DE LOS TANQUES A LOS FONDOS DE CAPITAL RIESGO
La expresión «complejo militar-industrial» suele evocar fábricas de tanques, astilleros y grandes contratistas de aviación. Pero la guerra contemporánea necesita mucho más: inteligencia artificial, computación en la nube, semiconductores, imágenes por satélite, reconocimiento facial, análisis masivo de datos, sistemas autónomos y comunicaciones privadas.
Aquí aparece otro rasgo central de la OTAN 3.0: la integración de las grandes empresas tecnológicas y del capital financiero.
El Fondo de Innovación de la OTAN dispone de 1.000 millones de euros aportados por distintos Estados miembros. La propia Alianza lo define como el primer fondo de capital riesgo respaldado por múltiples países. Invierte en empresas emergentes dedicadas a tecnologías de doble uso, es decir, aplicaciones que pueden emplearse tanto en actividades civiles como militares.
Paralelamente, el programa DIANA conecta empresas tecnológicas, centros de pruebas, aceleradoras e inversores privados vinculados a los objetivos estratégicos de la Alianza. Su red de capital permite que inversores considerados «alineados con la OTAN» accedan a compañías previamente seleccionadas.
La Alianza ya no coordina únicamente ministerios de Defensa. También articula ecosistemas empresariales, orienta el desarrollo tecnológico y ofrece a los inversores información sobre las necesidades futuras del mercado militar. La frontera entre seguridad pública y negocio privado se vuelve así cada vez más borrosa.
LA ECONOMÍA DE LA "AMENAZA PERMANENTE"
Toda industria capitalista necesita demanda. La automovilística necesita compradores; la farmacéutica, pacientes o sistemas sanitarios; la militar, amenazas.
Esto no significa que todos los conflictos sean inventados por las empresas armamentísticas. Rusia invadió Ucrania, existen rivalidades entre potencias y los Estados desarrollan estrategias propias. Sería simplista reducir la política internacional a una conspiración empresarial.
El problema es diferente. Una vez creado un gigantesco aparato económico cuya rentabilidad depende del gasto militar, surge un poderoso grupo de intereses que se beneficia de interpretar cada crisis mediante una respuesta armada.
Una negociación diplomática puede reducir la demanda. Una distensión internacional puede cancelar pedidos. Un acuerdo de desarme puede cerrar líneas de producción. Por el contrario, una amenaza permanente justifica contratos durante décadas.
De este modo se crea un poderoso círculo muy difícil de romper:
El silogismo parece claro. La tensión internacional impulsa el gasto militar; el aumento del gasto fortalece a las empresas armamentísticas; esas empresas adquieren mayor capacidad de presión política; y la nueva militarización intensifica la desconfianza entre los Estados, alimentando otra vez la tensión inicial.
No hace falta que exista una dirección secreta de todo el proceso. Basta con que instituciones, gobiernos, mandos militares, centros de pensamiento, inversores y empresas compartan intereses materiales convergentes.
¿CREA EMPLEO EL GASTO MILITAR?
Uno de los argumentos más utilizados para justificar el rearme es la creación de empleo. Y es cierto que fabricar aviones, radares o vehículos proporciona puestos de trabajo. Negarlo sería absurdo.
La cuestión correcta no es si el gasto militar crea empleo, sino qué ocurriría si ese mismo dinero se invirtiera en otros sectores.
Cualquier inversión pública de gran magnitud genera actividad económica. Construir hospitales, rehabilitar viviendas, desarrollar energías renovables, reforzar el transporte público o ampliar las plantillas educativas también crea empleo. Además, satisface necesidades sociales directas y produce infraestructuras utilizables durante décadas.
Un misil genera empleo mientras se fabrica, pero su destino final consiste en permanecer almacenado, ser sustituido por otro modelo o destruirse junto con su objetivo. Su valor de uso es esencialmente destructivo.
Por esa razón, presentar el gasto militar como una política industrial neutral oculta la verdadera elección. No se decide entre invertir o no invertir. Se decide qué producir, para quién y con qué finalidad social.
