PREPARARSE PARA CONVERTIR…ESTALLIDOS —QUE LLEGARÁN— EN UNA ALTERNATIVA REAL DE PODER

Agustín Nava

jacobinlat.com/25/02/2026

En una región como América Latina, en donde la protesta nunca desaparece sino que se transforma, la pregunta que deben hacerse las fuerzas populares no es si existirán nuevas irrupciones sociales, sino de qué manera prepararse para convertir esos estallidos —que llegarán— en una alternativa real de poder.

Durante las últimas cuatro décadas, América Latina ha sido escenario de sucesivas olas de movilización y desmovilización social que, lejos de ser meras fluctuaciones coyunturales, revelan cambios estructurales en la relación entre Estado, mercado y lucha de clases. La región estuvo atravesada por distintos e intensos ciclos de conflictividad laboral y social que incluso han tenido bastante eficacia en impugnar gobiernos, obstaculizar políticas gubernamentales y también en cuestionar las formas de la política institucional, aunque sus ritmos y modalidades se han visto condicionadas (no de manera mecánica ni lineal) tanto por la estructura económica y social predominante como por las características del modelo político e institucional vigente en cada caso.

En un contexto marcado por fuertes tendencias de exclusión social y por una crisis de las mediaciones institucionales (partidos políticos, sindicatos, etc.), la acción directa no institucional ha adquirido cada vez más centralidad para una multiplicidad de sujetos; no obstante, esta centralidad no ha sido constante ni continua a lo largo del tiempo.

En la actualidad, la sucesión de diversos procesos electorales en algunos países de América Latina estaría confirmando el agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas y dando lugar a un escenario bifronte. Por un lado, la denominada «marea rosa», que se había expandido con distintas temporalidades desde la crisis de comienzos de siglo XXI, enfrenta una disputa creciente. Las nuevas derechas autoritarias, nacionalistas y ultraidentitarias no solo están cada vez más dispuestas a ocupar y disputar el espacio público, sino que además motorizan una severa ofensiva capitalista contra la clase trabajadora y los sectores populares. En contraste, otros países de la región vienen atravesando desde 2018 un escenario de agitación social recurrente, manifestado en revueltas, estallidos y diversos tipos de levantamientos populares de carácter disruptivo.

Pensar las condiciones de posibilidad de estas tendencias actuales nos obliga a no quedarnos solo en las coyunturas presentes e inscribirlas en procesos históricos de más largo plazo. En este nuevo escenario, retomar el análisis de los ciclos de conflictividad laboral y social desde una perspectiva temporal amplia no es solo un ejercicio historiográfico estimulante, sino también una necesidad analítica y estratégica. Si bien los procesos de lucha social presentan particularidades en cada país, forman parte de ciclos (en términos de intensidad y características) más amplios que atraviesan a la región en su conjunto. Asimismo, se debería poner un especial énfasis en las transformaciones de los sujetos protagónicos de estos procesos de lucha, dado que, a lo largo de las últimas décadas, la composición social de los movimientos de protesta ha experimentado cambios significativos.

Lo que nos proponemos en este artículo, a partir de una lectura que combine evidencia cuantitativa y marcos comparativos regionales[1], es interrogar las tendencias principales de la conflictividad social a partir de la etapa histórica que se abre en la década de 1980, marcada en parte por el fin de las últimas experiencias dictatoriales en varios de los países de la región. Este periodo concluye en el momento en el que se asiste a la confluencia entre el agotamiento del ciclo de gobiernos progresistas y la irrupción en otros países de movilizaciones de carácter masivo y disruptivo. Durante este lapso es posible establecer dos grandes ciclos de movilización a nivel regional, separados entre sí por un considerable periodo de desmovilización durante los años 90, aunque estos se configuran con temporalidades, dinámicas y características diferenciadas según cada país.

