Esta vez no será posible culpar a Putin. Del sueño a la pesadilla, y todo americano
Los países del Golfo, monarquías que alcanzaron su máximo potencial gracias al dólar, son ahora víctimas de ese mismo dólar, que se volvió poderoso gracias a ellos. Una paradoja que pasará a la historia
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Lorenzo María Pacini
strategic-culture.su/8 de marzo de 2026
En el sistema geopolítico del Oriente Medio contemporáneo, la presencia militar estadounidense es uno de los elementos estructurales más importantes de la arquitectura de seguridad regional. Desde la década de 1990, y con mayor intensidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las posteriores guerras en Afganistán e Irak, Estados Unidos ha consolidado una extensa red de instalaciones militares en la región del Golfo Pérsico. Estas bases —distribuidas en países como Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí— desempeñan funciones operativas clave: proyección de poder, apoyo logístico, control de rutas energéticas y disuasión contra actores regionales percibidos como hostiles.
Un aspecto que a menudo se pasa por alto en el debate público se refiere a la estructura financiera que ha hecho posible la expansión de esta infraestructura militar. Numerosos estudios sobre la economía política de la seguridad destacan cómo una parte significativa de los costos de construcción, mantenimiento y expansión de las bases ha sido asumida por las propias monarquías del Golfo. En muchos casos, estos países han financiado directamente la construcción de las instalaciones o han aportado contribuciones sustanciales en forma de "apoyo de nación anfitriona", es decir, formas de participación económica en los costos operativos y de infraestructura de las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en su territorio.
Este modelo de financiación refleja una lógica estratégica específica. Las monarquías del Golfo, con capacidades militares relativamente limitadas en comparación con las potencias regionales circundantes, históricamente han buscado compensar esta vulnerabilidad mediante acuerdos de seguridad con una potencia externa. Por lo tanto, el apoyo financiero a la presencia militar estadounidense representa, desde un punto de vista económico y político, una forma de seguro estratégico: a cambio de la inversión en infraestructura militar y hospitalidad territorial, los Estados anfitriones obtienen garantías implícitas o explícitas de protección.
Sin embargo, esta arquitectura de seguridad tiene importantes consecuencias geopolíticas. Desde la perspectiva de actores regionales como Irán, la red de bases estadounidenses en el Golfo se interpreta no solo como un sistema defensivo, sino también como un medio de contención estratégica y una posible proyección ofensiva. Las instalaciones militares estadounidenses se convierten en parte integral de la estructura de amenaza percibida por Teherán.
Según el derecho internacional de los conflictos armados, la infraestructura militar es un objetivo legítimo cuando se utiliza para operaciones militares o apoyo logístico. La doctrina militar y jurídica distingue claramente entre objetivos civiles y militares, y las bases operativas se incluyen inequívocamente en esta última categoría. En el contexto de la actual Nueva Guerra del Golfo, estas instalaciones pueden ser consideradas objetivos estratégicos por los actores involucrados, por derecho propio y de conformidad con la ley.
Sin embargo, el problema surge cuando estas infraestructuras se ubican cerca de zonas densamente pobladas. Muchas bases en el Golfo se ubican cerca de centros urbanos o zonas económicamente vitales, en parte por razones logísticas y en parte porque el desarrollo urbano se ha expandido gradualmente alrededor de las instalaciones existentes. Esta configuración territorial crea un riesgo estructural para la población civil que vive en las zonas vecinas.
En caso de ataques con misiles u operaciones militares contra dichas bases, el principio de distinción —piedra angular del derecho internacional humanitario— exige que los actores armados eviten o minimicen los daños colaterales en la medida de lo posible. Sin embargo, en los conflictos contemporáneos, la separación entre objetivos militares y espacio civil suele ser extremadamente frágil. Incluso las operaciones dirigidas pueden generar efectos indirectos, como explosiones secundarias, incendios o daños a la infraestructura urbana.
