Las criptomonedas se han convertido en un componente clave en el retroceso global de la democracia
La imbricación de las criptomonedas y los autoritarismos actuales ha sido ampliamente subestimada y malinterpretada como una anécdota peculiar en el proceso de autocratización y en la mezcla de los intereses públicos y privados promovidos por diversos líderes políticos
Antulio Rosales*
Nueva Sociedad 320 / Diciembre 2025
El viernes 14 de febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei publicó en x un mensaje que promocionaba el proyecto de criptomoneda $libra. La moneda acababa de lanzarse y mostraba explícitamente imágenes asociadas al movimiento político de Milei, La Libertad Avanza (lla). Poco después de su promoción, el precio de la moneda se disparó. Antes de que terminara el fin de semana, los creadores del proyecto y un puñado de personas con información privilegiada retiraron sus participaciones, lo que provocó el desplome del valor de la moneda y dejó a más de 70.000 inversores con las manos vacías. Más que una estafa grotesca y poco refinada, este rug pull [tirón de la alfombra] en el que se ha visto implicado el presidente de una economía del g-20 es sintomático del encuentro entre las innovaciones en criptomoneda y las formas autoritarias de gobierno.
Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, surgió a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2009. Producto de la desconfianza generalizada hacia los bancos, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos, las criptomonedas emergieron como parte de una crítica al sistema económico hegemónico. Bitcoin se lanzó como una moneda alternativa: una herramienta que podía soportar intercambios entre pares (p2p), sin necesidad de intermediarios, a través un registro contable descentralizado, la blockchain o cadena de bloques. En resumen, el cripto se concibió como una herramienta para la libertad y la descentralización.
Las inspiraciones iniciales del bitcoin se proponían fomentar la interconexión directa entre pares y el compromiso con la privacidad y el anonimato, y se basaban en principios anarcocapitalistas que rechazaban la intervención gubernamental en el suministro de dinero y la influencia de las grandes instituciones financieras en los mercados.
Sin embargo, con el tiempo, los entusiastas del bitcoin y el ecosistema de criptomonedas asociado a ellos –nuevos tipos de intermediarios (carteras digitales, intercambios) y otros proyectos vinculados a la cadena de bloques– pasaron a depender en gran medida de normativas flexibles, incentivos gubernamentales y vínculos con el sistema financiero tradicional. Bitcoin y otras criptomonedas cosecharon críticas por su volatilidad y su uso con fines ilegales, incluidas grandes estafas y pequeños fraudes. Además, el protocolo Proof-of-Work (pow), que valida las transacciones de bitcoin y permite a los mineros registrar un nuevo token en la blockchain, consume mucha energía. Como resultado, el bitcoin depende de grandes infraestructuras energéticas, a menudo alimentadas por combustibles fósiles. Su necesidad de un suministro abundante de energía, preferiblemente con regulaciones favorables y precios bajos y estables, lo convierte en una amenaza potencial para las políticas de mitigación del cambio climático y las transiciones hacia energías limpias.
A pesar de sus orígenes anarcocapitalistas, el bitcoin y el ecosistema de las criptomonedas se fusionaron con los intereses de algunos gobiernos. Los principales inversores y entusiastas de las criptomonedas identificaron oportunidades al aliarse con funcionarios y, de esa forma, comenzaron a participar en debates políticos y a unir fuerzas con movimientos y líderes.
En el plano ideológico, los inversores y entusiastas de las criptomonedas participan y alimentan círculos mediáticos alternativos, espacios que fomentan la desinformación y las teorías de la conspiración, el agravio masculino y blanco, y la desconfianza general hacia las instituciones y políticas públicas. En términos prácticos, han fomentado alianzas con líderes y regímenes autoritarios que han concedido a individuos asociados con activos de criptomoneda privilegios sin restricciones, a menudo con efectos dudosos o impactos abiertamente negativos para el bienestar general de sus sociedades. En muchos de estos casos, como sugiere el fraude de $libra en Argentina, líderes con tendencias autoritarias se han visto implicados en maniobras que facilitan el enriquecimiento de un puñado de personas bien conectadas a través de activos digitales. En ocasiones, como ocurre con el gobierno de Donald Trump, el propio presidente y su familia forman parte de un ecosistema más amplio de negocios de criptodivisas, en el cual las líneas entre su posición política y sus intereses empresariales son difusas.
