La tecnología ha comenzado a avanzar a tal ritmo que está arrastrando consigo a los centros de poder geopolítico, y ya no al revés
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Lorenzo María Pacini
strategic-culture.su/26 de mayo de 2026
La IA como herramienta regulatoria
La inteligencia artificial ya no es simplemente una herramienta tecnológica, sino que se está convirtiendo en un instrumento de poder regulador, lo que significa que las reglas del Gran Juego Geopolítico ya no se definen como antes —es decir, a través de la confrontación entre grandes potencias— sino más bien a través de una dimensión mediada, incluso transpuesta a una subdimensión: el ámbito digital virtual, donde la IA tiene, o eso parece, la capacidad de controlar el ciberespacio.
La regulación de la IA es hoy uno de los temas geopolíticos más delicados y decisivos. Quien controla la IA controla no solo los datos, la infraestructura o los mercados digitales, sino también la capacidad de definir qué es aceptable, legítimo e incluso «verdadero» en las sociedades contemporáneas. En este sentido, la regulación de la IA no se limita a la seguridad tecnológica o la protección de la privacidad, sino que constituye un nuevo escenario de conflicto geopolítico global que ya está activo y es escenario de enfrentamientos (el primero de ellos fue la Tercera Guerra del Golfo).
En los últimos años, se ha hecho evidente que la evolución de la IA avanza a un ritmo que supera con creces la capacidad de adaptación de los sistemas jurídicos. Las instituciones democráticas, los parlamentos y las organizaciones internacionales operan con lentitud, basándose en el debate político y la mediación regulatoria; en contraste, las grandes empresas tecnológicas y las naciones más avanzadas en el sector de la IA innovan continuamente y a un ritmo acelerado. Este desequilibrio crea un vacío regulatorio que es rápidamente ocupado por los actores tecnológicamente dominantes. En consecuencia, la regulación de la inteligencia artificial se convierte en un instrumento de poder.
Hoy en día, se están configurando dos modelos opuestos. Por un lado, existe un enfoque «restringido», respaldado principalmente por las grandes potencias occidentales y sus aliados estratégicos, basado en la creación de clubes tecnológicos capaces de definir estándares comunes entre países económica y militarmente cercanos. Este modelo tiende a priorizar la protección de los intereses industriales, la competitividad y el control de la infraestructura digital global. Por otro lado, emerge un enfoque «universal», promovido principalmente a través de las Naciones Unidas, que busca establecer normas globales representativas de la mayoría del mundo y limitar el dominio tecnológico occidental. Sin embargo, incluso esta visión universal enfrenta enormes desafíos políticos, económicos y culturales, ya que cada Estado interpreta la IA según sus propios intereses estratégicos.
El problema fundamental reside en que la inteligencia artificial no es neutral. Todo sistema de IA incorpora valores, prioridades, criterios de decisión y modelos culturales definidos por sus diseñadores. Cuando la IA se utiliza para apoyar decisiones administrativas, judiciales, económicas o militares, inevitablemente produce efectos normativos. En otras palabras, la IA no se limita a aplicar reglas; contribuye a crearlas. Los algoritmos seleccionan información, clasifican individuos, determinan prioridades y guían el comportamiento colectivo. Esto significa que la IA puede convertirse en un mecanismo capaz de moldear el orden social de una manera invisible pero extremadamente eficaz.
Aquí surge la pregunta más inquietante: ¿corren las IA el riesgo de convertirse en auténticas armas de control normativo? Si un actor político o económico logra monopolizar las plataformas inteligentes, los flujos de información y los sistemas automatizados de toma de decisiones, puede influir en el comportamiento de las poblaciones sin recurrir a la coerción tradicional. Esto ya no es meramente una cuestión de censura o propaganda, sino de una manipulación regulatoria profunda y sistémica. Los algoritmos pueden decidir qué contenido visibilizar, qué opiniones amplificar, qué datos priorizar y a qué individuos considerar «fiables». De este modo, la producción regulatoria se está desplazando progresivamente de las instituciones democráticas a los sistemas tecnológicos; en consecuencia, quien controla los medios tecnológicos también controla la producción regulatoria y, por extensión, controla la política, la economía, la ciencia, etc.
Desde una perspectiva geopolítica, esto genera un cambio asimétrico en el equilibrio de poder aún más significativo que en el pasado. Los Estados que poseen la infraestructura de IA más avanzada obtienen una enorme ventaja sobre los demás, no solo económica, sino también cultural y política. La asimetría no solo concierne a la superioridad tecnológica, sino, sobre todo, a la capacidad de imponer estándares regulatorios globales. Si un país controla los sistemas de IA utilizados en todo el mundo, inevitablemente termina exportando sus propios valores, criterios legales y visión política. La soberanía digital, por lo tanto, se convierte en una forma de dominio geopolítico.