La hipótesis que guía el análisis es que el ascenso de las derechas latinoamericanas no puede entenderse sin reconocer, en primer lugar, no solo el fracaso de los gobiernos progresistas en el plano económico, sino también su estrategia deliberada de canalizar por medios institucionales la movilización popular (cuando no lisa y llanamente desactivarla) que había sido la responsable de su ascenso al poder. Todo ello derivó en la despolitización o neutralización de buena parte del potencial disruptivo del ciclo de movilización que se abrió a principios del siglo XXI. Por otro lado, es necesario también hacer hincapié en la creciente capacidad de sectores conservadores para apropiarse de la calle, disputar sentidos comunes y articular nuevas formas de acción colectiva. Este último proceso se inscribe, asimismo, dentro de una dinámica más amplia por la cual la escena de la protesta se caracteriza cada vez más por una fragmentación y diversificación de sus sujetos, con la aparición de movimientos y actores disímiles (ambientalistas, feministas, indígenas, consumidores, entre otros) que reconfiguran el mapa de la acción colectiva en la región.

En contraste con este escenario, en los países que durante los años 2000 permanecieron al margen de la marea rosa (es decir, que no experimentaron giros progresistas ni procesos de ampliación democrática como los que caracterizaron a gran parte de América Latina) exhiben en la actualidad una mayor propensión a la movilización disruptiva y radical. En contextos como Chile, Colombia y Perú, la persistencia de modelos neoliberales profundos, la continuidad de élites políticas autoritarias y la ausencia de mecanismos institucionales eficaces para canalizar el descontento habrían generado condiciones estructurales propicias para la emergencia de revueltas disruptivas, caracterizadas por su radicalidad, la multiplicidad de actores intervinientes, la falta de mediación partidaria y la predominancia de repertorios transgresivos.

Las escasas y fragmentadas bases de datos cuantitativas sobre protesta social de las que disponemos nos permiten observar a nivel regional una tendencia de movilización y desmovilización a partir de la década de 1980. El tránsito desde dictaduras en crisis hacia democracias frágiles (sobre todo en el Cono Sur) configuró un escenario propicio para la expansión de la protesta social, cuyo nivel se incrementó de forma notable durante ese período. Este auge se desarrolló, a su vez, en un contexto de estancamiento económico y caída del PBI per cápita, fenómeno que atravesó a todos los países de la región y que fue denominado la «década perdida» de América Latina, en gran medida como consecuencia de la crisis de la deuda externa.

La combinación entre la apertura política derivada del retorno a la democracia y la resistencia frente a la pérdida de derechos sociales y económicos generada por las primeras iniciativas de ajuste estructural configuró un ciclo de protesta compartido por varios países de América del Sur. Una de las características distintivas de este proceso es que, pese a la participación de una amplia diversidad de actores, fueron las luchas de los trabajadores formales las que desempeñaron un papel central.

Si bien es posible establecer una tendencia general de intensificación de la protesta en la década de 1980, las características y resultados de estos ciclos difirieron según cada país. La literatura especializada destaca que es posible contrastar la experiencia boliviana (donde las luchas mineras no lograron impedir la pérdida de peso estratégico del sindicalismo) con la de Brasil, donde la unidad y autonomía sindical, sumadas a la articulación con el Partido de los Trabajadores, permitieron al movimiento obrero adquirir un nuevo estatus político.

Sin embargo, durante la década de 1990, con la implementación y consolidación de las reformas promercado impulsadas en el marco del denominado Consenso de Washington, la región atravesó un periodo de desmovilización social, producto del debilitamiento de los actores colectivos y de la reconfiguración del vínculo entre Estado, mercado y trabajo.

La consolidación de los gobiernos democráticos y el despliegue de las reformas estructurales (que incluyeron disciplina fiscal, racionalización del Estado, apertura de los mercados, privatización de empresas y servicios públicos, así como la desregulación laboral) implicaron una reestructuración del capital y la conformación de un nuevo patrón de acumulación que dificultó los procesos de organización y lucha social. Durante la década de 1990, la moderación de la conflictividad laboral se hizo particularmente evidente en el sector privado, mientras que las huelgas tendieron a concentrarse cada vez más en el sector público. Al mismo tiempo, nuevos actores sociales comenzaron a ganar centralidad en la escena de la protesta.

