Trump avala la vuelta al infierno
El hambre como método de guerra y crimen contra la humanidad
Carmen Rocío García Ruiz*
The Conversation.com
Decía Rousseau en su obra El contrato social que “el derecho es la base sobre la cual los hombres pueden vivir sin temor, haciendo posible que los débiles sean protegidos contra los poderosos”.
De esto sabe mucho el derecho internacional, forjado a través de siglos y conflictos devastadores en aras de imponer a los estados obligaciones que limiten su poder soberano para proteger a los más vulnerables y garantizar la convivencia en paz.
Asistimos a un momento histórico desalentador. Los líderes de Estados de gran peso internacional ignoran sin pudor las normas a las que se habían comprometido y asientan su discurso sobre la premisa del desprecio al derecho. Es ese lenguaje común el que parece situarnos ante la quiebra del orden internacional basado en reglas configurado después de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se explica el devenir de los grandes conflictos de la actualidad.
La irrupción de Donald Trump y las medidas adoptadas en sus primeras semanas de segundo mandato evidencian el cambio de rumbo de Estados Unidos, que ha pasado de considerarse garante del orden establecido a despreciar sus normas. Sus labores de mediador se impregnan necesariamente de estas premisas.
Sanción de Trump a la Corte Penal Internacional
No es casual que una de sus primeras decisiones fuese firmar una orden ejecutiva que sanciona a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”. La CPI es una institución judicial independiente encargada de hacer justicia a las víctimas de delitos internacionales graves cuando no tienen a quién recurrir. Es un tribunal de última instancia que cuenta con el apoyo de 125 estados miembros y opera en más de 16 países de todo el mundo.
Llamada a juzgar los más graves crímenes internacionales –agresión, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad–, el 21 de noviembre de 2024 emitió sendas órdenes de arresto contra Bejamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y tres jefes de la organización palestina Hamás, como presuntos responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el conflicto Israel-Gaza.
El hambre como método de guerra y crimen contra la humanidad
Entre los cargos atribuidos al mandatario israelí como crímenes de guerra figura hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, privándola de los elementos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar la ayuda humanitaria, lo que contraviene los Convenios de Ginebra de 1949.
También indica el fiscal que los actos causan deliberadamente grandes sufrimientos y atentan gravemente contra la integridad física y la salud de la población civil. Sobre todo, al dirigir de manera indiscriminada ataques contra ella sin respetar el principio de proporcionalidad.
Por lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, el fiscal señala que hay motivos razonables para creer que Netanyahu (y Gallant) son responsables del asesinato de civiles que murieron de hambre. Provocar hambre como método de guerra se contempla en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como crimen de guerra, pero no está recogido como crimen de lesa humanidad. Esta es la razón por la que el fiscal se refiere, en el marco de los crímenes de lesa humanidad investigados, al “asesinato de civiles que mueren de hambre”.
Los sospechosos tenían la intención de que estas muertes se produjeran o eran conscientes de que se producirían en el curso del conflicto. La recién aprobada ley del Parlamento israelí que prohíbe las actividades de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) es una prueba de tal intención.
En palabras del fiscal de la Corte Karim Asad Ahmad Khan: “Mi oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotográfico y de audio autentificado, imágenes por satélite y declaraciones del presunto grupo perpetrador, demuestran que Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todo Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.
Negociaciones dinamitadas
Es en este contexto de sufrimiento extremo de la población civil en el que se alcanzó en enero de 2025 el acuerdo de alto el fuego, tras meses de negociaciones con la mediación de Estados Unidos, Catar y Egipto que resultaron en un detallado plan de tres fases sobre cómo debería avanzar la tregua.
En la primera fase, Hamás liberó a 33 rehenes a cambio de que Israel excarcelara a unos 1 900 prisioneros palestinos y permitiera la entrada de ayuda humanitaria y otros bienes a la Franja de Gaza.
Tras el alto el fuego y el regreso de miles de gazatíes desplazados a sus hogares, Hamás e Israel debían iniciar el diálogo para la segunda fase. Las partes habían acordado que las negociaciones de esta etapa incluirían la liberación de todos los rehenes restantes, así como la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja, lo que llevaría al fin permanente de la guerra.
La primera fase finalizó el 1 de marzo, pero las negociaciones para la siguiente etapa no avanzaron. En su lugar, Israel impuso una suspensión total de toda la ayuda que entraba en Gaza y aseguró respaldar una nueva propuesta elaborada por Estados Unidos.
A mediados de marzo, las delegaciones de Israel y Hamás se reunieron en Catar para negociar el progreso del alto el fuego y el enviado estadounidense, Steve Witkoff, presentó su nueva “propuesta de transición” que habría extendido la primera fase, ya expirada. Más rehenes regresarían a casa a cambio de la liberación de más prisioneros palestinos, pero se retrasarían las negociaciones sobre el fin permanente de la guerra.
Trump avala la vuelta al infierno
En la madrugada del 18 de marzo, Israel, con el aval de Estados Unidos, rompió la tregua al realizar bombardeos masivos contra la franja, ocasionando unos 400 muertos y 600 heridos, estimándose que decenas de niños se encuentran entre las víctimas.
Se reanuda el conflicto y se cumplen así los pronósticos de quienes entendían que el acuerdo de paz nació con pies de barro. Al ser un acuerdo entre un Estado y un grupo armado no estatal, su fuerza vinculante queda sujeta a la voluntad de las partes, y son muchos quienes desde el inicio subrayaron la dificultad de que Israel accediera en la segunda fase a ejecutar la retirada de tropas acordada.
Horas después de los ataques, Netanyahu ha asegurado que “es solo el comienzo” y ha cerrado la puerta a la vía diplomática: “A partir de ahora, las negociaciones solo tendrán lugar bajo el fuego”; el fuego del infierno en el que se consume una población masacrada sin contemplaciones por ambas partes del conflicto, condenada a un sufrimiento ignorado y deshumanizado por muchos de sus congéneres y que ve cada vez más lejos su única esperanza de protección: el cumplimiento del derecho.
19 marzo 2025 22:52 CET
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*Carmen Rocío García Ruiz: Profesora contratada doctora en Derecho Internacional Público. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Loyola Andalucía. Cláusula de Divulgación. Carmen Rocío García Ruiz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. Universidad Loyola Andalucía aporta financiación como institución colaboradora de The Conversation ES.
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