DOSSIER:
Crece la tensión en Bolivia por las marchas y bloqueos contra Rodrigo Paz
La Fiscalía ordenó la detención del líder de la Central Obrera Boliviana
Bolivia: manifestantes llegaron a La Paz para exigir la renuncia del presidente. Indígenas, campesinos y sindicalistas intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentra la sede del gobierno, pero la policía reprimió con gases lacrimógenos.
Foto: Facebook: Central Obrera Boliviana
Pagina12.com.arg
19 de mayo de 2026
Al cumplirse 14 días de bloqueo
La movilización impulsada por sectores campesinos, indígenas y obreros se dirige hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente.
Bloqueo de rutas en El Alto por parte de manifestantes contrarios al gobierno de Paz. EFE. EFEEl bloqueo de rutas dentro de la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones sociales contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplió este domingo 14 días sin que por el momento haya señales de solución al conflicto. Los grupos seguidores del expresidente Evo Morales marchan por el altiplano boliviano con el objetivo de llegar a la sede de gobierno este lunes y exigir allí la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.
La movilización recorrió esta jornada alrededor de 40 kilómetros, desde la localidad de Calamarca hasta El Alto. “Vamos a llegar hasta el kilómetro cero (como se conoce a la plaza Murillo) para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista”, dijo a los medios locales el dirigente sindical Juan Yupari.
La “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” aglutina a sectores campesinos, indígenas y obreros leales al exmandatario, que se oponen a las medidas económicas que planea implementar Paz, y partió el lunes pasado desde la población de Caracollo, a 188 kilómetros al sur de La Paz. Los marchistas buscan sumarse desde el lunes a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones que mantienen protestas y bloqueos de caminos desde la pasada semana.
Los bloqueos
Los bloqueos han resistido el operativo de las fuerzas de seguridad, con policías y militares que intentaron durante la jornada del sábado reabrir las vías que principalmente mantienen aislada la capital, La Paz. El resultado fueron 47 detenciones y al menos cinco heridos. Un portavoz de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, denunció dos muertes en los municipios Ingavi y El Alto por la operación de desbloqueo, pero las autoridades lo niegan.
Entre las personas heridas hay afectados oculares y faciales que han recibido atención médica. Asimismo, se han dado casos de agresiones e impedimentos al trabajo de la prensa, además de confrontaciones entre sectores movilizados y vecinos en algunos puntos de bloqueo. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, subrayó que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y que toda intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Callisaya también reiteró un llamado al diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos sociales. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, apuntó en declaraciones recogidas por la emisora Erbol.
Los bloqueos se han instaurado en Río Seco, en la vía que conecta a El Alto con Copacabana y Laja; en Achica Arriba, en la carretera a Oruro; en Calajahuira, camino a Yungas y dos puntos más en el municipio de Viacha. También hay bloqueos en el puente Achuma de San Andrés de Machaca, la comunidad de Achiri, Huarina, Patacamaya, Sica Sica, Desaguadero, Curahuara de Carangas, Lahuachaca, Panduro, Colquiri, en el norte en Palos Blancos y Pumazani. El bloqueo afecta a la población por la escasez de alimentos y el aumento de los precios de los productos básicos. Asimismo, desde el sector de salud se advirtió sobre el desabastecimiento de oxigeno en los hospitales.
La palabra de Petro
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo que Bolivia vive una “insurrección popular” por las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del mandatario de ese país, Rodrigo Paz, y ofreció la disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis.“Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también señaló que “Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz”.El mandatario colombiano aseguró además que su Gobierno está dispuesto, “si es invitado, a “buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”. También pidió que “no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas” y llamó a construir una “democracia profunda, multicolor” en la región.
Dirigentes de la Central Obrera Boliviana se enfrentaron con la policía en La Paz EFE. EFELa multitudinaria marcha de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas llegó este lunes a La Paz procedente del altiplano boliviano en el marco de la huelga general contra el presidente, Rodrigo Paz, y sus políticas de ajuste. Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, pero los policías antidisturbios reprimieron durante varias horas con gases lacrimógenos. Además la Fiscalía ordenó la detención de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, por supuestos delitos de “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”.
“Es un momento de caos”
Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas. Las protestas del lunes se concentraron en los alrededores de la plaza Murillo, donde se encuentran la Presidencia y el Parlamento en La Paz, resguardados por policías y militares.
Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el ministerio de Gobierno. La agencia AFP observó al menos dos manifestantes heridos por la represión policial. Las autoridades reportaron al menos 95 detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado.
En redes sociales se difundió la detención de un ciudadano argentino por grabar la represión de la policía. Al joven se lo escucha decir a los oficiales: “No estoy pagado de ningún lado. ¿Por qué me llevás como a un delincuente?“.