Como resultado, la población civil de los países anfitriones se encuentra en una posición particularmente vulnerable. Paradójicamente, los mismos Estados que han financiado y albergado infraestructura militar para fortalecer su propia seguridad podrían verse expuestos a riesgos adicionales en caso de una escalada regional. Las bases militares, diseñadas como instrumentos de disuasión, pueden convertirse en factores de exposición estratégica.
Desde un punto de vista económico y político, este escenario plantea interrogantes sobre la distribución de la responsabilidad por los daños resultantes de las operaciones militares contra dichas instalaciones. Si las bases son utilizadas por una potencia externa y desempeñan un papel operativo en sus estrategias regionales, surge la pregunta de quién debería asumir los costos económicos y sociales de los daños colaterales que sufran las comunidades locales.
En teoría, el derecho internacional prevé mecanismos para la responsabilidad estatal por actos ilícitos y daños resultantes de operaciones militares que no cumplen las normas humanitarias. Sin embargo, en la práctica geopolítica, estos mecanismos suelen ser difíciles de aplicar, especialmente cuando los conflictos involucran a grandes potencias o coaliciones militares complejas. Las dinámicas de poder internacionales tienden a prevalecer sobre los procedimientos legales de compensación.
Desde la perspectiva de la economía política de la guerra, el problema también puede analizarse en términos de externalidades. La presencia militar de una potencia externa genera beneficios estratégicos para algunos actores (disuasión, protección de rutas energéticas, estabilidad de regímenes aliados), pero al mismo tiempo puede generar costos para otros, en particular para la población civil que vive en zonas cercanas a la infraestructura militar. Cuando quienes toman las decisiones estratégicas no internalizan estos costos, se crea una asimetría en la distribución de riesgos.
Esto nos lleva a una pregunta política más amplia: ¿hasta qué punto deben los Estados anfitriones y las potencias militares implicadas asumir la responsabilidad económica por los daños sufridos por las comunidades locales? No se han desarrollado mecanismos de compensación preventiva, fondos de garantía ni acuerdos multilaterales que prevean indemnizaciones en caso de ataques a infraestructura militar. Las rivalidades estratégicas, las alianzas militares y la guerra indirecta contribuyen a un entorno en el que las responsabilidades son difusas y difíciles de atribuir inequívocamente. En este contexto, la percepción de impunidad o la falta de atención a las consecuencias civiles de las operaciones militares pueden avivar aún más las tensiones y el resentimiento regionales.
Los países del Golfo, monarquías que alcanzaron su máximo potencial gracias al dólar, son ahora víctimas de ese mismo dólar, que se volvió poderoso gracias a ellos. Una paradoja que pasará a la historia.
La evolución de las tensiones regionales sugiere que estas cuestiones cobrarán cada vez mayor relevancia en el debate sobre la seguridad colectiva en Oriente Medio y la sostenibilidad de la actual arquitectura militar de la región. Una reflexión más amplia sobre la responsabilidad económica y política de las potencias implicadas podría ser un paso necesario para abordar las consecuencias humanitarias y estratégicas de un sistema de seguridad basado en una presencia militar externa permanente. Y esta decisión recae exclusivamente en los países del Golfo, ahora que el «sueño americano» del petrodólar se ha convertido en una pesadilla.
Y todo esto pesa sobre Europa.
El fracaso del proyecto del Golfo tendrá otra consecuencia, la más impactante de todas. No solo se trataría de un evento geopolítico regional, sino que tendría efectos sistémicos en la economía mundial y, de forma especialmente significativa, en las economías europeas. De hecho, Europa se encuentra en una posición estructuralmente vulnerable respecto a la dinámica energética internacional: su fuerte dependencia de las importaciones de hidrocarburos, sumada a la progresiva reducción del suministro de algunas zonas tradicionales de suministro, hace al continente particularmente sensible a cualquier shock geopolítico que afecte a Oriente Medio y el Golfo Pérsico.