A pesar de sus inspiraciones idealistas originales, las criptomonedas han sido un componente clave en el retroceso democrático presenciado a escala mundial en los últimos años. La imbricación de las criptomonedas y la propagación de los autoritarismos actuales se ha subestimado en gran medida y se ha malinterpretado como un conjunto de anécdotas extravagantes o aisladas. Pero las criptomonedas son algo más que una moda financiera: son una parte constitutiva de la formulación de políticas autoritarias contemporáneas, sea como herramientas para ayudar a los autócratas a centralizar el poder o como mecanismos para el enriquecimiento de los titulares y las elites conectadas.
Mezcla de intereses públicos y privados
Durante su segundo mandato, que comenzó en enero de 2025, Trump ha sido noticia por su firme apoyo a las criptodivisas y la aplicación de políticas diseñadas para afianzar una agenda nacionalista criptoeconómica1. Ello va de la mano con la visión más amplia de Trump sobre la economía, privilegiando los aranceles, el bilateralismo (en oposición a las instituciones y acuerdos multilaterales) y la desregulación. También adopta una serie de herramientas relacionadas con las criptomonedas de forma que se difuminan las distinciones entre los objetivos financieros personales del presidente y los del gobierno estadounidense, lo que consolida el vínculo entre las tendencias de retroceso democrático y los ecosistemas de criptomonedas. Esta forma de nacionalismo económico está estrechamente alineada con los intereses de la industria de los combustibles fósiles y aumenta el poder de una tecnooligarquía emergente.
La administración Trump ha realizado cambios políticos que afectan el ciclo de producción, circulación y valoración de las criptodivisas para beneficiar a la criptoindustria. A su vez, diversas entidades vinculadas a Trump participan y se benefician de cada una de esas etapas del proceso de la industria. Bajo el mandato del republicano, el gobierno estadounidense ha aprobado dos importantes políticas que revelan la superposición de los intereses de las criptomonedas y los del presidente. En primer lugar, en marzo de 2025, el gobierno creó la llamada Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales de eeuu2. La decisión fue seguida de un aumento inmediato del valor de las cinco monedas que forman parte de la reserva. En segundo lugar, la Casa Blanca presionó al Congreso para que aprobara la Ley para Promover e Implementar la Innovación Nacional en Monedas Estables en eeuu (genius, por sus siglas en inglés), un proyecto de ley para regular y promover la emisión de stablecoins o criptomoneda estable (un tipo de criptodivisa que pretende mantener su valor igual a un dólar estadounidense), al tiempo que restringe la emisión de una moneda digital del banco central en eeuu3. La Ley genius fue aprobada con un infrecuente apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso.
Estas políticas coinciden con importantes nombramientos en la administración Trump que señalan un apoyo inquebrantable, incluido el nombramiento de David Sacks, conocedor de la industria, como zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial. Además, a los pocos días de asumir su segundo gobierno, el presidente indultó a Ross Ulbricht, creador del mercado negro clandestino de internet Silk Road, donde durante muchos años se vendieron sustancias y productos ilegales utilizando bitcoins.
El vehículo más importante que conecta a Trump con el mercado de criptodivisas es World Liberty Financial (wlf), una plataforma de criptomonedas que también emite su propio token. Al igual que con las memecoins de Donald y Melania Trump –instrumentos de inversión arriesgados diseñados para obtener beneficios a través de una rápida explosión de expectativas–, la familia Trump recibió una gran parte de estos tokens. El valor de este alijo se ha disparado a más de 1.000 millones de dólares. La investigación pericial publicada en medios como The New York Times4 y Politico5 ha descubierto que wlf podría haber sido una solución para eludir las limitaciones legales sobre las contribuciones de intereses extranjeros a Trump para su campaña presidencial de 2024 y su toma de posesión.
