A un mes de las elecciones, la tensión política va subiendo de tono. La intención de descarrilar el proceso es cada vez más clara y es que, en Colombia, las derechas suelen resolver sus batallas políticas con muerte
Una escena de 2025: 'Uribe, Culpable'. Reacciones de la gente en Bogotá, Colombia, luego de la condena del expresidente Ávaro Uribe. Crédito: Sebastian Barros / Zuma Press / ContactoPhoto
Editorial
diario-red.com/29/04/26
Entre el 24 y el 25 de abril de 2026 se produjo una de las mayores escaladas de violencia reciente en Colombia, con más de 20 atentados coordinados en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca. El epicentro fue el municipio de Cajibío, en el sector de “El Túnel” sobre la vía Panamericana, un corredor estratégico para el país.
A las 2:30 de la tarde del 25 de abril, una carga explosiva de gran potencia fue activada al paso de un bus de servicio público y varios vehículos particulares. La detonación abrió un cráter de aproximadamente 200 metros cúbicos en la carretera. El balance final fue de 20 personas asesinadas —15 mujeres y 5 hombres, todos civiles— y 38 heridos.
Entre las víctimas se encontraba Patricia Mosquera, lideresa afrodescendiente e integrante del Consejo Comunitario del Puro, cuyo asesinato la convirtió en la líder social número 48 asesinada en Colombia en lo que va de 2026. El dato no es menor: conecta la masacre con un patrón sistemático de violencia contra liderazgo social en territorios periféricos.
La ofensiva no se limitó a Cajibío. En el norte del Cauca, municipios como Corinto, Miranda y Caloto sufrieron ataques simultáneos. En el Valle del Cauca, un carro bomba explotó frente al Batallón Pichincha, en Cali, dejando ocho soldados heridos. Hubo ataques en Palmira, Jamundí, y Buenaventura.
En 48 horas hubo 20 civiles asesinados, más de 48 heridos y al menos 3 mil personas desplazadas de territorios habitados por campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. La simultaneidad, la diversidad de métodos —cilindros bomba, drones, coches bomba— y la amplitud territorial muestran una operación coordinada de alto nivel.
Patricia Mosquera, lideresa afrodescendiente e integrante del Consejo Comunitario del Puro, fue la líder social número 48 asesinada en Colombia en lo que va de 2026
Pero la violencia electoral en Colombia no es un fenómeno coyuntural ni excepcional. Es un rasgo estructural del sistema político que se activa con especial intensidad en periodos de disputa por el poder.
El caso contemporáneo del Cauca se inscribe en una tradición larga donde elecciones y violencia han estado profundamente entrelazadas. Ya en 2002, durante el ascenso de Álvaro Uribe Vélez, episodios como el secuestro masivo en la iglesia La María de Cali fueron instrumentalizados políticamente para reforzar una agenda de seguridad dura. Ese mismo año marcó el inicio de la hegemonía de la “seguridad democrática”, apoyada en un contexto de miedo generalizado.
En 2006, sectores del Ejército habrían ejecutado montajes de atentados en Bogotá —carros bomba, explosivos, operaciones falsas— con el objetivo de generar pánico y mejorar resultados operacionales. Este episodio es particularmente relevante porque introduce una dimensión adicional: no solo la instrumentalización de la violencia, sino su posible fabricación con fines políticos.
El periodo 2002–2008 estuvo además marcado por el fenómeno de los llamados “falsos positivos”, con al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la justicia colombiana.
Pero la violencia electoral tiene antecedentes aún más profundos. El exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90 constituye uno de los casos más extremos de eliminación sistemática de una opción política, con miles de militantes asesinados. Este episodio estableció un precedente claro: la competencia electoral podía resolverse mediante la eliminación física del adversario.
En esa misma lógica se inscribe el asesinato de Manuel Cepeda Vargas en 1994, padre del actual candidato Iván Cepeda, como parte de una campaña más amplia contra la izquierda política.
El periodo 2002–2008 estuvo además marcado por el fenómeno de los llamados “falsos positivos”, con al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la justicia colombiana
La violencia también ha afectado de forma persistente a liderazgos indígenas y sociales. La actual candidata vicepresidencial Aida Quilcué ha sido víctima de amenazas y ataques, incluyendo el asesinato de su esposo en 2008, en un contexto de persecución a dirigentes del movimiento indígena.
Más recientemente, el periodo posterior al acuerdo de paz de 2016 ha estado marcado por el asesinato sistemático de líderes sociales, especialmente en zonas rurales.
A un mes de las elecciones, la tensión política va subiendo de tono. La intención de descarrilar el proceso es cada vez más clara. Y en Colombia, las derechas suelen resolver sus batallas políticas con muerte. Un regreso al gobierno de las oligárquicas históricas sería una tragedia que no los colombianos, ni las izquierdas de América podemos permitir.
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