Es posible que el choque geopolítico que Rusia y EE. UU. sostienen en Ucrania y Palestina influya en los procesos políticos de ALC y no puedan elegir a sus gobernantes con plena libertad y seguridad democrática.
Nydia Egremy . 20 enero, 2024
Este año se elegirán presidentes en seis países de América Latina y el Caribe (ALC) y, como ocurrirá lo mismo en Rusia y Estados Unidos (EE. UU.), es posible que el choque geopolítico que estas superpotencias sostienen en Ucrania y Palestina influya en sus procesos políticos y no puedan elegir a sus gobernantes con plena libertad y seguridad democrática.
EE. UU. llega a este año electoral sin que se defina todavía al aspirante del Partido Republicano (PR) debido a los juicios que enfrenta el expresidente Donald Trump; mientras el aún mandatario Joseph Biden, del Partido Demócrata (PD), ordenó un ataque militar contra los hutíes de Yemen con fines evidentemente electorales.
En México, que tendrá su elección presidencial el primer semestre del año, no se descarta que tanto Washington como los gobiernos estatales de la frontera sur (California, Nuevo México, Arizona y Texas) aumenten sus presiones para que el Gobierno Federal imponga medidas de contención migratoria.
En el marco de esta compleja escena regional y mundial, algunos analistas vaticinan que las elecciones cerrarán el ciclo político de “castigo al oficialismo”, como tendencia dominante desde 2018; y evidenció el avance de la derecha radical en Europa y América Latina.
Por ello, advierten los expertos, la actitud ciudadana deberá ser muy cuidadosa cuando acuda a las urnas para elegir presidentes en El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; así como para sufragar en comicios locales de Brasil, Costa Rica y Chile.
En estos países, mujeres y hombres han observado con pasmo cómo, a un mes de que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, la inflación escaló a 211.4 por ciento interanual, la deuda llegó a 400 mil millones de dólares (mdd); y en respuesta ante un cuestionamiento del Congreso contra el decreto monetario, porque afecta a los argentinos más pobres el expresentador de televisión alegó que el suyo es un “plan de liberación” que no entienden los “idiotas útiles que hacen foco sobre las formas”.
Javier Milei
Adicionalmente, Milei cumplió su promesa de campaña en torno a convertir a Argentina en aliado de Israel; y anunció que mudará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. No contento, la extravagante idea cuando los sionistas atacaban y sumaban más de 15 mil muertos, el personaje anunció que se convertirá al judaísmo.
Al otro lado de la frontera, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en un mensaje público declaró que la intentona de golpe de Estado sucedida el año anterior tuvo un trasfondo ideológico y que, por tal motivo, la amenaza contra la democracia brasileña seguirá vigente.
El aire de optimismo llegó desde la Colombia de Gustavo Petro, quien está determinado a consolidar la paz; además de que informó que Bolivia refuerza sus inversiones en minerales de uso tecnológico, y la empresa paraguaya eliminará el suministro a 100 mil cuentas mensuales por deudores.
El poder judicial ha acusado a su hijo de lavado de activos y las fuerzas más reaccionarias intentan aplicar rigurosamente el modelo de Lawfare, que tuvo éxito en Brasil y Perú. De modo que el hijo del presidente colombiano hoy rinde cuentas ante la justicia.
Guatemala: todo a prueba
La estrategia de las élites guatemaltecas –burgueses rentistas y oligarcas radicales afines a intereses extranjeros– son similares a las de toda América Latina, pues se distinguen por su larga historia de respaldo a las más sanguinarias dictaduras militares para perpetuar sus privilegios.
En esta tradición se enmarcan las recientes maniobras legislativas y judiciales para impedir la presidencia del doctor en filosofía y licenciado en sociologían Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera.
En Guatemala, el 55 por ciento de la población vive en zonas urbanas, 45 por ciento en zonas rurales; la mayoría padece desigualdad, pobreza, informalidad laboral; y la inseguridad alimentaria se ensaña con las mujeres.
Su mayor población, la femenina de 15 años, carece de ingresos propios (51 por ciento), y tiene la tasa más alta de madres adolescentes (15 por ciento), lo que constituye un serio problema de derechos y salud, informa Olav Dirkmaat.
Menos del 40 por ciento de los guatemaltecos accede a la atención médica, por lo que el ataque del Covid-19 fue muy fuerte y aún padecen las secuelas socioeconómicas de la pandemia; además de que sobre esta población se pavonean la violencia multifactorial y los desastres naturales debido al cambio climático, advierte Christophe Ventura.
