César Gaviria Trujillo, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, Estos tres políticos están hoy atravesados en la vía de la discusión de un nuevo modelo de salud, como tres enormes “mulas muertas”, cuyo exceso de peso brota, justamente, del tamaño de sus intereses individuales y los corporativos que acompañan a los propietarios de EPS y de IPS, muchos de estos amigos y financiadores de congresistas
La negativa de los dueños de los partidos Liberal, Conservador y de la U de no apoyar el proyecto de reforma a la salud que recién empezó a discutirse al interior del Congreso es, en doble vía, una expresión democrática y un alejamiento de los partidos políticos de uno de los asuntos sociales y humanos del país que más necesitarían de la atención de todas las colectividades: la calidad de la salud en Colombia y la corrupción al interior del sistema.
Germán Ayala Osorio
Comunicador social-periodista, politólogo y PhD. en Regiones Sostenibles – La Otra Tribuna
Ahora que avanza a los trancazos la aprobación del articulado de la que sería la ley con la que se ajustaría el actual modelo de salud de Colombia es bueno recordar pasajes de la accidentada discusión. En particular, hacer remembranza de las posturas asumidas por los partidos de la U, Conservador y Liberal, así como los negacionistas liderazgos de Dilian Francisca Toro, César Gaviria Trujillo y Efraín Cepeda, políticos que inicialmente se acostaron en el camino de la discusión y aprobación del proyecto de ley que transforma a las EPS en Gestoras de Salud, quitándoles el manejo de los billonarios recursos, cual “mulas muertas”. De igual manera, resulta pertinente diferenciar las dos posturas de Estado que aparecen en el fondo de la discusión al interior de la Cámara de Representantes.
El inicio
La negativa de los dueños de los partidos Liberal, Conservador y de la U de no apoyar el proyecto de reforma a la salud que recién empezó a discutirse al interior del Congreso es, en doble vía, una expresión democrática y un alejamiento de los partidos políticos de uno de los asuntos sociales y humanos del país que más necesitarían de la atención de todas las colectividades: la calidad de la salud en Colombia y la corrupción al interior del sistema.
Las decisiones políticas de César Gaviria Trujillo, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro sin duda alguna están atadas a las lógicas democráticas que circulan al interior de las corporaciones legislativas. Negociar apoyos, hacer exigencias y buscar consensos hacen parte de esas lógicas en las que opera la democracia moderna. Hasta ahí, no habría mayores reparos a las posturas asumidas por estos políticos profesionales. Los problemas surgen cuando en el análisis político de la propuesta de reforma al sistema de salud aparecen los sempiternos intereses corporativos e individuales de los directores de los partidos que no acompañarán al gobierno en su afán de modificar el sistema de salud.
Lo hecho por Gaviria, Cepeda y Toro es la constatación de que en Colombia hay partidos cuya existencia está en función de consolidar la operación del régimen de poder con el que cobra vida lo que llamo el Doble Estado. Una cosa es el Estado cuyas instituciones formales tratan de dar cuenta de lo prescrito en la garantista carta política de 1991 y otra muy distinta, las institucionalidades paralelas que se derivan de ese Doble Estado que se crea de la mano de los clanes políticos y la privatización de la acción política y de las actividades propias de los congresistas. Así las cosas, los partidos Liberal, Conservador y de la U actúan en el nivel más básico de la democracia: en el de discutir proyectos de ley. Pasar a un nivel más complejo de la democracia implicaría aceptar que efectivamente el sistema de salud exhibe problemas estructurales asociados y expresados a través del ethos mafioso que, al haberse naturalizado en las relaciones entre el sector privado y estatal, hace imposible pensar y actuar en democracia, teniendo en cuenta el ámbito social y las circunstancias que rodean la prestación de los servicios de salud en el país: incertidumbres, desazón, miedo e impotencia, que ponen en evidencia que frente al actual sistema de salud hay un grave problema social.
Gaviria, Cepeda y Toro no exhiben un talante democrático en el sentido maximalista con el que aquí asumo la democracia. No. Por el contrario, su negativa obedece al ejercicio autocrático con el que los tres se burlan de la democracia representativa, de la voluntad popular y lo que es más grave: se mofan de las víctimas que, por treinta años, viene produciendo el sistema de salud colombiano. En este punto saldrán sus defensores a decir que hemos ganado en cobertura, pero guardan silencio cuando se examina la calidad de los servicios, en particular cuando se niegan cirugías, se retrasan procedimientos y citas, debido a que la corrupción hace colapsar a las EPS, al tiempo que se llenan los bolsillos gerentes y presidentes, entre otros actores del complejo sistema de salud.
Estos tres políticos están hoy atravesados en la vía de la discusión de un nuevo modelo de salud, como tres enormes “mulas muertas”, cuyo exceso de peso brota, justamente, del tamaño de sus intereses individuales y los corporativos que acompañan a los propietarios de EPS y de IPS, muchos de estos amigos y financiadores de congresistas; y a los congresistas que fungen como socios o propietarios de estas entidades.
