LAS CURULES DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS ESTÁN COOPTADAS POR LAS MAQUINARIAS

Emelina Del Castillo,

(maestrante en transformación de conflictos y paz).

revistaraya.com/06/03/026

El Acuerdo de Paz de 2016 no fue solo un pacto para silenciar los fusiles; fue, ante todo, una promesa de apertura democrática. La creación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) representó una de las más relevantes conquistas para la democracia colombiana en décadas. Por primera vez, la Constitución reconocía que las voces de la Colombia olvidada, históricamente silenciadas por la guerra y el abandono estatal, merecían un lugar privilegiado en el Congreso. No era un regalo, sino el pago parcial de una deuda histórica para que las víctimas legislaran para las víctimas.

Sin embargo, la llegada de las CITREP en 2022 no fue una concesión gratuita, sino una resurrección jurídica forzada vía tutela por líderes sociales y víctimas, quienes lograron revertir el hundimiento del proyecto orquestado por las bancadas tradicionales en 2017. La historia revela hoy una ironía perfecta y cruel: los mismos clanes que hace siete años intentaron bloquear las curules en el Congreso, ahora despliegan sus maquinarias para incidir en su control en el territorio.

La realidad legislativa pronto desmintió al diseño constitucional. El balance más reciente del proyecto Del Capitolio al Territorio y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en abril de 2025, arroja un saldo en rojo: la bancada que debería ser la vocera de la paz y el desarrollo territorial nunca logró consolidarse como un bloque político unificado. Las cifras son elocuentes: mientras al inicio del periodo el 43% de sus iniciativas buscaban implementar el Acuerdo, para la segunda legislatura esa cifra cayó al 32%.

Atrapados entre la inexperiencia y la hostilidad de un Congreso centralista, sus 16 integrantes actuaron como islas dispersas y no como un archipiélago unido. Al carecer de cohesión, muchos terminaron priorizando la 'micro-gestión legislativa' —radicando proyectos de alcance veredal o municipal, necesarios pero insuficientes— sobre la gran agenda de reformas estructurales como la Ley de Víctimas o la Reforma Rural. Esta fragmentación, sumada a denuncias e indicios de acercamientos políticos con estructuras tradicionales en algunos casos, dejó a la "bancada de paz" sin la fuerza política para imponer las prioridades de las víctimas ante las aplanadoras legislativas.

Esa promesa democrática hoy también se encuentra bajo asedio armado. A las puertas de las elecciones de 2026, la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 013-2025, ha advertido sobre un 'riesgo extremo' en los territorios CITREP derivado de la feroz disputa entre el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo). Según el Ministerio Público, la amenaza no es solo el fusil, sino la injerencia de economías ilegales y un asfixiante control social que busca determinar 'quién puede y quién no puede hacer campaña', poniendo en jaque la libertad del voto.

Esa advertencia institucional fue actualizada en 2026: la Defensoría publicó el Informe de Seguimiento 003-2026 de la Alerta Temprana 013-2025 para los procesos electorales 2025–2026, confirmando que las dinámicas de control territorial y restricciones a la campaña se mantienen activas en varios corredores priorizados.

Y el riesgo dejó de ser un diagnóstico abstracto en la recta final de la campaña: el 25 de febrero fue reportada como desaparecida en Cauca la candidata indígena Ana (Libia) Guetio, aspirante a una curul de paz, quien fue liberada horas después, según confirmaciones públicas de la Unidad Nacional de Protección - UNP.

Para dimensionar la gravedad de esta alerta, hay que recordar que las 16 CITREP no son curules ordinarias. Fueron diseñadas exclusivamente para la ruralidad de 167 municipios seleccionados bajo criterios dolorosos de pobreza y conflicto. La Constitución ordenó que allí solo votaran los habitantes de veredas y corregimientos —excluyendo las cabeceras municipales— para garantizar que la voz fuera la del campesino víctima. Por eso, que los actores armados dominen hoy estos territorios implica silenciar, precisamente, a la única población que el Acuerdo prometió escuchar.

