Cómo las Élites globales transforman los conflictos eternos en un motor de ganancias privadas
Es la máxima expresión del capitalismo clientelar, el riesgo es público, nacional, colectivo; la recompensa es privada, concentrada y extraterritorial.
Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont
eltabanoeconomista.wordpress.com 05/01/2026
El año 2025 quedará inscrito en los anales de la geopolítica no como un punto de inflexión hacia la paz, sino como la consagración definitiva de una nueva y aterradora normalidad, la era de las guerras eternas. Lo que observamos no es una colección de conflictos aislados producto de tensiones locales irresueltas, sino la manifestación violenta de un mecanismo económico global perfeccionado, un sistema que podríamos denominar La Gran Máquina de Guerra.
Este mecanismo convierte la destrucción sistemática en ganancia privada estructural, operando con la eficiencia fría de una línea de montaje donde la materia prima es la inestabilidad y el producto final es el beneficio concentrado en manos de una élite transnacional. Los acontecimientos de los últimos años —la guerra de desgaste en Ucrania, el resurgimiento del conflicto en Oriente Medio y la guerra fría económica entre Estados Unidos y China— no han sido simples crisis, sino catalizadores que han aumentado drásticamente la temperatura geopolítica para inclinar irreversiblemente el discurso político a favor de la «seguridad», un concepto elástico que sirve para justificar cualquier gasto, cualquier intervención y cualquier recorte de libertades.
En este contexto, las guerras eternas no son un fracaso de la diplomacia; son el éxito de un modelo de negocio. Se refieren a disputas crónicas, cuidadosamente gestionadas, que benefician de manera directa y cuantificable a las élites mediante la extracción de recursos, la consolidación de poder geopolítico y el control de mercados estratégicos.
En 2025, según el Índice de Paz Global de Vision of Humanity, se registraron 59 conflictos estatales activos, el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial proliferando conflictos prolongados e híbridos, donde las dimensiones económica, financiera, tecnológica y comercial son tan decisivas como los combates en el campo de batalla. Al menos una docena de estos se clasifican como mayores, con muertes superiores a las 10.000 por año en algunos casos. Los focos mediáticos como Ucrania y Gaza dominaron las noticias, pero conflictos subyacentes en Sudán, Myanmar, el Sahel (incluyendo Malí, Burkina Faso y Níger), Yemen, Siria, Somalia y Nigeria formaron un tapiz de violencia que, en su cronicidad, alimenta economías depredadoras.
La característica definitoria de estos conflictos no es su ferocidad, sino su duración indefinida, su naturaleza crónica. Son perpetuados no por la imposibilidad de encontrar una solución, sino por la activa oposición de intereses creados que se alimentan de la inestabilidad. La guerra se ha convertido en un sustrato económico, un ecosistema donde florecen formas específicas de capitalismo depredador.
La razón clave para esta permanencia de crisis es una tríada de explotación que opera en perfecta sintonía, una alianza tácita entre tres sectores: el complejo militar-industrial, que se da un festín con contratos de guerra interminables y renovables; los especuladores financieros, que explotan la volatilidad de los mercados de commodities, divisas y deuda soberana desestabilizados por los conflictos para obtener ganancias inesperadas; y los monopolios globales de recursos, que aprovechan el caos para estrechar silenciosamente su control sobre activos estratégicos como el litio, el cobalto, el uranio, el gas y las tierras raras.
Básicamente, las élites mundiales, ya se autodenominen «globalistas» o «soberanistas», libran sus batallas reales por el control de estos tres frentes de acumulación. Cada uno de estos sistemas se retroalimenta en un circuito cerrado: la guerra justifica enormes gastos militares, esos gastos se traducen en ganancias récord para los contratistas de defensa, parte de esas ganancias se reinvierten en lobby político para asegurar políticas exteriores belicosas y desregulación financiera, lo que a su vez genera más inestabilidad y nuevas oportunidades de negocio en mercados turbulentos. Es un sistema deliberadamente manipulado para evitar la paz, una especie de motor perpetuo de ganancias cuya combustión requiere el oxígeno constante del conflicto.
