La exclusión de los pueblos originarios y de los pequeños productores repercute en la pobreza rural y la desigualdad
En América Latina y el Caribe, el 10 % de los propietarios controla el 68 % de la tierra agrícola, profundizando desigualdades sociales estructurales
FAO / INTERNATIONAL LAND COALITION / CIRAD /
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La tenencia de tierra en la región refleja profundas desigualdades históricas y estructurales, que afectan la equidad y la sostenibilidad del desarrollo rural.
El informe ‘La situación de la tenencia y la gobernanza de la tierra’ (Roma, París, 2026), elaborado por la FAO, International Land Coalition y Cirad, constituye un aporte fundamental para la comprensión de los desafíos agrarios en América Latina y el Caribe. Presentado en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20, realizada en Cartagena de Indias el pasado mes de febrero, el documento plantea una radiografía actualizada sobre la distribución y el manejo de la tierra en la región, destacando su relevancia para el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo rural.
Uno de los hallazgos más significativos de la investigación es el alto nivel de concentración de la tierra agrícola. En América Latina y el Caribe, el 10 % de los propietarios controla el 68 % de la tierra agrícola. A nivel regional, este grupo posee el 88 % del total de la tierra agrícola. Esta distribución refleja profundas desigualdades históricas y estructurales, que afectan la equidad y la sostenibilidad del desarrollo rural.
Las anteriores cifras confirman que América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor concentración de tierra del mundo, en buena medida debido a la falta de aplicación de los marcos normativos.
La concentración territorial plantea interrogantes sobre el acceso a recursos productivos, la capacidad de pequeños agricultores para competir y la posibilidad de implementar modelos inclusivos de desarrollo.
Además, la relación entre el control de la tierra y su uso revela que, en muchos casos, la propiedad no se traduce necesariamente en una gestión eficiente ni sostenible de los recursos, lo que incide negativamente en la conservación ambiental y la productividad agrícola.
Impacto en comunidades y pueblos originarios
El informe destaca que el 32 % de la tierra está habitada o gestionada por pueblos originarios, subrayando su papel esencial en la preservación de ecosistemas y prácticas ancestrales de manejo territorial. Sin embargo, la alta concentración de la propiedad limita el acceso de estas comunidades a la tierra, generando tensiones sociales y económicas.
El informe muestra cómo la tenencia segura de tierras para las comunidades ancestrales es también una manera de luchar contra la crisis climática.
En el caso de América Latina, cerca de un 32 % de la tierra está habitada por pueblos originarios. Quien controla la tierra es quien va a determinar si la tierra se degrada, si la tierra se conserva y cómo la tierra se usa, y para eso sirve el informe.
La exclusión de los pueblos originarios y de los pequeños productores repercute en la pobreza rural y la desigualdad, dificultando la integración de estos sectores en dinámicas de desarrollo sostenible.
En el ámbito político, el informe pone de relieve la necesidad de fortalecer los marcos normativos y los sistemas de gobernanza de la tierra. La existencia de legislaciones fragmentadas y la falta de mecanismos efectivos de distribución y protección de derechos sobre la tierra obstaculizan avances hacia una reforma agraria inclusiva.
La gobernanza participativa y transparente se presenta como un requisito indispensable para garantizar el acceso equitativo y el uso sostenible de la tierra, así como para prevenir conflictos territoriales.
La presentación del informe en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 refuerza su importancia como herramienta de análisis y referencia para tomadores de decisión, académicos y el público general. Su enfoque integral facilita la identificación de desafíos y oportunidades, proporcionando insumos clave para la formulación de políticas públicas orientadas a la redistribución de la tierra, la protección de comunidades vulnerables y la promoción de modelos de desarrollo rural sostenibles.
La región enfrenta el reto de reducir la concentración de la tierra y garantizar su uso adecuado, promoviendo la equidad y la sostenibilidad. El informe señala la urgencia de fortalecer la gobernanza, proteger los derechos de los pueblos originarios y avanzar hacia una reforma agraria que priorice la justicia social y el desarrollo rural.
El camino hacia una distribución más equitativa y una gestión responsable de la tierra es fundamental para el futuro de América Latina y el Caribe.
Acceso al informe
Para acceder al informe en archivo PDF, ingresar al siguiente enlace:
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