Esta tendencia a la desmovilización comenzó a revertirse hacia el año 2000, con la emergencia de nuevos movimientos de resistencia y protesta frente a las consecuencias sociales de las políticas neoliberales de la década anterior y a los efectos excluyentes de la globalización. De esta manera, luego de la desmovilización que supuso la consolidación de los gobiernos neoliberales, irrumpe un ciclo de protestas que parece desplegarse en tres momentos.

En una primera instancia, este nuevo ciclo está asociado a las rebeliones populares que tienen lugar sobre todo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En estos países, aunque con intensidades y resultados dispares, la movilización social alcanzó una capacidad significativa para impulsar transformaciones institucionales y políticas, que en parte lograron cuestionar la hegemonía neoliberal construida en la década previa. Este proceso, sin embargo, dará paso luego al ascenso de gobiernos progresistas que, sin eliminar la protesta, tienden a institucionalizarla, canalizando parte del descontento social mediante reformas, mediaciones estatales y nuevas formas de articulación entre movimientos sociales y aparato gubernamental.

En este escenario resulta prototípico observar las similitudes y los contrastes entre los casos de Bolivia y Argentina. En términos cuantitativos, en ambos países la protesta se intensifica entre fines de los años 90 y principios del año 2000, al tiempo que se radicaliza en cuanto a sus repertorios de lucha y demandas. En el caso de Bolivia, el ciclo de protestas adquirió rasgos singulares, tanto por la centralidad de los movimientos indígenas y campesinos como por la radicalidad de sus repertorios de lucha. Los nuevos movimientos sociales adquirieron un marcado carácter indígena y campesino, convirtiéndose en el núcleo de la movilización que cuestionó las bases mismas del orden neoliberal. Por el contrario, en Argentina la reactivación de la conflictividad social estuvo estrechamente ligada más a la clase trabajadora urbana tanto ocupada como desocupada, a los movimientos estudiantiles y otras organizaciones urbanas.

En ambos casos, el ascenso del kirchnerismo en Argentina a partir de 2003 y del MAS (Movimiento al Socialismo) en Bolivia en 2006, al ocupar el centro de la escena política y controlar a un número importante de organizaciones sociales, parecieron haber reencauzado en un comienzo el ciclo de rebeliones que se había iniciado a fines de los años 90.

El segundo momento del ciclo post 2000 corresponde al período abierto tras la crisis del boom de los commodities hacia la segunda década del siglo. La desaceleración económica regional, la reaparición de tensiones distributivas y el desgaste político de los gobiernos generaron condiciones propicias para una nueva intensificación de la conflictividad social. En este contexto, los casos de Brasil y Chile destacan por su magnitud y persistencia. En Brasil, durante el bienio 2010-2012 se observó una reactivación significativa de las protestas, que luego alcanzaría mayor intensidad en 2013. Estas movilizaciones combinaron demandas por servicios públicos, cuestionamientos al gasto estatal y reclamos laborales, mostrando que el crecimiento económico no había resuelto las desigualdades estructurales. En Chile, entre 2011 y 2019 se desplegó uno de los ciclos de protesta más prolongados de la región. El movimiento estudiantil reabrió la calle como espacio de impugnación al modelo neoliberal heredado de la dictadura, y su influencia se extendió durante toda la década, culminando en el estallido social de octubre de 2019.

El tercer momento corresponde a aquellos países que, por razones históricas, políticas o institucionales, habían quedado relativamente al margen de las tendencias de conflictividad que caracterizaron a la región a comienzos de siglo: Colombia y Perú. La reactivación de la protesta en estos casos ocurre más tardíamente, a partir de 2018, y responde a dinámicas específicas.