“Ahora sí, guerra civil” y “¡Que renuncie, carajo!”, corearon varias veces los manifestantes, que tildaron a Paz “de incapaz” para resolver el conflicto, iniciado por la COB y la Federación de Campesinos Tupac Katari de la región andina con cortes de rutas que cumplieron 13 días. “Queremos que renuncie. Bolivia está viviendo un momento de caos”, dijo a la agencia AFP Iván Alarcón, un campesino aimara de 60 años de Caquiaviri que viajó unos 90 kilómetros para protestar.
Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 kilómetros al sur de la capital administrativa de Bolivia. “Saludamos el esfuerzo. Primera vez que veo una movilización nacional que cruza con el invierno”, arengó Morales en sus redes sociales.
Al menos cuatro muertos
Policías y militares reprimieron fuertemente el sábado a los manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó este lunes que un manifestante falleció en esos choques, al caer en una zanja. Previamente el vocero presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche.
El dirigente campesino es el cuarto fallecido durante el bloqueo indefinido de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz. La primera muerte contabilizada por las autoridades es la de Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años de edad procedente de Belice que falleció por problemas de salud y no poder ser trasladada a tiempo a un hospital. En circunstancias similares murió Nelly Villanueva. El 14 de mayo se informó de la tercera víctima, una joven de 20 años que murió en El Alto.
Contrapunto con Evo
El gobierno de Bolivia sostuvo este lunes que se identificaron supuestos grupos armados en las protestas de campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales. el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez señaló particularmente a un exfuncionario del ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., quien ahora figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados ‘Ponchos Rojos’, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que tradicionalmente exhibe armas antiguas en sus protestas.
En sus redes sociales, Evo Morales aseguró: “Los mercenarios y piratas extranjeros ya empezaron a actuar en coordinación con el gobierno de Rodrigo Paz y sus aliados derechistas. Como siempre, sus primeros ataques son la mentira y el insulto. Inventan pretextos para invadir con violencia, masacrar al pueblo y asaltar nuestras riquezas”. El exmandatario dijo que “el imperio norteamericano no solo quiere eliminarme físicamente, quiere invadir Bolivia para apropiarse de sus recursos naturales como el litio”.
Sindicatos en la mira
Elevando aún más la tensión, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes la emisión de órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país. Mariaca informó, desde Sucre, que las órdenes fueron emitidas en el marco de procesos relacionados con presuntos delitos cometidos durante las protestas y bloqueos de los últimos días.
Argollo se convirtió en una de las principales figuras de las protestas impulsadas junto a sectores afines a Evo Morales, organizaciones campesinas, fabriles y mineros que avanzaron este lunes hacia el centro político paceño. Desde la COB denunciaron la “persecución judicial” y llamaron a mantener las movilizaciones. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, apuntó el propio Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.
Piden declarar “estado de excepción”
Mientras tanto los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron al gobierno que declare un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al gobierno, la Fiscalía, la policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al gobierno a declarar estado de excepción en casos de “conmoción interna” en todo o parte del territorio nacional, sin que eso implique la suspensión de los derechos de la población. La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación. Cochamanidis convocó, además, a una “gran marcha en defensa de la democracia” que, aseguró, será “pacífica” y “contundente” y espera que se replique en las otras ocho regiones bolivianas.
La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025). Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre. La inflación interanual fue del 14 por ciento en abril.
2. Bolivia ante un nuevo punto de inflexión: claves del estallido social ante el manual neoliberal del presidente Rodrigo Paz
Cronicon
18 mayo, 2026
Amplios sectores sociales de Bolivia exigen la renuncia del mandatario de ultraderecha Rodrigo Paz Pereira ante el draconiano libreto neoliberal puesto en marcha desde que asumió el Ejecutivo hace seis meses.
RESUMEN AGENCIAS /
La escalada de protestas, bloqueos y choques con las fuerzas de seguridad en Bolivia revela una crisis que excede las demandas salariales o sectoriales. Lo que está en juego es la gobernabilidad de la administración del presidente de ultraderecha Rodrigo Paz Pereira, la viabilidad de su neoliberal programa económico y la persistencia de fracturas históricas que el país no ha logrado cerrar.
Bolivia llegó al domingo 17 de mayo con La Paz y El Alto todavía bajo presión. Después del operativo de desbloqueo ejecutado el sábado 16 por policías y militares, los bloqueos continuaban en los principales accesos a la sede de Gobierno. La Defensoría del Pueblo reportó 47 detenidos y al menos cinco heridos, mientras distintos medios bolivianos y regionales informaron que en el departamento de La Paz persistían al menos 15 puntos de bloqueo durante la mañana del domingo.
