DEUDAS QUE AHOGAN Y UN PLAN MARSHALL CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA

Yago Álvarez Barba

Coordinador de la sección de economía

Según la ONU, los efectos de la crisis climática cuestan a los países vulnerables unos 300.000 millones de dólares al año. Solo en 2020, los países en desarrollo tuvieron que dedicar unos 372.000 millones de dólares a pagar los intereses de sus deudas públicas. Sí, solo los intereses, sin contar los montantes del principal de la deuda. Los fenómenos climáticos extremos, que según la misma organización ya se producen a ritmo de uno por semana, no paran de crecer. Las partidas presupuestarias dedicadas a satisfacer la deuda tampoco.

Cualquiera podría hacer una cuenta rápida y simple con esas cifras. Si liberamos del yugo que suponen los altos endeudamientos que sufren la gran mayoría de los países del sur, podrían acometer inversiones de transición climática o adaptación y mitigación antes sus consecuencias cada vez más recurrentes. Sobre este argumento, varios países están promoviendo distintas propuestas para canjear deuda por acciones climáticas. Algunas de ellas no pretenden tan solo proteger sus recursos naturales o adaptarse a la crisis climática, sino que buscan proteger algunas de las esponjas de gases de efecto invernadero más importantes del planeta como la Amazonía. Es decir, reducir las deudas del sur para salvar al planeta entero.

Uno de los países que está liderando dicha propuesta es Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, se ha convertido en una de las principales figuras en los encuentros internacionales que pretenden buscar una solución al creciente problema que supone la crisis climática, pero que sienten sus manos atadas por culpa de las enormes deudas públicas que arrastran los países del sur.

“Cambiar deuda por acción climática”, propuso Petro en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París, organizada por Emmanuel Macron, mientras otros presidentes de países del sur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le escuchaban detenidamente sentados sobre el mismo escenario. “La crisis climática necesita un gran Plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría sino en una escala limitada”, argumentó el presidente colombiano tras señalar que los mercados tienen un límite: “Solo nos pueden acompañar en procesos hasta donde son rentables, pero los recursos que se necesitan para superar de verdad la crisis y proteger la vida van más allá de la crisis”, sentenció el presidente.

Estos canjes no son nuevos. Los Debt swaps, como se denominan en inglés, existen desde los años 80 aunque ha ido cambiando el adjetivo. Antes eran deuda por educación, por salud, por desarrollo, etcétera. En los últimos años, los Debt for environment swaps han tomado protagonismo en países como Belice o recientemente Ecuador. Pero “nunca han funcionado porque siempre han sido muy pequeños”, explica a El Salto Iolanda Fresnillo, experta en deuda y encargada de políticas en Eurodad, que argumenta que nunca se han juntado, por ejemplo, 20 países para aliviar la deuda de un solo pais para que el efecto sea real y visible. “Siempre son muy costosos de implementar, de negociar y para proyectos muy pequeños”, lamenta Fresnillo que además señala que en muchas ocasiones han supuesto un problema que, en su opinión, es de soberanía democrática: “Los países que condonan esa parte de la deuda exigen que sus empresas participen en los proyectos”. Es decir, no perdonan nada, sino que canjean deuda por negocios rentables para sus multinacionales.

En la misma dirección apunta el análisis de Carola Mejía, analista de financiamiento climático en la organización Latindadd, que ha investigado este tipo de canjes de deuda en otros países y que señala que “en general, no han sido nunca muy efectivos en reducir la deuda y, si la reducen, es una cantidad muy pequeña”.

Coincide con ella el economista de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Daniel Munevar. Apunta a que las principales organizaciones internacionales como el FMI o la OCDE han publicado documentos en los que coinciden en que los efectos positivos de los swaps pueden ser marginales y siempre deben ir enmarcados en procesos de reestructuración a los que se enfrentan países en grave situación financiera y cercana al impago. Además, señala al problema de escala con varios ejemplos: “Para un país pequeño como Belice y que no se encuentre en una situación muy complicada le puede ir bien, pero para Ecuador la cantidad va a ser mínima y otros países en peores situaciones no se ahorran nada, como le ocurrió a Gabón donde consiguieron un descuento del 10% y finalmente no se ahorró nada”.

Ese supuesto porcentaje que se ahorran pero que se queda en nada, como el caso de Gabón, se debe a las opacas estructuras financieras en las que se basan y desarrollan estos productos de deuda. “Los swaps están pagando comisiones altísimas a los intermediarios financieros y a los que ponen las garantías —dice Munevar—, por eso Credit Swiss, Bank of America y todos los grandes actores financieros están entrando en este negocio en el que cobran unas comisiones altísimas y donde, cuanto más opaco sea, más dinero están obteniendo”.