Tales contribuciones podrían resultar rentables para esos inversores. En su primer viaje al extranjero durante su nuevo mandato, Trump se mostró especialmente deferente con Emiratos Árabes Unidos, al parecer uno de los principales contribuyentes a wlf. En mayo de 2025, Trump organizó una cena en su club de golf de Virginia para los 220 principales titulares de la memecoin $trump, lo que dio acceso especial a las personas que habían contribuido directamente a aumentar su riqueza personal.
Una entidad corporativa de Trump posee alrededor de 60% de wlf y está gestionada por los hijos del presidente, junto con Chase Herro y Zachary Falkman, dos personajes opacos con antecedentes de prácticas empresariales turbias. Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff –enviado especial del presidente para Oriente Medio y negociador con Rusia y Ucrania–, es otro de los fundadores de la firma. Los Trump tienen derecho a 75% de los ingresos de la empresa.
wlf pretende operar como un banco (concediendo préstamos mediante el apalancamiento de criptodivisas) y establecerse como un gigante en el negocio de las stablecoins. Ya ha recibido inversiones por más de 1.000 millones de dólares para su stablecoin (usd1). Las stablecoins suelen estar respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense, pero también, como en el caso de Tether, la más conocida, por cestas de criptomonedas, sobre todo bitcoin.
Las stablecoins son conductos claves entre el ecosistema de las criptomonedas y el mundo del dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. En algunos casos, se utilizan para transferir riqueza ilícita oculta en bitcoin a la economía regular. En otros casos, las stablecoins se han utilizado en países que experimentan una alta inflación y otras crisis como cobertura contra la volatilidad.
El apoyo de la administración Trump a las stablecoins llega en un momento en el que la confianza mundial en el liderazgo estadounidense y en el dólar es baja. Crecen las dudas sobre la solidez de las decisiones económicas en eeuu, debido al caprichoso uso de los aranceles por parte de Trump y a los ataques partidistas a la Reserva Federal y a la Oficina de Estadísticas Laborales.
Pero el nuevo respaldo a las stablecoins puede tratar de aprovechar, con el auge del wlf, una herramienta privada para apuntalar la carga de la deuda estadounidense. El gobierno ha defendido la medida como un medio para contrarrestar la tendencia a la desdolarización de las reservas de divisas a escala mundial y mantener el dominio del dólar estadounidense. El objetivo, en resumen, es que la hegemonía del dólar dependa menos de que los países extranjeros utilicen sus superávits comerciales para mantener bonos del gobierno estadounidense en sus reservas, y más del aumento de la demanda de deuda estadounidense en el sector privado, con la promoción de stablecoins como mecanismo clave. wlf se posiciona en el centro de esta estrategia, oscureciendo la línea entre los intereses estratégicos de eeuu y los intereses privados del presidente y su familia.
La otra gran política de Trump vinculada a la industria de las criptodivisas, la Reserva Estratégica de Bitcoin, ha recibido comparativamente menos atención, pero no es menos preocupante. Los entusiastas la ven como un profundo compromiso con la promesa de la criptodivisa. La creación de una reserva de este tipo podría tener efectos significativos en el sistema monetario mundial, empujando potencialmente los activos volátiles en las reservas gubernamentales convencionales, al tiempo que refuerza aún más la valoración de bitcoin y fomenta más minería de esta criptomoneda.
Las instalaciones de bitcoin requieren un suministro de energía cada vez mayor. El protocolo pow, mediante el cual se registra un nuevo bitcoin, extrae grandes suministros de energía de comunidades e infraestructuras que podrían utilizarse mejor para demandas locales, lo que complica los esfuerzos por reducir las emisiones de carbono. Las granjas de minería de Bitcoin han sido presentadas como «centros de datos» de alta gama que promueven el progreso tecnológico y la mejora industrial, pero en realidad ofrecen muy poco en términos de empleo o vínculos productivos con otras industrias.
