UN VERDADERO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES NO ES UNA DÁDIVA NI UNA CONCESIÓN

Eduardo Luque

elviejotopo.com 

La disputa en torno a la naturaleza de las pensiones —si deben entenderse como salario diferido o como prestaciones financiadas vía impuestos— no constituye un simple tecnicismo. Se trata, en realidad, de una batalla ideológica y política por la definición del modelo de sociedad que queremos construir. Esta tensión se sitúa en el corazón mismo de los debates sobre el futuro del Estado del bienestar en Europa, especialmente a raíz de la crisis financiera de 2008 y la posterior imposición de políticas de austeridad promovidas por instituciones internacionales y gobiernos nacionales.

Hoy, este debate adquiere una nueva dimensión: los grandes grupos económicos y financieros, en connivencia con sectores del poder político, han fijado su mirada en la privatización parcial o total del sistema público de pensiones como un mecanismo para canalizar billones de euros hacia sus mercados, alimentando así una economía de guerra en expansión. La presión para transformar el sistema desde dentro y de forma progresiva diluyendo su naturaleza contributiva, forma parte de una estrategia más amplia de reconfiguración del Estado social bajo criterios mercantiles y geopolíticos. Es un proceso que se arrastra desde 1998 cuando el Banco Mundial definió las líneas maestras de lo que deberían ser las pensiones públicas en un futuro.

En este contexto, el dilema entre salario diferido o impuestos se convierte en un eje de disputa política, que contrapone dos modelos irreconciliables. Uno basado en los derechos sociales derivados del trabajo, en la solidaridad intergeneracional y en la garantía pública de rentas dignas. Otro que concibe las pensiones como una carga fiscal, contingente y recortable, sujeta a los vaivenes presupuestarios y a la lógica del mercado financiero. Decidir entre uno u otro no es una cuestión neutra: es optar por el tipo de ciudadanía, de economía y de futuro que queremos para las próximas generaciones.

Asumir que las pensiones son salario diferido no es solo una precisión conceptual: es un acto de defensa frente al desmantelamiento del Estado social. Significa reconocer que no se trata de una dádiva, ni de una carga fiscal, sino de un derecho ganado con años de trabajo, esfuerzo y cotización. Esta visión devuelve a las pensiones su dignidad originaria y las protege frente a la ofensiva neoliberal que, desde hace décadas, intenta mercantilizar todos los rincones de la vida. Concebirlas así es resistir al proyecto de convertir la vejez en un negocio y la protección social en un mercado. Es afirmar que el trabajo no debe ser reducido a mercancía y que el bienestar no puede quedar al arbitrio de los fondos de inversión. En última instancia, es defender la idea de que el trabajo sigue siendo el fundamento legítimo del derecho a una vida digna también después de la jubilación.

Detrás de los discursos que presentan las pensiones como un gasto público más, financiado vía impuestos, se oculta un proyecto político cuidadosamente diseñado. Los grandes grupos de poder que apuestan por la privatización del sistema público de pensiones no solo disputan su financiación, sino su significado profundo. Quieren despojar a las pensiones de su carácter de derecho laboral, para reducirlas a una prestación asistencial más, sometida al vaivén presupuestario y a la voluntad del gobierno de turno. En esta lógica, las pensiones —incluso las contributivas— dejan de ser una garantía derivada del trabajo y se convierten en una asignación condicionada, frágil, cambiante, y por tanto, cada vez más vulnerable a los recortes y a la lógica privatizadora.

Asimilarlas a un impuesto es el primer paso para transformarlas en mercancía. Porque si todo depende del presupuesto, todo puede recortarse, redefinirse o externalizarse. Así se socava su legitimidad, se debilita su estabilidad y se allana el camino hacia su progresiva sustitución por esquemas financieros individuales. En este pulso ideológico no se discute solo la contabilidad pública: se dirime el sentido mismo del Estado social.

Por eso, más allá de cifras, modelos o proyecciones actuariales, la sostenibilidad del sistema de pensiones es una cuestión esencialmente política. Y la pregunta que nos interpela es clara y urgente: ¿queremos un sistema basado en derechos sociales conquistados por el trabajo o nos resignamos a una beneficencia fiscal, reversible y precaria? La respuesta a esta disyuntiva definirá no solo el futuro de las pensiones, sino el tipo de sociedad en la que queremos envejecer.

La concepción del sistema de pensiones contributivas como salario diferido hunde sus raíces en la tradición del Estado social de derecho, y en las luchas sindicales de los siglos XIX y XX. Las cotizaciones sociales son por una parte salario “diferido” en cuanto que generan un derecho a la prestación y por otra un salario que, en términos de solidaridad de clase intergeneracional, se constituye en la fuente de financiación del gasto actual.

Un verdadero sistema público de pensiones no es una dádiva ni una concesión: es la expresión concreta de un pacto social fundado sobre el trabajo y la justicia. Su legitimidad emana del vínculo entre la vida laboral y el derecho a una pensión; no como un favor, repito, sino como una deuda social jurídicamente exigible. Es un modelo solidario, donde quienes hoy trabajan sostienen con sus cotizaciones a quienes ayer lo hicieron, encarnando así una forma de reciprocidad intergeneracional. Su autonomía institucional, está garantizada por la gestión pública y su financiación mediante cotizaciones sociales, lo que ayuda a preservarla de la arbitrariedad presupuestaria y de los vaivenes del ciclo político. Su blindaje jurídico no es una formalidad más: protege los derechos acumulados durante décadas para que no puedan ser recortados por decreto sin incurrir en una violación flagrante del contrato social con las consecuencias políticas o electorales que eso comporta.. Este sistema no solo sobrevive gracias a su arquitectura legal y financiera, sino porque cuenta con una legitimidad profundamente arraigada: los trabajadores lo perciben como el fruto legítimo de su esfuerzo, no como un subsidio. Por eso resiste los embates de la mercantilización y los cantos de sirena de los fondos privados. Porque allí donde se desmonta el sistema público, no se libera al individuo: se le precariza y se le condena a la incertidumbre del mercado.