El miedo a que los servicios de salud queden en manos del Estado sirve a unos y otros para justificar la corrupción o minimizar la gravedad de los hechos dolosos que acompañan la operación de EPS que, al final, son intervenidas y liquidadas por la Superintendencia del sector. El negocio de las EPS es la constatación de que el Estado y los recursos públicos fueron privatizados, esto es, capturados por mafias políticas que convirtieron la salud en un vulgar negocio. Así se mató el Estado Social de Derecho y de ese “crimen” son responsables políticos como Gaviria, Cepeda y Toro, incapaces de asumir la democracia en un sentido maximalista. Un verdadero demócrata es aquel que asume el Estado Social de Derecho como una apuesta civilizatoria y republicana en donde sobresalen el afán y el interés por servir a todos los asociados a un territorio y hacer posible que sus derechos tengan sentido y no terminen menoscabados por quienes asumieron a los enfermos y en general a los usuarios del sistema, como clientes.
Concepciones de Estado
En la discusión del proyecto de reforma a la salud del gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o concepciones alrededor de lo que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por la ministra Carolina Corcho hay una visión de un Estado social de derecho, maximizado por la ilusión del presidente Petro de llevar a Colombia por los caminos de los estados de bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente es inalcanzable porque lograrla supone un cambio cultural profundo con el que quedarían superadas circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en gran medida construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad moderna. Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos mafioso y la consolidación de unas élites mafiosas, corruptas y con perfiles fascistas, expresados en la animadversión que los aleja de ver a indígenas, campesinos y afros, como ciudadanos con igualdad de derechos.
Por el contrario, en la contra propuesta presentada por las “tres mulas muertas” (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al gobierno, sobresale la idea de un Estado privatizado que por más de 30 años ha estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas con vínculos con grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud. Ese país premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste a transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda representan el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no funciona por culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional burocracia, de ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados como impolutos, creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción les demostró que lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.
El enfrentamiento político e ideológico que hoy rodea la discusión de la reforma al interior del Congreso es el resultado de lo difícil que es y será conciliar dos concepciones del Estado diametralmente contrarias. Lo curioso de todo es que en las narrativas mediáticas e incluso, en los propios discursos de defensores de la propuesta del gobierno no se alude al asunto de fondo al que aquí me refiero.
En cuanto a la reacción patriarcal del iliberal y consumado neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los congresistas liberales que apoyen el articulado de la reforma oficial a la salud, hay que decir que esta da cuenta del talante arbitrario y poco democrático de este siervo de los banqueros y de todos los agentes sociales y económicos que de tiempo atrás se sirven del Estado para amasar las fortunas con las que logran poner congresistas, presidentes de la República y por supuesto, directores de partidos políticos; estos últimos convertidos en apéndices de los intereses corporativos de dos o tres familias poderosas.
En lo que refiere a la respuesta que el presidente Petro, al invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta inconveniente y peligrosa. Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar la vigencia de Gaviria, Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la justicia, referido a los procesos judiciales en los que están involucrados la exgobernadora del Valle del Cauca y zarina de la salud departamental y el director del partido Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente Gaviria, al gobierno le queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva que 18 de los 33 representantes liberales le enviaron al nefasto director del insepulto partido Liberal es una señal y una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de este parásito con fuero presidencial.
Curiosidades
Los avances logrados hasta el momento, en lo que toca a la aprobación de los artículos del proyecto de reforma al sistema de salud han sido el fruto de la perseverancia del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico, y por supuesto, las decisiones individuales de congresistas liberales, de la U, conservadores y de la Alianza Verde, de tomar distancia de sus jefes políticos, en particular de las amenazas del anacrónico y decadente César Gaviria Trujillo.
El accidentado trámite de la reforma dejó ver el perfil acomodaticio y poco profesional de políticos como Katerine Juvinao y Jota P Hernández y varios del Centro Democrático cuya oposición al proyecto de ley no parte de la lectura juiciosa del articulado y mucho menos de una discusión argumentada. Actúan más como lobistas pagados por las EPS, que como congresistas capaces de dar una discusión técnica y política del articulado. Han apelado a todo tipo de argucias para desbaratar el quorum y presentar recusaciones salidas de las propias huestes de la oposición.
Resulta curioso que estos congresistas jamás discuten la corrupción al interior de las EPS y la tragedia presupuestal asociada a la cantidad de EPS que entraron en quiebra e intervenidas por el Estado, por su inviabilidad financiera. Juvinao y Hernández, entre otros, jamás criticaron la corrupción al interior de la EPS SaludCoop, manejada por el corrupto Carlos Palacino. En ese mismo silencio cayó el exministro de salud de Santos y exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, quien funge como otro lobista más de las EPS.
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Edición 853 – Semana del 2 al 8 de diciembre de 2023
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