Cada uno de los principales conflictos armados actuales puede leerse como una disputa entre élites con fines económicos específicos, donde las poblaciones civiles son meros daños colaterales en una guerra por activos. La guerra en Ucrania, por ejemplo, persigue objetivos distintos para diferentes sectores de la élite. Para los globalistas del capital financiero —entidades como BlackRock y los bancos de la órbita Rothschild— representa una oportunidad única de planificación a largo plazo: la reconstrucción post-guerra. Ya están posicionándose para inversiones masivas en infraestructura destruida, agricultura de alta productividad en la rica tierra negra ucraniana y la privatización de sectores enteros de la economía.
Es el sueño de «la doctrina del shock» aplicado a escala continental. Para el complejo militar-industrial estadounidense y europeo —Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems, Rheinmetall—, el conflicto ha sido un regalo caído del cielo. Solo Estados Unidos ha enviado más de 50.000 millones de dólares en ayuda militar, un flujo que se traduce directamente en pedidos, ganancias y valoraciones bursátiles en alza. La guerra ha revitalizado una industria que tras el retiro de Afganistán temía por la contracción de sus mercados.
El conflicto en Gaza, extendido a Líbano y Siria, muestra una dinámica similar con diferentes activos en juego. Las élites globalistas que apoyan a Israel no lo hacen por mera afinidad ideológica; actúan por alianzas estratégicas y, de manera crucial, por el acceso al gas del Mediterráneo Oriental, particularmente al gigantesco yacimiento Leviatán. Mientras tanto, élites árabes y capitales transnacionales ya calculan las ganancias potenciales de la reconstrucción de una Gaza reducida a escombros, un proyecto que podría valer decenas de miles de millones, además de asegurar rutas comerciales y estabilidad energética.
El complejo militar-industrial obtiene su parte con ventas de armas a Israel por valor de más de 20.000 millones de dólares en 2025. Fondos como BlackRock invierten agresivamente en el sector tecnológico israelí, especialmente en ciberseguridad, mientras la banca de influencia Rothschild opera en la sombra para estructurar la financiación que garantice la estabilidad de estos flujos energéticos.
Conflictos menos cubiertos, pero igualmente lucrativos siguen la misma lógica. En Sudán, la guerra civil gira en torno al control de yacimientos de oro valorados en más de 2.000 millones de dólares. En Myanmar, la lucha es por el jade y los metales raros, con China posicionándose para asegurar el acceso a recursos críticos para su industria tecnológica. En el Sahel, la inestabilidad facilita el control de recursos como el uranio de Níger, vital para la energía nuclear francesa, mientras en Yemen y Siria, el petróleo y la ubicación geoestratégica son los botines.
En este escenario, la situación de Ucrania en diciembre de 2025 es un caso de estudio paradigmático de esta lógica perversa. El panorama es desolador desde cualquier perspectiva humana: fronteras inciertas y cercenadas por la ocupación rusa, una despoblación masiva con más de seis millones de refugiados y cuatro millones de desplazados internos —lo que significa una escasez crítica de mano de obra para cualquier reconstrucción futura—, una economía contraída en un 30% desde 2022 y una deuda pública que supera el 90% del PIB. A esto se suma una crisis energética crónica, con el 50% de la capacidad de generación destruida por ataques rusos y apagones constantes.
Ante este cuadro, podría parecer un absurdo económico que las élites bélicas y financieras busquen sacar provecho de un país aparentemente «vacío» de recursos inmediatos y capacidad de pago. Sin embargo, esta aparente contradicción se resuelve mediante un modelo diabólicamente eficiente: la «reconstrucción neoliberal» como forma de neocolonialismo financiero.
Este modelo no busca extraer dinero de donde no hay; se especializa en transformar la devastación misma en la oportunidad de largo plazo más lucrativa. El mecanismo funciona a través de la creación de un ciclo de deuda-inversión-explotación que, lejos de reconstruir la soberanía ucraniana, la transfiere a acreedores e inversionistas externos. Los beneficios se derivan de la deuda soberana garantizada por activos futuros, de las privatizaciones forzadas a precio de liquidación, del control a largo plazo de recursos estratégicos y de los subsidios masivos indirectos canalizados a través de la ayuda internacional.
El mecanismo se puede desglosar paso a paso, tomando como ejemplo el United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund (RIF), firmado en abril de 2025. Este fondo, de 75.000 millones de dólares, financiado por la Development Finance Corporation (DFC) —una agencia pública estadounidense—, ilustra con claridad cómo un flujo de dinero público se convierte en ganancias privadas y control estratégico. Se trata de un esquema donde los contribuyentes estadounidenses (y europeos) asumen el riesgo inicial, subsidian la inversión y proporcionan garantías, mientras las ganancias de la explotación de recursos ucranianos —litio, titanio, uranio, manganeso, grafito— fluyen hacia corporaciones privadas y sus accionistas. No es un regalo directo, sino un ciclo complejo de deuda, compromisos soberanos y royalties que canaliza recursos públicos hacia proyectos privados, con el Estado ucraniano, desesperado por fondos, cediendo el control de su subsuelo a cambio de oxígeno financiero inmediato.
