ALCALDÍA DE CLAUDIA LÓPEZ, TODO UN “PAQUETE CHILENO”

Bogotá, 2020-2023

Carlos Torres-Tovar

Es importante tener en cuenta que la percepción y evaluación de la gestión de un líder político puede variar y depende de diferentes perspectivas, sin embargo, Claudia López termina la alcaldía de Bogotá (2020 -2023) sin pena ni gloria, más con pena, podría decirse, ya que los incumplimientos de promesas a quienes la eligieron son mayores que las realizaciones colectivas en función de las demandas generales de la población.

Hoy podemos señalar, como una afirmación general, que a lo largo de sus cuatro años como alcaldesa, se presentó un desgobierno para las mayorías, en el que, desde el punto de vista de la población necesitada, la gestión fue mala, pero exitosa desde el punto de vista de los gremios y el mercado. Fue así como el llamado Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Ciudad estuvo al servicio del mercado, sin dejar de ser un slogan para las mayorías.

Lo realizado y lo dejado de hacer por Claudia López, confirma la regla general: los gobiernos de turno siguen esgrimiendo discursos incluyentes (mirada extensa y de largo plazo) y prácticas excluyentes (prácticas y lógicas de privilegio al mercado, Grandes Proyectos Urbanos –GPU).

Como parte de ello, a pesar del estallido social, no tomó medidas para transformar las perspectivas de ciudad en términos de atender las demandas ciudadanas, lo cual quedó sellado con una mayor concentración de la riqueza (aumento del índice Gini), junto a un mayor empobrecimiento de la población, reflejado en la pobreza monetaria (35,5 por ciento –Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2012-2021). Preocupada por atender y favorecer al gran capital, esta alcaldía fue incapaz de construir un diálogo social para la articulación, negociación pública y construcción colectiva de ciudad con las organizaciones que se movilizaron.

De igual manera, a pesar de la pandemia (covid-19), no se avaluaron los impactos de la misma, dejando a un lado la necesidad de reajustar metas e indicadores sociales, proceder aún más imperioso toda vez que en la capital del país habitan más de 1.200.000 personas en condición de miseria.

Como parte de esta dinámica, la alcaldía ajustó su propuesta de Plan de Desarrollo Distrital (PDD) en el marco de la pandemia del covid–19, y se propuso trabajar en 6 grandes temas, que revisaremos rápidamente:

1. Superación de la pobreza multidimensional, monetaria y extrema. Sin embargo, lo propuesto no pasó del enunciado, siendo los migrantes venezolanos, la primera infancia y mujeres cabeza de familia quienes registran la mayor tasa de incidencia. Las políticas y las acciones no superaron la lógica asistencialista.

2. Sistema Distrital de Cuidado. A través de la estrategia Manzanas del cuidado aprovechando la infraestructura ya existente en el Distrito, se organizaron 20 Manzanas con más de 300.000 atenciones. Así, las Manzanas de cuidado son una apuesta que no logra construir tejido social, más aún cuando debe avanzarse mucho más en garantizar el derecho a la ciudad para las mujeres cuidadoras.

3. Empleo y crecimiento económico. A pesar de las estrategias de empleo implementadas por medio de proyectos de obra pública (Ruta de la Empleabilidad, Empleo Joven, Impulso al Empleo, Agencia Pública de Empleo Distrital, Empleo Local y proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda), iniciativa puntual e insostenible en el largo plazo, se logra ocupar por algunos meses sectores de la población, pero no se quiebra el fenómeno del desempleo y de la informalidad. La alcaldía cierra, en este campo, con los indicadores más altos en la historia de Bogotá.

4. Planeación territorial y ambiente. Se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin tomar en consideración la participación ciudadana y sus apuestas, expidiendo el POT por medio del Decreto 555 de 2021, “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”; se impusieron las Unidades de Planeamiento Local (UPL) y no se miró la necesidad de una verdadera propuesta de descentralización. La mayor parte de las acciones relacionadas con ordenamiento territorial y ambiente buscaron profundizar el modelo de ciudad heredado de Peñaloza, que mantiene un modelo urbano basado exclusivamente en la movilidad (Transmilenio, metro, regiotran) y los Grances Proyectos Urbanos (GPU). Todos ellos inconsultos y sin una verdadera y adecuada participación ciudadana.