La propuesta de una reserva estadounidense pretende elevar el bitcoin a recurso estratégico desde el punto de vista militar, como el petróleo. La reserva estratégica permite al gobierno federal mantener la custodia de bitcoins y otras criptodivisas incautadas por la justicia en casos penales. Pero la necesidad de mantener estas reservas también podría empujar al gobierno a entrar en el negocio de la criptominería o a proteger directamente los intereses mineros privados. Al igual que otras políticas de la administración, la reserva estratégica de bitcoin tiene conexiones con los intereses empresariales privados de Trump.
La apuesta del gobierno por las criptomonedas es a la vez una decisión política y una decisión empresarial de la que pueden sacar provecho las empresas de Trump. El Trump Media and Technology Group, cuyo mayor accionista es el propio presidente, anunció en mayo de 2025 que invertiría más de 2.000 millones de dólares en bitcoin y valores relacionados como parte del llamado «plan de tesorería bitcoin» de la corporación. Eric Trump anunció su participación como director de estrategia de American Bitcoin, una nueva empresa de minería de bitcoin. Eric y Donald Jr., los hijos mayores de Trump, poseen 20% de las acciones de American Bitcoin. Esta empresa y la serie de políticas que promueven las reservas y la minería de bitcoin afianzan aún más los vínculos entre la criptogobernanza, los intereses energéticos convencionales y la familia presidencial y la administración estadounidenses.
Si bien las conexiones entre la criptogobernanza y la gobernanza autoritaria son cada vez más flagrantes en eeuu, con posibles implicaciones para la economía mundial, el gobierno de Trump no es el único ejemplo de ello. Otros líderes han creado herramientas políticas que conectan los intereses comerciales y la industria de la criptodivisa con la gobernanza autoritaria.
Criptorrevolución en El Salvador
Trump fue descrito en un informe de The New York Times de abril de 2025 como «no solo un importante operador de criptomonedas; sino también como un importante policy maker del sector»6. Pero no fue el primero en mezclar ambas cosas. Aunque a una escala mucho menor, el pionero en este ámbito fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Hace cuatro años, Bukele tomó lo que muchos consideraron una medida revolucionaria, que parecía tener el potencial de mejorar las perspectivas de desarrollo de su país y cambiar el panorama monetario mundial. En junio de 2021, Bukele declaró el bitcoin moneda de curso legal en una conferencia en Miami y presentó un proyecto de ley a tal efecto para su aprobación legislativa. El proyecto fue aprobado rápidamente por la supermayoría parlamentaria de su partido, sin apenas debate sobre las complicaciones técnicas y políticas o los posibles inconvenientes. Junto con miembros de su familia (que forman parte del círculo íntimo de toma de decisiones en el país), Bukele no solo poseía bitcoins, sino que era un entusiasta de las criptomonedas.
El caso salvadoreño es ilustrativo de los vínculos entre la gobernanza autoritaria y el respaldo a las criptomonedas en tres sentidos. En primer lugar, la aprobación y aplicación de la política sobre bitcoins se caracterizó por la opacidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones, ya que las grandes mayorías parlamentarias y el Poder Ejecutivo a menudo se impusieron a la deliberación y los mecanismos de supervisión. En segundo lugar, la Ley Bitcoin ha sido un vehículo para la creación de entidades turbias en las que un selecto grupo de individuos se beneficia del uso de fondos públicos, mientras que las poblaciones vulnerables quedan expuestas a estafas y fraudes. En tercer lugar, un grupo de entusiastas extranjeros e inversores cuestionables, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, ha ganado influencia en los círculos gubernamentales, operando en funciones informales de asesoramiento mientras reciben amplias oportunidades de negocios en El Salvador7.