El efecto de este asedio ya tiene una cifra concreta. El cierre de inscripciones del pasado 8 de diciembre reveló una preocupante contracción democrática: de acuerdo con un conteo periodístico basado en datos de la Registraduría, las listas inscritas cayeron cerca de un 40% frente a 2022, pasando de 203 a 122. El desplome es particularmente crítico en zonas como la Circunscripción 13 (Bolívar-Antioquia), que pasó de tener 30 opciones en el tarjetón a solo 6. Esta desbandada no es casualidad, es un síntoma: prueba que el miedo y la falta de garantías están despejando el camino para que, en la carrera final, solo corran quienes tienen la estructura económica para resistir o condiciones mínimas de movilidad y seguridad en terreno.

El balance más reciente del proyecto Del Capitolio al Territorio (abril de 2025) arroja un saldo en rojo que explica esta frustración. La investigación revela que la “Bancada de Paz” sufrió una atomización letal: sus 16 votos nunca operaron como un bloque de contrapeso, dividiéndose entre el apoyo al Gobierno y alineamientos diversos, con señalamientos de acercamientos a estructuras tradicionales en algunos casos. Pero el déficit es más profundo: el Acuerdo de Paz no era un simple listado de tareas, sino una hoja de ruta de grandes transformaciones estructurales —como la Reforma Rural Integral o la apertura democrática— que el país urgía para cerrar los ciclos de violencia. Sin embargo, esas reformas de fondo no llegaron. Ante la incapacidad de incidir en esa agenda de Estado, la mayoría de representantes se refugió en la 'micro-gestión' y radicaron una avalancha de proyectos de alcance municipal o leyes de honores que, aunque válidos localmente, resultaron irrelevantes para materializar el nuevo país que prometía el Acuerdo.

Esa falta de cohesión dejó de ser una estadística para convertirse en un obstáculo político en sesiones determinantes. Su actuación fue más reactiva que estratégica, evidenciándose una fractura fatal durante debates clave como el del Plan Nacional de Desarrollo. Allí, la 'Bancada de Paz' no logró votar como un bloque unificado, y sus votos terminaron diluidos entre la agenda del Gobierno y las posturas de los partidos tradicionales. A esta impotencia numérica se sumó la soledad política: no lograron articularse con posibles aliados que compartían intereses en la defensa del Acuerdo, perdiendo la oportunidad de convertir su narrativa en presión parlamentaria y dejando reformas vitales a merced de las mayorías ordinarias.

El síntoma más doloroso de este fracaso es el estancamiento de la Jurisdicción Agraria, que buscaba saldar la deuda histórica más antigua del país: llevar jueces especializados a la Colombia profunda para resolver la tenencia de la tierra por la vía del derecho y no de la violencia. Para los habitantes de los territorios CITREP, esta no era una reforma de papel, sino el único mecanismo concreto para frenar el despojo y formalizar la propiedad. Aunque constitucionalmente ya existe, su entrada en funcionamiento real ha chocado con un muro político. El problema es estructural: la reglamentación clave ha quedado atrapada en el congelador legislativo, entre disputas políticas, falta de consensos y denuncias de maniobras dilatorias que impiden que la justicia toque los linderos del poder regional.

Esta gestión parlamentaria contrasta dolorosamente con la realidad de las organizaciones que las eligieron. Mientras a nivel territorial la resistencia social se mantiene heroica, la prueba más contundente del cortocircuito en Bogotá es el reclamo directo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. En diversas audiencias públicas y espacios de seguimiento facilitados por la Defensoría del Pueblo, los delegados de esta instancia han denunciado un sistemático 'silencio administrativo' por parte de la bancada. Su queja confirma el temor de que las curules, conquistadas para amplificar un mandato colectivo, terminaron fragmentadas en agendas individuales que hoy legislan de espaldas a la base social.

