El anuncio de la Convocatoria de una Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad que habrá de reunirse en Bogotá el 31 de mayo y el primero de junio deberá ocuparse como lo señala su convocatoria de la Agenda de las Reformas Sociales del Gobierno y de su política de Paz
By Pedro Santana Rodríguez
Mientras el presidente de la República Gustavo Petro denuncia la puesta en marcha de un “golpe blando” que estaría expresado en la oposición en el Congreso a las reformas sociales que han sido presentadas y que no avanzan o se hunden y principalmente de la rama judicial con los fallos adversos en diversas materias, la olla de corrupción en que se ha convertido la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, sigue creciendo no solo por las denuncias en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla y por lo que estos exfuncionarios puedan demostrar en contra de otros funcionarios del gobierno en busca de un principio de oportunidad que negociarán con la fiscalía General de la Nación, se conocen nuevas decisiones judiciales en contra de los proyectos del gobierno aprobados por el Congreso. La última de estas decisiones judiciales echa abajo la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. La Corte Constitucional deja con vida este ministerio hasta el año 2026 y su continuidad dependerá de que el Congreso trámite una nueva reforma para su creación que cuente con el aval del Ministerio de Hacienda sobre su viabilidad fiscal.
Para mencionar otros tres casos de relevancia, (1) el fallo que echo abajo la no deducibilidad de las regalías en el impuesto sobre la renta para las compañías dedicadas a la explotación de los recursos naturales, que representa un recorte de la reforma tributaria en 6.7 billones de pesos anuales con lo cual se disminuyen de manera sensible los recursos para inversión social y favorece a las multinacionales que se dedican a esa actividad. (2) el fallo que devuelve para que sea aprobado en el Senado el Plan Nacional de Desarrollo que según el alto tribunal tuvo vicios de trámite en su informe de conciliación por no haber sido publicado con suficiente tiempo en la Gaceta del Congreso. (3) el fallo que declaro inexequible el decreto de declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ambiental en la Guajira para hacer frente a una declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional que este mismo tribunal había declarado desde el año 2017. En algunos casos el alto tribunal alega vicios de forma, pero en otros, la Corte Constitucional revisa su jurisprudencia progresista y regresa al predominio de lo formal sobre lo sustancial, sobre lo material.
En verdad son múltiples los fallos de las altas Cortes de Justicia en contra de las leyes y actos administrativos que buscan desarrollar estas leyes. En el Consejo de Estado que normalmente es paquidérmico, en el examen de los actos administrativos de este gobierno, se ha mostrado oportuno y diligente. Mientras por denuncias sobre fraudes electorales en las elecciones de 2002 y 2014 los fallos de este tribunal para pérdidas de investidura demoraron casi cuatro años y los parlamentarios afectados casi terminan su período o también en el caso de la demanda contra la fraudulenta e ilegal reelección del Procurador Alejandro Ordoñez que casi logra terminar su segundo período, en el caso de las demandas de pérdida de investidura en contra de parlamentarios del Pacto Histórico ya van cinco fallos adversos que han dejado por fuera a estos parlamentarios. En estos casos si ha habido diligencia y prontitud. Y no es que esto esté mal pues la justicia debe ser oportuna y eficaz. Lo que sucede es que hay aquí un doble rasero diligentes para fallar en contra de Congresistas progresistas y morosos cuando se trata de Congresistas del régimen conservador.
Es esta una de las razones principales que esgrime el presidente de la República para denunciar que esta en marcha un “golpe blando”. En verdad, a mi juicio, algunas de estas decisiones podrían ajustarse a hechos que se presentan cuando se pone en marcha un proceso de destitución del presidente de la República como cuando se presentó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, a Manuel Zelaya en Honduras o Pedro Castillo en Perú, sin embargo, no se presentan ataques sistemáticos y concertados que es una de las características del Lawfare o guerra jurídica contra el presidente. En el caso de las decisiones de las altas Cortes corresponde más bien al espíritu conservador que predomina en ellas y en el caso de la Corte Constitucional a un proceso regresivo por la composición que tiene actualmente este alto tribunal.
El otro factor es el que tiene que ver con las actuaciones del Congreso de la República y el juego perverso de una oposición sin proyecto que ha hecho del filibusterismo y del ataque personal al presidente sus banderas de lucha. Frente a las propuestas de reforma el recurso principal de los opositores es la mentira, el obstruccionismo, recurriendo a triquiñuelas para retrasar las decisiones y cuando algunas de las propuestas logran ser aprobadas en el Congreso vienen demandas absurdas que en muchas ocasiones son admitidas por la rama judicial sin que tengan reales fundamentos. Pero en el juego político en el Congreso hasta ahora no se manifiesta un ambiente para que sea viable un juicio político al presidente de la República. ¿Esto podría variar? Si es posible, pero por ahora no es esta la situación.
Pero quizás donde con mayor virulencia se ataca al proyecto progresista es en el establecimiento tradicional. Los principales opositores son los grandes conglomerados económicos y financieros que han sido los más destacados beneficiarios del modelo neoliberal privatizador que se puso en marcha desde los años 90 del siglo XX, sus medios de comunicación corporativos son la punta de lanza, así como sus gremios económicos y sus tanques de pensamiento como Fedesarrollo y otros. El gobierno reaccionó demasiado tarde en tomar los medios de comunicación públicos y carece aún de una estrategia comunicativa y pedagógica.
En realidad, a mi juicio, lo que se presenta es un bloqueo institucional a las reformas. Este bloqueo institucional se concreta en estas decisiones de las altas Corte de Justicia que mal interpretan la protección de las minorías y de la oposición la cual debe contar con las garantías democráticas para su ejercicio. Este gobierno ha sido defensor de dichas garantías y debe seguirlo siendo a pesar de los desmanes de una oposición obstruccionista y desleal. Pero algunas decisiones de las altas Cortes favorecen el bloqueo institucional que se está aplicando a este gobierno. También forman parte de este bloqueo institucional las directivas de los partidos políticos tradicionales. La movilización social deberá presionar y manifestarse contra el bloqueo institucional para no dejar gobernar a Petro y para impedir que se aprueben reformas urgentes y necesarias para profundizar la democracia y reducir los aberrantes niveles de desigualdad y pobreza en que viven las mayorías nacionales.
Los llamados a la movilización y a la organización popular
Podría inferirse de las afirmaciones anteriores que es un error llamar a la organización y a la movilización social en respaldo a las reformas sociales y a la agenda de transición democrática, pero no es así. Ante el bloque institucional hace bien el gobierno y ahora ¡por fin! los anquilosados y burocratizados partidos de su coalición en llamar y propender por la organización popular. El anuncio de la Convocatoria de una Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad que habrá de reunirse en Bogotá el 31 de mayo y el primero de junio deberá ocuparse como lo señala su convocatoria de la Agenda de las Reformas Sociales del Gobierno y de su política de Paz. En su proceso de preparación debería ocupar un lugar central la pedagogía sobre los temas de la Agenda de Transición Democrática del Gobierno, sobre su Plan Nacional de Desarrollo y sobre cada uno de los proyectos de reforma.
Pero al mismo tiempo el gobierno tiene que avanzar en obras, en realizaciones. El presidente debería tomar muy en serio el reclamo de los jóvenes que en reciente reunión nacional le pidieron menos discursos y más hechos concretos. La carta de navegación del gobierno debe ser sin duda alguna el Plan Nacional de Desarrollo que contempla proyectos concretos y cuenta con los recursos suficientes.
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Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
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