Lo que no admite discusión es que el NSPM-11 representa la declaración más completa que el gobierno de Estados Unidos haya hecho jamás sobre cómo pretende utilizar la IA en la guerra y la inteligencia
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Rameen Siddiqui
Moderndiplomacy.eu/13 de junio de 2026
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una reunión informativa con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (no aparece en la imagen), en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el Pentágono, Washington D. C., Estados Unidos, el 31 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El 5 de junio, Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 11. El documento, titulado «Inteligencia Artificial en el Ámbito de la Seguridad Nacional», cumple exactamente lo que promete su título: indica a las fuerzas armadas, las agencias de inteligencia y todos los departamentos de seguridad nacional de EE. UU. cómo adoptarán, implementarán y gestionarán la inteligencia artificial en el futuro. Este documento reemplaza al NSM-25 de Biden, que la Casa Blanca calificó de documento que «entorpecía la adopción de la IA en Estados Unidos». Si esta caracterización es justa o no, es discutible. Lo que no admite discusión es que el NSPM-11 representa la declaración más completa que el gobierno estadounidense haya emitido jamás sobre cómo pretende utilizar la IA en la guerra y la inteligencia.
Primero la velocidad, después las preguntas
El principio rector del memorando es la aceleración. Las agencias de seguridad nacional tienen 120 días, con fecha límite el 3 de octubre de 2026, para reformar por completo sus procesos de adquisición de IA. El antiguo modelo, en el que un único proveedor podía dominar el trabajo clasificado en IA, ha quedado obsoleto. El NSPM-11 exige un marco de múltiples proveedores, lo que obliga a agencias como el Departamento de Defensa, la NSA, la CISA y el Director de Inteligencia Nacional a establecer alianzas con empresas de IA tanto grandes como pequeñas simultáneamente. Ninguna empresa puede ser el factor decisivo.
El memorando también incluye algo realmente inusual: las agencias gubernamentales tendrán acceso a modelos de IA de vanguardia hasta 30 días antes de su lanzamiento público, mediante acuerdos voluntarios a los que las empresas pueden adherirse. El borrador original proponía 90 días de acceso previo al lanzamiento, lo que generó una fuerte oposición por parte de la industria de la IA. La versión final se fijó en 30 días. Aun así, esta disposición crea un acuerdo que permite al gobierno acceder anticipadamente a las capacidades de IA más avanzadas antes que nadie en el mundo, una forma de inteligencia estratégica sobre la dirección que está tomando la tecnología que no tiene precedentes reales en la historia de las adquisiciones de defensa de Estados Unidos.
El memorando también ordena la creación de una Reserva Estratégica Nacional de Seguridad en IA, un grupo de expertos no gubernamentales de primer nivel en inteligencia artificial que pueden movilizarse cuando sea necesario. Se construirán a gran escala instalaciones informáticas de alta seguridad diseñadas para ejecutar modelos avanzados de IA en redes clasificadas. El ritmo que se exige en todo el documento no es el ritmo habitual de adquisiciones. Es un ritmo de guerra, aplicado al desarrollo de capacidades en tiempos de paz, lo que refleja la interpretación que hace la administración del estado actual de la competencia entre Estados Unidos y China en materia de IA.
La cláusula que tiene escrito "antrópico" por todas partes
Oculta entre las disposiciones sobre adquisiciones del memorando, se encuentra una cláusula que obliga a las agencias a rescindir los contratos con empresas de IA que “limiten reiteradamente el uso gubernamental de su tecnología”. Nadie en la administración mencionó a Anthropic al hablar públicamente del memorando. No era necesario.
Antecedentes: El Pentágono, bajo la dirección de Pete Hegseth, consideró a Anthropic un riesgo para la cadena de suministro después de que la empresa se negara a eliminar dos limitaciones contractuales que había impuesto: una que prohibía el uso de su IA en armas autónomas letales y otra que prohibía su uso en la vigilancia masiva interna. La postura del Pentágono era que necesitaba acceso a la IA para "todos los fines lícitos" y que una empresa privada no tenía derecho a definir cuáles eran esos fines. La postura de Anthropic era que algunos usos eran tan perjudiciales que ningún contrato justificaba su autorización.
La disputa puso al descubierto un punto que el memorando intenta resolver en los términos del gobierno: quién controla un sistema de IA desplegado y qué puede hacer legalmente. La cláusula de no desactivación responde claramente a la primera pregunta: ninguna entidad comercial puede desactivar, degradar o modificar un sistema de IA gubernamental en funcionamiento sin la aprobación federal previa. La segunda pregunta, qué puede hacer legalmente el sistema, recibe una respuesta más compleja. El memorando traza una línea divisoria inmediata contra la vigilancia interna ilegal. Las normas sobre armas autónomas se posponen, y el Secretario de Guerra tiene 90 días para actualizar la directiva del Pentágono sobre autonomía de armas, lo que significa que la pregunta más trascendental de todo el documento es la que se responde en un anexo clasificado que nadie fuera de la administración ha visto.
La ironía reside en que el NSPM-11 incluye una exención para Claude Mythos, el modelo más avanzado de Anthropic, actualmente en uso en la NSA, a pesar de que el memorando en general está estructurado en parte como respuesta a la disputa con Anthropic. La administración necesita la tecnología con tanta urgencia que la seguirá utilizando, mientras que, simultáneamente, crea el marco legal para marginar a la empresa que la fabrica.
¿Quién es realmente el responsable cuando la IA militar se equivoca?
Aquí es donde el memorándum hace algo importante y a la vez algo incompleto.
