DOSSIER
"Los golpes se responden desde las instituciones democráticas desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia"
1. El golpismo acecha a Gustavo Petro
Por Camilo Rengifo Marín
Fuentes: CLAE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al fiscal general saliente, Francisco Barbosa, de encabezar un intento de golpe de Estado bajo manto institucional. En los 19 meses del mandato de Petro, el fiscal al que sólo le quedan nueve días en el cargo ha usado y abusado de sus facultades a fin de descarrilar al primer gobierno de izquierda en la nación andina.
El presidente Petro y el fiscal BarbosaEn este periodo, Barbosa ha emitido todo tipo de órdenes arbitrarias para judicializar al entorno político y personal de Petro e impedirle cumplir con el mandato que los ciudadanos le otorgaron en las urnas.
Petro ha tenido que endurecerse para poder llevar adelante las reformas que prometió durante su campaña y que apuntan a una transformación social. Estos intentos son resistidos no solo por algunos aliados del pacto Histórico, la coalición que lo llevó al poder, sino que han generado una furibunda contraofensiva de los grupos conservadores, en un intento de golpe blando en su contra.
Barbosa pretendió ignorar las alertas emitidas por el presidente sobre sus planes conspirativos, y llamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a no dejarse presionar por el Ejecutivo en su rol de elegir a su sucesora.La CSJ deberá escoger al nuevo fiscal de una terna enviada por jefe de Estado e integrada por tres mujeres -Angélica María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra-, todas ellas con hojas de vida ligadas a la defensa de derechos humanos.
Barbosa ocupa el centro de la escena política colombiana no sólo por haber dedicado sus últimos meses en el cargo para deslegitimar y agredir al presidente, sino porque éste lo ha acusado el fin de semana de encabezar un golpe de Estado, en alianza con cárteles de la droga. Al hacer públicas sus denuncias contra Barbosa, Petro ha llamado a sus seguidores y a la ciudadanía a manifestarse en las calles, asegurando que llegó el momento de la expresión popular.
Como prueba de sus afirmaciones, Petro, nominado al Premio Nobel de la Paz, recordó la suspensión temporal al canciller Álvaro Leyiva, inmerso en una investigación por la licitación de nuevos pasaportes, declarada desierta por los organismos de control.
El exfiscal Eduardo Montealegre dijo que la Corte Suprema actúa como aliada de “fuerzas oscuras” que buscan un golpe blando en Colombia y está ayudando a una oposición que quiere desestabilizar y tumbar al presidente Gustavo Petro.
“El golpe blando no es otra cosa que utilizar formalmente la justicia para debilitar o tumbar un Gobierno elegido popularmente. Ya hemos visto cómo lo ha hecho en Ecuador, Brasil, Argentina y lo trataron de hacer con el presidente actual de México”, explicó Montealegre.
“En el caso de la Fiscalía General de la Nación hemos visto cómo un fiscal con ambiciones desmedidas de poder se convirtió en un líder de la oposición, en otro de los jefes de la oposición colombiana. Entonces, en Colombia no podemos perder de vista que hay fuerzas oscuras que quieren desestabilizar el Gobierno (…) la Fiscalía convertida en un factor de desestabilización porque está haciéndole el juego a la ultraderecha”, añadió.
Claudia Flórez, ministra de Trabajo, escribió en la red social X: “¡Máxima alerta! El establecimiento viene implementando el libreto del ‘golpe blando’. La denuncia que hace el presidente Petro deja en evidencia a la derecha mafiosa de siempre. Ante la gravedad, asumimos el llamado a la movilización. El gobierno popular se defiende en la calle”.
Sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos, parte de la prensa hegemónica y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida de Petro, que cumple 19 meses en la Casa de Nariño. El más reciente de estos actos del fiscal Barbosa fue la intervención del sindicato de maestros bajo acusaciones de financiamiento ilegal a la campaña de Petro, ex alcalde de Bogotá
Son muchas las gotas que han colmado la paciencia del jefe de Estado, pero el allanamiento de la sede del poderoso sindicato de maestros para buscar supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral terminó con un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y sindicatos de trabajadores de Colombia y del mundo para que se pronuncien sobre el acoso político en su contra.