En este escenario, la regulación de la inteligencia artificial se presenta como un desafío sumamente complejo y ambiguo. Una regulación demasiado rígida de la IA podría frenar la innovación y favorecer a competidores con menos restricciones; por el contrario, una regulación laxa conlleva el riesgo de otorgar un poder inmenso a unos pocos actores tecnológicos o a estados autoritarios. Por ello, la regulación de la IA puede describirse como una auténtica «ruleta rusa»: cada decisión regulatoria implica enormes riesgos y consecuencias impredecibles. Un error podría comprometer la seguridad democrática, aumentar las desigualdades globales o consolidar nuevas formas de control social.
El enfoque basado en el club
Hasta la fecha, los principales bloques de poder han adoptado diversos enfoques. El primero es el de los clubes. Este modelo implica que un grupo limitado de naciones tecnológicamente avanzadas colaboren a través de plataformas como OECD.AI, el Proceso de Hiroshima sobre IA y el conjunto de herramientas del G7 para establecer normas globales, a menudo orientadas hacia los intereses económicos y geopolíticos occidentales. A pesar de los intentos por crear estándares comunes, las estrategias nacionales siguen siendo muy diferentes, lo que dificulta alcanzar un consenso.
La Unión Europea considera la IA una tecnología de alto riesgo, especialmente en ámbitos como la sanidad, la seguridad pública y las infraestructuras críticas. La Ley Europea de IA introduce requisitos estrictos de transparencia y supervisión algorítmica. El sistema se basa en el nivel de riesgo: cuanto mayor sea el impacto social de la IA, más estrictas serán las normas para los desarrolladores. Sin embargo, varios socios creen que ciertas disposiciones de la legislación podrían facilitar la manipulación política o el abuso económico, mientras que muchas empresas europeas temen efectos negativos en la innovación, la inversión y la competitividad global. La UE promueve activamente sus estándares a nivel mundial mediante herramientas como el Código de Conducta para el etiquetado de contenidos generados por IA e iniciativas como el Global Gateway, que, no obstante, corren el riesgo de limitar el desarrollo tecnológico local y centralizar la toma de decisiones en Europa. Si bien estas políticas se presentan como una salvaguarda de los derechos humanos y los valores democráticos, también pueden convertirse en instrumentos de presión geopolítica.
Estados Unidos mantiene su liderazgo en IA mediante el control de tecnologías clave, imponiendo de facto los estándares de importantes empresas estadounidenses como Google, Microsoft y OpenAI. El enfoque estadounidense favorece un modelo de autorregulación de mercado, con directrices flexibles y no vinculantes, consideradas esenciales para fomentar la innovación. A través de recomendaciones e iniciativas de agencias federales, Washington busca extender la influencia global de sus estándares. La orden ejecutiva introducida durante la administración Trump centralizó la regulación de la IA, acelerando el desarrollo tecnológico pero incrementando los riesgos relacionados con la seguridad y la gestión de datos. En este sistema, gran parte de la responsabilidad recae en las empresas privadas, ya que Estados Unidos prioriza el mantenimiento de la ventaja competitiva de sus compañías.
El Reino Unido adopta un enfoque basado en principios, en línea con la OCDE, evitando la burocracia excesiva para mantener la competitividad del sector nacional de la IA. Londres se posiciona como defensor de la seguridad de la IA, mediante iniciativas como la Declaración de Bletchley, y como centro tecnológico global. Por ello, favorece los códigos voluntarios y las regulaciones sectoriales en lugar de normas rígidas similares al RGPD. El Reino Unido también influye en el G7 y la OCDE al promover el uso de «sandboxes regulatorios» —entornos controlados para probar sistemas de IA—, buscando así equilibrar la flexibilidad con la influencia internacional.
Singapur, por otro lado, representa un modelo pragmático y orientado a la innovación. El país prefiere directrices flexibles basadas en principios a normas rígidas, con el objetivo de fomentar el crecimiento tecnológico y las empresas emergentes. Su Marco Modelo de Gobernanza de la IA, actualizado para incluir la IA generativa y la basada en agentes, se ha convertido en un referente regional en el sudeste asiático como alternativa a los modelos occidentales. Mediante la colaboración con la OCDE y la participación en la GPAI, Singapur busca influir en los estándares globales promoviendo regulaciones adaptables a diferentes economías. Esto demuestra cómo incluso naciones pequeñas pero tecnológicamente avanzadas pueden desempeñar un papel importante en la gobernanza global de la IA.