La escena sintetiza el momento político: un gobierno cercado por una protesta multisectorial y un conflicto que dejó de ser únicamente reivindicativo para convertirse en una disputa abierta por el rumbo del poder.
Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana se manifiestan en La Paz, Bolivia, 14 de mayo de 2026.Una crisis en aceleración
El ciclo de protestas no nació de un único hecho, sino de una acumulación de tensiones. A comienzos de mayo ya se registraban paros y marchas de la Central Obrera Boliviana (COB), del magisterio, de transportistas afectados por la crisis de combustibles y de organizaciones indígenas y campesinas que rechazaban la Ley 1720 sobre reclasificación de tierras.
En los días siguientes, el conflicto se expandió territorialmente y también en su contenido político: a la exigencia de aumento salarial, abastecimiento regular de combustible, reparación de daños provocados por carburantes de mala calidad y anulación de normas cuestionadas, se sumó de manera creciente la demanda de renuncia presidencial.
El sábado 16, el operativo estatal para abrir rutas no logró desarticular la protesta; por el contrario, dejó un saldo de detenidos, heridos y bloqueos reinstalados pocas horas después.
El neoliberal mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.
Motivación y alcance de la protesta social
La actual ola de movilización se caracteriza por su composición heterogénea. Participan sindicatos obreros, federaciones campesinas, organizaciones indígenas, transportistas, maestros urbanos y rurales, cooperativistas mineros y juntas vecinales. Esa diversidad expresa, al mismo tiempo, fortaleza y complejidad. No se trata de una protesta homogénea, sino de una convergencia de malestares: deterioro del ingreso real por la inflación, escasez y mala calidad del combustible, temor a reformas agrarias percibidas como favorables al agronegocio, rechazo a privatizaciones o cierres de empresas estatales y desconfianza hacia un gobierno que no ha logrado construir interlocución estable con las organizaciones populares.
La COB aparece como articulador central, pero el peso del conflicto también reside en la capacidad de los sectores campesinos y urbanos para bloquear corredores estratégicos y convertir demandas fragmentadas en una impugnación general de la gestión.
Crisis de representación y de gobernabilidad
En términos políticos, la crisis exhibe tres problemas simultáneos. El primero es de representación: el Gobierno de Paz Pereira llegó al poder como alternativa al largo ciclo del progresista Movimiento al Socialismo (MAS), pero no logró consolidar una base social propia capaz de sostener el costo de las reformas.
El segundo obstáculo es de gobernabilidad: una administración minoritaria y con escaso margen de maniobra institucional depende de acuerdos que, hasta ahora, han sido parciales, tardíos o insuficientes.
El tercero es de lectura del conflicto: el Ejecutivo parece haber interpretado la protesta como un conjunto de presiones sectoriales negociables por separado, cuando en realidad se transformó en una contestación más amplia al estilo de gobierno, a la orientación económica y al lugar asignado a las organizaciones sociales en el sistema político boliviano.
Bloqueo de rutas en El Alto por parte de manifestantes contrarios al Gobierno de ultraderecha de Rodrigo Paz.La radicalización de la consigna “renuncia” muestra que el conflicto ya no se limita a obtener concesiones puntuales. Cuando una parte significativa de la movilización concluye que no existe interlocución confiable, la protesta se desplaza desde la negociación hacia la disputa por legitimidad. Allí aparece uno de los mayores riesgos para el Gobierno: que cada intento de control del orden público, si no viene acompañado de una salida política creíble, refuerce la percepción de aislamiento presidencial y profundice el desgaste de la autoridad.
En ese marco, el uso de fuerzas combinadas de Policía y militares en tareas de desbloqueo puede ofrecer alivios tácticos, pero difícilmente resuelve el problema estratégico.
Ajuste, escasez y distribución del costo de la crisis
Policías chocan con manifestantes.La protesta se alimenta de una percepción extendida: la crisis está siendo pagada por los sectores populares y medios, mientras los beneficios potenciales de la liberalización económica se concentran en actores con mayor capacidad de acumulación.
Bolivia enfrenta desde hace años una presión estructural por la caída del ciclo gasífero, la escasez de divisas y la dependencia de importaciones energéticas. Sobre esa base, el Gobierno de Paz impulsó medidas de corte neoliberal orientadas a reducir subsidios, reordenar cuentas y abrir espacios al capital privado.
El problema no es sólo el contenido de esas decisiones, sino su impacto inmediato sobre una sociedad con baja tolerancia material a nuevos incrementos de costos. Cuando suben las tarifas de energía, derivados petrolíferos como la gasolina, alimentos o transporte, el deterioro se vuelve visible en la vida cotidiana y se transforma rápidamente en combustible político.
