REGISTRADURÍA 20 AÑOS, UNA SOFISTICACIÓN DEL FRAUDE

Julián Cortés 

revistaraya.com/09 Abril 2026

Las pasadas elecciones al congreso mostraron nuevamente fallos impresionantes del sistema electoral colombiano. No bastó con el escándalo del 2022, cuando se perdieron miles de votos del Pacto Histórico, los cuales, gracias a la labor de juristas arriesgados (incluyendo, para quienes no lo saben, gente del círculo de confianza de Roy Barreras) fueron recuperados, recobrando varias curules del Senado y la Cámara de Representantes. Como si fuera un Deja Vu, nuevamente está pasando, ya no solo con el PH sino también con el Frente Amplio Unitario (FAU). Esta agrupación de fuerzas progresistas al ser nueva y pequeña, al parecer, fue una víctima fácil del entramado de corrupción que existe alrededor de las elecciones perdiendo miles de votos de todos sus candidatos, impidiendo alcanzar el umbral y por tanto la posibilidad de que alguno de sus candidatos llegara al congreso. Sin capacidad de enviar delegados o abogados a recuperar los votos, como sí lo hizo el PH, el FAU quedaría en una situación compleja al no saber si logró o no el umbral. Como el partido MIRA, le tocará esperar varios años para que una corte reconozca el daño.

En este pueblito al sur de los EEUU, donde las élites de los partidos tradicionales nos han enseñado que la democracia es un favor y no un derecho, existe una institución blindada donde se cocina el destino de los colombianos sin que nadie pueda auditar la receta ni a los cocineros. Es la Registraduría Nacional del Estado Civil. En los últimos 20 años, lo que debería ser el templo de la voluntad popular se ha transformado en un engranaje de intereses privados, puertas giratorias y apellidos que se repiten en las nóminas del poder mientras viven cómodamente Estado y aseguran el éxito de los mismos sectores poderosos que nos han gobernado.

No es un secreto, pero parece un tabú: Thomas Greg & Sons no es un contratista cualquiera, es el dueño y único señor de la logística democrática. Desde los tiempos de Carlos Ariel Sánchez, han pasado cinco periodos — dos décadas completas — donde esta unión temporal ha tenido el monopolio de todo lo que importa: desde el papel de los tarjetones hasta el software de escrutinio, pasando por la revisión de firmas y las bases de datos del registro civil. Ellos controlan quién nace, quién se casa, quién muere y, lo más peligroso, quién vota. Han convertido la identidad de los colombianos en un activo privado. Solo ellos parecen conocer el código fuente del software electoral y ni el estado (su contratante) puede tener acceso a este. Si usted quiere saber por qué nada cambia, mire quién imprime las boletas y quién cuenta los votos en la “caja de pandora” de la informática electoral.

Thomas Greg & Sons se ha convertido en sinónimo de un “monopolio de la identidad” que asfixia la soberanía estatal. El escándalo de los pasaportes en 2023 es la muestra más reciente de su modus operandi: pliegos de condiciones que parecen calcados de sus propios manuales corporativos, diseñados para que ningún otro competidor pueda asomar la cabeza. Cuando el gobierno intentó romper ese candado, la empresa no dudó en demandar al Estado por 117.000 millones de pesos, ni en usar “urgencias manifiestas” que, en la práctica, son prórrogas forzadas. Es la dictadura del oferente único: o les das el contrato a ellos, o el país se queda sin documentos. No es una relación contractual, es un secuestro administrativo que cuenta con el respaldo de sectores de la justicia y la procuraduría que salen a proteger al contratista antes que al interés de los ciudadanos.

Pero el verdadero cáncer está en la logística. Por más de 20 años, Thomas Greg ha sido el dueño de los ojos con los que Colombia cuenta sus votos. El escándalo de los formularios E-14 en 2022, donde miles de votos de sectores populares fueron borrados o alterados por diseños que inducían al error, es solo la punta del iceberg de un contrato de 2.1 billones de pesos adjudicado recientemente para las elecciones de 2026. Bajo el amparo de la “experiencia”, la Registraduría les entrega las llaves de todo: el software de escrutinio, la impresión de tarjetones y el registro civil. Esta concentración de poder, sumada a las “puertas giratorias” donde sus exdirectivos terminan en la nómina de abogados del poder — como Abelardo de la Espriella —, configura un ecosistema donde la transparencia es una quimera y el fraude estructural es una posibilidad técnica latente.

INDRA es el brazo tecnológico y militar del Estado español, una multinacional que ha dejado de ser una simple consultora de sistemas para convertirse en el “campeón nacional” de la defensa y la vigilancia. En la práctica, es una entidad híbrida donde lo público y lo privado se funden para asegurar que los contratos de seguridad, espacio y tráfico aéreo queden entre amigos. Su dueño principal es el Estado español a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que controla cerca del 28% de las acciones, asegurando que la empresa sea, ante todo, un instrumento político. Sin embargo, en el banquete de sus utilidades también se sientan poderosos inversionistas privados y fondos globales como Ángel Escribano (quien además de ser su actual presidente, es el segundo mayor accionista con un 14%), el fondo Amber Capital de Joseph Oughourlian, presidente de PRISA (si, los mismos dueños de los medios colombianos que a toda hora se dedican a atacar al gobierno del cambio), y gigantes del capital transnacional como Fidelity, Sapa Placencia y Deutsche Bank.