El marco de rendición de cuentas NSPM-11 establece la responsabilidad dentro de la cadena de mando militar. Los líderes y comandantes de las agencias son responsables del uso de la IA bajo su autoridad. Esta cadena va desde el pueblo estadounidense, pasando por el presidente, hasta el combatiente. En teoría, esta es la solución correcta, ya que sitúa la rendición de cuentas donde reside la autoridad, en lugar de canalizarla a través de organismos de normalización civiles o marcos internacionales voluntarios, como proponía Biden.
En la práctica, la efectividad de este marco depende enteramente de si quienes ocupan los puestos más altos respetan las limitaciones institucionales. Un marco de rendición de cuentas funciona cuando quienes lo implementan creen estar sujetos a las normas. Esta administración ha dedicado dieciocho meses a demostrar una visión bastante amplia de la autoridad ejecutiva. Un memorando que enfatiza la cadena de mando y el estado de derecho tiene un impacto diferente en el segundo mandato de Trump que en casi cualquier administración anterior, y expertos de todo el espectro político han señalado la brecha entre las palabras escritas y la confianza en su implementación.
La prohibición de la vigilancia ilustra el problema. El memorando prohíbe explícitamente la vigilancia interna ilegal. La palabra "ilegal" tiene un significado crucial en esa frase, ya que la definición de vigilancia legal ha sido objeto de controversia entre el poder ejecutivo, el Congreso y los tribunales durante décadas. Limitarse a lo "ilegal" y dejar la definición de lo legal a la discreción del ejecutivo no constituye una garantía. Es simplemente una medida provisional para una disputa que aún no se ha producido.
Pekín es el trasfondo de cada fecha límite en este memorándum
La urgencia del memorando cobra mayor sentido al analizarlo en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China en materia de IA, en lugar de considerarlo como un debate interno sobre la gobernanza de la IA. China ha estado integrando la IA en sus sistemas militares y de inteligencia a un ritmo alarmante para los planificadores de defensa estadounidenses. El Ejército Popular de Liberación cuenta con sistemas de puntería, logística y vigilancia basados en IA que ya están operativos, no en fase experimental. La brecha entre el nivel actual de adopción de la IA en materia de seguridad nacional en Estados Unidos y el nivel necesario, según la propia evaluación de la administración, es el verdadero motivo del plazo de 120 días y la urgencia de las adquisiciones en tiempos de guerra.
La exigencia de trabajar con múltiples proveedores refleja una lección específica del sector de la IA comercial: la dependencia de un solo proveedor genera fragilidad. Si una empresa se convierte en el proveedor dominante de IA para el ejército estadounidense y luego se enfrenta a una disputa como la de Anthropic, todo el programa nacional de IA para la seguridad se ve afectado. Distribuir los contratos entre varios proveedores, incluidas empresas más pequeñas que antes estaban excluidas de trabajos clasificados, aporta redundancia al sistema, del mismo modo que la diversificación de los proveedores de energía aumenta la resiliencia ante las interrupciones en el suministro.
La cláusula de acceso anticipado de 30 días es el elemento más estratégico del documento, pero el que menos análisis ha recibido. Si las agencias de seguridad nacional de EE. UU. tienen acceso a los modelos de IA más avanzados un mes antes de su lanzamiento público, obtienen información sobre la evolución de la tecnología antes que sus adversarios. También tienen la oportunidad de identificar vulnerabilidades, problemas de seguridad y posibles casos de uso indebido antes de su implementación. Esto representa una ventaja estratégica significativa, y China no cuenta con un acuerdo equivalente con sus empresas nacionales de IA, al menos no a través de un marco voluntario. La relación de Pekín con su sector de IA es considerablemente menos voluntaria.
Qué acierta el memorándum y qué deja sin resolver
El NSPM-11 acierta en varios aspectos. El marco de múltiples proveedores constituye la arquitectura de adquisición adecuada para una tecnología que evoluciona tan rápidamente. La estructura de rendición de cuentas dentro de la cadena de mando es, en principio, el modelo de gobernanza correcto. La cláusula de no inhabilitación aborda una vulnerabilidad real que quedó al descubierto en la disputa con Anthropic. Y la urgencia, si bien resulta políticamente incómodo reconocerla, refleja una evaluación honesta de la situación actual de la competencia con China.
Lo que deja sin resolver es más significativo que lo que soluciona. La directiva sobre armas autónomas se ha relegado a un documento clasificado que el Congreso y el público no pueden examinar. La definición de vigilancia legal se ha dejado a discreción del poder ejecutivo. La cuestión de quién tiene la potestad de establecer los límites de lo que la IA puede hacer legalmente (el laboratorio, el poder ejecutivo, los tribunales o el Congreso) queda explícitamente sin resolver en el texto. Y el problema central de credibilidad que identificó Michael Horowitz del CFR es real: un documento que enfatiza la rendición de cuentas y el estado de derecho tiene un significado distinto cuando lo emite una administración cuya relación con las limitaciones institucionales ha sido, como mínimo, complicada.
El Congreso tiene que terminar lo que empezó el memorándum
El Congreso tiene un papel que el memorándum por sí solo no puede desempeñar. El marco que establece el NSPM-11 debe codificarse en la legislación de defensa e inteligencia, incorporando las normas sobre armas autónomas una vez que se publiquen, otorgando fuerza legal a la prohibición de la vigilancia y estableciendo mecanismos de supervisión independientes que no dependan de la buena voluntad del ejecutivo para funcionar. Un memorándum presidencial puede marcar la pauta. Solo la ley puede establecer límites que perduren tras la siguiente administración.
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