En contraposición al ciclo andino de rebeliones indígenas y campesinas de fines de los 90 y comienzos de los 2000, el caso de Perú resulta singular. Aunque participó de la ola de movilizaciones durante los años 80, quedó al margen de los ciclos de protestas anti-neoliberales posteriores. Tampoco logró el movimiento indígena ocupar un lugar central, como sí ocurrió en Bolivia o Ecuador. Esta trayectoria de la protesta puede vincularse no solo al contexto político más represivo de los años noventa (más allá de los grados de formalidad de los gobiernos electos) sino también a la centralidad que adquirió la violencia del enfrentamiento entre el Estado y Sendero Luminoso desde los años ochenta, lo que dejó huellas profundas en las formas de la acción colectiva. Aun así, Perú experimentó un estallido social entre 2022 y 2023, marcado por una combinación de crisis institucional, movilización multisectorial y radicalización de los reclamos que abre nuevas preguntas sobre la evolución del ciclo de protesta latinoamericano.

Colombia muestra tendencias comparables. Salvo dos picos aislados en 1977-1978 y 1988-1991, la protesta se mantuvo en niveles relativamente bajos durante décadas, producto de la violencia política entre el Estado y las guerrillas. Sin embargo, esta dinámica se interrumpió con fuerza a partir del Paro Nacional de 2021, cuando una combinación de organizaciones sociales, movimientos juveniles, sectores populares urbanos y ciudadanos no organizados protagonizó una de las rebeliones más significativas en la historia reciente del país.

Estos últimos dos casos nos recuerdan que, aun en contextos de violencia estructural y represión, la conflictividad social puede reactivarse y alcanzar niveles de masividad e intensidad sin precedentes.

Estos ciclos se desarrollan sobre un trasfondo constituido por tendencias de largo plazo que configuran el marco estructural en el cual se inscriben las luchas sociales. Dichas tendencias se encuentran asociadas a transformaciones del mercado de trabajo, con altos niveles de desocupación y subocupación persistentes, una fuerza laboral caracterizada por bajos niveles de calificación y de ingresos, así como por una creciente fragmentación.

América Latina se distingue, además, por presentar algunas de las tasas más elevadas de desigualdad de ingresos a nivel global, junto con profundas disparidades en el acceso a la educación, la vivienda y los servicios básicos. Este escenario estructural de largo plazo permite comprender, en parte, las transformaciones en los sujetos colectivos de los ciclos de protesta y en los repertorios de acción desplegados.

La escena contemporánea de la protesta social se encuentra cada vez más protagonizada por nuevos actores y movimientos sociales: ambientalistas, feministas, indígenas y consumidores, entre otros. Esto no implica la desaparición de los sujetos «tradicionales». Sindicatos y movimientos estudiantiles siguen ocupando un lugar relevante, aunque su capacidad de unificación de las luchas sociales se ve reducida ante un escenario en el que múltiples sujetos impulsan demandas diferenciadas.

En particular, en la actualidad, la protesta ha dejado de ser un recurso exclusivo de actores institucionalizados (como sindicatos, movimientos estudiantiles o colectivos de mujeres) para convertirse en un repertorio al que también recurren sectores no organizados o sin afiliación corporativa. Esta ampliación del campo de la conflictividad expresa, por un lado, la persistente crisis de legitimidad estatal para garantizar derechos y funciones básicas y, por otro, la emergencia de formas de acción colectiva más fragmentarias, localizadas y situadas en la vida cotidiana.

La figura de los «vecinos» o los «ciudadanos» como protagonistas crecientes en las protestas sociales, en distintos contextos nacionales, remite a un tipo de protesta vinculada a demandas inmediatas (acceso a servicios públicos, mejoras en la infraestructura, seguridad ciudadana, transporte, etc.) que, sin embargo, puede ser interpretada como expresión de una conflictividad laboral difusa. Sectores precarizados, cuentapropistas y trabajadores de baja productividad, sin posibilidad de paralizar actividades mediante la huelga, trasladan sus reclamos a la esfera pública en forma de protestas territoriales o sectoriales.