Entre un enfoque basado en clubes y un enfoque universal
Los países BRICS representan un punto intermedio entre el modelo restringido y el modelo universal liderado por la ONU. El grupo promueve la cooperación en IA en los sectores de educación, tecnología e infraestructura digital, como se puso de manifiesto en la cumbre de Río de Janeiro de 2025, que marcó el primer intento intergubernamental de crear una gobernanza inclusiva de la IA basada en los ordenamientos jurídicos nacionales. Los BRICS apoyan la soberanía de los datos, un acceso más equitativo a la tecnología y la cooperación Sur-Sur, proponiendo alternativas a los modelos occidentales mediante iniciativas como el Centro de Éxito en IA de los BRICS y la Carta Ética sobre IA.
Sin embargo, el grupo adolece de fragmentación institucional, responsabilidades poco claras y solapamientos operativos. Además, el importante desequilibrio interno en el desarrollo de la IA dificulta la formulación de políticas comunes: China concentra la mayor parte de la influencia en el campo de la IA generativa, mientras que India, Brasil y Rusia tienen mucha menos relevancia.
China aspira a lograr una superioridad tecnológica innovadora sin adoptar una ley integral de IA. En cambio, prefiere medidas específicas, como la obligación de etiquetar el contenido generado artificialmente y la estrategia IA+, diseñada para transformar la economía para 2035. La difusión de OpenClaw, un agente de IA de código abierto, ha acelerado los planes para introducir estándares de fiabilidad y uso. A través de la Ruta de la Seda Digital, Pekín exporta sus modelos regulatorios y promueve una gobernanza inclusiva basada en la soberanía nacional, al tiempo que propone la creación de un nuevo organismo internacional dedicado a la regulación global de la IA.
Rusia adopta un modelo híbrido que combina los principios de la ONU con la soberanía nacional, centrándose en la transparencia, el acceso no discriminatorio a las tecnologías y los códigos éticos voluntarios. Entre las iniciativas clave se incluyen el concepto de regulación de la IA para 2030 y directrices para el sector financiero. Un importante proyecto de ley define los derechos y obligaciones de desarrolladores, operadores y usuarios, introduciendo las categorías de IA «soberana», «nacional» y «confiable». En el ámbito internacional, Moscú busca generar consenso a través de la Alianza Rusa de IA, que forma parte de la Red Global de Alianzas de IA.
Por otro lado, India está impulsando una estrategia de alineación múltiple: fortalece la cooperación con los BRICS al tiempo que adopta estándares occidentales. Mediante plataformas como la Cumbre de Impacto de la IA, Nueva Delhi busca influir en la gobernanza global de la IA en consonancia con sus propios intereses. El país aspira a equilibrar la innovación y la gobernanza ética a través de la Ley de la India Digital y una estrategia nacional en constante evolución. Al colaborar tanto con el bloque BRICS como con instituciones occidentales, India está construyendo un modelo flexible y orientado a la soberanía, posicionándose como líder del Sur Global en la definición de políticas de IA inclusivas.
Enfoque universal
Muchos países de la denominada «mayoría mundial», preocupados por las nuevas formas de dependencia tecnológica y el colonialismo digital, abogan por la necesidad de una regulación internacional de la IA bajo la guía de las Naciones Unidas. El objetivo es abordar cuestiones como la brecha digital y el control tecnológico por parte de las grandes potencias mediante iniciativas como el Diálogo Mundial de la ONU sobre IA de 2025, diseñado como una plataforma inclusiva para definir estándares basados en los derechos y la innovación abierta, con el apoyo de un grupo independiente de expertos internacionales.
Estados Unidos y el Reino Unido, sin embargo, se oponen a la supervisión de la ONU, prefiriendo mantener plataformas autónomas para preservar su ventaja estratégica sobre China. Esta fragmentación incrementa la desconfianza internacional y los riesgos para la privacidad, mientras que la creciente militarización de la IA en los conflictos hace cada vez más urgente la introducción de normas comunes. Las directrices éticas y los principios generales ya no son suficientes: se necesitan estándares globales vinculantes para limitar los riesgos de la IA y garantizar la estabilidad internacional. Sin un acuerdo común, las amenazas derivadas del desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial seguirán aumentando.
Los distintos enfoques abordan el problema desde diferentes perspectivas, intentando ofrecer respuestas que a veces parecen insuficientes o demasiado alejadas del progreso tecnológico real de estas estructuras de poder. Sin embargo, esto es inevitable, porque la tecnología ha comenzado a avanzar a tal ritmo que arrastra consigo a los centros de poder geopolítico, y ya no al revés. Este cambio global, que ya está aquí, pronto podría dejarnos literalmente sin palabras.
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