El gobierno promovió la política del bitcoin como medio para fomentar la inclusión financiera, proporcionando herramientas accesibles a personas ajenas al sector bancario, así como el desarrollo y la inversión. La ley también obligaba a empresas y comercios a aceptar el bitcoin como medio de pago junto con el dólar estadounidense. La política se llevó a cabo mediante la creación de un monedero nacional llamado Chivo. El Parlamento aprobó una asignación de 200 millones de dólares para financiar el proyecto, que incluía un incentivo de 30 dólares a cada salvadoreño que descargara la aplicación Chivo.
Se creó entonces un fondo fiduciario de 150 millones de dólares para permitir la convertibilidad automática entre bitcoin y dólares. Se instalaron unos 200 cajeros automáticos de Chivo en todo el país, así como en los consulados salvadoreños en eeuu y Canadá. El gasto total del proyecto fue de más de 400 millones de dólares, más de la mitad de los cuales no se contabilizaron en los procedimientos presupuestarios ordinarios8.
Muchos salvadoreños descargaron el monedero Chivo únicamente para conseguir el bono de 30 dólares. Por muchas razones, la mayoría de los usuarios no siguió utilizando el monedero digital después de recibir el bono. La preferencia de muchos salvadoreños por el dinero en efectivo, junto con los problemas de confianza que rodean al monedero digital, dificultaron el éxito de Chivo. El apresurado lanzamiento de la aplicación provocó fallos técnicos y de seguridad. Proliferaron los fraudes que prometían grandes y rápidos beneficios a cambio de información, lo que provocó el robo de datos personales.
Más allá de la funcionalidad de la aplicación, han surgido dudas sobre la gobernanza de Chivo. La empresa fue creada con fondos estatales, pero se considera privada. Su consejo de administración, compuesto por estrechos colaboradores de Bukele, fue nombrado directamente por el gobierno. La empresa funciona como una institución financiera, pero los reguladores no la tratan como tal y, adicionalmente, está protegida por el secreto de Estado. Esta ambigüedad estratégica refleja patrones históricos de las elites salvadoreñas que utilizan las instituciones estatales para aumentar su riqueza privada.
Mucho antes de que eeuu creara una reserva estratégica de bitcoin, Bukele era un ávido inversor en bitcoin como parte de la política gubernamental. A pesar de los llamamientos para aumentar la transparencia y la información, todavía no está claro cómo el gobierno salvadoreño ha financiado las continuas inversiones en bitcoin de Bukele, y cómo estas inversiones afectan la gestión de las reservas de divisas del país. Al tiempo que fomentaba una coalición empresarial nacional que surgiría como una fuerza importante entre la elite salvadoreña, la Ley Bitcoin también apoyaba a ciertos constituyentes internacionales. Bukele ha aprovechado la narrativa del bitcoin, presentándolo como un símbolo de pensamiento futurista, disrupción e innovación sin precedentes, para definir la identidad de El Salvador en el escenario mundial. Este rebranding se centró en cultivar a los entusiastas de las criptomonedas como inversores potenciales en el país, dándoles la bienvenida con regulaciones laxas y promesas de residencia y ciudadanía a cambio de modestos compromisos de inversión. El país pronto atrajo la atención de los criptobros y los capitalistas de riesgo vinculados a los evangelistas del bitcoin del Norte global9.
Los entusiastas de las criptomonedas han adquirido una enorme influencia sobre el gobierno de Bukele. El criptomillonario Jack Mallers y su empresa Strike ayudaron a diseñar el monedero Chivo. También participaron en el experimento de crear una «playa bitcoin» en la pobre localidad costera de El Zonte, donde un donante anónimo introdujo la criptomoneda con el objetivo de crear una economía digital «circular»: la gente gastaría sus ingresos en bitcoin en la localidad y, en última instancia, los activos digitales sustituirían al efectivo y al dólar estadounidense. Mallers ha sido muy explícito sobre su papel en la configuración de la Ley Bitcoin del país, gestionándola a través de uno de los hermanos de Bukele.
