EE. UU., ARANCELES E INGENIERÍA POLÍTICA EN BRASIL

Por; Lic. Alejandro Marcó del Pont

eltabanoeconomista.wordpress.com/julio 19, 2026

Hay una paradoja que atraviesa por completo la nueva ofensiva arancelaria de Estados Unidos contra Brasil. Washington decidió castigar comercialmente a un país con el que no pierde, sino que gana. La contradicción desaparece cuando se abandona la contabilidad comercial y se observa la geoeconomía. El arancel adicional del 25%, que entrará en vigor el 22 de julio, no está diseñado principalmente para equilibrar importaciones y exportaciones.

Funciona como una herramienta de coerción, encarece la autonomía regulatoria brasileña, altera los incentivos de sus élites económicas y coloca un costo visible sobre las decisiones de un gobierno que Washington considera demasiado independiente. El comercio es el instrumento; la disciplina política, tecnológica y estratégica es el objetivo.

Eso no significa que Washington dicte el resultado electoral, pero sí que intenta influir en el clima de competencia. El arancel opera como un mensaje a empresarios, exportadores y élites políticas: el costo de sostener ciertas líneas de autonomía puede subir si Brasil no se alinea con la arquitectura preferida por EEUU.

Críticos estadounidenses y brasileños coinciden en que el superávit comercial histórico de EE.UU. hace aún más llamativo el castigo. ¿Por qué castigar a un socio con el que se gana? La respuesta yace en capas más profundas: control de cadenas de suministro, acceso a recursos estratégicos y, sobre todo, el temor a un Brasil que se atreve a construir infraestructuras de soberanía sin pedir permiso. Aquí entra el verdadero dolor de cabeza para las élites financieras estadounidenses: el PIX.

Según datos oficiales, EE. UU. acumuló un superávit comercial de bienes con Brasil de US $14.400 millones solo en el último año (un aumento del 112,8% respecto al año anterior). En los últimos 15 años, el superávit acumulado de EE. UU. con Brasil alcanza los US$ 424.500 millones.

La narrativa oficial habla de proteger al trabajador estadounidense, pero los pasillos de Washington y los despachos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) revelan una verdad mucho más oscura: se trata de castigar la autonomía estratégica de un país que se atrevió a construir infraestructuras de poder al margen del oligopolio financiero de Wall Street y Silicon Valley.

Para comprender la magnitud de esta agresión, es imperativo mirar más allá del acero y la soja, y dirigir la mirada hacia el campo de batalla más sensible y sofisticado de esta disputa: el sistema PIX, que no es solo un sistema de pagos instantáneos, sino una pieza maestra de ingeniería financiera pública que, desde su lanzamiento en 2020, ha transformado radicalmente el mercado interno brasileño.

Desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), permite transferencias gratuitas o de costo mínimo las 24 horas, sin intermediarios costosos. Hoy procesa miles de millones de transacciones mensuales, abarcando desde el pago del verdulero hasta grandes operaciones empresariales. Su adopción masiva —casi 200 millones de usuarios— ha democratizado las finanzas, reducido la exclusión bancaria y, de paso, desplazado a los grandes ganadores del antiguo régimen: Visa, Mastercard, Google Pay y otros intermediarios privados.

La disputa no se limita a Visa o Mastercard. Estados Unidos reunió en un mismo expediente los pagos electrónicos y las medidas judiciales brasileñas contra X, Meta, Google y otras plataformas. Son conflictos diferentes, pero tienen un elemento común: la resistencia estadounidense a que un Estado periférico determine las reglas de infraestructuras digitales dominadas históricamente por corporaciones norteamericanas.

PIX es un dolor de cabeza no solo por el mercado que ya ocupa, sino por el precedente que establece. Demuestra que un banco central puede construir una red pública eficiente, reducir las rentas de los intermediarios y organizar la economía digital sin entregar toda su arquitectura a empresas extranjeras. Si el modelo se replica en otras economías emergentes, la pérdida potencial para las redes privadas será mucho mayor que la del mercado brasileño.

