Las empresas emergentes de tecnología de defensa están reutilizando chips de automoción, equipos para yacimientos petrolíferos y métodos de producción de la industria farmacéutica para entregar armas al Pentágono más rápidamente y a menor coste
Vista general del Pentágono en Washington, D.C., EE. UU., 21 de marzo de 2025. REUTERS/Kent Nishimura/Foto de archivo
Jenny Williams
Moderndiplomacy.eu/5 de julio de 2026
El detalle más revelador de la nueva carrera armamentística estadounidense no es un misil, un dron ni una reunión informativa del Pentágono. Es un chip para automóviles. O una tubería utilizada en la fracturación hidráulica. O un método de producción tomado de la industria farmacéutica. Son elementos comunes, procedentes de sectores comunes, que ahora se incorporan a la maquinaria bélica.
Este cambio merece más atención de la que recibe. Las empresas emergentes de tecnología de defensa están reutilizando chips automotrices, equipos para yacimientos petrolíferos y métodos de producción de la industria farmacéutica para suministrar armas al Pentágono con mayor rapidez y a menor costo. En teoría, esto suena a innovación. En el lenguaje empresarial, es eficiencia. En Washington, se presenta como una solución a los cuellos de botella de una base industrial de defensa sobrecargada. Pero hay otra interpretación: se está enseñando a la economía civil a servir a la guerra de manera más eficiente.
Esta no es la imagen tradicional del complejo militar-industrial, con grandes contratistas tras puertas vigiladas y ciclos de adquisición ocultos en el Pentágono. El nuevo modelo es más ágil, rápido y flexible. Se asemeja a Silicon Valley, la fabricación avanzada, el capital de riesgo, las cadenas de suministro comerciales y la tecnología de doble uso. No siempre se manifiesta como militarización. A veces, se presenta como un componente más económico, un plazo de entrega más corto o una línea de producción más flexible.
Eso es precisamente lo que lo hace poderoso.
Cadenas de suministro civiles, demanda militar
La presión que impulsa este cambio es real. Estados Unidos ha utilizado más de 50 000 cohetes, misiles y otros proyectiles propulsados por motores de cohete desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 hasta su ataque a Irán, mientras que Washington está destinando 53 000 millones de dólares y flexibilizando las normas de adquisición para aumentar la producción de misiles y cohetes críticos. Los principales contratistas han advertido que la escasez de motores de cohete de combustible sólido está afectando la producción de misiles. El presidente Donald Trump también ha invocado la Ley de Producción de Defensa (DPA) para abordar las limitaciones en la producción de municiones y las cadenas de suministro.
En otras palabras, el Estado ya no se limita a comprar armas. Está reorganizando el mercado en función de la velocidad de producción de armamento.
Los ejemplos son casi demasiado perfectos. Castelion, una empresa californiana que fabrica motores de cohete de combustible sólido y armas hipersónicas, ha recurrido a la industria automotriz para obtener componentes electrónicos utilizados en sistemas avanzados de asistencia al conductor y vehículos eléctricos para ayudar a dirigir misiles. También ha recurrido al sector del petróleo y el gas, utilizando tubos de alta presión provenientes del fracking, ya que pueden soportar temperaturas y presiones similares a las de los motores de cohete. La lógica es simple: ¿por qué esperar a proveedores aeroespaciales costosos si la industria civil ya produce algo similar, más rápido y más barato?
Hay cierto genio estadounidense en esa pregunta. Pero también hay un peligro.
El peligro no reside en que toda la tecnología civil deba mantenerse separada de la defensa. Eso nunca ha sido realista. Las economías modernas están repletas de capacidades de doble uso: sensores, microchips, baterías, sistemas de navegación, ciencia de los materiales e inteligencia artificial (IA). El problema radica en la dirección que se está tomando. Cuando cada vez más sectores civiles se consideran proveedores de reserva para la guerra, la economía comienza a internalizar la demanda militar como demanda normal. La frontera entre la productividad comercial y la producción bélica se difumina. Una fábrica que ayer fabricaba piezas para automóviles o equipos energéticos puede mañana formar parte de una cadena de suministro de misiles, no mediante la movilización nacional en el sentido tradicional, sino mediante la adaptación del mercado.
Esto es militarización sin desfile.
La nueva configuración de la economía de guerra
Washington lo llama resiliencia. El Departamento de Defensa (DoD) ha definido las cadenas de suministro resilientes, la preparación de la fuerza laboral, la adquisición flexible y la disuasión económica como pilares de un ecosistema de defensa moderno. Algunos de estos objetivos son prácticos. Un Estado que libra guerras querrá suministros fiables. Pero el lenguaje de la resiliencia puede ocultar una decisión política. Lo que se está haciendo resiliente no es la atención médica, la vivienda, el transporte público ni la adaptación al cambio climático. Es la capacidad de producir más armas con mayor rapidez.
Esto es importante porque los sistemas industriales no permanecen moralmente neutrales una vez construidos. Un país que desarrolla métodos más rápidos y económicos para producir armas también crea incentivos políticos para usarlas, reabastecerlas y venderlas. La capacidad de producción se convierte en un argumento en sí misma. Si las fábricas pueden aumentar su producción, si las empresas emergentes pueden crecer y si las piezas comerciales pueden convertirse en insumos para misiles, entonces el umbral para sostener guerras prolongadas podría disminuir. La limitación que antes provenía de la escasez se debilita. La guerra se vuelve más fácil de financiar.