Conociendo la historia de Colombia, es necesario tomar en serio las afirmaciones del presidente, dado que la derecha colombiana es una de las más cerriles y despóticas del continente: históricamente ordenó asesinatos para deshacerse de cualquiera que presentara una alternativa a su dominación.
Elites y crimen organizadoNo puede soslayarse que buena parte de la clase política que mantuvo las riendas del poder hasta la llegada de Petro defiende sin disimulo esas acciones y tiene nexos o simpatiza con los grupos paramilitares que asolaron al país hasta inicios de siglo, los que continúan asesinando de manera sistemática a líderes obreros, campesinos y ambientalistas, mientras sectores de la oposición reivindican el terrorismo de Estado contra el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana.
Cuando el lawfare -la utilización de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías- se suma a la una ultraderecha propensa a la violencia, que además conserva intacto su poder económico y buena parte del político, el pueblo debe permanecer alerta y dar todo el respaldo al gobierno elegido por los ciudadanos.
Pero, lamentablemente, millones de colombianos que han sido intoxicados por décadas de omnipresente propaganda conservadora a través de los medios hegemónicos propiedad de los principales grupos económicos, apoyan el recurso de la violencia para sofocar movimientos sociales progresistas, erradicar cualquier política que “conduzca al comunismo”, e imponer los intereses de una oligarquía obsesionada con las más rancias ideas de estatus y sumisión de las mayorías.
Lo cierto es que el respaldo y la aquiescencia de fiscales, jueces, legisladores y una significativa porción de la sociedad hacia los métodos antidemocráticos de quienes detentan el poder económico ha facilitado la impunidad de sucesos inadmisibles en cualquier estado de derecho.
Cuando Petro recién había asumido el cargo, una avanzada de seguridad fue baleada en una región que visitaría días después; en enero de 2023, un artefacto explosivo fue colocado en el camino que lleva a la casa de la vicepresidenta Francia Márquez, activista de larga trayectoria y primera persona afrodescendiente en alcanzar ese puesto. Márquez ya había sufrido un atentado con granada y fusiles en 2019 por su labor en la defensa del medio ambiente.
En marzo del año pasado, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, Augusto Rodríguez, fue víctima de un ataque del que salió ileso. En mayo, el ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia al Presidente, quien perteneció al M-19.
En sus 19 meses de gobierno, Petro ha logrado bajar el desempleo del 13,7 al 9% de la población, puso en funcionamiento la “Matrícula Cero” para los aspirantes a entrar a universidades públicas del país, bajó la inflación, revaluó el peso colombiano, entregó unas 100,000 hectáreas de tierras compradas, donadas y/o recuperadas a campesinos.
Asimismo, su gobierno recuperó el turismo, amplió la gratuidad en la educación superior, que permitirá acceder gratuitamente a las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y la policía, incautó más de 1.100 toneladas de droga, volvió transitable la Ruta del Sol,y redujo la deforestación en más del 30 por ciento.
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*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fuente:
2. El camino del cambio en Colombia
Por Alfredo Serrano Mancilla
6 de febrero de 2024 - 19:15
Cambiar los cimientos de una casa es siempre una tarea difícil. Y lo es mucho más si se pretende hacer en paralelo a cambios de hábitos y funcionamientos. Y aún mucho más cuando se tiene poco tiempo y, además, te enfrentas a gente muy poderosa que se cree dueña de la casa, aunque no lo sea, y desea que todo siga igual.
Este es el verdadero dilema que enfrenta el actual Gobierno colombiano desde que asumió. Sabía que no sería fácil, pero esta era la base de su contrato electoral. La mayoría colombiana decidió apoyar a Gustavo Petro y Francia Márquez para que cambiaran el país desde sus estructuras hasta sus cotidianeidades.