La estrategia proactiva de bitcoin de El Salvador condujo a un auge del criptoturismo. Algunos entusiastas de las criptomonedas han participado en la compra de terrenos en El Zonte, que se ha convertido en un centro de criptomonedas y surf, así como en otras zonas del país, como La Unión, donde se suponía que se iba a construir una ciudad futurista de bitcoins. Pero al no obtener suficiente apoyo financiero, el proyecto se ha archivado. No obstante, el acaparamiento de criptomonedas sigue afectando a las comunidades locales, con expropiaciones de tierras por parte del Estado, subidas de precios y compras especulativas por parte de extranjeros.
Dos conocidos entusiastas extranjeros de las criptomonedas, Stacy Herbert y su esposo Max Keiser (antiguo presentador de televisión de la cadena Russia Today) han acumulado una influencia excepcional en el gobierno salvadoreño. La pareja fue nombrada para dirigir la Oficina Nacional del Bitcoin, con autoridad para diseñar y aplicar criptopolíticas en el país. Destacaron en la promoción de los «bonos volcán», un plan para recaudar 1.000 millones de dólares de inversores privados para que el gobierno construyera la proyectada ciudad bitcoin en La Unión, pero no se logró concretar compromisos significativos.
En El Salvador, el impulso de la política del bitcoin se desvaneció con el tiempo, dejando a las poblaciones marginadas tan desconectadas de los sistemas financieros formales como antes. Ante el fracaso masivo del plan de bonos volcán, el gobierno se vio obligado a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional (fmi) en 2024 para seguir haciendo frente al servicio de su deuda. El fmi impuso una reforma de la Ley Bitcoin, que convirtió el activo en una forma de pago voluntaria en lugar de obligatoria. El gobierno aprobó los cambios con sigilo en el Parlamento, pero sigue promocionando el país como paraíso del bitcoin y anunciando compras de la criptomoneda con dinero público.
Los partidarios extranjeros de Bukele siguen elogiándolo como un visionario de la política, incluso cuando organizaciones de derechos humanos han criticado las detenciones de miles de presuntos miembros de pandillas sin el debido proceso en su draconiana represión de la delincuencia. Los entusiastas de las criptomonedas no se dejaron intimidar por el hecho de que Bukele se saltara los límites constitucionales para presentarse a la reelección en 2024. Siguen apoyándolo después de que los legisladores eliminaran por completo los límites de mandato en julio de 2025.
Bukele visitó la Casa Blanca en abril de 2025, donde resaltó su amistad con Trump y su predilección común por emplear medidas severas contra presuntos miembros de pandillas. Bukele ha sido un notorio colaborador en el cuestionable uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes sin el debido proceso a una prisión de alta seguridad en El Salvador, entre otros lugares. Pero más allá de sus similitudes de «mano dura» contra el crimen, Bukele y Trump son ambos criptohermanos probados y pioneros en la descarada mezcla de intereses públicos y privados en criptoempresas.
Peligros para los autócratas
Por el momento, líderes autoritarios como Trump y Bukele se han beneficiado de las criptomonedas. El panorama es diferente para Milei, cuyo escándalo de $libra ha atraído un creciente escrutinio sobre el libertario presidente argentino y su círculo íntimo. En Rusia, mientras tanto, las criptomonedas se han utilizado sin escrúpulos para el esfuerzo bélico en Ucrania y para evadir sanciones10.
El Kremlin ha animado a las elites a utilizar el criptointercambio Garantex y otra plataforma respaldada por el Estado para eludir las sanciones a las transacciones transfronterizas. El gobierno confía en Tether para acuerdos de armas y para apoyar los esfuerzos separatistas sobre el terreno en Ucrania. Yevgeni Prigozhin, el difunto líder del Grupo Wagner y aliado del presidente Vladímir Putin hasta que lideró un breve motín en 2023, estaba vinculado a una cartera bitcoin que contenía el equivalente a miles de millones de dólares estadounidenses para financiar sus operaciones mercenarias internacionales.
