HONDURASGATE: CÓMO Y POR QUÉ ISRAEL BUSCA INTERVENIR EN LAS ELECCIONES DE COLOMBIA

Diana Carolina Alfonso

diario-red.com/01/05/26 

Cuando el mundo miraba la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026, secuestrado por fuerzas especiales de Estados Unidos bajo la acusación de liderar un inexistente “Cartel de los Soles”, el mismo gobierno de Donald Trump indultaba a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico a 45 años de prisión.

El Departamento de Justicia estadounidense corrigió en enero de 2026 su propia acusación. Admitió que el Cartel de los Soles “no existe como organización criminal estructurada”, sino que es una “expresión coloquial” para describir corrupción. Sin embargo, Trump ya había utilizado esa mentira para justificar la invasión.

En un tercer escenario paralelo, el gobierno de EE.UU. profundizó su persecución al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien desde entonces acosa por no alinearse con la “guerra contra el narcotráfico". Como se verá más adelante, esa coartada no supuso el fin de las relaciones entre el gobierno Trump y políticos colombianos de ultraderecha con historiales probados de vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. A este cuadro hay que sumar otro factor de terrorismo transnacional: Israel.

El eje transnacional Estados Unidos-Israel actúa como una telaraña que financia, indulta y recoloca a sus operadores en América Latina, interviene elecciones y bombardea a sus adversarios.

Audios exclusivos publicados por Diario Red, revelan una operación de corrupción mayúscula. En una nota de voz, el propio Juan Orlando Hernández confiesa: “El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes, salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel”. En otro audio, asegura: “El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Tuvieron todo que ver con mi salida”.

Según las filtraciones, Netanyahu y Trump pactaron el indulto de Hernández, condenado por enviar más de 400 toneladas de cocaína a EE.UU. y recibir sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de que Honduras concediera a Israel y EE.UU una nueva base militar, la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), denunciadas como “estados privados” que ceden soberanía, y una ley para que ciertas empresas estadounidenses controlaran la inteligencia artificial y el comercio de combustibles.

El actual presidente hondureño, Nasry Asfura, elegido en comicios fraudulentos de noviembre de 2025, aparece en los audios coordinando con Hernández. En una nota, Asfura le dice: “Ya tuvimos una sesión privada (...) una base, eso ya lo negociamos. El interoceánico se lo vamos a entregar a General Electric”. Y no solo se trataba de una coordinación comercial. En las conversaciones se escucha a Hernández comentar al Nasralla sobre una red de comunicación para desestabilizar a los gobiernos de Sheimbaun en México y Petro en Colombia, contando con la ayuda del presidente argentino Javier Milei: Vamos a montar una célula Presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy muy muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya.

El eje anglosionista controla los hilos de la inteligencia, el espionaje y la distorsión de la realidad, tercerizando su financiamiento con dineros del narcotráfico. Pero esta no es una historia reciente.

Estados Unidos ha gastado más de un billón de dólares en su “guerra contra las drogas” desde los oscuros años de Ronald Reagan, sin reducir ni el consumo ni el tráfico. Actualmente, después de 177 asesinatos contra lancheros caribeños, su hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se revela que la propia Casa de la Moneda de EE.UU. compra oro extraído por el Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante de Colombia, designada como terrorista por Washington.

Una investigación de The New York Times del 27 de abril de 2026 documentó cómo el oro de la mina ilegal “La Mandinga” en Caucasia, departamento de Antioquia —la Meca de la ultraderecha uribista— termina en refinerías de Texas a través de la empresa Dillon Gage. De allí se exporta a EEUU y termina sellado en monedas como American Gold Eagle de la Casa de la Moneda.

Mientras tanto, el gobierno de Trump bombardea lanchas de humildes pescadores, sin presentar pruebas de que transportan drogas. El Alto Comisionado Volker Türk declaró: “Ninguna de las personas a bordo representaba una amenaza inminente para la vida”. Las víctimas son ciudadanos venezolanos, colombianos y trinitarios.

Gustavo Petro ha denunciado la hipocresía estadounidense. El 25 de agosto de 2025 declaró: “El Cartel de los Soles no existe. La verdadera estructura es una Junta del narcotráfico que opera desde Europa y Medio Oriente” . En aquella intervención propuso coordinar una política de seguridad con los vecinos del Pacífico y el Gran Caribe, en vez de someterse a las mentiras de la campaña antinarcóticos de Trump.

EE.UU. bombardea buscando vulnerar la soberanía territorial de los países del Caribe y el Pacífico. Mientras tanto Colombia, bajo el gobierno de Petro, incautó 1.764 toneladas de cocaína entre agosto de 2022 y noviembre de 2024, un récord histórico. Sin embargo, Washington prefiere ignorar estos datos y presiona para intervenir militarmente.

Compran oro a bandas criminales en Colombia, liberan narcos procesados y secuestran presidentes violando todas las garantías jurídicas del derecho liberal.