En este último inconveniente sobre el tamaño, Fresnillo es clara: “Si eres un país pequeño no tienes poder de negociación”. Lo que acaba convirtiendo a esta nueva estrategia para ayudar a los países del sur en un nuevo negocio rentable en el que los mercados financieros, como siempre, acaban sangrando a los países con problemas. Pero, además, hay otro motivo más simple desde un punto de vista económico, un simple problema de falta de recursos reales: “Ese dinero no existe, no se puede pagar”, afirma Fresnillo. Los países en desarrollo con altos problemas de endeudamiento no tienen dinero para cancelar o refinanciar la deuda, aunque solo sea la parte que no se canjea, y al mismo tiempo invertir el montante restante en acciones climáticas. Estos canjes, pequeños de por sí, no acaban liberando los recursos suficientes, por lo que el país no es capaz de aliviar ninguno de los dos problemas, ni el financiero ni el ecológico.

El Gobierno colombiano parece haber avanzado y ampliado sus propuestas más allá de los swaps, pero hay otros países que han optado por el canje directo de deuda por acciones climáticas. Es el caso del pequeño país centroamericano de Belice y también de Ecuador. El 9 de mayo, el Gobierno ecuatoriano anunció uno de esos canjes de deuda para liberar recursos económicos que se destinarán a la protección de las Islas Galápagos. No era algo nuevo. Antes que el país andino, las Seychelles lo habían acometido en 2018, Belice en 2021 y Barbados el año pasado.

Los Bonos marinos de Galápagos, tal y como los ha bautizado, consisten en una nueva emisión de deuda pública ecuatoriana que canjearía deudas anteriores por un valor de 1.628 millones de dólares y los convertiría en una nueva de 656 millones con vencimiento en 2041. Una operación que podría liberar unos mil millones de dólares que el Gobierno se compromete a gastar en la conservación del paraje natural de Galápagos. Pero no es una anulación de deuda, “sino una conversión, un canje hacia nuevas deudas”, explica a El Salto Eric Toussaint, del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), que también ha investigado y criticado la propuesta ecuatoriana.

Además, tal y como señalaba Munevar, para un país como Ecuador, el montante de este swap y su ahorro no le soluciona nada, aunque bien es cierto que libere una serie de recursos económicos con los que se pueda acometer algún proyecto de conservación natural. “Con una deuda del 60% del PIB, como tiene Ecuador, este canje puede reducir la deuda entre un 2 y un 3%, es decir, te resuelve el problema de dos años pero poco más”, lamenta el economista de la UNCTAD.

Reconocido por todos los gobiernos e instituciones que los swaps no son la panacea, y menos para los países con mayores problemas, desde el Gobierno colombiano han dado un paso más en su propuesta: la emisión de derechos especiales de giro a nivel global para que los países del sur los utilicen en su transición climática. Estos derechos son unos activos de reserva internacional que complementan las reservas oficiales de los países. De este modo, esos países pueden intercambiarlos por monedas de uso. Es decir, resumiendo, permiten a los países tener recursos económicos extra aumentando la masa monetaria con una garantía del FMI.

Normalmente, dentro del marco del FMI, los países reciben estos bonos que se convierten en masa monetaria según su peso dentro de la institución. Es decir, al final estos recursos han ido a parar a los países ricos. La propuesta de Petro busca que se haga una emisión especial para que los países del sur puedan pagar sus deudas que, en la mayoría de ocasiones, está en manos de fondos de inversión de países del norte. De este modo, estos fondos recuperan la liquidez sin tener que perder dinero, mientras que los del sur liberan una enorme cantidad de recursos económicos para afrontar las graves consecuencias de la crisis climática y poder acometer las inversiones necesarias para poder mantener la naturaleza y aquellos parajes que absorben la contaminación de todo el planeta.

Mejía explica que desde Latindad han apoyado las emisiones que se hicieron durante la pandemia porque “tuvieron un efecto sumamente importante para los países del sur”, y cree que deberían producirse más emisiones, “pero con criterios de distribución diferentes”. Tampoco cree que se tengan que utilizar exclusivamente para pagar la deuda externa primero, tal y como apunta la propuesta colombiana, sino que los países sean soberanos a la hora de elegir qué hacer con ese dinero. “Pueden usarlo para pagar la deuda o no, destinarlo a inversiones climáticas o a lo que ellos crean”. Ahora mismo, señala Mejía, “se está intentando canalizar los derechos de giro que los países del norte no usaron durante la pandemia para que lleguen a los del sur”, pero, lamenta, “se hacen mediante nuevos préstamos y condicionalidades, como siempre ha hecho el FMI, y eso no nos parece lo adecuado”.