Luego de un año y medio de Gobierno, en CELAG DATA queremos hacer un balance de cuánto se avanzó (véase tabla en el anexo con todos los detalles numéricos):
1. Bajó el índice de precios general y el de alimentos.
2. Aumentó el salario mínimo legal mensual.
3. Se redujeron la desocupación y la tasa de informalidad.
4. Mejoró el tipo de cambio. Se apreció la moneda nacional.
5. Se incrementó la inversión extranjera en sectores no petroleros.
6. Mejoró el saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.
7. Se redujo el balance fiscal del Gobierno Central.
8. Subió el índice de actividad manufacturera.
9. Crecieron las ventas en los micronegocios y el gasto en el consumo final de los hogares.
10. Bajó la deuda pública externa.
A todos estos buenos datos hay que sumarle que se realizó una reforma tributaria para ganar en eficiencia y progresividad; se aprobó una reforma agraria que mejoró el acceso y el reparto de tierras a favor de los campesinos (que todavía está en dificultades de implementación plena porque muchos dueños de la tierra se niegan a cumplir la ley); en materia de Salud y Trabajo se viene intentando dejar atrás el modelo neoliberal, pero aún no se ha conseguido debido a que está siendo muy complicado lograr el apoyo en el Legislativo; y también se ha planteado una gran reforma de la Justicia (que todavía está en ‘veremos’).
Por último, no podemos dejar de mencionar la destacada política exterior de Petro en este tiempo, muy proactiva, que otorga máxima prioridad a los países vecinos (Brasil, Venezuela y Colombia), con mucha presencia en organismos internacionales y centrando su agenda en lo Ambiental, la Lucha contra las Drogas y la Paz.
Es cierto que aún restan muchas cosas por hacer, pero nadie puede negar que en estos meses Colombia cambió.
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3. ¿Ruptura institucional? Petro eleva el calibre de sus dardos al fiscal general de Colombia mientras la calle se agita
Nathali Gómez
Publicado:6 feb 2024 18:34 GMT
A pocos días de la salida de Francisco Barbosa del Ministerio Público, la confrontación con el presidente colombiano ha llegado a su máximo nivel.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el 9 de octubre de 2023Manuel Cortina / SOPA Images / Gettyimages.ru
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado reiteradamente que está en curso una "ruptura institucional" para deponerlo, por lo que sus seguidores preparan una gran movilización nacional para respaldarlo, en medio de una tormenta política que está lejos de amainar.
La marcha será el jueves. La fecha y el lugar de la convocatoria en Bogotá condensan parte del conflicto, que se ha extendido desde hace varios meses y cuyos principales protagonistas son el fiscal general Francisco Barbosa, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, un sindicato de docentes y el mandatario.
Y es que este jueves, cuando la Corte Suprema de Justicia vote nuevamente —tras un intento previo, donde solo hubo papeletas en blanco— por la nueva titular del Ministerio Público, salida de una terna de candidatas presentada por Petro, un grupo de simpatizantes del jefe de Estado estará a las afueras, y en varias ciudades del país, esperando el resultado.
Partidarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Cali, Valle del Cauca, Colombia, el 19 de junio de 2022.Gettyimages.ruLas formas de sacar a un presidente
Desde hace meses, el mandatario ha alertado sobre los distintos mecanismos "institucionales" de los que se valdrían entes como la Fiscalía para deponerlo, sin la violencia que ha marcado las páginas de la historia colombiana.
El pasado viernes —cuando ya parecía un hecho casi consumado la salida del fiscal general, que acusa a Petro de pactar con los grupos criminales y de legalizar la cadena del narcotráfico como parte de la 'paz total'—, el presidente hizo un llamado urgente en su cuenta de X: "Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes", escribió.
Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la… Mostrar más
Una acusación recurrente
Las denuncias del presidente colombiano sobre la "ruptura institucional" están concentradas en un par de hechos, que tuvieron gran cobertura mediática, y que fueron conocidos casi en simultáneo.
Se trata del aporte que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) dio a la campaña electoral de Colombia Humana, que forma parte de la coalición gobernante del Pacto Histórico; y de la suspensión por tres meses del ministro de Relaciones Exteriores por haber declarado desierta una licitación de pasaportes.