Esta embestida económica contra el PIX y el sistema financiero brasileño no es un fin en sí mismo, sino el combustible para una maquinaria de intervención electoral sin precedentes en la historia reciente de las relaciones hemisféricas. Al estrangular sectores clave de la economía brasileña a apenas meses de las elecciones de octubre de 2026, la administración Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, están ejecutando un plan de condicionamiento político.

El objetivo es generar el dolor económico suficiente para que el electorado lo atribuya a la incapacidad diplomática del gobierno de Lula, pero sin provocar un colapso sistémico que desestabilice la región. Es la creación de una profecía autocumplida. Estados Unidos impone aranceles para dañar la economía, y luego señala el daño económico como prueba de que el gobierno actual es un desastre y debe ser reemplazado.

Sin embargo, la verdadera genialidad cínica de esta medida reside en su diseño selectivo. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) no ha aplicado un muro arancelario ciego; ha dejado fuera actores de manera quirúrgica. La lista de aranceles del 25% no golpean indiscriminadamente. Productos clave —carne de res, café, partes de aeronaves, metales raros, petróleo y ciertos commodities— quedan exentos. Esta selección de casi 2.000 ítems (según estimaciones de impacto) revela cálculo político y económico preciso. Sectores con fuerte lobby en Washington o alineados con intereses estratégicos estadounidenses se salvan. Mientras tanto, bienes industrializados, maquinaria y manufacturas más expuestas al mercado interno brasileño cargan con el peso de la medida.

La élite agroexportadora y financiera (bolsonarista o pragmática), la carne de res (JBS, Marfrig, Minerva) y el café (grandes cooperativas de Minas Gerais y Espírito Santo, y exportadores como Cecafé), son la base electoral y financiera del bolsonarismo (la bancada ruralista). Figuras como Wesley Batista (JBS) o Marcos Molina (Minerva), y políticos como Tereza Cristina, operan con un pragmatismo feroz. Aunque son el núcleo duro de la derecha, su lealtad es al negocio, no a una ideología rígida. Buena parte de la élite agropecuaria brasileña siente una mayor afinidad política, cultural y empresarial con Estados Unidos, pero no puede aceptar una ruptura con China.

Al quedar exentos, el gobierno de EE. UU. les envía un mensaje claro: «Nosotros protegemos sus negocios si ustedes mantienen la estabilidad y no se radicalizan contra Washington». Esto neutraliza cualquier presión que el agronegocio pudiera ejercer sobre el gobierno de Lula para que rompa relaciones con EE. UU., y valida la narrativa de Flávio Bolsonaro en Washington de que «el verdadero Brasil productivo» es aliado de EE. UU. El petróleo (Petrobras, 3R Petroleum, Enauta) y la aviación civil (Embraer) son élite que trasciende la división Lula vs. Bolsonaro. Son actores sistémicos. Embraer (con Francisco Gomes Neto como CEO y los Batista como accionistas) y el sector del petróleo dependen de tecnología, de financiamiento y de cadenas de suministro estadounidenses.

Los aranceles no son aleatorios; están diseñados para golpear el corazón del proyecto de «reindustrialización» del actual gobierno y de la clase trabajadora organizada. El acero y siderúrgica (Gerdau, Usiminas, CSN), autopartes, maquinaria, calzado, textiles y ciertos productos procesados de madera y muebles. Ésta es la burguesía industrial tradicional (representada por la FIESP en São Paulo o la CNI) y el sindicalismo organizado (centrales sindicales históricamente alineadas con el PT y el lulismo).

El golpe a la reindustrialización, al encarecer un 25% las exportaciones de valor agregado, hace inviable que la industria brasileña compita en EE. UU., frenando cualquier intento de Brasil de dejar de ser un mero exportador de materias primas. Estas industrias emplean a millones de personas en el ABC Paulista y en el sur del país (bastiones electorales importantes). El cierre de plantas o la reducción de horas por la caída de exportaciones genera desempleo y descontento social, que se atribuye directamente a la gestión económica de Lula.