Conscientes de esta precariedad social y sanitaria, los jóvenes guatemaltecos dieron su voto a Bernardo Arévalo. No los atrajo su posición política de izquierda progresista –con la que únicamente se identifica el siete por ciento de la población– sino que en él vieron la ocasión de castigar a la élite económica y política tradicional que no los respeta.
Los adultos han sido más críticos con la corrupción. En 2015, durante la crisis socio-política, se manifestaron contra la endémica entrega del Estado a los grupos de interés, y lograron sacar al presidente.
María Corina Machado Parisca, candidata de la oposición en Venezuela
A pesar de esa significativa movilización, en Guatemala no ha existido una democracia participativa plena, sino “un pacto de corruptos” con partidos de derecha que han cooptado a las instituciones, explica la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Lily Escobar.
La oligarquía, que opera detrás de los partidos políticos y pacta con intereses trasnacionales– ha intentado impedir la toma de posesión de Arévalo con maniobras judiciales contra el Movimiento Semilla. Sin embargo, los simpatizantes del candidato repudiaron tales intentos y se movilizaron con intensidad, dinámica que –todo indica– se mantendrá en el corto plazo.
El pasado 23 de noviembre, la fiscal Consuelo Porras saboteó el traspaso de poder con 28 órdenes de captura, al intentar un “antejuicio” que despojó la inmunidad a Arévalo, a la vicepresidenta y diputados del Movimiento Semilla. Acusó a Arévalo de dañar el patrimonio de la Universidad San Carlos, usurpación agravada y asociación ilícita cometidos en 2022, cuando tomaron el campus en protesta contra la elección del rector.
Garra imperial en la presa
El Departamento de Estado del gobierno de EE. UU., acorde a la idea de que América Latina y el Caribe son la zona “natural” bajo la influencia del imperialismo estadounidense, desplegó una estrategia de conciliación-represión a la oposición guatemalteca en su aparente respaldo a Arévalo.
Entre la segunda vuelta y noviembre, esa institución sancionó a funcionarios y opositores que impedían la toma de poder y amagó con “alistar” otras medidas restrictivas. El seis de diciembre, Washington pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) analizar si era aplicable la injerencista Carta Democrática en Guatemala –invocada para atacar a Venezuela– y pidió considerar una sesión extraordinaria de la Asamblea General de ese organismo.
La cuestionada OEA desplegó dos misiones: una que acompaña el proceso de transición y otra de mediación. A su vez, Arévalo se acercó peligrosamente a Washington y en octubre viajó a la Casa Blanca. Con la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), de reconocida trayectoria golpista y subversiva en América Latina, el presidente electo pactó para “apuntalar” su plan de gobierno de cuatro años.
Se trata de una serie de proyectos “que priorizan al sector privado y a la sociedad civil” para reducir la pobreza y aumentar el crecimiento económico. La tenebrosa USAID también desembolsará tres mdd para “promover investigaciones periodísticas anticorrupción” en el país que votó por un cambio de mando y por distanciarse del imperialismo estadounidense.
Venezuela y El Esequibo
A finales de 2024, los 28.2 millones de venezolanos elegirán presidente. En ese proceso, la oposición –que representa los intereses de la oligarquía y que está subsidiada por agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG) de EE. UU. y Europa– decidió que su candidata sea María Corina Machado Parisca.
Para esta fuerza política partidista, los jóvenes representan el sector más codiciado; y sobre él centrarán su estrategia de desinformación, pues son electores que, entre abril de 2022 y diciembre de 2024, cumplieron los 18 años, edad mínima con que se adquiere el derecho al voto en Venezuela.
Otro sector-objetivo de la oposición son los 3.3 millones de mayores de 18 años, ya inscritos para votar en Venezuela y que residen en el exterior.
Machado es ingeniera industrial y fundadora de la Asociación Civil Súmate (ACS). Apoyó el golpe de Estado 2002 contra el presidente Hugo Chávez; en 2011 fue diputada de la Asamblea Nacional y destituida de su cargo por violar la Constitución; y en 2014 fue “representante alterna” de Panamá ante la OEA.
Propone privatizar Petróleos de Venezuela y conceder la amnistía a los “presos políticos”, objetivos que apoyan agencias y organismos extranjeros. La oposición ha deslizado una estrategia de desinformación que, desde ahora, descalifica cualquier resultado adverso a las élites.
La ACS de Machado ya alertó, sin probarlo, que más de 10 millones de venezolanos no podrán votar porque “las autoridades los han inhabilitado o “borrado” del listado electoral.
En octubre de 2023, EE. UU. anunció que mantendría la prioridad de levantar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que Trump endureció significativamente a cambio de reformas democráticas y elecciones “competitivas”, publicó The Washington Post.