La elección de Ucrania no es casual, pero el modelo es replicable. Donde el texto dice «Ucrania», bien podría poner «Argentina», «Sudán», «Níger» o cualquiera de los cincuenta lugares en guerra activa; la lógica subyacente sería idéntica. El «absurdo» económico se resuelve porque las corporaciones no invierten en un vacío; invierten en un marco donde el riesgo ha sido socializado por los estados occidentales. Obtienen concesiones preferenciales a bajo costo, respaldadas por garantías públicas, y calculan sus retornos en horizontes de diez a veinte años, mediante la exportación de minerales críticos a mercados occidentales ávidos por diversificar sus suministros y reducir la dependencia de China. La devastación presente es irrelevante; lo que se valora es el potencial futuro, adquirido a precio de ganga en medio del caos.
El recorrido completo del dinero del RIF es esclarecedor. El fondo aprobado el 17 de septiembre de 2025, por 75.000 millones se destinan oficialmente a proyectos «nuevos» —aquellos no explotados antes de 2025—, una cláusula diseñada para evitar conflictos legales con concesiones rusas preexistentes en las zonas ocupadas. Sin embargo, la realidad geográfica choca con la ficción legal. El depósito de litio de Shevchenkivske, uno de los mayores de Europa, está bajo control ruso desde al menos febrero de 2025. Aun así, el acuerdo obliga a Ucrania a entregar el 50% de los royalties de ese yacimiento al fondo estadounidense, a pesar de no controlarlo.
Es una cláusula que convierte la futura resolución del conflicto fronterizo en una reclamación financiera directa de Washington. Otros recursos, como el titanio de Irshansk, están en zona ucraniana segura, mientras los depósitos de manganeso en Nikopol y uranio en Donetsk y Zaporizhia están parcial o totalmente bajo control ruso. En resumen, aproximadamente el 50% de los recursos que supuestamente garantizan las inversiones del RIF ya están en manos del enemigo contra el que Ucrania está luchando.
Esta aparente locura tiene sentido en el marco de la guerra eterna: las inversiones occidentales se centran en lo seguro hoy, pero se redactan los acuerdos para tener derechos sobre todo el territorio en el futuro, anticipando que las negociaciones —potencialmente entre un Trump y Putin— podrían «flexibilizar» el acceso o canjear concesiones por otro tipo de acuerdos geopolíticos. Se está escribiendo el mapa económico del país antes incluso de que se dibuje el mapa político final.
Dentro de este ecosistema, el sector de armamentos opera como el componente más directo y obsceno del modelo. Su dinámica es análoga a la de la reconstrucción, pero con un ciclo de retorno más rápido. Los fondos públicos —ya sea el presupuesto de defensa de Estados Unidos, el fondo europeo para Ucrania o las compras financiadas por crédito de Arabia Saudita— fluyen directamente hacia los balances de corporaciones privadas como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y sus homólogas europeas.
Estos contratos, a menudo adjudicados sin licitación competitiva bajo cláusulas de «emergencia nacional» o «seguridad urgente», presentan márgenes de beneficio exorbitantes. Los conflictos en Ucrania y Gaza han impulsado las ventas globales de armas a niveles récord, proyectándose para 2025 en unos 700.000 millones de dólares. Los estados absorben los costos políticos, económicos y humanos, endeudándose o desviando fondos de servicios sociales, mientras las empresas capturan las ganancias a través de contratos monopolísticos o cuasi-monopolísticos.
Es la máxima expresión del capitalismo clientelar, el riesgo es público, nacional, colectivo; la recompensa es privada, concentrada y extraterritorial. Así, la Gran Máquina de Guerra sigue girando, alimentada por el sufrimiento de millones y lubricada por el flujo constante de capital público hacia cuentas privadas, en un ciclo que cada año que pasa parece más imposible de detener. La guerra ya no es la continuación de la política por otros medios; es la continuación de la extracción de ganancias por los medios más brutales y eficaces imaginables.
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