Rusia ha tomado medidas para centralizar las operaciones de minería de bitcoin, restringiendo esta actividad en algunas zonas del país y permitiéndola en otras para proteger las instalaciones y el suministro de energía. Al mismo tiempo, ha creado un registro de «superinversores» a los que se permite y anima a utilizar las bolsas autorizadas por el gobierno. Esta centralización de la criptogobernanza sirve tanto para consolidar la soberanía económica en un contexto de sanciones internacionales como para habilitar selectivamente redes extralegales alineadas con los objetivos del Estado, al tiempo que impide la acumulación autónoma de riqueza por parte de adversarios, como ha ocurrido en otros contextos.
En 2017, Nicolás Maduro, el autoritario presidente de Venezuela, anunció la creación de una criptodivisa emitida por el gobierno, el petro, la primera de este tipo. Maduro afirmó que el petro estaba respaldado por una «cesta de materias primas» de recursos naturales, incluidos 5.000 millones de barriles de petróleo crudo sin explotar de la Faja del Orinoco. Un petro iba a valer 60 dólares estadounidenses, aproximadamente lo que valía un barril medio de petróleo en aquel momento. El gobierno intentó frenar el aumento de la inflación vinculando los salarios, las transferencias de ayuda social y los tipos impositivos al valor del petro. Además del uso del petro como unidad de cuenta, creó un monedero oficial, similar al que Bukele estableció en El Salvador, para distribuir fondos sociales en bolívares anclados en el valor fijo del petro. Sin embargo, a pesar de denominarse moneda digital, el petro nunca llegó a funcionar como tal. En lugar de ello, el gobierno esperaba utilizarlo como una herramienta encubierta para recaudar ingresos, de forma similar a las memecoins actuales, utilizadas tanto por actores privados como por funcionarios del gobierno y sus familiares, al igual que en eeuu. Pero la estrategia fracasó, entre otras cosas debido a las sanciones impuestas por eeuu contra el activo digital.
Ante las sanciones a la industria petrolera y una profunda crisis económica de hiperinflación y escasez de dólares, el gobierno venezolano creó un marco regulatorio y un entorno acogedor para los criptoinversores, lanzando la Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas (Sunacrip). Estas acciones promovieron la expansión de la minería de bitcoin en Venezuela, con la aquiescencia y el apoyo directo del gobierno.
En 2023, sin embargo, el propio gobierno anunció una investigación sobre una trama de corrupción en la que funcionarios públicos, en coordinación con la Sunacrip, utilizaban criptocarteras y activos para eludir las sanciones petroleras y vender petróleo venezolano en los mercados internacionales apropiándose de una parte de esos ingresos. En esas transacciones se habrían malversado unos 3.000 millones de dólares. La investigación condujo al encarcelamiento del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y del superintendente de Sunacrip, Joselit Ramírez, entre otros altos funcionarios. El esquema puede haber costado a la petrolera nacional, pdvsa, entre 16.000 y 21.000 millones de dólares debido a las ventas de petróleo desviadas.
El gobierno se había vuelto contra una de las herramientas a la vanguardia de su lucha contra las sanciones. Reorganizó pdvsa y Sunacrip, así como el Ministerio de Finanzas, y procesó a decenas de altos funcionarios. Estas investigaciones apuntan a una lucha interna más amplia en la cúpula del Estado. Posteriormente, el gobierno desmanteló el criptoecosistema oficial que había fomentado durante años y comenzó a perseguir a sus participantes. Incluso ha lanzado redadas para desmantelar operaciones mineras. Muchas granjas de criptominería dejaron de operar por iniciativa propia, incluso antes de ser allanadas.
El caso pdvsa-cripto, como se conoce en Venezuela, es una muestra de cómo el uso intencionado de los criptoecosistemas también puede resultar contraproducente para los autócratas. Más allá de la investigación por corrupción, representa la aparición de un círculo interno que pudo haber alcanzado la autonomía suficiente para independizarse de Maduro y sus aliados.