La razón de este abismo radica en una disparidad de intereses advertida desde el inicio. Informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) alertaron que la disputa no sería entre líderes sociales, sino contra maquinarias tradicionales. El Acto Legislativo que creó las CITREP dejó grietas estructurales que validaron esos temores: la financiación mixta asfixió al liderazgo genuino frente al dinero de los clanes, y la laxitud en los avales —documentada por la FIP— facilitó que organizaciones con baja trayectoria verificable o débil representatividad postularan a fichas de partidos tradicionales.

Al revisar la lista de inscritos, preocupa ver cómo, paralela a la resistencia del territorio, se consolidaron estas figuras con perfiles cuya trayectoria política previa es motivo de controversia en organizaciones de víctimas, tensionando el espíritu de la norma. No se trata de negar la condición de víctimas del conflicto, sino de cuestionar su trayectoria política y la evidencia de que, en regiones como el Catatumbo o los Montes de María, han terminado representando los intereses de quienes históricamente contribuyeron a profundizar la desigualdad.

El cierre de inscripciones del pasado 8 de diciembre en la Circunscripción 4 (Catatumbo) dejó una radiografía agridulce. Si bien hay organizaciones sociales y liderazgos genuinos del territorio que se juegan la vida por una representación legítima, su lucha se da en un terreno inclinado por el peso de las maquinarias y los antecedentes de sus contendores.

El caso de Carlos Alberto Salcedo Salazar (ASOCAFEVIC) fue uno de los más polémicos de la contienda en Catatumbo. Salcedo murió el 28 de enero de 2026 en el accidente aéreo ocurrido en Ocaña, en el que también falleció el representante CITREP Catatumbo Diógenes Quintero. Tras su muerte, Colombia+20 de El Espectador —y reportes previos de La Opinión— reseñaron controversias alrededor de su candidatura, incluyendo que su nombre aparecía en procesos de extinción de dominio y en denuncias tributarias por presunta omisión de obligaciones como agente retenedor. Ninguno de estos procesos registra sentencia condenatoria. Tras el accidente, su esposa Diana Pérez anunció que buscaría continuar en la contienda. Para muchas voces del territorio, esto mantiene viva una pregunta de fondo: ¿cómo evitar que una curul de paz termine en manos de intereses ajenos a las bases comunitarias?

Pero la alarma más crítica se enciende con la candidatura de Tatiana Judith Gaona Pinzón, inscrita por la Asociación Caminos de Esperanza Las Mercedes, una organización de alcance veredal que carece de la trayectoria histórica y representativa de los grandes movimientos campesinos del Catatumbo. Gaona no es una líder social emergente; viene de ejercer como Personera de San Calixto, un cargo de control que ocupó justamente en el fortín electoral histórico del llamado 'Clan Pinzón', lo que según fuentes territoriales sugiere su pertenencia a la entraña de esta estructura política y no al activismo de víctimas.

Su cercanía con su tío Jairo Pinzón López, exgerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, resulta inquietante por la naturaleza de las denuncias que pesan sobre él. No se trata de simples faltas administrativas: Pinzón enfrenta pliegos de cargos de la Procuraduría por presuntamente convertir el hospital de referencia de la región en una 'caja menor' electoral. Las investigaciones apuntan a un desangre financiero mediante nóminas paralelas y contratación irregular para pagar favores políticos, desviando recursos vitales en una zona donde la precariedad en la atención médica ha costado vidas. Resulta alarmante que un sector político investigado por lucrarse con el colapso de la salud pública pretenda ahora ocupar una representación creada para las víctimas del conflicto.

La contienda por la curul en el Catatumbo es inseparable del orden público que azota a la región. Ya lo advertía la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 017 de 2025: la guerra no solo es entre fusiles, sino que se traduce en un control asfixiante sobre la vida cotidiana, con restricciones a la movilidad y normas impuestas a punta de fusil.