Administración pública sin participación, deliberación y consultas realmente incluyentes, evidentes, por ejemplo, en materia ambiental, en el conjunto de las reglamentaciones expedidas (como el Plan de Acción Climática 2020–2050 o el reverdecimiento de Bogotá mediante la siembra de individuos vegetales). Tampoco se presentaron avances significativos en temas como la calidad del aire y la gestión de residuos sólidos.

5. La movilidad sostenible. Se basó en la puesta en ejecución de la primera línea del metro de Bogotá (Plmb), los Regiotram de Occidente y del Norte, la infraestructura vial de los accesos a la ciudad, sobre la autopista norte y carrera 7ma, la conectividad en el occidente –nueva calle 13– y en el sur con la ALO Sur.

Se planteó el diseño y puesta en ejecución de tres cables aéreos (San Cristóbal, Potosí y Santa Fe), los cuales no se desarrollaron y sus trazados han sido fuertemente cuestionados por las comunidades afectadas.

La promesa de no ejecutar más Transmilenio pasó por la contratación parcial del denominado Corredor Verde de Bogotá – Carrera Séptima y la Calle 68.

Además de la extensión de las denominadas Troncales alimentadoras de la Primera Línea del Metro (extensión de la troncal de la Av. Ciudad de Cali en las localidades de Kennedy y Bosa, troncal alimentadora de la Av. 68 y extensión de la troncal de la Caracas)

A ello se suma la ampliación de los carriles para la movilización en bicicleta, junto a la falta de infraestructura adecuada para ciclistas y peatones, reduciendo la infraestructura para la movilidad vehicular, ya bastante deteriorada, reduciendo el promedio de velocidad a menos de 16 km/hora.

Durante sus años de gobierno entregaron 65 obras, según datos del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano). Sin embargo, para fines del 2023 eran más de 530 frentes activos de trabajo en toda la ciudad. Los 16 proyectos asociados a obras de valorización que se pagaron hace varios años, aun no concluyen.

En general, puede afirmarse: el derecho a la movilidad no se materializa y se incumple permanentemente.

6. Seguridad y gobierno. Se propuso la incorporación de 2.000 nuevos policías, 774 Redes de Cuidado activas y 1.503 Frentes de Seguridad activos en la ciudad. Seguridad, convivencia y justica se continúan desarrollando bajo la idea que ello se resuelve de la mano de la fuerza y no de la razón, por eso, incrementando el pie de fuerza se busca resolver una problemática que día a día evidencia cifras cada vez más críticas, pero la percepción del 83.6 por ciento de la ciudadanía es que la capital retrocedió en seguridad.

La participación ciudadana continuó siendo utilitarista y para beneficio de los propósitos de la administración, muestra de ello el tratamiento dado al Consejo Territorial de Planeación Distrital (Ctpd) en las discusiones del PDD y el POT, y su manejo posterior. Además, incumplió los pactos colectivos previos a las elecciones suscritos con los votantes.

Así mismo, amarró el desarrollo de la ciudad-región a un acuerdo político-electoral, desconociendo la autonomía de los municipios y las verdaderas necesidades territoriales a partir de la reglamentación de la Región Metropolitana (sanción presidencial de la Ley 2199 de 2022, creada por el Artículo 325 de la Constitución Política), y se consiguió que mediante el Acuerdo Distrital 858 de 2022 el Concejo Distrital autorizara el ingreso del Distrito Capital a la nueva figura de Gobernanza Metropolitana. Sin embargo, la región metropolitana debe construirse concertadamente, y no proceder así significa un nuevo intento fallido de articulación entre la ciudad y la región.

• No se implementaron los 2 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial propuestos.

• El manejo del “habitante de calle” y toda la problemática que ello encierra, continúa siendo un asunto de seguridad y no de salud pública; no hay avances.

• Tampoco los hay, al menos significativos, en el sector hábitat; en materia de vivienda los planes propuestos se quedaron cortos y no impactan

• Las propuestas del mínimo vital no avanzaron mas allá del agua, pero no en los otros servicios públicos

• La renovación urbana a través de la ERU, hoy RenoBo (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá), profundizó su matriz de empresa pública al servicio de los privados, impulsando procesos de gentrificación urbana, ejemplo de lo cual el Plan Parcial San Bernardo Centro.