Washington ha impuesto múltiples medidas restrictivas para dañar la economía del país; entre ellas hay serias limitaciones a sus operaciones petroleras y sanciones económicas contra funcionarios venezolanos y contra el hijo del presidente.
En noviembre de 2022, EE. UU. autorizó el retorno a Venezuela de la petrolera Chevron para que realizara extracciones “limitadas”. Este cambio se debe a la crisis energética que también deriva del conflicto en Ucrania.
En 2023, el relativo alivio a las sanciones financiero-comerciales contra Caracas avanzó después de la reunión entre representantes bolivarianos y estadounidenses durante octubre en Barbados, y que reactivó el diálogo suspendido durante 11 meses.
Además de la compleja relación con Washington, la República Bolivariana de Venezuela enfrenta otro problema: la disputa con la República Cooperativa de Guyana por la soberanía de El Esequibo. Este conflicto ya trascendió hacia EE. UU., Reino Unido, Rusia, Cuba, aliado y vecino caribeño de Caracas, así como a la Corte Internacional de Justicia.
Conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966, Venezuela reclama la soberanía de 70 por ciento del Esequibo, en la actual Guyana, con un territorio de casi 160 mil km2 (poco más que Coahuila, con 151 mil km2).
Guyana, que forma parte de la Mancomunidad Británica– aplica la real politik, retrasa la negociación con su estrategia de hechos consumados y reaviva el diferendo con Caracas.
Esta disputa territorial tiene como antecedente histórico dos siglos de imperialismo holandés, británico y estadounidense en la región, así como amañados laudos internacionales. Cuando Venezuela se independizó de Colombia, en 1830, Inglaterra se anexó esta región que bautizó como Guyana Británica.
En 1840, el explorador británico Hermann Schomburgk trazó ahí fronteras que hoy agravan el conflicto. Como Inglaterra aún exige el control de la región, en 1886, EE. UU. la integró a su Doctrina Monroe; aunque en 1899, el Laudo Arbitral de París concedió soberanía a Londres, con respaldo del presidente estadounidense William McKinley.
En 1940, el abogado estadounidense Severo Mallot-Prevost defendió a Venezuela y alegó una “componenda política” de los británicos. El Tratado de Ginebra de 1966 consagró la independencia de Guyana e ignoró la frontera británica; y aunque Venezuela presiona desde hace 12 años, el caso permanece en el statu quo y no hay respuesta diplomática.
Entre 2004 y 2013, con Hugo Chávez hubo cercanía diplomática Caracas-Londres, pero no se avanzó hacia una solución. Guyana amplió su plataforma marítimo-continental para coartar el acceso de Venezuela al océano Atlántico, vía El Esequibo; y desde 2015 aumentó la expedición de contratos a multinacionales para que exploten los recursos forestales, minerales y su plataforma marítima.
En abril de 2023, Nicolás Maduro objetó las licitaciones energéticas de Georgetown a trasnacionales. La analista Irene León afirma que éste no sólo es un asunto de soberanía energética para Caracas, sino que atañe a la política regional, porque las corporaciones están haciendo prevalecer sus intereses ante los de un Estado.
Se estima que la plataforma territorial marítima alberga unos 11 mil millones de barriles de crudo, más del 0.6 por ciento mundial. Otros estudios consideran que, en 2025, El Esequibo producirá unos 700 mil barriles diarios, lo que hará que Guyana dé al mercado internacional más barriles de crudo por habitante que Kuwait.
Esa bonanza convertirá a Guyana en una nación rica, donde hoy la pobreza agobia a sus 800 mil habitantes. Su gobierno ha otorgado concesiones de exploración a las petroleras Exxon Mobi, que paga dividendos muy bajos; al igual que Total Energy, Repsol, Tullow, Malaysia’s Petronas y Anadarko Hess, entre otras.
Venezuela considera ilegales estas concesiones, porque se han otorgado en un territorio cuya soberanía reclama, y que será clave en la campaña presidencial de finales de 2024.
El choque es tan ríspido que, mientras el presidente guyanés advirtió: “no cederé ni una pulgada” de El Esequibo, su homólogo venezolano organizó un inédito referendo consultivo el 23 de diciembre en el que participaron más de 10 millones de ciudadanos, cifra equivalente al 51 por ciento de la población.
De éstos, el 97.7 por ciento votó por el sí para crear el estado de Guayana Esequibo; de aplicarse el proceso de nacionalización, pasarían a Venezuela unos 120 mil indígenas arawak, explica el analista de inteligencia Roberto Mansilla.
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