Esta estructura no es casual: INDRA es el ejemplo perfecto de cómo la tecnocracia europea asegura recursos públicos de otros países mediante préstamos públicos a interés cero y contratos de defensa que parecen cheques en blanco. Bajo marcas como Minsait, la compañía se mete hasta la cocina de las administraciones públicas y los servicios financieros, mientras que su división de defensa se lucra con la carrera armamentística global. Al final del día, INDRA funciona como el cerebro informático detrás de las elecciones colombianas, donde los dueños (el Estado) y los socios capitalistas (fondos buitre y magnates de la ingeniería) se reparten un botín que se sostiene con el control de la información y el gasto militar de todos.

La maquinaria de los votos no funciona sola, necesita técnicos que conozcan el diagrama de flujo, el algoritmo y los puntos débiles del sistema. Según una fuente fiable que los conoce pero que por razones de seguridad prefiere guardar su identidad, el caso del señor Alejandro Campo Valera es un ejemplo de esta maquinaria. Campo entró bajo la bendición de Alexander Vega como jefe de informática — el hombre clave del software —, pero venía de ser gerente en Indra. Su esposa, Liliana Rosa Cardona Chagui, también trabajó para Thomas Greg y tras salir “por la puerta de atrás” de Coljuegos, (según dice el informante), fue conjuez del Consejo Nacional Electoral en Bogotá y ahora es magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy, Campo Valera ha encontrado refugio en la nómina de Abelardo de la Espriella. ¡Qué casualidad! En política la casualidad es un lujo que no existe. Obviamente no aparece nada de esta información públicamente. Busqué en la web este nombre hace un mes y había información, increíblemente para la fecha de publicación de este artículo no hay ninguna información en la web sobre él. Literalmente no existe. Del perfil de @GustavoRugeles bajé estas fotos que por fortuna nos dan una idea de la experiencia de Campo.

Algo similar ocurre con Nicolás Farfán Namen, quien fuera el delegado de lo Electoral y mano derecha de Vega también fue supervisor del contrato de Thomas Greg. Farfán ha sido un asiduo perseguidor de todo lo que huela a izquierda. Se enganchó contra Iván Cepeda pidiendo la recusación de un miembro del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Echeverri, quien votara a favor de que Iván hiciera parte de la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo. Sin embargo, tras manejar los hilos de las elecciones, hoy despacha desde las oficinas de De la Espriella como su abogado electoral y fue quien tuvo el honor de sacar la balota y darle la suerte a De la Espriella en el sorteo por el puesto en el tarjetón como aparece en este video: https://www.tiktok.com/@pestrista/video/7621260992600640775?_r=1&_t=ZS-95JeZBuF8lh.

Paradójicamente por el mismo argumento en contra del magistrado Echeverri, Farfán debería declararse impedido para participar en política. Sin duda debe tener amigos con poderosas influencias en la registraduría.

Finalmente, el actual delegado de lo electoral, Jaime Hernando Suárez, es quizás la pieza más audaz de este engranaje. Tras varios años en la sombra, reaparece con un pasado no reportado como abogado del Centro Democrático (CD). Su hoja de vida en función pública demuestra una amplia trayectoria en la Registraduría.

Suarez no solo se dedicaba a dar capacitaciones a los militantes del partido CD, (como lo cuenta el informante) sino que organizaba reuniones del CD en la misma Registraduría Distrital de Bogotá donde lo vieron en el año 2023. Fue el hombre de las actas en las elecciones locales de 2023, el delegado del CD que caminaba por los pasillos del Distrito haciendo escrutinios para el partido de derecha representando sus intereses. Claramente Jaime milita en la derecha colombiana y eso no da ninguna garantía. Debería entonces también renunciar a su cargo.

La Dirección de Informática y la Delegación Electoral son las dos cabezas de un monstruo que devora la transparencia. Una controla el software, ese algoritmo opaco que decide resultados; la otra controla "todo" lo demás: la presencia en las mesas, las actas y la validación de la voluntad popular. Mientras tanto, las bases de datos de cédulas y registros civiles siguen siendo la mina de oro que alimenta el control social en este pueblo que añora una verdadera democracia.

Y aquí viene la bomba que nunca nadie lo imaginó. El testigo me indica que en las elecciones del Plebiscito por la Paz también hubo fraude. En muchos puestos de votación, los tarjetones ya estaban previamente marcados, horas antes de ser entregados a los sufragantes. Adivinen como estaban marcados. Pues con el NO. Literalmente si lo que el informante indica como testigo de esta situación es cierto, nuestras lágrimas aquel octubre de 2016 y la gran frustración de que un país le dijera no a la paz fue una mentira, un montaje más de las élites que aman la guerra. Más que una manipulación mediática de los grandes medios (cuyos accionistas son también accionistas de Thomas Greg), fue un gran fraude electoral que jugó con el sueño de un país en paz para todos los colombianos. La pregunta es, ¿Quién estuvo detrás de aquel fraude para que ganara el no?

En estos 20 años de “democracia”, lo que hemos tenido es una sofisticación del fraude. Ya no necesitan robarse las urnas; les basta con tener a sus hombres en los puestos clave, a sus empresas en los contratos eternos y a sus abogados listos para defender el botín. Como diría Garzón, mientras sigamos permitiendo que los mismos de siempre manejen la máquina, seguiremos siendo los peones que creen que eligen, cuando en realidad solo estamos validando el software del dueño. Aquí en este momento electoral, quien parece tener el control de las decisiones en la registraduría, definitivamente, es el señor Abelardo de la Espriella. Las autoridades deben investigar con urgencia estas situaciones. Mientras tanto nosotros, los del FAU, aun seguimos buscando nuestros votos.