El paramilitarismo logró consolidarse como una forma de gobernanza paralela y control territorial al servicio de sectores empresariales, políticos, narcotraficantes y actores interesados en preservar determinados órdenes económicos y sociales
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Jorge Freytter-Florián
Rebelión.org/21/05/2026
El análisis de la socióloga colombiana Vilma Liliana Franco sobre el mercenarismo corporativo permite comprender que el paramilitarismo en Colombia no fue únicamente una expresión armada ilegal, sino una estrategia de dominación articulada entre sectores económicos, élites políticas, redes criminales y dispositivos de contrainsurgencia. Bajo esta lógica, el paramilitarismo no desaparece: muta, se adapta y se reconfigura según las coyunturas históricas, transitando de formas abiertamente militares hacia expresiones político-electorales, mediáticas, jurídicas y empresariales.
Como advertía el antropólogo y exiliado político Alberto Pinzón Sánchez en 2016, el paramilitarismo constituye «un gravísimo obstáculo para la paz en Colombia», precisamente porque su estructura excede lo estrictamente armado y penetra instituciones, universidades, gobiernos municipales, territorios y formas de representación política. No se trata únicamente de grupos ilegales, sino de una racionalidad contrainsurgente orientada al control social, territorial e ideológico, funcional a proyectos de acumulación económica y disciplinamiento político.
Las reflexiones desarrolladas en el artículo de la Revista Raya, Las verdades pendientes de Mancuso, evidencian cómo el fracaso de la Ley de Justicia y Paz y las limitaciones del proceso con los grupos paramilitares produjeron una arquitectura de impunidad que no desmontó las bases económicas, sociales y políticas del fenómeno paraestatal. Como ha señalado el profesor Andrew Thompson, el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) significó principalmente una desmovilización parcial, sin afectar las estructuras profundas que sostienen este fenómeno en la historia política colombiana, permitiendo así la continuidad de nuevas generaciones y herederos políticos del mismo proyecto.
En Colombia, el problema nunca fue exclusivamente militar. El paramilitarismo logró consolidarse como una forma de gobernanza paralela y control territorial al servicio de sectores empresariales, políticos, narcotraficantes y actores interesados en preservar determinados órdenes económicos y sociales. Reducir su análisis al desarme de hombres armados resulta insuficiente, pues las redes financieras, jurídicas, mediáticas y electorales continúan operando bajo nuevas formas de legitimación.
En el actual escenario electoral colombiano pueden identificarse narrativas y proyectos políticos que expresan esta reconfiguración, lo que podría denominarse un paramilitarismo 2.0: una mutación del fenómeno que ya no opera exclusivamente con fusiles, sino también mediante narrativas de seguridad, captura institucional, campañas de miedo, lawfare, redes económicas y poder electoral regional.
En este marco emergen sectores vinculados a tradiciones narcotraficantes, mercantiles y privatizadoras del poder, donde la seguridad se concibe como negocio, control territorial y acumulación económica. También aparecen corrientes herederas del pacto de Santa Fe de Ralito y del proyecto político de la parapolítica, hoy recicladas bajo nuevos lenguajes electorales y mediáticos.
La candidatura de Abelardo de la Espriella representa sectores que reivindican agendas autoritarias y punitivistas, articuladas con discursos de mano dura, securitización de la vida pública y alineamientos regionales de confrontación. Su propuesta de ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, así como su referencia al modelo carcelario impulsado por Nayib Bukele en El Salvador, evidencian una visión centrada en el castigo, el orden y la militarización como respuestas prioritarias a la crisis nacional.
Por su parte, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, encarna la continuidad de una tradición política ultraconservadora asociada históricamente a apellidos influyentes del poder colombiano. Nieta del expresidente Guillermo León Valencia y sobrina-nieta del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, su trayectoria política se inscribe en una genealogía ideológica vinculada a doctrinas de seguridad nacional, defensa del orden tradicional y construcción del enemigo interno como eje de organización política.
Ambas candidaturas, aunque bajo formatos institucionales y mediáticamente sofisticados, reproducen elementos centrales del proyecto contrainsurgente: criminalización de la protesta social, deslegitimación de los procesos de paz, exaltación de la militarización y defensa de privilegios históricos de las élites políticas y económicas.
A estas dinámicas se suman sectores ultraconservadores religiosos −incluyendo alianzas con iglesias evangélicas y referentes religiosos con influencia política− que buscan legitimar agendas autoritarias, excluyentes y restrictivas en materia de derechos.
Frente a este panorama, el conjunto del Movimiento Social y Popular y el Pacto Histórico plantean una ruta política orientada a profundizar la democracia, fortalecer la verdad, la justicia social y las garantías de paz. Estas apuestas se expresan en referentes políticos como la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué, quienes proponen fortalecer las transformaciones institucionales, ampliar derechos y abrir debates estructurales sobre una nueva arquitectura democrática, soberanía para Colombia, incluyendo la posibilidad de impulsar un proceso constituyente amplio, participativo y democrático que permita avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente capaz de abordar las deudas históricas del país en materia de paz, inclusión social y reforma institucional.
El reto sigue siendo desmontar al paramilitarismo, sino también las arquitecturas políticas, económicas y culturales que hicieron posible este fenómeno, y que hoy buscan reinventarse en clave electoral. La historia reciente de Colombia recuerda que muchas de las violencias del pasado siguen proyectándose sobre el presente. Por ello, la disputa electoral no es únicamente una competencia entre nombres o partidos, sino una confrontación entre memorias, modelos de sociedad y proyectos políticos de país.
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