Sobre lo primero, ha habido aclaratorias de Petro y de Fecode, mientras que la Fiscalía, la Procuraduría y la oposición tratan de detectar irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, como otras veces han intentado sin resultados concretos.
Campaña del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el 19 de junio de 2022.Gettyimages.ruLos señalamientos —aún no comprobados— de que el mandatario recibió dineros de forma ilícita se investigan en los casos abiertos de su hijo, Nicolás Petro, y del presidente de Ecopetrol. A esto se le suman las publicaciones de la prensa que vinculan al líder del Pacto Histórico con supuestos fondos del narcotráfico.
¿Qué dice Fecode?
En un comunicado publicado, Fecode explica que funcionarios enviados por la Fiscalía se presentaron a su sede en Bogotá para "obtener todos los soportes documentales" sobre la contribución o donación a Colombia Humana, por el orden de los 200 millones de pesos (unos 126.000 dólares), en mayo de 2022.
En esa fecha precisa se celebró la primera vuelta de las presidenciales en Colombia, por lo que en ente acusador investiga si hubo irregularidades en la financiación de la campaña de Petro. En Colombia está prohibido el aporte financiero de personas jurídicas a los candidatos a ocupar la Casa de Nariño.
Frente a esto, Fecode respondió que su contribución "cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley" y afirmó que la investigación forma parte de la "acción sistemática para estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones e difundir una campaña de odio infundada" contra ese sindicato.
Comunicado oficial
FECODE rechaza el procedimiento adelantado por funcionarios de la Fiscalía General @FiscaliaCol que en la práctica fue un allanamiento, así como la conducta intimidatoria contra una decisión institucional de nuestra organización sindical que cumplió con… Mostrar más
En una entrevista de Blu Radio, Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos y representante de Colombia Humana durante la campaña presidencial explicó que, aunque los fondos se usaron el día de las elecciones, no fueron destinados a la campaña, que terminó un día antes.
En protesta por los hechos recientes que los han afectado, Fecode convocó este jueves a un plantón a las afueras de la Corte Suprema para expresar su malestar y exigir que sea electa la nueva fiscal general.
"Llegó el momento de la expresión popular"
El mandatario considera que si bien la Fiscalía no lo investiga directamente, busca su salida del poder a través de allanamientos, "torturas" y presiones. Para Petro, esto forma parte de "una seria ruptura constitucional".
En su defensa, el líder progresista recuerda la inacción del ente acusador sobre el supuesto financiamiento del fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias 'Ñeñe' Hernández, a las campañas políticas del expresidente Álvaro Uribe, y la compra de votos para favorecer la candidatura de Iván Duque en las presidenciales de 2018. Ambos mandatarios concluyeron sus periodos sin inconvenientes.
"Aquí no se puede tumbar a un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular", alegó Petro.
Una salida forzosa
Una de las principales adversarias políticas de Petro, la senadora María Fernanda Cabal, dijo en una reunión con otros parlamentarios conservadores que el desafío para ellos era que Petro no se quedara los cuatro años correspondientes en la presidencia, según un video que difundió Noticias Uno.
#NoticiasUno| En video quedó grabación de senadora Cabal afirmando que "el desafío (de oposición) es que Petro no se quede cuatro años"
Cabal, que pertenece al uribista Centro Democrático, dijo en una entrevista difundida en las redes que el presidente estaba "incitando a la revuelta", al llamar a defender en las calles el voto popular.
Las alertas de Petro sobre lo que se espera
"Han decidido la ruptura institucional. Como presidente debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular", alertó el mandatario en X.
El jefe de Estado, en otras interacciones, pide "configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares" para que, "sin ninguna violencia", se alisten para movilizarse y defender el voto popular.
"Los golpes se responden desde las instituciones democráticas desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia", advirtió.
