Al gobierno este escándalo lo golpea en una de sus banderas de mayor credibilidad. El daño que estos personajes le ocasionan al gobierno es enorme pues horadan la legitimidad del gobierno en la lucha contra la corrupción
Pedro Santana Rodríguez
Después de las multitudinarias marchas y concentraciones de conmemoración del día universal de los trabajadores este primero de mayo realizadas también en respaldo del presidente Gustavo Petro, que se llevaron a cabo en más de cincuenta ciudades del país, dos hechos han ocupado la agenda pública nacional. El primero el escándalo por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y la presentación de la ponencia de dos integrantes del Consejo Nacional Electoral, CNE, frente a los topes de financiamiento de la campaña electoral de Gustavo Petro a la presidencia de la República en el año 2022.
Una entidad corrupta hasta sus cimientos
Los escándalos por los que atraviesa la UNGRD no son de ahora ni solo se han presentado bajo este gobierno. Innumerables son las denuncias por el manejo de los fondos destinados a la atención principalmente de los desastres naturales en el país. Pero que esta entidad haya sido objeto de señalamientos de innumerables casos de corrupción no exime a este gobierno de responsabilidad frente a los recientes hechos denunciados en relación con la compra de carrotanques destinados a dotar de agua potable a los habitantes de la Guajira, así como a los recursos destinados a los comedores comunitarios para esta misma región.
Olmedo López el exdirector cesado de su cargo y sus funciones por el presidente Gustavo Petro cuando se conocieron las denuncias por los sobrecostos en la compra de los carrotanques debe responder ante la justicia por el entramado de corrupción y los contratos que suscribió bajo su administración deben ser auditados para ver hasta dónde llegó su criminal actuación. En esto no debe haber la menor conmiseración pues la corrupción nos carcome por todos los sectores y este caso debe ser en su investigación y en su tratamiento ejemplar, tanto en la actuación de la fiscalía General de la Nación que debe investigar a fondo estos contratos y estos hechos como del gobierno que debe colaborar con dicha investigación. Los jueces determinaran la sanción a Olmedo López, así como al subdirector de dicha entidad Sneyder Pinilla y a todos los que estuvieron comprometidos con estos hechos. No es posible que estos delincuentes sean declarados inmunes de pagar por el hecho que decidan colaborar con la Justicia. El principio de oportunidad que debe estudiar y definir la fiscalía no puede llegar hasta conceder la inmunidad penal por el hecho que denuncien a sus socios en esta empresa criminal.
Como se sabe esta noticia criminal ha escalado puesto que Sneyder Pinilla ha implicado como beneficiarios de los hechos de corrupción al presidente del Senado de la República Iván Name quien, según Pinilla, habría recibido tres mil millones de pesos y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, quien habría recibido mil millones de pesos. Según Sneyder Pinilla estos recursos serían para que los implicados facilitaran el trámite de las reformas sociales que cursaban en el Congreso de la República. Esta causa no cuadra con las actuaciones de Iván Name quien ha sido un duro crítico y contradictor no solo de las reformas sino del gobierno y del presidente de la República. Su elección como presidente del Senado fue posible por el respaldo de los partidos de la oposición que lo apoyaron. Petro señala que más bien el destino de esos recursos iría destinado al financiamiento de las campañas electorales regionales de octubre del año 2022. Es esto lo que debe investigar la fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia. Los implicados y beneficiarios de estos hechos de corrupción deben ser investigados y sancionados si se comprueba su participación en estos hechos de corrupción.
Repercusiones políticas del escándalo
Por lo pronto como se sabe estos hechos han precipitado una crisis en el partido Verde que ya venía en una aguda controversia interna por la oposición de algunos de sus miembros como las representantes Katherine Miranda y Katherine Juvinao y los senadores J P Hernández y el propio Iván Name, a los proyectos de reforma a la salud, a las pensiones y la reforma laboral. Este sector había propugnado sin éxito por separar a dicho partido de la Coalición de Gobierno. Los señalamientos en contra de Sandra Ortiz mencionada como la persona que entregó los tres mil millones de pesos a Iván Name, también militante del partido Verde, agudizaron la crisis interna de dicha colectividad que se ha caracterizado siempre por su indefinición programática y su pragmatismo político. Antanas Mockus y Claudia López han decidido renunciar a esta colectividad. Esta es una primera consecuencia de este escándalo. López pretende separarse de dicho partido de forma oportunista para no cargar con la responsabilidad que ahora recae sobre su colectividad.
Al gobierno este escándalo lo golpea en una de sus banderas de mayor credibilidad. El daño que estos personajes le ocasionan al gobierno es enorme pues horadan la legitimidad del gobierno en la lucha contra la corrupción. Ha hecho bien el presidente de la República en no acudir al tapen tapen que ha sido la norma de los gobiernos cuando se descubre que algunos de sus miembros están comprometidos en hechos de corrupción. Así como no obró para proteger a sus familiares en actos obstruccionistas a la justicia por señalamientos de corrupción y pidió que fueran investigados por una fiscalía en abierta oposición al gobierno, ha actuado en este caso de la misma forma y eso es parte de lo que el gobierno tiene que hacer si quiere mantener legitimidad y credibilidad. Ayuda mucho que en el pasado el hoy presidente siendo parlamentario denunció la trama de corrupción del llamado “cartel de la contratación” en el gobierno de Bogotá presidido por un copartidario suyo, Samuel Moreno Rojas, denunció la parapolítica que llevo a la cárcel a 62 parlamentarios por sus nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico y denunció las acciones corruptas de la firma brasilera Odebrecht en su entramado de corrupción en el país. El pasado y las acciones del hoy presidente han sido contundentes en la lucha contra la corrupción. El propio Olmedo López salió a pedirle perdón y a exonerarlo en esta trama de la corrupción.
Ahora corresponde a la fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia en obrar de forma rápida y con contundencia para que se descubran lo motivos y los personajes que están comprometidos en esta trama de corrupción así como avanzar en otros casos como la ñeñe política, el robo a los recursos de Ecopetrol, la defraudación de los recursos de la salud por parte de las EPS, investigar a fondo al FOMAG que maneja los recursos de la salud del magisterio, para mencionar los casos más protuberantes. Si se avanza con éxito el gobierno recuperará su credibilidad y la fiscal Luz Adriana Camargo honrará su cargo y recuperará el papel de una fiscalía que en el reciente pasado bajo las administraciones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa fueron cómplices de la corrupción y de la criminalidad.
Los desmanes de los Consejeros Electorales
Los Consejeros del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del partido Liberal han presentado una ponencia a la plenaria de dicha corporación en la que piden que le sean formulado cargos al presidente de la República pues según dicha ponencia habría pruebas para demostrar que en la campaña electoral presidencial de 2022 se habrían violado los topes electorales y según estos dos consejeros habría financiación ilegal de la misma. Hay que aclarar que el CNE es un órgano administrativo politiquero como siempre hemos dicho pues sus miembros son elegidos por el Congreso de listas que presentan los partidos políticos. Allí van a parar personajes oscuros en su trayectoria política como el caso de Álvaro Hernán Prada que este 15 de mayo deberá comparecer en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que se le inicia en el proceso por la compra de testigos que habrían realizado a favor de Álvaro Uribe Vélez a quien también se le ha llamado a juicio por la fiscalía General de la Nación por los mismos hechos. Este fue el candidato que presentó el Centro Democrático, es decir, Álvaro Uribe, para que fuera elegido al Consejo Nacional Electoral.
Los desmanes de estos flamantes y politiqueros consejeros es que ninguna autoridad administrativa puede ordenar o investigar al presidente de la República quien goza de un fuero especial y su juez natural es la inane Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta pretensión no tendrá asidero pues abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que como lo establece la Constitución Política de 1991 el juez natural del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones y el presidente de la República goza de un fuero integral. Un simple recurso de colisión de competencias podrá resolver ese exabrupto de estos consejeros que no tienen ninguna función judicial sino meramente funciones administrativas.
Este proyecto politiquero y descabellado ha ocasionado la reacción con justa razón del presidente de la República quien lo atribuye a lo que ha dado en llamar el golpe blando. Este hecho a mi juicio no tendrá mayores consecuencias y quedará en la historia como una ponencia sin sentido ni rigor ni administrativo ni judicial.
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Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El Heraldo
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