El núcleo del desacuerdo remite al tipo de inserción económica que Bolivia puede sostener. Una apertura acelerada, apoyada en exportaciones primarias y en la reducción del rol estatal, tropieza con límites históricos: escasa industrialización, alta informalidad, fuerte dependencia de recursos naturales y una trama social que espera del Estado no sólo regulación, sino también protección, redistribución y reconocimiento.
En ese sentido, la discusión no gira únicamente en torno a la eficiencia macroeconómica, sino a la distribución del sacrificio y a la pregunta de quién gana y quién pierde en el nuevo ciclo.
Persistencia de un conflicto no resuelto
Para comprender la intensidad del presente conviene mirar la larga duración. Bolivia arrastra una historia de desigualdad regional, jerarquías étnico-raciales, concentración de la tierra y disputas recurrentes por el control de los recursos estratégicos. Los grandes ciclos de protesta de inicios de siglo —asociados a la defensa del agua, del gas y de la soberanía económica— consolidaron la idea de que la movilización popular no es un actor periférico, sino un componente constitutivo del poder político.
La experiencia de los gobiernos del MAS, con todas sus contradicciones, alteró además el horizonte de expectativas de amplios sectores indígenas y populares: no sólo demandar derechos, sino disputar conducción estatal.
La crisis de 2019 dejó heridas abiertas en la memoria política boliviana. Desde entonces, la disputa por la legitimidad del Estado, el lugar de las mayorías populares y el sentido de la democracia sigue atravesando el debate público.
Por eso, el malestar actual no puede leerse sólo como reacción económica. También expresa el retorno de una pregunta histórica: si Bolivia debe ser gobernada desde una lógica elitista y tecnocrática o desde una articulación más plebeya y plurinacional del poder. En ese punto, el conflicto actual reactiva una fractura de fondo entre dos imaginarios de país.
Recursos, alineamientos y disputa de modelos
La crisis boliviana también tiene una dimensión geopolítica. El viraje de la nueva administración hacia una agenda más cercana a Estados Unidos y a organismos financieros internacionales fue interpretado por sectores sociales y políticos como una señal de reorientación externa del país.
En un contexto regional fragmentado, Bolivia vuelve a ser observada por su ubicación estratégica, sus recursos naturales y su papel en los equilibrios suramericanos. Toda reestructuración del modelo económico —sobre todo si involucra privatización de activos, flexibilización regulatoria o redefinición de la política energética— se conecta con intereses externos y con el debate sobre soberanía.
El punto central es que Bolivia no sólo discute cómo salir de la crisis, sino bajo qué tutela, con qué alianzas y con qué grado de autonomía. La memoria política del país hace que cualquier percepción de injerencia externa o de subordinación a agendas financieras internacionales funcione como un acelerador de la protesta.
Al mismo tiempo, una desestabilización prolongada tendría impactos más allá de sus fronteras: sobre corredores comerciales, abastecimiento energético regional y la correlación política en América del Sur.
Escenarios posibles
En el corto plazo pueden dibujarse tres escenarios. El primero es una desescalada negociada, posible sólo si el Gobierno de ultraderecha abandona la fragmentación del diálogo, ofrece garantías políticas y produce gestos concretos sobre las principales demandas.
El segundo es un empate inestable: continúan los bloqueos, crece el desgaste económico y ninguno de los actores logra imponerse, con el consiguiente deterioro de la autoridad estatal. Y el tercero es una profundización de la crisis, en la que nuevas muertes, mayor represión o la ampliación del frente movilizado conviertan la actual conflictividad en una crisis de gobernabilidad de mayor alcance.
En cualquiera de estos casos, el desenlace dependerá menos de la capacidad coercitiva del Estado que de su aptitud para reconstruir legitimidad.
El actual estallido social no debe leerse como un episodio aislado ni como una simple suma de conflictos gremiales. Es la manifestación condensada de una crisis económica profunda, de una fractura política no resuelta y de una disputa histórica por el sentido del Estado en Bolivia.
La administración de sello neoliberal de Rodrigo Paz enfrenta así una prueba decisiva: demostrar si todavía puede reconducir el conflicto por la vía política o si, por el contrario, este ciclo de movilización terminará marcando el límite de su proyecto de gobierno.
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Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/05/19/bolivia-manifestantes-llegaron-a-la-paz-para-exigir-la-renuncia-del-presidente/
https://www.pagina12.com.ar/2026/05/17/crece-la-tension-en-bolivia-por-las-marchas-y-bloqueos-contra-rodrigo-paz/