• La inversión se amplió en el sector movilidad y no en el social

Dicen que a quien no quiere sopa le dan dos tasas. Sumémosle a lo ya relacionado, otras promesas de campaña que fueron incumplidas y que en muchos medios y plataformas se han señalado. Tenemos, entre otros: sería la jefa de la Policía; no impondría pico y placa todo el día; las tarifas de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) quedarían congeladas; no haria las troncales de Transmilenio de la Av. 68 y la Carrera Séptima; no aprobaría el POT por decreto; congelaría el impuesto predial en el primer año de gobierno; las obras en el humedal Tibabuyes quedarían congeladas, igual que las basuras –en su primer año–; durante el primer mes de la cuarentena no se cobrarían servicios públicos en Bogotá; las acciones del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) no se venderían; en Bogotá habría ¿talento, no palanca?; prometió parar la robadera en Transmilenio; no más Doña Juana; no gastaría plata en campañas para subirle la popularidad a la alcaldía; la tala indiscriminada de árboles sería cosa del pasado, rebajar entre 5 y 15 por ciento el ICA. Todas estas promesas incumplidas, que, sin embargo, Claudia López declaró que había cumplido con todo lo que había prometido en campaña.

Es importante señalar que en esta alcaldía no se desarrolló ningún avance en materia de transición política económica vinculada con un nuevo proyecto de pais, como tampoco se reconoce la ciudad como parte de un proyecto desde la paz y no del conflicto en lo urbano. Tampoco se progresa en la estructuración de un proyecto de urbe pensado y diseñado colectivamente. No se avanza en la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones a pesar de contar con una ciudadanía con capacidad de movilización y acción. Así mismo, no se materializan la superación de la pobreza, la desigualdad y las inequidades, con medidas de corto, mediano y largo plazo y eficaces políticas sociales.

1. Materializar el derecho a la ciudad y el territorio a todos quienes habitan Bogotá, pasando del discurso a la acción publica real, enfatizando en lo publico por encima de lo privado.

2. Seguridad y convivencia con enfoque diferente al seguritario, que no ha demostrado ser eficaz. Materializar la paz en la ciudad como proyecto colectivo y no solo en el campo.

3. Garantizar la participación efectiva e incidente de la sociedad en la toma de decisiones, de un gobierno representativo a un gobierno de democracia participativa

4. Superación de la pobreza y las desigualdades a través de la generación de fuentes de empleo y emprendimiento digno y de calidad.

5. Educación: continuar mejorando los procesos de formación a los jóvenes para configurar verdaderos proyectos de vida y no solo para suplir las demandas del mercado laboral.

6. Descentralización real, para gobernar desde los territorios y con los territorios, junto a la construcción regional, conllevando procesos de desconcentración de funciones y recursos.

7. Ampliación de bienes y servicios urbanos en las areas más infradotadas. Para la mejora de la calidad de vida el reto es disminuir el retraso de las obras y priorizar las pendientes.

8. Movilidad de calidad al servicio de quienes habitan la ciudad, y no de los intereses del mercado; tener el Regiotram, las líneas de metro, cables aéreos que estén conectados, que sean accesibles para la población y a valores asequibles.

9. Hábitat y vivienda. Vivienda social en arrendamiento y acceso a la vivienda digna.

En el escenario político actual, de un gobierno nacional de carácter progresista, que impulsa una propuesta de cambio, resulta complejo que después de las elecciones de octubre de 2022, tanto gobiernos locales como departamentales electos, sus apuestas de mandato no vayan en diálogo directo con las iniciativas del orden nacional y muchas de ellas marchen en contravía.

Un cambio basado en la convicción y no en la acción, donde predomina el activismo y no la conjugación de acciones técnicas transformadoras, puede conllevar a que si no se produce un redireccionamiento de la forma de gobernar y del cumplimiento de las apuestas y propuestas contenidas en el programa de gobierno 2022-2025, este país retorne a su direccionamiento desde sectores hegemónicos y de derecha, en el que la perspectiva de una verdadera transformación quede comprometida para un futuro incierto.

El triunfalismo a priori, o la condición acomodaticia de muchos funcionarios antes líderes sociales y políticos, y el no cumplimiento de las promesas de campaña a aquellos sectores que efectivamente votaron por el cambio, sumado a las alianzas políticas con los partidos tradicionales y la derecha, no se vislumbran como el mejor escenario para construir un país colectivamente en paz y con una verdadera justicia social.

 Carlos Torres-Tovar

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* Profesor Universidad Nacional de ColombiaTags:alcaldíaBogotáciudadClaudia Lópezdesigualdadevaluación

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Fuente original: Periódico desdeabajo Nº309, enero 18 - febrero 18 de 2024