En 2023, un total de 54.665 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por la violencia.
Indígenas colombianos en un refugio temporal de la Alcaldía de Bogotá, Colombia, el 20 de octubre de 2022Juancho Torres / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
Los desplazamientos forzados en Colombia aumentaron 7 % en 2023, en comparación con 2022 debido, principalmente, a los enfrentamientos entre grupos armados, reveló lo Defensoría del Pueblo en un informe divulgado por la prensa.
En el documento 'Dinámicas de Movilidad Humana Forzada 2022-2023', presentado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se afirma que el año pasado ocurrieron 154 eventos de desplazamiento que afectaron a 54.665 personas, recoge Diario La Libertad.
En tanto, en 2022 hubo 144 desplazamientos masivos forzados que impactaron a 58.269 personas, según la Defensoría.
En la misma línea, días atrás, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) denunció que unas 3.000 personas habrían sido víctimas de desplazamientos forzados en la región del Pacífico durante las dos primeras semanas de enero de 2024, debido al recrudecimiento del conflicto armado interno.
Los departamentos más golpeados
El 50 % de los desplazamientos, sostuvo Camargo, se debieron a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial.
En total, 17 departamentos colombianos sufrieron desplazamientos. Nariño, fronterizo con Ecuador, fue la entidad más afectada, con 58 eventos de este tipo, que causaron afectaciones en 9.445 familias, integradas por 23.483 personas.
Detrás de la entidad del suroeste colombiano se encuentran Chocó, con 19 eventos; Valle del Cauca, con 16; Antioquia, con 15; Cauca, con 13, y Bolívar, con nueve.
Indígenas colombianos en un refugio temporal de la Alcaldía de Bogotá, Colombia, el 20 de octubre de 2022.Juancho Torres / Anadolu Agency / Gettyimages.ruEn cuanto a los confinamientos, el informe de la Defensoría señala que el año pasado hubo 215 hechos de este tipo que afectaron a 18.356 familias, que equivalen a 66.279 personas. En este caso, el aumento, con respecto a 2022, cuando la cifra fue de 132 eventos, correspondió a 63 %, recoge El Tiempo.
Los confinamientos ocurrieron en diez departamentos. El más afectado fue el Chocó, donde hubo 124 eventos que dejaron a 40.414 afectados. Las entidades que le siguen son Putumayo, con 22 hechos; Nariño, con 21; Arauca y Valle del Cauca, con 13 cada uno, y Cauca, con 12.
Opiniones encontradas sobre el cese al fuego
El defensor del pueblo dijo que el desplazamiento sigue aumentando y lamentó que no tuviera "el impacto mediático como en otros países".
En su opinión, los desplazamientos disminuirían si se frenaran las acciones violentas de los grupos armados "como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores derechos humanos y homicidios de firmantes de paz".
El defensor se ha mostrado crítico con el cese al fuego establecido por el Gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos armados con los que mantiene conversaciones.
Para el titular de la Defensoría del Pueblo el cese al fuego con esas guerrillas y otras bandas criminales ha hecho que se incremente la vulneración a los derechos humanos en el país suramericano.
“Un cese al fuego que lo único que ha conducido es a incrementar toda esta serie de vulneración a los derechos humanos. El llamado también es al Gobierno para que se le ponga serio a los grupos armados ilegales”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo. pic.twitter.com/sJUX1UvvIq— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2024
Por su parte, el Gobierno ha dicho que el alto al fuego permitió que se redujeran los ataques, las afectaciones, los homicidios y los heridos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la deuda sigue siendo la población civil que se ve atrapada entre combates de grupos armados y criminales por las rentas ilícitas y el control territorial.
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