La reciente reunión de la Casa Blanca con fabricantes de municiones reflejó el sentir general. Trump se reunió con ejecutivos de la industria mientras su administración impulsaba la expansión de la producción de armas tras las operaciones en Irán y otros conflictos que agotaron las reservas estadounidenses. Según se informó, los funcionarios buscaban una producción más rápida y una postura más cercana a la de "estado de guerra". Esta expresión no debe pasar desapercibida. "Estado de guerra" se utiliza para describir una emergencia nacional temporal. Ahora se está incorporando al lenguaje común de la planificación industrial.
El sector privado comprende la oportunidad. Los contratos del Pentágono ofrecen no solo ingresos, sino también legitimidad. Una empresa emergente que se gana la confianza del ejército estadounidense obtiene un sello de aprobación reconocido por otros gobiernos. El capital de riesgo sigue la demanda. Los ingenieros buscan financiación. Las técnicas de fabricación civil se incorporan al diseño de armas. Pronto, la economía no solo responde a la guerra, sino que la anticipa.
Por qué la velocidad no es estrategia
Aquí es donde el argumento antibelicista debe ser más preciso. No basta con oponerse a una intervención, un paquete de armas o una campaña de bombardeos. La cuestión fundamental es cómo se estructura una economía de manera que la preparación permanente para la guerra parezca progreso tecnológico. Un misil producido más rápido no es automáticamente un logro público. Un motor de cohete más barato no es automáticamente un bien social. Una cadena de suministro que abarca desde automóviles hasta armas puede impresionar a los inversores, pero debería preocupar a la ciudadanía.
El costo ético pasa fácilmente desapercibido porque ningún paso individual parece drástico. Nadie anuncia que la economía civil se ha militarizado. En cambio, una empresa emergente toma prestada tecnología de la electrónica automotriz. Otra copia técnicas de mezcla farmacéutica. Otra utiliza la impresión 3D para acortar los tiempos de producción. Los contratistas tradicionales adoptan herramientas similares. El Congreso aprueba las autorizaciones de contratación. El Pentágono simplifica las normas. Los inversores celebran la disrupción. Para cuando alguien se detiene a reflexionar, gran parte de la vida industrial cotidiana se ha visto arrastrada hacia la lógica del conflicto.
También existe un problema democrático. Los ciudadanos pueden debatir sobre las guerras, al menos en teoría. Pueden votar en contra de los líderes, protestar contra las intervenciones y cuestionar los presupuestos. Pero rara vez se les pregunta si la estructura fundamental de su economía debería rediseñarse en función del flujo de armamento. Esa decisión se toma a través de contratos, reformas de adquisiciones, documentos de política industrial e inversión privada. Es política pública disfrazada de adaptación empresarial.
Quienes apoyan esta postura argumentarán que los adversarios no esperan y que Estados Unidos debe ser capaz de disuadir, defenderse y reabastecerse. Este argumento no puede simplemente descartarse. Los Estados se enfrentan a dilemas de seguridad reales. La guerra de Ucrania, el conflicto con Irán y el auge de los drones baratos han puesto al descubierto las debilidades de los sistemas de producción lentos y costosos. Pero una sociedad seria debería preguntarse qué tipo de seguridad está construyendo. ¿Seguridad para quién? ¿A qué precio? ¿Con qué repercusiones en la vida civil? ¿Y con qué efecto en la disposición del país a participar en futuras guerras?
El costo democrático de la producción de doble uso
El riesgo reside en que Estados Unidos confunda velocidad con estrategia. Una producción de armas más rápida podría solucionar un problema de arsenales, pero agravar uno político. Podría ayudar al Pentágono a satisfacer la demanda, pero a la vez hacerla más permanente. Podría incorporar el ingenio civil a la defensa, pero a costa de mermar la independencia de la vida civil respecto a la guerra.
Una política diferente comenzaría por negarse a considerar cada cuello de botella industrial como una invitación a militarizar otro sector. Fortalecería los instrumentos diplomáticos con la misma urgencia que ahora se reserva para las municiones. Se preguntaría si la inversión pública debería priorizar las industrias que contribuyen a la recuperación de la sociedad en lugar de las que facilitan el sostenimiento de la guerra. Asimismo, reconocería que la tecnología de doble uso requiere supervisión democrática, no solo entusiasmo por su adquisición.
Estados Unidos siempre ha destacado por su capacidad para transformar la producción en energía. Esta habilidad contribuyó a la fabricación de automóviles, aviones, computadoras y avances médicos. También ha fabricado bombas. La cuestión ahora no es si Estados Unidos puede producir armas más rápido; sin duda puede. La cuestión es si un país ya marcado por décadas de guerra aún puede distinguir entre una economía industrial sólida y una que se reorganiza discretamente en torno al próximo campo de batalla.
Si las piezas de automóviles, los equipos de fracking y los métodos farmacéuticos se están convirtiendo en insumos para acelerar la producción de armas, entonces la economía de guerra ya no es un fenómeno aislado. No se limita al Pentágono ni a las grandes empresas de defensa. Se está extendiendo por las cadenas de suministro de la vida cotidiana en Estados Unidos. Y una vez que la guerra se arraiga tan profundamente en el mercado, ponerle fin se vuelve más difícil que terminar con los despliegues militares. Implica desmantelar una economía que ha aprendido a beneficiarse de estar permanentemente preparada para la próxima guerra.
Jenny Williams
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Jenny Williams es una periodista y escritora estadounidense independiente especializada en política exterior, derechos humanos y conflictos. Su objetivo es aportar claridad a los complejos debates sobre seguridad y destacar las consecuencias internas de la intervención en el extranjero. Contacto: jennywilliams9696[at]gmail.com | Twitter: @Jenny9Williams
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