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Fuente:
GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO
4. De golpe blando a ruptura institucional, ¿de qué habla Petro cuando denuncia conspiraciones para sacarlo del poder?
Expertos coinciden en que la suspensión del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría y la investigación de los dineros de campaña del presidente no implican un rompimiento institucional
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Gustavo Petro en el Congreso, el 20 de julio de 2023.VANNESSA JIMENEZ (REUTERS)
SANTIAGO TORRADOJUAN MIGUEL HERNÁNDEZ BONILLA
Bogotá - 06 FEB 2024 - 23:15 COT
En el año y medio que lleva en el poder, Gustavo Petro ha denunciado varias supuestas conspiraciones de la oposición para desestabilizar su Gobierno e intentar sacarlo de la Casa de Nariño. El presidente, que en mayo de 2023 alertó de un posible complot de los militares para derrocarlo, señaló el pasado junio un “golpe blando” para diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, y ahora insiste con la tesis de una “ruptura institucional” para desalojar a la izquierda del poder. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y los organismos de control –en concreto la Fiscalía y la Procuraduría– ha escalado a un nivel hasta ahora desconocido.
Los reclamos de Petro se producen en medio de los temores ante la justicia politizada que denuncian con insistencia los gobiernos progresistas de América Latina. En varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los presidentes de la nueva ola rosa, una idea que se discutió en el encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta a finales de 2022. Ese cónclave de líderes progresistas de Iberoamérica incluyó en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare, en el que han agrupado los procesos judiciales disímiles que han afectado a dirigentes como los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo, la argentina Cristina Kirchner o el guatemalteco Bernardo Arévalo.
Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos, dice el expresidente Ernesto Samper, uno de los articuladores del Grupo de Puebla. “Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia, ha explicado antes a este periódico. A las guerras jurídicas, advierte, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad.
La destitución del propio Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado por ese Grupo un caso emblemático de lawfare. El entonces procurador Alejandro Ordóñez, un ultraconservador famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría, encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, para destituir a los servidores electos por voto popular.
Varios congresistas del Pacto Histórico, la bancada de Gobierno, preparan ahora una denuncia ante la Comisión Interamericana para denunciar la “ruptura institucional” a la que se ha referido Petro. Ya habían acudido al sistema interamericano aduciendo una persecución política de los organismos de control, como lo hizo Petro en su día, cuando deslizó la ambigua denuncia de un “golpe blando”. Esa expresión ya había sido usada por la fallecida senadora Piedad Córdoba en referencia a “un clima artificioso de malestar social insostenible”, sin detalles. Aunque Petro después insinuó que se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las altas cortes, el episodio quedó teñido de confusión —el Consejo de Estado ha anulado la elección de tres senadores del Pacto Histórico por doble militancia—.
En ese ambiente enrarecido, las posturas de la procuradora, Margarita Cabello, y del fiscal general, Francisco Barbosa, alimentan las suspicacias. Ambos fueron funcionarios de Iván Duque y, en su momento, sus elecciones desataron una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los órganos de control. Si en la Administración de su antecesor se temía que fueran ‘funcionarios de bolsillo’, en la de Petro se han revelado como férreos opositores.
El presidente considera que detrás tanto de la decisión de la Procuraduría de suspender tres meses al canciller Álvaro Leyva por declarar desierta la licitación de pasaportes, como de la Fiscalía de investigar un aporte de 500 millones de pesos del sindicato de los profesores a su partido en 2022, se esconde la intención de sacarlo del poder. La renovada tensión se produce la misma semana en que la Corte Suprema de Justicia se reunirá para votar a la sucesora de Barbosa, que finaliza el próximo lunes su mandato, sin garantías de que haya humo blanco para entonces.
Hasta ahora, uno de los principales argumentos de la bancada del Pacto Histórico para justificar la persecución política ha sido que la Procuraduría no es competente para inhabilitar servidores públicos que han sido elegidos por voto popular, pues Colombia no ha terminado de ajustar su ordenamiento a lo establecido por la Corte Interamericana. Pero la nueva denuncia ante el sistema interamericano va más allá: se refiere a la suspensión de funcionarios como el canciller Leyva, que no fue elegido por voto popular; a las investigaciones y allanamientos de la Fiscalía; a las supuestas presiones a testigos para incriminar al presidente; y a la alegada criminalización de apoyos políticos como Fecode, el sindicato de profesores.