Desde la década de 1990, el sistema público de pensiones ha sido objeto de una relectura ideológica impulsada por la expansión del pensamiento neoliberal y los imperativos de consolidación fiscal dictados desde organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Bajo ese influjo, lo que en España fue durante décadas un derecho vinculado directamente al trabajo se intenta redefinir como un gasto redistributivo, sometido a los márgenes del déficit y al arbitrio del presupuesto general del Estado y del color del partido político dominante.

“Las cotizaciones sociales son impuestos sobre el trabajo. Lo ideal es sustituirlas por impuestos generales y fomentar el ahorro individual.”— Banco Mundial, Averting the Old Age Crisis (1994)

Esta mutación no ha sido casual ni neutral. En el caso español, se ha traducido en una serie de reformas que, bajo el pretexto de garantizar la sostenibilidad, han debilitado sistemáticamente el principio contributivo, trasladando el centro de gravedad del sistema desde las cotizaciones sociales hacia los ingresos fiscales generales. Se pretende romper el vínculo histórico entre trabajo y pensión, y el sistema, antes construido sobre la base de la reciprocidad entre generaciones, pasa a funcionar como una política asistencial más, gestionada desde la lógica del recorte del gasto público.

Proponer que las pensiones, especialmente las contributivas- se incorporen al presupuesto estatal multiplica su exposición a los recortes. A partir de ese momento, las pensiones comienzan a competir con otras partidas: sanidad, educación, defensa, deuda…. Ya no se trataría de derechos adquiridos, sino de gastos comunes. Y en ese desplazamiento conceptual radica la trampa: deslegitimar el modelo de reparto es el primer paso para justificar su sustitución progresiva por esquemas privados de capitalización. De hecho, en España, esta narrativa está sirviendo, en determinados espacios de debate teórico, como plataforma discursiva para promover los planes privados de empresa. Por otra parte la retirada de las cotizaciones conllevaría otro característica regresiva, la patronal incrementaría sus beneficios a costa de la reducción del salario social.

En definitiva lo que está en juego no es sólo el equilibrio de un sistema contable, sino la concepción misma de un modelo social. En el caso español, la presión para reconvertir el sistema público en un dispositivo fiscal genérico forma parte de una estrategia más amplia: diluir los derechos sociales en la lógica del mercado, subordinar la seguridad colectiva a la rentabilidad privada, y transformar la vejez en un nuevo campo de acumulación financiera. Intencionadamente se olvida en este debate un factor relevante: la viabilidad del sistema de pensiones no se determina únicamente por la proporción entre trabajadores activos y jubilados. Factores como el crecimiento económico, la inmigración, las politicas fiscales, la productividad y las políticas de empleo resultan igualmente fundamentales. Un crecimiento económico constante contribuye a incrementar los ingresos derivados de las cotizaciones, aliviando así la carga financiera del sistema, incluso frente a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. Además, las propias aportaciones de los pensionistas, a través del consumo y la inversión, generan empleo y beneficios netos para el Estado, fortaleciendo el círculo económico que sostiene el sistema de protección social.

El cambio discursivo, que pretende desplazar la concepción de las pensiones de un salario diferido a un impuesto, ha servido como instrumento para facilitar reformas estructurales orientadas a debilitar el sistema público y abrir paso a la expansión de la capitalización individual. Organismos internacionales como la OCDE y el FMI han impulsado con insistencia la llamada “tercera vía” en los sistemas de pensiones, basada en un esquema híbrido donde un “pilar básico” público, concebido como mínimo y asistencial, convive con diversos “pilares” privados de capitalización. La narrativa oficial sostiene que “el Estado debe garantizar un piso de protección, pero la responsabilidad principal debe recaer sobre el individuo” (OCDE, Pensions at a Glance, 2019). Este viraje discursivo revela la tensión entre un modelo de bienestar público basado en la solidaridad colectiva y una lógica mercantil que relega la protección social a una cuestión individual y financiera. La crisis de los sistemas de pensiones, lejos de ser un fenómeno accidental, es expresión directa de una estrategia de desmantelamiento del Estado social.

La Constitución Española, en su artículo 41, establece que los poderes públicos deben

“mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.”

Aunque la redacción del precepto es ambigua y de naturaleza programática, el Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición como una obligación jurídica de garantía efectiva, que trasciende el mero enunciado declarativo (STC 102/1988, de 11 de julio). En la praxis, el sistema de pensiones español ha operado históricamente bajo el principio de salario diferido y reparto, conforme al cual las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de los pensionistas. No obstante, los discursos oficiales y las políticas públicas, especialmente desde la Comisión del Pacto de Toledo, insistido en la han introducción de elementos asistenciales. En realidad y como advierten varios autores se mantiene la lógica contributiva en el discurso aunque en la práctica se avanza hacia un modelo mixto, con elementos asistenciales.

18 junio, 2025