El pasado 27 de enero, la Defensoría recordó que la Corte Constitucional (mediante el Auto 002 de 2026) exige respuestas concretas ante riesgos que ya son una realidad: desplazamientos, confinamientos y el uso de drones y explosivos que tienen contra las cuerdas a municipios como Tibú y El Tarra. En este escenario, la disputa electoral se reduce a una cuestión de garantías básicas. Porque, si no hay seguridad ni libertad para las comunidades, la representación política termina siendo un saludo a la bandera: algo que se cumple en el papel, pero que se desmorona en la práctica.

En la Circunscripción 14 del Sur de Córdoba el tarjetón promete diversidad, pero en las comunidades el sentimiento es de desconfianza. La preocupación es la misma que se viene planteando a lo largo de este texto: que las redes de la política tradicional terminen asfixiando unas curules que nacieron para las víctimas.

El caso de Laura Vanessa Díaz Cura (ASODEPART) ayuda a entender esa inquietud. Una investigación de La Silla Vacía (26 de enero de 2026) documentó su cercanía con el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, y la ubicó en la órbita del conservatismo regional asociado a David Barguil. No son solo fotos: el reportaje señala que Díaz Cura participó en la campaña de Contreras en 2023, intentó aspirar a la Personería y posteriormente tuvo contratos por prestación de servicios con la administración municipal antes de iniciar su precampaña a la curul de paz. El mismo trabajo periodístico recogió, además, versiones en el municipio sobre una movida sensible: la inscripción de votantes del área urbana en puestos rurales, justo donde estas curules se eligen con voto restringido.

Por otro lado está Silvia Esther Ramos Reyes (ASOMDEVI). La misma investigación describió que su inscripción estuvo acompañada por líderes políticos locales cercanos a la administración de Valencia y detalló reuniones de apoyo con dinámicas cuestionadas en el territorio. Además, el reportaje señala que a esa candidatura se habrían sumado redes departamentales vinculadas a la coalición Bechara–Besaile y al entorno del gobernador Erasmo Zuleta, con liderazgos que estarían promoviendo apoyos en varios municipios de la circunscripción.

Nada de esto prueba por sí solo ilegalidades. Pero sí refuerza el temor de organizaciones sociales: que las Curules de Paz terminen convertidas en un nuevo campo de disputa para maquinarias tradicionales, usando organizaciones como vehículo formal y trasladando a este mecanismo excepcional las mismas lógicas de intermediación política que han dominado históricamente el poder local en Córdoba.

A este pulso político se le suma un ingrediente que tiene en vilo a la región: el control de los grupos armados que sigue asfixiando al sur de Córdoba. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 013-2025, ya puso la lupa sobre este territorio y lo declaró en riesgo extremo, advirtiendo que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen presencia y mando en casi todos los municipios de la circunscripción.

Pero el riesgo no es solo por las balas. Según la Defensoría, los grupos armados operan mediante un control social silencioso que termina viciando las elecciones: imponen normas de convivencia, restringen quién puede moverse por las veredas y presionan a los líderes locales. Para las organizaciones sociales, el panorama es sombrío: temen que, sin garantías reales de seguridad, las Curules de Paz terminen acorraladas entre dos fuegos: las maquinarias políticas de siempre y el fusil de quienes mandan en el territorio.

En la Circunscripción 8 (Montes de María), la amenaza no viene solo de la desigualdad burocrática, sino de la posible cooptación por parte de maquinarias cuestionadas. El caso que concentra la atención es la nueva aspiración de Luis Ramiro Ricardo Buelvas, actual representante a la Cámara por esta misma curul, quien busca la reelección amparado en un concepto del Consejo de Estado.