ESPAÑA: DEL 2% A UNA PRESIÓN QUE NO TERMINA
España aprobó en 2025 un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa dotado inicialmente con 10.471 millones de euros adicionales. El Gobierno declaró que ese esfuerzo permitiría alcanzar el 2% del PIB sin aumentar los impuestos, recortar el llamado Estado del bienestar o elevar el déficit.
Pero alcanzar el 2% no cerró el debate. El nuevo compromiso general de la OTAN eleva la referencia hasta el 5%. En la cumbre de Ankara, el Gobierno español defendió que podía cumplir las capacidades militares exigidas sin llegar a ese porcentaje y situó su inversión alrededor del 2,1% del PIB.
La diferencia no es menor. Cada punto del PIB español representa aproximadamente entre 15.000 y 18.000 millones de euros, dependiendo del año considerado. Pasar de alrededor del 2% al 5% supondría añadir decenas de miles de millones anuales.
Aunque parte de ese porcentaje podría contabilizar infraestructuras, ciberseguridad o protección civil, la pregunta política seguiría intacta: ¿qué prioridades quedarán subordinadas cuando una parte tan grande y creciente de la riqueza nacional esté comprometida de antemano con los objetivos militares?
El dinero puede reasignarse, pero los recursos reales no son infinitos. Los ingenieros que diseñan sistemas de guiado no desarrollan redes ferroviarias. El acero utilizado en blindados no construye viviendas. El crédito público que financia armamento deja de estar disponible para otros proyectos.
¿ALIANZA MILITAR O FONDO DE INVERSIÓN?
La OTAN no es jurídicamente un fondo de inversión. No recibe el 5% del PIB de cada país ni distribuye dividendos entre accionistas. Continúa siendo una organización político-militar formada por Estados.
Sin embargo, la comparación resulta útil porque describe su creciente función económica. La Alianza define prioridades tecnológicas, garantiza una expansión sostenida de la demanda, impulsa la movilización de capital público, conecta empresas con inversores, promueve fondos de capital riesgo y presiona para acelerar las contrataciones. Todo ello crea un entorno extraordinariamente favorable para la rentabilidad privada.
La seguridad se convierte en mercado. La amenaza, en oportunidad de inversión. Y el presupuesto militar, en una fuente de ingresos relativamente protegida frente a las oscilaciones normales de la economía.
Esta es la transformación de fondo. No consiste únicamente en gastar más dinero en defensa. Consiste en convertir la preparación para la guerra en uno de los "motores permanentes" de la economía occidental.
LA PREGUNTA QUE CASI NUNCA SE FORMULA
El debate público suele comenzar cuando ya se ha aceptado su premisa principal. Se discute qué armas comprar, qué porcentaje gastar, qué empresa debe fabricar los equipos o cómo acelerar los contratos. Rara vez se pregunta qué modelo de seguridad se está construyendo.
Una sociedad puede necesitar defenderse. Pero la defensa de una población no equivale necesariamente a la expansión ilimitada de la industria militar, la subordinación tecnológica a Estados Unidos o la preparación permanente de guerras cada vez más destructivas. La verdadera discusión debería enfrentar dos conceptos muy diferentes de seguridad.
Uno identifica seguridad con armamento, disuasión, control tecnológico y capacidad de intervención.
El otro incluye vivienda, sanidad, alimentación, energía, empleo, protección ambiental y cooperación internacional.
Cuando los gobiernos afirman que no hay dinero suficiente para garantizar derechos sociales, pero aceptan comprometer cantidades prácticamente ilimitadas para la adquisición de armas, no estamos ante una fatalidad presupuestaria. Estamos ante una decisión política.
La OTAN 3.0 representa precisamente esa decisión: organizar una parte creciente de la economía alrededor de la expectativa de una confrontación prolongada. Sus beneficiarios inmediatos son identificables. Sus costes sociales se repartirán entre millones de ciudadanos. Y sus consecuencias últimas podrían ser mucho más graves que cualquier desequilibrio presupuestario.
Porque una economía preparada permanentemente para la guerra no solo necesita fabricar armas. Tarde o temprano necesitará justificar con los hechos para qué las fabrica.
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