Esta dinámica se relaciona con los procesos de reconfiguración de la clase trabajadora en el marco de la reestructuración capitalista y la creciente polarización de los mercados laborales en la región. Tal como señalan varios analistas, las revueltas urbanas contemporáneas en América Latina condensan tensiones estructurales entre desigualdad, precariedad y ciudadanía, dando lugar a formas de acción colectiva que desbordan los canales institucionales tradicionales y reconfiguran el espacio urbano como escenario central de la disputa política.

Pero estas tendencias dan cuenta, además, de un fenómeno cada vez más extendido: la recurrencia y crecimiento que presenta la acción colectiva conservadora de matriz liberal. Sectores sociales, usualmente vinculados a posiciones políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo cultural, apelan a la acción colectiva en el espacio público como una herramienta legítima de presión y de disputa política. Esto implica que prácticas históricamente asociadas a sectores progresistas o populares, como la movilización callejera o la protesta, son reapropiadas por grupos que defienden la reducción del Estado, la centralidad del mercado y la preservación de valores tradicionales.

Sin embargo, en el polo opuesto, en determinados países (por ejemplo, Chile y Colombia), estas formas de protesta no institucionalizada tienden a radicalizarse, integrando identidades diversas en torno a la oposición a las políticas gubernamentales. En esos momentos, la conflictividad trasciende la defensa de intereses inmediatos para cuestionar de manera más general el orden político y social. Este fenómeno revela la capacidad de los actores no institucionalizados para articularse coyunturalmente y poner en jaque la legitimidad estatal.

En este sentido, podríamos sostener que la fisonomía actual de la protesta en América Latina combina continuidades y rupturas. La centralidad del movimiento obrero persiste, pero se ve acompañada por la creciente visibilidad de sectores precarizados y no institucionalizados que expresan demandas vinculadas tanto a la reproducción cotidiana de la vida y a cuestionamientos más amplios al orden social.

El mapa actual de la protesta social en América Latina muestra que el agotamiento del ciclo progresista dejó un vacío político que ni las viejas estructuras sindicales ni los nuevos movimientos sociales lograron llenar plenamente. La desestructuración de los sujetos colectivos (resultado de décadas de precarización, informalidad y fragmentación socioeconómica) debilitó la capacidad de las clases subalternas para sostener estrategias prolongadas de confrontación, mientras que el fin del boom de los commodities erosionó las bases materiales que habían permitido a los progresismos combinar redistribución con desmovilización relativa.

En ese contexto, las derechas no solo avanzaron en las urnas, sino que también comienzan a disputar las calles, reapropiándose de repertorios históricamente asociados a los movimientos populares. La protesta ya no es un signo inequívoco de antagonismo social progresivo; se ha convertido en un terreno en disputa, donde las identidades precarizadas pueden articularse tanto hacia proyectos emancipatorios como hacia salidas autoritarias, neoliberales y excluyentes.

Sin embargo, los estallidos de Chile, Colombia y Perú recuerdan que, incluso en escenarios de desestructuración social profunda, la protesta puede irrumpir con una fuerza capaz de desbordar gobiernos, cuestionar órdenes neoliberales consolidados y abrir ventanas de posibilidad para la transformación. Pero también exponen sus límites: sin articulación orgánica, sin programas políticos capaces de convertir el estallido en proyecto, sin organizaciones que transformen la indignación en poder duradero, la revuelta tiende a disiparse o ser rearticulada por fuerzas conservadoras.

Allí reside el desafío estratégico para las izquierdas de la región: reconstruir una capacidad de organización que vuelva a unir lo fragmentado, rearticular los lazos entre conflicto social y horizonte político, y disputar la calle no solo como espacio de protesta, sino como terreno desde el cual rehacer la idea misma de lo común. En un continente donde la protesta nunca desaparece, solo se transforma, la pregunta para las fuerzas populares no es si habrá nuevas irrupciones, sino si estarán preparadas para convertirlas en una alternativa real de poder.

Notas↑1 Este artículo emplea datos empíricos previamente analizados en Nava, A. (2025). Entre la movilización y la desmovilización: una mirada comparativa de los ciclos de conflictividad social y laboral en América Latina (1980-2020). Anuario Del Conflicto Social, (16).

Agustín Nava