El caso de la compra de oro al Clan del Golfo no es aislado. La investigación del Times también reveló que la Casa de la Moneda adquiere oro reciclado de casas de empeño mexicanas y peruanas, y de una mina congoleña vinculada al gobierno chino. Pero hasta la fecha no se ha comprobado que Maduro haya procesado un gramo de cocaína.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una “investigación” tras la publicación de Times Pero el daño está hecho. Si sumamos el Hondurasgate, queda en evidencia que el gobierno que se jacta de luchar contra el narcotráfico es, de hecho, el principal cliente de los carteles.

Desde la ruptura de relaciones el 1 de mayo de 2024, Israel ha perdido uno de sus principales compradores de tecnología militar del continente: Colombia. Con todo, las relaciones entre ambas naciones y el despecho imperante del eje anglosionista, no se reduce a una mera cuestión comercial.

La candidata presidencial de la ultraderecha uribista, Paloma Valencia, es nieta del presidente Guillermo León Valencia, quien legalizó en 1965 el paramilitarismo con el decreto 3398, antecedente directo de las Convivir de César Gaviria en 1994, que luego cobijaron a los grupos narcoparamilitares. Ese año, Valencia abrió los primeros acuerdos culturales y comerciales con Israel.

En esta coyuntura electoral, Paloma Valencia ha sido punta de lanza del retorno de la exportación de carbón a Israel, y ha manifestado apoyo tácito al gobierno de Netanyahu. En contraste, el Pacto Histórico, representado por Iván Cepeda y Aída Quilcué, propone la paz total, la transición energética justa y el respeto a los derechos humanos. Eso explica la trama de acoso del eje anglosionista en estas elecciones. Como queda en evidencia con los audios filtrados por Diario Red, el injerencismo y el clima de desestabilización pueden encontrarse en Tel Aviv.

No es la primera vez que el eje anglosionista se asocia con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. En los años 80, el mercenario israelí Yair Klein entrenó a los paramilitares de los hermanos Castaño y a los sicarios de Pablo Escobar en la Hacienda La Fe en Puerto Boyacá. Condenado en ausencia a 10 años y 8 meses por un tribunal colombiano, Klein fue enviado por la Unión Europea a Israel y nunca pagó por sus crímenes.

Simultáneamente, en 1986 el escándalo Irán-Contras reveló que la administración Reagan vendió armas a Irán —violando su propio embargo— para financiar a la Contra nicaragüense, usando los dineros del Cartel de Medellín. El informe del senador John Kerry (1989) concluyó: “Elementos de los propios Contras recibieron ayuda financiera de narcotraficantes. Las agencias estadounidenses hicieron la vista gorda”. Por aquella época, el responsable de legalizar los vuelos internacionales de Pablo Escobar fue el entonces director de la Aeronáutica Civil Álvaro Uribe Vélez.

Mientras Reagan declaraba la “guerra contra las drogas” y llenaba cárceles de afroamericanos por posesión de crack, su CIA facilitaba el tráfico de cocaína para financiar a las contras que asesinaron a cientos de miles de centroamericanos. En 1996, el periodista Gary Webb documentó en su serie Dark Alliance cómo el crack inundó Los Ángeles gracias a esa alianza. Webb fue acosado por los grandes periódicos y se suicidó en 2004. La CIA lo calificó de “conspiración”, pero en 1997 el informe Kerry y el del inspector general Frederick Hitz confirmaron que “hubo casos en que la CIA no cortó relaciones con narcotraficantes”.

 

Frente a este modelo criminal transnacional, el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la reforma agraria como política de paz. El 4 de junio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras entregó más de 4.000 hectáreas a 310 familias campesinas en Puerto Boyacá, el corazón del paramilitarismo. Entre esos predios está la Hacienda La Fe, donde Yair Klein entrenó a los hermanos Castaño y a los primeros paramilitares.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, declaró: “Estamos recuperando tierras que estuvieron en manos de narcotraficantes y terratenientes. Nunca más territorio paramilitar”. Esta reforma transiciona cultivos ilícitos a lícitos y devuelve la dignidad a quienes fueron despojados.

El modelo articulado por Estados Unidos e Israel como socios del narcotráfico y el paramilitarismo se basa en la desposesión a gran escala. Es decir, la concentración de la tierra, la minería ilegal controlada por carteles, y la complicidad de las derechas latinoamericanas.

La reforma agraria de Petro, la Paz Total y la justicia social amenazan ese negocio criminal. Por eso, el eje anglosionista ha intervenido con suma violencia en las elecciones para impedir la llegada de Iván Cepeda y Aída Quilcué a la presidencia. Cepeda, quien documentó los nexos de Uribe con el paramilitarismo, y Quilcué, lideresa indígena que representa a los históricamente desposeídos, son el objetivo de una guerra sucia financiada desde Washington y Tel Aviv.