Las desapariciones son variopintas y no parecen respetar trabajo, profesión, ideología política, religión u otra similar
Gerardo Villagrán del Corral
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El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas concluyó una visita de trabajo a México y, según su más reciente informe, desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023, en el país se han registrado 111.540 personas desaparecidas o no localizadas.
Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto han desaparecido 44,073 personas, lo que representa el 40 por ciento de las 111,000 víctimas reconocidas.
López Obrador se mostró disconforme con el censo total de personas desaparecidas en México que realizó la anterior directiva de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y ordenó una revisión caso por caso: concluyó que la cifra presentada, de más de 113 mil casos, fue exagerada y únicamente podían documentarse 12 mil 377 personas en esa situación.
Pero este resultado provocó la inconformidad de diversas organizaciones de familiares, las cuales han venido realizando manifestaciones de protesta en diversos puntos del territorio nacional, incluso una esta semana frente a Palacio Nacional, donde expresaron su rechazo a lo que consideraron una descalificación a su lucha de años y décadas para dar con el paradero de sus seres queridos.
La desaparición como violación grave a los derechos humanos ha sido una práctica constante en México. Los perfiles de los desaparecidos, el modus y las motivaciones han cambiado, así como el contexto en el que se desarrollan,
El problema de la desaparición forzada tuvo repercusiones importantes durante los gobiernos autoritarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre todo en los años sesenta y setenta. No obstante, la peor crisis de violaciones a derechos humanos ocurrió después de la alternancia, en el sexenio de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional(PAN), en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico.
Estas violaciones siguen existiendo y reproduciéndose a lo largo y ancho del país. Quizá el caso más mediatizado es, actualmente, el de Ayotzinapa, una desaparición colectiva de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero.
Las desapariciones son variopintas y no parecen respetar trabajo, profesión, ideología política, religión u otra similar. Las desapariciones ya no son como en el siglo XX, que obedecían a motivos políticos.
Una buena parte de ellas responde a ajustes de cuentas con el crimen organizado, otros a abusos por parte de autoridades militares y policiales, otros son desaparecidos para la esclavitud, trata o para trabajos forzados. también en muchos de los casos desaparecen personas sin motivos aparentes, sólo por estar en el lugar y hora equivocada.
Otras víctimas en situación de especial vulnerabilidad son los migrantes, quienes transitan por el país en busca de llegar a los Estados Unidos de América. Las personas que migran son detenidas en su trayecto, secuestradas, asesinadas, violadas y desaparecidas en total impunidad, algunas son víctimas de trata o trabajos forzados.
Obviamente las cifras son mucho menores que las que brinda el estadounidense Centro Nacional de Información Criminal (NCIC): más de 600,000 personas desaparecen en los Estados Unidos cada año y se teme que algunas (o muchas) de ellas sean mexicanas.
La desaparición de personas es un problema grave no sólo por la cantidad de víctimas, que asciende actualmente a casi 30 mil, sino por la corrupción e impunidad que rodean este crimen, en un contexto de supuesta democracia.
Actualmente Jalisco lidera a las entidades del país con la cifra más alta de desaparecidos, con 14 mil 956 personas sin localizar. De esta forma, la entidad concentra el 13.45 por ciento de las personas desaparecidas en México.
A dónde van los desaparecidos -un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México- elaboró una lista de municipios con menos de 100.000 habitantes que reportaron 50 o más desapariciones desde el inicio del sexenio para estimar la tasa de desapariciones activas, mostrando un problema muchas veces invisibilizado: en municipios escasamente poblados también ocurre esta tragedia y puede generar impactos más graves.
“ No sólo aumentó la desaparición de personas, sino que siguen aumentando los cuerpos sin identificar en una impunidad absoluta, como lo dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas”, lamenta Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 2011.
Han surgido nuevos epicentros, lugares en los que antes se registraban pocas desapariciones y ahora cuentan con centenares de víctimas que son buscadas por sus familiares, como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara que concentran el 8 por ciento de los casos ocurridos desde el 1 de diciembre de 2018.
Los datos muestran que desde 2006, en promedio, por cada mujer que sigue desaparecida hay 3.3 hombres. El año con la brecha más amplia fue 2010: por cada 5.3 hombres víctimas se registró una mujer. Durante el actual gobierno, en 24 municipios de once estados la desaparición de hombres es 20 o más veces mayor que la de mujeres.
La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas puesta en marcha por el gobierno ha tenido resultados positivos, ya que permitió depurar la base de datos correspondiente y localizar a un importante número de mexicanos que se encontraban incluidos en ella. Pero sigue la exasperación de buscadores de los ausentes, ya que la estrategia no ha brindado certezas sobre el paradero de sus familiares.
Es claro que la solución real y de fondo al gravísimo problema de las desapariciones –el cual se viene arrastrando desde muchos años atrás– no puede consistir únicamente en el ordenamiento y la actualización de los registros, y por doloroso que resulte, será material y humanamente imposible esclarecer todos y cada uno de los casos. Para las autoridades se trata de un imperativo moral, legal y político, señala La Jornada.
Otra de las dificultades es sin duda es determinar la identidad de los miles de fallecidos que permanecen en forenses y fosas comunes en calidad de desconocidos. Pero para poder llegar a alguna solución, se requiere dejar de lado las motivaciones políticas, las animadversiones y el manoseo de un asunto tan lamentable a fin de lograr avances sustanciales en el esclarecimiento de tragedias personales que conforman una vasta tragedia nacional mexicana.
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*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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