La formalización docente busca saldar la deuda histórica con los catedráticos, pilares de la educación superior, aún sumidos en precariedad laboral
John Jairo Gelvis Vargas
las2orillas.co | agosto 27, 2025
Desde la promulgación de la Ley 30 de 1993 sobre educación superior, la cual consagró la autonomía universitaria para dirigir procesos administrativos, académicos y organizativos, se abrió un camino importante en la regulación del ejercicio docente. En dicha norma se establece la figura del profesor catedrático como aquel que aporta sus conocimientos y experiencias profesionales a la vida académica. Sin embargo, esta modalidad se consolidó con grandes desigualdades, pues la distribución presupuestal favoreció a unas pocas universidades que lograron mayor capacidad para sostener procesos de acreditación institucional y de registro calificado.
En contraste, las universidades públicas de provincia se han visto obligadas a sostenerse con presupuestos limitados, dependiendo en gran medida de los docentes de cátedra. Para muchos profesionales, la docencia universitaria se convirtió en un estilo de vida durante más de tres décadas, obligándolos incluso a endeudarse para cursar posgrados con el fin de mejorar sus competencias, aunque sus ingresos apenas alcanzan lo suficiente para subsistir. Un ejemplo de ello es que, en universidades públicas de provincia, un profesor con diez horas semanales, incluyendo asesoría, puede devengar apenas $25.000 por hora, es decir, cerca de $1.000.000 mensuales, con el agravante de que, pese a contar con veinte o veinticinco años de experiencia, cada vez reciben menos horas de clase.
En este escenario, el presidente de ASPU Cúcuta, Jose Ricardo Bermúdez Santaella, ha insistido en que la formalización docente es la vía hacia la igualdad y la dignidad de los catedráticos. ASPU Nacional, en conjunto con diferentes seccionales, viene ejerciendo presión para que las universidades públicas y el Ministerio de Educación den cumplimiento al Decreto 391 del 1 de abril de 2025, el cual constituye el único reglamentario del sector educación y establece lineamientos para implementar planes de formalización laboral en las Instituciones de Educación Superior Estatales u Oficiales. Dicho decreto, disponible en el portal oficial del Estado, representa una esperanza frente a la histórica deuda con los docentes de cátedra, especialmente los de provincias, que son pilares en la consolidación de la educación superior colombiana.
Muchos de ellos, para garantizar un ingreso digno, deben repartir su tiempo entre dos o tres universidades, sacrificando estabilidad y bienestar. Aunque la docencia universitaria es considerada una labor noble y formadora de profesionales, sigue siendo un ejercicio marcado por la precariedad laboral. Con la expedición del decreto, el Ministerio abre la puerta a condiciones más justas, respaldadas tanto por los rectores como por el sindicato ASPU, que ha hecho de esta causa una bandera central en su lucha.
El actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha reiterado en distintos escenarios que la formalización docente será observada con rigor. Ha establecido comunicación directa con la dirigencia de ASPU y con las autoridades de las 33 universidades públicas del país, con el propósito de garantizar que la implementación del decreto no se dilate. En discursos previos, el ministro ya había reconocido que gran parte de los avances en investigación dentro de las universidades provienen de los catedráticos, y que es necesario dignificar sus condiciones laborales para fortalecer el futuro de la educación superior.
Además, resaltó que los docentes son pilares en la transformación de la sociedad, pues a través de sus estudiantes proyectan un cambio en el país. La deuda social con este gremio se hizo aún más evidente durante la pandemia, cuando numerosos profesores fallecieron en condiciones precarias, algunos incluso corrigiendo exámenes desde hospitales para cumplir con sus compromisos académicos.
En ese sentido, la formalización docente no solo busca saldar una deuda histórica, sino también reconocer el papel esencial que cumplen estos profesionales en la construcción de un país más equitativo y con mayor justicia social.
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