En este tablero se juega la ambivalencia estratégica brasileña, una doctrina histórica de autonomía que ahora enfrenta sus límites más duros. Desde la era de Getúlio Vargas hasta el Itamaraty moderno, Brasil ha cultivado el “no alineamiento activo”: comerciar con todos, alinearse con ninguno, posicionarse como líder del Sur Global. Lula lo actualizó con los BRICS, el G20 y su énfasis en el multilateralismo. “Queremos comerciar con EE. UU. y con China”, repite. El problema aparece cuando la neutralidad deja de ser creíble o cuando una de las potencias interpreta esa ambigüedad como alineamiento encubierto con el adversario.

Si la Ley de Reciprocidad a los aranceles se aplica de manera simétrica y sin una estrategia de desescalada, Brasil puede terminar pagando más de lo que gana, subirán costos de importación, se van a tensionar las cadenas productivas y crecerá la incertidumbre empresarial. Además, la represalia puede empujar más comercio hacia China, reforzando el “efecto rebote” que ya varios analistas describen: Washington castiga y Brasil compensa, pero el gran beneficiado estructural termina siendo Pekín. En ese sentido, la ambivalencia deja de ser una herramienta de autonomía y pasa a ser un canal de subordinación indirecta a una nueva dependencia.

Brasil conserva tamaño, capacidad diplomática y centralidad económica, aunque su liderazgo regional se debilita cuando su política exterior se percibe más reactiva que estratégica o cuando se lo ve atrapado entre el conflicto con EE. UU. y la dependencia creciente de China. La hegemonía regional no se pierde solo por comerciar con China; se erosiona cuando el vecino concluye que Brasil ya no ofrece bienes públicos regionales claros, previsibilidad ni un proyecto de integración creíble.

Los casos de Venezuela y Cuba, donde la influencia brasileña se ha reducido a una mera gestión de daños humanitarios y migratorios, son el testimonio de esta pérdida de soberanía regional. Brasil ha dejado de ser el arquitecto de la integración sudamericana para convertirse en un actor reactivo, atrapado en el fuego cruzado de las grandes potencias.

La ambivalencia estratégica, que en su origen fue un escudo para proteger la soberanía nacional en un mundo hostil, se ha transformado en el talón de Aquiles de la potencia regional. Al intentar no elegir entre el imperio tecnológico estadounidense y el imperio manufacturero chino, Brasil termina siendo castigado por el primero y subordinado por el segundo. La lección que emerge de este julio de 2026 es amarga y reveladora: en el siglo XXI, la soberanía no se puede negociar mediante la equidistancia. O se construyen infraestructuras de poder propias, inatacables y blindadas, como lo es el PIX, y se está dispuesto a defenderlas con todo el costo político y económico que ello implique, o se termina siendo un mero espectador en la subasta de los propios recursos nacionales.

Brasil dispone desde 2025 de la Ley de Reciprocidad Económica, que permite suspender concesiones comerciales, de inversión y de propiedad intelectual en respuesta a medidas extranjeras que perjudiquen al país. La aplicación no es automática: debe existir una evaluación técnica, participación de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Camex) y definición de los productos o concesiones afectados.

Una represalia simétrica e indiscriminada del 25% sobre todas las importaciones estadounidenses sería políticamente vistosa, pero económicamente poco inteligente. El verdadero campo de batalla es el PIX porque convierte la soberanía en infraestructura. Estados Unidos no solo ve un sistema de pagos; ve un modelo replicable que debilita la renta de sus intermediarios financieros y reduce su capacidad de disciplinar economías emergentes. Para Brasil, defender este sistema de pagos no es solo defender una herramienta tecnológica, sino preservar autonomía regulatoria, inclusión financiera y una palanca de poder en la transición hacia una arquitectura económica más multipolar.