El Golfo Pérsico es uno de los ejes centrales del sistema energético global, y el Estrecho de Ormuz representa una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Cualquier aumento de las tensiones militares en la región —y en particular una confrontación directa con Irán, potencia regional con capacidad misilística y herramientas de disuasión asimétrica— inevitablemente conlleva un aumento de la llamada prima de riesgo energético, término utilizado en la economía de las materias primas para indicar aumentos de precios debidos no tanto a una escasez real de recursos como a la percepción de riesgo asociada a la posibilidad de interrupciones en las cadenas de suministro.
Para Europa, que ha experimentado una compleja reestructuración de su sistema energético en los últimos años, estas dinámicas podrían resultar especialmente gravosas. La crisis energética tras la guerra en Ucrania ya ha puesto de manifiesto la fragilidad estructural del modelo energético europeo. El aumento de los precios del gas y la electricidad ha tenido un impacto significativo en la competitividad industrial, la inflación y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo tanto, una nueva crisis procedente de Oriente Medio podría agravar las tensiones económicas existentes.
La industria europea, en particular las industrias con un alto consumo energético, como la química, la siderúrgica y la manufacturera, depende directamente de la estabilidad de los precios de la energía. Un aumento prolongado de los costes del petróleo y el gas conlleva inevitablemente un aumento de los costes de producción, lo que a su vez afecta a la competitividad internacional de las empresas europeas. A medio y largo plazo, este proceso podría acelerar la desindustrialización o la deslocalización a regiones del mundo con menores costes energéticos.
Los efectos también pueden ser significativos a nivel macroeconómico. El aumento de los precios de la energía tiende a impulsar la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y obligando a los bancos centrales a adoptar políticas monetarias más restrictivas. Este mecanismo puede ralentizar el crecimiento económico y agravar la carga de la deuda pública en muchos países europeos. En otras palabras, un conflicto en el Golfo Pérsico podría generar una cadena de efectos económicos que se extienda mucho más allá del escenario militar regional.
Ante esta dinámica, surge una cuestión de responsabilidad económica y política que rara vez se aborda explícitamente en el debate europeo. Si las decisiones estratégicas tomadas por actores externos —o por aliados con mayor autonomía militar— tienen efectos económicos significativos en las economías europeas, es legítimo cuestionar cómo se distribuyen estos costos dentro del sistema internacional.
Este fenómeno refleja una característica más amplia de la gobernanza internacional: las decisiones estratégicas de seguridad suelen tomarse en contextos donde los costos económicos se distribuyen de forma asimétrica entre los actores involucrados. Las grandes potencias militares tienen mayor capacidad para absorber las perturbaciones económicas o transferir parte de las consecuencias a sus socios económicos y comerciales, y Europa, la UE como entidad política, pero también todos los países europeos en general, no son superpotencias.
Esta dinámica, por lo tanto, plantea interrogantes sobre la capacidad de la Unión Europea para desarrollar una política exterior y energética verdaderamente autónoma. En los últimos años, el debate sobre la «autonomía estratégica europea» ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de decisión del continente en materia de seguridad, suministro energético y política industrial, pero nada de esto se ha logrado. Toda la eurozona es una gigantesca chimenea que consume energía comprada al exterior, sin garantías de suministro, debido a su propia incapacidad política. Los líderes europeos han dado saltos mortales geopolíticos para declarar la guerra a Rusia, pero no se han percatado de que caerían en un terreno extremadamente duro y doloroso.
La cuestión es que esta vez no será posible culpar a Putin. Al contrario, los líderes europeos corren el riesgo de verse obligados a recomprar los recursos energéticos rusos, quizás a un precio más alto o a través de otros actores, como los propios Estados Unidos. El gobierno de Moscú ya había previsto que se produciría tal situación, y también era evidente para los analistas menos experimentados. Ahora Europa tendrá que sufrir las dramáticas consecuencias de su arrogancia política. Escuchar a Londres y Washington no ha dado buenos resultados, pero ahora… es demasiado tarde.
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