Los contrapesos
¿Alguno de esos puntos de verdad hace temer una “ruptura institucional”? El abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny cree que no. “Existen tensiones institucionales importantes entre el presidente de la república y el fiscal general, y entre el presidente y la procuradora, pero no hay ruptura”, dice en diálogo con EL PAÍS. Para Uprimny, esa supuesta ruptura, de la que Petro se ha quejado en todos los idiomas, implicaría “un quiebre radical en el funcionamiento de las reglas que haría imposible la continuidad del régimen constitucional tal como está establecido”. Un ejemplo de ruptura real, dice, sería una destitución arbitraria del presidente o un golpe de Estado. “Nada de eso ha pasado”.
Héctor Riveros, abogado experto en derecho constitucional, coincide. “La destitución del canciller por parte de la Procuraduría y la investigación de la Fiscalía a la campaña presidencial no significan ruptura. Al contrario, están siguiendo precisamente un procedimiento institucional”, explica por teléfono a EL PAÍS. La definición técnica del quiebre institucional, afirma, es que se incumplan las reglas para impedir el funcionamiento adecuado de uno de los poderes públicos. “Una cosa es lo que entiende el presidente y otra lo que significa jurídicamente”. Para Petro, dice Riveros, cualquier procedimiento que pueda terminar en que salga del poder antes de terminar el mandato es un rompimiento institucional. “No necesariamente es así. La Constitución prevé unos mecanismos específicos que pueden hacer que el presidente deba dejar el cargo antes, si comete un delito”.
Uprimny, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, reconoce que en todo caso sí hay excesos. “El fiscal Barbosa ha hecho declaraciones totalmente inapropiadas sobre el presidente y ha tenido actitudes que no muestran imparcialidad”, dice. Y añade: “Claro que puede investigar si ha habido o no contribuciones ilegales a campañas presidenciales, es su deber, pero hace cuatro años hubo aportes que parecen semejantes a la campaña del entonces presidente Duque y no investigó nada. Es claro su sesgo”. Para Uprimny, pasa lo mismo con la procuradora: “Puede que haya razones para haber suspendido temporalmente al ministro de Relaciones Exteriores, pero no hizo nada similar con funcionarios del Gobierno anterior en casos parecidos”.
Aunque Riveros no cree que haya una ruptura institucional, recuerda que hay sectores de la sociedad que trabajan para que el mandatario salga anticipadamente de la Casa de Nariño. “Eso puede ocurrir. Hay unas personas, unas corrientes políticas, que quisieran que el presidente no cumpliera sus cuatro años, así no digan públicamente que lo quieren tumbar”. El abogado pone un ejemplo: “Si antes de irse, el fiscal Barbosa denuncia formalmente a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y las investigaciones por financiación ilegal de la campaña llegan a probar en forma contundente que se violó la ley, el presidente puede estar en problemas”.
Riveros recuerda que ese escenario solo ha ocurrido una vez en los últimos cincuenta años, cuando el entonces fiscal Alfonso Valdivieso denunció que Samper, ahora promotor del Grupo de Puebla, había cometido delitos en la financiación de su campaña. “Puede pasar exactamente lo mismo ahora”, dice Riveros. Si el proceso avanza, la estabilidad del presidente dependerá de los apoyos políticos que tenga en el Congreso. A diferencia de lo que ocurrió con Samper, que controlaba las mayorías parlamentarias, esos respaldos son inciertos. “Tiene razón el presidente en tener miedo de que lo intenten tumbar, pero no necesariamente supone un rompimiento institucional”, concluye.
Uprimny y Riveros coinciden en que la pronta elección de la nueva fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia ayudaría a calmar los ánimos. “La Corte tiene en sus manos una terna con tres excelentes candidatas”, afirma Uprimny. No habría ninguna razón para que dilate esa decisión.
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