Aunque legal, su campaña desnuda una asimetría abismal: Ricardo Buelvas compite con el salario, la UTL y la visibilidad de un congresista en ejercicio, frente a líderes campesinos que deben gestionar recursos propios para movilizarse. En ese mismo eje de legitimidad y reglas, en febrero de 2026 un medio regional informó que la Procuraduría consideró que el actual representante Luis Ramiro Ricardo Buelvas (CITREP Montes de María) podría estar incurso en doble militancia, al aspirar a repetir curul a través de otra organización distinta a aquella por la que llegó al Congreso. Más allá del desenlace jurídico, el episodio ilustra una de las grietas centrales del diseño: cuando un escaño creado para nivelar la cancha entra al circuito de los incentivos partidistas y la ventaja del cargo (visibilidad, UTL, redes), la frontera entre representación de víctimas y política tradicional se vuelve porosa.

Pero la alarma mayor es el viraje de sus alianzas: si bien su elección en 2022 tuvo otros matices, reportes desde el territorio indican que su reelección estaría buscando aterrizar bajo el paraguas político de Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo.

Aunque hoy Acuña se presenta con el movimiento 'Cien por Ciento por Colombia', su capital electoral se forjó en las entrañas del antiguo PIN (Partido de Integración Nacional), posteriormente renombrado como Opción Ciudadana. Es necesario recordar que esta colectividad fue señalada históricamente como el 'refugio de la parapolítica'. Justamente, analistas como León Valencia y la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) han documentado durante la última década que, independientemente de los fallos penales, la estructura de Acuña encarna el fenómeno de los 'herederos': políticos que recibieron el capital electoral de caciques condenados por nexos con el paramilitarismo (como Álvaro 'El Gordo' García), replicando sus modelos clientelistas y de control territorial.

Esta distinción es clave, pues aunque la justicia precluyó recientemente las investigaciones contra Acuña tras la retractación de testigos, la sanción social y política persiste. Voces como la de Juan David Díaz —hijo del alcalde de El Roble, Eudaldo 'Tito' Díaz, quien advirtió ante el expresidente Álvaro Uribe su inminente asesinato— sostienen que los cierres judiciales no borran la memoria de las víctimas ni el temor en el territorio. A esto se suma una alerta vigente: la Procuraduría acaba de abrir indagación previa contra el mandatario por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que mantiene vivas las interrogantes sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.

De concretarse este apoyo electoral, se corre el riesgo de desdibujar el espíritu de la curul, que podría pasar de ser una voz independiente de las víctimas a quedar bajo la órbita de maquinarias políticas tradicionales, distorsionando el mandato de autonomía que exige el Acuerdo de Paz.

El periodo 2026-2030 no es una elección más; es el último aliento constitucional de las Curules de Paz. Tal como lo estableció el Acto Legislativo 02 de 2021, estas circunscripciones fueron diseñadas con carácter transitorio por solo dos periodos legislativos. Esto significa que estamos ante la clausura definitiva de la ventana de oportunidad histórica que se abrió para las víctimas. Si la autoridad electoral no contiene a los clanes infiltrados y la ciudadanía no sanciona el ventajismo, este mecanismo pasará a la historia como una promesa debilitada, donde las maquinarias políticas terminaron ocupando el escaño creado para quienes sufrieron la guerra.

Sin embargo, en medio de este escenario hostil, dominado por la asimetría de las chequeras, es un imperativo ético volver la mirada hacia quienes resisten. Es necesario exaltar a esos cientos de líderes y lideresas genuinos que hoy recorren las trochas a pie, sin esquemas de seguridad ni padrinos poderosos, enfrentando la opulencia de la corrupción con la sola autoridad de su trabajo comunitario.

A ellos y ellas, que se niegan a dejar morir el espíritu del Acuerdo de Paz, nuestro reconocimiento absoluto. Su persistencia en esta contienda desigual no es un simple acto electoral, es una declaración de dignidad. Acompañar y blindar su lucha es el mandato democrático más urgente que tenemos hoy para demostrar que la paz, más que una promesa escrita en papel, puede ser una realidad política tangible.