Honduras sigue sumida en una profunda crisis de legitimidad
Miles de irregularidades ignoradas mientras Washington bendice el resultado:
Honduras bajo tutela
lantidiplomatico.it
25/12/2025
La proclamación de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente electo de Honduras no pone fin a la crisis política surgida tras las elecciones del 30 de noviembre, sino que la consolida. Tras más de tres semanas de recuento irregular de votos, interrumpido en varias ocasiones y marcado por anomalías técnicas y quejas formales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció un resultado que, para amplios sectores políticos y sociales del país, no representa una victoria electoral, sino el resultado de un golpe institucional disfrazado de procedimiento democrático.
Según datos publicados por el CNE, Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, obtuvo poco más del 40% de los votos, superando al liberal Salvador Nasralla por menos de un punto porcentual. Esta es una diferencia mínima, que surge en un contexto donde miles de informes contienen errores, inconsistencias numéricas o irregularidades sin resolver. De más de 18.000 informes, casi 2.750 han sido marcados por diversos problemas, mientras que decenas de miles de quejas formales aún esperan respuesta. A pesar de ello, dos de los tres componentes del CNE han emitido una proclamación final, ignorando las solicitudes de recuento voto por voto.
El proceso de recuento se vio paralizado repetidamente por la falla del sistema de transmisión de resultados preliminares, TREP, administrado por la empresa colombiana Grupo ASD. Las interrupciones prolongadas, algunas de ellas de varios días, se explicaron por un supuesto mantenimiento técnico, violando el principio de continuidad operativa. El apagón informativo, ocurrido precisamente cuando la diferencia entre candidatos era mínima, alimentó las sospechas de manipulación deliberada del tiempo y los flujos de datos.
Marlon Ochoa, consejero titular del CNE en representación de Libertad y Refundación (Libre), también denunció abiertamente la ilegitimidad de la proclamación. Ochoa la calificó sin rodeos de ilegal, impuesta antes del recuento final y sin resolver las quejas pendientes. Según el funcionario, la decisión se tomó bajo presión externa y en un contexto de clara subordinación geopolítica, llegando incluso a calificar lo sucedido de "golpe de Estado electoral". Ochoa afirmó que el 24 de diciembre de 2025 marcará una fecha oscura en la historia del país, el día en que la voluntad popular fue sustituida por los intereses imperialistas.
Las acusaciones de injerencia estadounidense permean todo el conflicto poselectoral. El rápido reconocimiento del resultado por parte de Washington y el apoyo público del presidente Donald Trump a Asfura durante la campaña se citan como elementos clave de influencia política. No solo simbólica, sino operativa. Según varios informes, durante el silencio electoral se difundieron mensajes intimidatorios, especialmente dirigidos a ciudadanos que recibían remesas del extranjero, con el objetivo de influir en el voto por temor a represalias económicas.
Este es el contexto de la dura postura de Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, quien calificó la proclamación de Asfura como una imposición extranjera y un acto que destruye la ya frágil democracia hondureña. Moncada acusó al CNE de actuar bajo las órdenes de Estados Unidos y del bipartidismo tradicional, denunciando la existencia de una trama fraudulenta documentada por decenas de grabaciones de audio que demuestran la premeditación de las irregularidades. La candidata reiteró que las anomalías en el TREP y los miles de informes irregulares no son incidentes técnicos, sino instrumentos de una agenda política precisa, y anunció una resistencia continua contra lo que ella llama un golpe electoral.
Salvador Nasralla también se negó a reconocer la victoria de Asfura, alegando la falta de respuesta a aproximadamente 10.000 denuncias presentadas por el Partido Liberal, que supuestamente afectan a al menos dos millones de votos. Para Nasralla, aceptar la proclamación en nombre de la "estabilidad" equivaldría a legitimar la corrupción estructural que domina el sistema político hondureño. Sus acusaciones se extendieron directamente a las autoridades electorales firmantes de la declaración, quienes presuntamente abandonaron el país y operaron desde lugares desconocidos, alegando ser víctimas de persecución política.
Si bien el calendario institucional prevé la toma de posesión de un nuevo presidente el 27 de enero, Honduras sigue sumida en una profunda crisis de legitimidad. Más que una transferencia de poder rutinaria, lo sucedido es percibido por amplios sectores de la sociedad como el regreso a un modelo familiar: un sistema bipartidista protegido del exterior, una democracia administrada y una soberanía subordinada. En este contexto, la proclamación de Asfura no parece el fin de un proceso electoral, sino el acto formal de una ruptura política destinada a forjar el futuro a largo plazo del país.
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