El gobierno se inclinó inicialmente por apoyar el ecosistema de criptodivisas al servicio de sus objetivos estratégicos. El fin principal era eludir las sanciones y facilitar las transacciones transfronterizas de petróleo. Pero la expansión de este ecosistema permitió a los actores privados y a los funcionarios del Estado construir una fuerza alternativa dentro de las filas del gobierno que potencialmente podría amenazar el poder de la elite establecida. El ecosistema de las criptomonedas ofrece una ventaja especial para la aparición de un nexo autónomo entre la política y los negocios gracias al anonimato, un riesgo con el que tendrán que lidiar otros líderes autoritarios que participen en el mundo de las criptomonedas.
Acelerador de la policrisis
En los últimos años, el mundo se ha enfrentado a una serie de crisis complejas, desde una pandemia mundial a perturbaciones del comercio, guerras, cambio climático y millones de migrantes que buscan protección frente a la violencia y la miseria. Los expertos han calificado esta situación de policrisis, en la que varias perturbaciones y sus efectos se refuerzan mutuamente11. El auge de la gobernanza autoritaria en este contexto es un signo de una tendencia antidemocrática mundial que favorece el unilateralismo, niega el cambio climático y rechaza incluso los intentos modestos de conseguir mayores niveles de justicia social e igualdad. Parte de esta ola autoritaria incluye el respaldo a nuevas herramientas financieras como las criptodivisas, que aúnan los intereses de las nuevas elites y los oligarcas tecnológicos.
El criptoautoritarismo está sazonado en el discurso popular por una ideología «anti-woke» y un creciente énfasis en el resentimiento masculino y blanco. De manera concreta y material, esta forma de autoritarismo surge de la alianza entre funcionarios estatales y los intereses de la industria de las criptodivisas. El resultado es la promoción de instrumentos que transfieren dinero público a manos privadas, promueven estafas y recompensan actividades ilegales y violentas.
En la era del criptoautoritarismo, las elites no solo buscan extraer beneficios de la regulación estatal; los criptobros también aspiran a manejar ellos mismos los resortes del poder. Al depender de un ecosistema sumido en la volatilidad y el fraude, y en constante necesidad de insumos energéticos, el auge del criptoautoritarismo solo puede ser un acelerador de las crisis financieras, medioambientales y políticas.
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*Antulio Rosales: Es profesor asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de New Brunswick (Canadá).
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Nota: una primera versión de este artículo, en inglés, se publicó en Current History vol. 124 No 865, 2025.
1. A. Rosales y Ty Tarnowski: «El nacionalismo criptoeconómico de Trump 2.0» en Nueva Sociedad edición digital, 1/2025, disponible en nuso.org
2. Casa Blanca: «Establishment of the Strategic Bitcoin Reserve and United States Digital Asset Stockpile», Washington, DC, 6/3/2025.
3. Casa Blanca: «Fact Sheet: President Donald J. Trump Signs genius Act into Law», Washington, DC, 18/7/25
4. Eric Lipton, David Yaffe-Bellany y Ben Protess: «Secret Deals, Foreign Investments, Presidential Policy Changes: The Rise of Trump’s Crypto Firm» en The New York Times, 29/4/2025.
5. Daniella Cheslaw: «Trump’s Crypto Bond with the UAE» en Politico, 9/12/2024.
6. E. Lipton, D. Yaffe-Bellany y B. Protess: ob. cit.
7. Titus Meijering y A. Rosales: «Bitcoin as Tool for Financial Inclusion in El Salvador: The Perils of Authoritarian Governance» en Journal of Politics in Latin America vol. 17 No 2, 2025.
8. MacKenzie Sigalos; «El Salvador’s $425 Million Bitcoin Experiment Isn’t Saving the Country’s Finances» en CNBC, 25/6/2022.
9. Nelson Rauda Zablah: «Los apóstoles del bitcoin que conquistaron El Salvador» en Nueva Sociedad No 300, 7-8/2022, disponible en nuso.org
10. «Rusia elude las sanciones de EEUU con una nueva criptomoneda, afirman expertos» en Swiss Info, 26/7/2025.
11. Eric Helleiner: «Economic Globalization’s Polycrisis» en International Studies Quarterly vol. 68 No 2, 6/2024.
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Fuente:
