La Fiscalía –la de Néstor Humberto Martínez y la de Francisco Barbosa– no investigó la muerte del hombre que se atrevió a denunciar los sobornos de la corrupta multinacional Odebrecht, asociada con el Grupo Aval, para construir la Ruta del Sol.
LOS DANIELES
Daniel Coronell
10 Marzo 2024
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En contra de lo que ha sostenido la Fiscalía, hay indicios fuertes para concluir que el ingeniero Jorge Enrique Pizano fue asesinado. El reciente fallo del juez Óscar Andrés Menjura sacó a flote la manipulación de las evidencias del caso. Esa manipulación tendría como propósito determinar rápidamente que no hubo homicidio y que la muerte del principal testigo de Odebrecht obedeció a causas naturales y de paso que la de su hijo, Alejandro, fue producto de una casualidad desafortunada. Contra la construcción de la Fiscalía pesa una prueba: la botella de agua envenenada –y manipulada– que mató a Alejandro Pizano y posiblemente también a su padre, el auditor de la Ruta del Sol.
El juez no se conformó con los alegatos de la Fiscalía sino que revisó cada pieza del proceso y encontró que se presentaron irregularidades en la investigación desde el momento de la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano. El médico patólogo que hizo el examen forense no era miembro del Instituto de Medicina Legal sino un contratista traído de afán que declaró: “si uno hace el certificado de defunción como muerte en estudio, entonces debe convertirla en médico legal y solicitar que venga la autoridad, entonces obligatoriamente, se ve uno obligado a decir que es una muerte natural”.
El cuerpo del ingeniero Pizano fue cremado y los tejidos que conservaron para una eventual investigación fueron sumergidos en formol, una sustancia que borra las huellas del cianuro. El entonces director de Medicina Legal, el doctor Carlos Valdés, salió de su puesto en medio de un escándalo porque dijo que los forenses encontraron una toalla con un rastro de sangre de Pizano que permitía excluir la presencia del veneno. Después se estableció que la mancha no era de sangre sino tal vez de café o saliva, pero que en todo caso era imposible descartar el envenenamiento a través de ella.
El juez determinó que la conclusión de que se había tratado de una muerte natural fue apresurada y la autopsia olvidó explicar el hallazgo de edema pulmonar y hemorragia en el estómago registrados en el examen de patología.
El ingeniero Pizano murió el jueves 8 de noviembre de 2018; el domingo 11 su hijo Alejandro, que vino de Europa para el sepelio, falleció cuando bebió de una botella con agua saborizada que estaba en el escritorio de su papá y que contenía cianuro. En la autopsia del joven Pizano se encontró que al igual que su padre presentaba edema en los pulmones y hemorragia en el estómago ¿Cómo explicar que los dos tuvieran los mismos síntomas pero que solo uno hubiera sido envenenado?
La botella fatal fue tocada al menos por Jorge Enrique Pizano, su hijo Alejandro que bebió de ella, su hija Juanita quien la entregó en el hospital a donde lo llevaron y la médica que la recibió. Sin embargo, cuando la sacaron del almacén de evidencias de la Fiscalía no tenía una sola huella. Estaba completamente limpia.
El técnico de la Fiscalía explicó que tal vez las huellas dactilares habían desaparecido porque la botella “había sudado” por haber sido embalada en una bolsa plástica. La decisión del juez determina que “difícilmente puede aceptarse la explicación del dactiloscopista de que esta haya sudado, o que los efectos climáticos lograran eliminar los rastros o vestigios de huellas dactilares”.
Un perito interrogado en el proceso respondió así a la pregunta del investigador:
–¿Cuáles son las posibles causas para que esto hubiese ocurrido? Que no tuviera ningún fragmento.
–Hay muchas –responde el perito–, la manipulación de la botella, pudieron haber, no se, no estoy asegurando pudieron haberla limpiado (…)
Además de las huellas desaparecieron marcas de fábrica de la botella con el número de lote del que hacía parte. Esa información era indispensable para establecer dónde había sido comprada, si llegó a la casa de un lugar donde Jorge Enrique Pizano o su familia habitualmente hacían compras o si provenía de otro sitio.
Lo que no se borró fue el código de barras de la botella. Como se sabe ese código es una imagen de líneas sucesivas y únicas que se utilizan para identificar un producto, en este caso botella de agua. De esta manera en los supermercados, a través de un lector, la registran en el momento de la venta para determinar su precio y descargarla del inventario con el fin de hacer pedidos nuevos. Ese código lo llevan todas las botellas del fabricante pero la Fiscalía pretendió usarlo para decir que probaba que la botella fatal fue comprada por el ingeniero Pizano en una sucursal de D1.
Miguel Ángel del Río, el abogado de la familia Pizano, logró desvirtuar la tesis de la Fiscalía demostrando que todas las botellas de esa marca, adquiridas en distintos lugares de Colombia, tenían el mismo código de barras y que en consecuencia no probaba su procedencia como la Fiscalía lo intentó.
El juez concluyó “Lo que genera extrañeza es que la fiscalía se haya quedado expectante ante la posible adulteración de un material probatorio, que quizás es el más importante que podría acopiar para el caso de autos. El ente acusador está en el deber de investigar en qué punto falló su cadena de custodia, para responder el gran interrogante que se está haciendo esta instancia, de si el presunto borrado de las huellas y del número de lote fue por impericia o, por el contrario, se hizo con la firme intención de desaparecer el rastro del verdadero responsable de haber plantado el tóxico”.
La valerosa decisión judicial lo está diciendo claramente: La Fiscalía –la de Néstor Humberto Martínez y la de Francisco Barbosa– no investigó la muerte del hombre que se atrevió a denunciar los sobornos de la corrupta multinacional Odebrecht, asociada con el Grupo Aval, para construir la Ruta del Sol.
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