Según el Informe anual del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD), 52 de los países más pobres considerados como sobreendeudados utilizaron una quinta parte de sus presupuestos en satisfacer los intereses de sus abultadas deudas públicas y se encuentran en serios problemas financieros por este motivo. La doble crisis, de deuda y climática, apremia y los países más afectados están lanzando un llamado internacional en forma de estas propuestas. En cambio, son los países del norte los responsables de entre el 80% y el 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según distintas fuentes.

“La propuesta de Colombia va más allá, ya que lo que pretendemos es partir de un concepto de justicia ambiental, que debería ser el principio que guíe este tipo de negociaciones”, explica a El Salto Manuel Felipe Mantilla, del Ministerio de Economía de Colombia. El concepto, asegura, es sencillo: “Quienes han generado las emisiones y la contaminación son los países del norte global, pero quienes sufren las peores consecuencias son los países del sur”.

Además, señala, estos países sufren esas consecuencias al mismo tiempo que deben soportar un enorme peso de la deuda que les imposibilita liberar recursos económicos para financiar la acción climática. “El sur absorbe parte de esas emisiones. Nosotros somos esponjas y el norte emite. Ya la esponja no es suficiente”, afirmó Gustavo Petro en la Cumbre de París, haciendo referencia a este concepto de deuda climática que muchas organizaciones civiles llevan reclamando desde hace años.

Pequeños canjes, más préstamos, descuentos en el pago, ligeros rescates a aquellos que están en el borde del abismo… parches que no solucionan el problema principal y la doble crisis de deuda y clima. Todas las fuentes consultadas, incluido el Ministerio de Economía colombiano, coinciden en que es necesaria una medida de mucho más calado: la reforma del sistema financiero internacional, enfocado solo al beneficio económico y en manos de muy pocos actores que ostentan todo el poder. “Se deben establecer mecanismos más justos para la resolución de la deuda que permita que los países puedan negociar de una manera más equitativa con todos los acreedores involucrados”, dice Mejía.

También señalan desde Colombia a los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, y su papel en el reparto de recursos económicos a escala global. “Se deberían capitalizar gracias a los derechos especiales de giro —dice Mantilla—, pero también deben incorporar el aspecto ambiental dentro de sus propósitos de financiamiento y tienen que se préstamos en mejores condiciones para los países de renta media y baja”.

Fresnillo también apunta a la opacidad con la que se gestionan estos procesos. “Se crean fondos financieros como el de Ecuador que tienen su sede en un paraíso fiscal, se hacen sin ninguna transparencia, no sabemos quiénes son los intermediarios, cuánto están cobrando, quién se lleva ese beneficio o ni siquiera quién definirá las políticas ambientales resultantes del canje”, lamenta la investigadora de Eurodad. Al final, dice, “estás reforzando un sistema de finanzas climáticas, que podría tener un impacto positivo, pero que arroja demasiados interrogantes”.

Pero si hay algo en lo que concuerdan todas las personas consultadas para este reportaje y todos los movimientos contra las deudas ilegítimas desde los años 90 es que la única solución es la condonación de parte de las deudas externas de los países en desarrollo. El alivio de unas deudas que no dejan de crecer parece la única salida a este callejón que oscurece más con cada desastre climático que sufrimos y con cada promesa incumplida por parte de los gobiernos del norte en las cumbres climáticas.

“Estamos viendo que los canjes de deuda están distrayendo la atención de reformas más amplias que son vitales, incluyendo la cancelación de la deuda”, Tess Woolfenden

Desde la organización con base en Reino Unido Debt Justice llevan años promoviendo una solución justa para los países más endeudados y siempre se han mostrado muy escépticos con los canjes de deuda por clima. No solo por los motivos que ya se han explicado y las dudas que despiertan, sino porque “estamos viendo que los canjes de deuda están distrayendo la atención de reformas más amplias que son vitales, incluyendo la cancelación de la deuda y la financiación climática basada en subvenciones”, explica a El Salto Tess Woolfenden, integrante de la organización.

En la misma línea apunta Fresnillo con claridad: “Estas negociaciones se acaban convirtiendo en una cortina de humo para no hablar del problema real que es la deuda”. Enumera a países como Pakistán, Egipto, Túnez, Zambia, Ghana o Mozambique que se encuentran ahora mismo en situaciones cercanas al impago de la deuda y la quiebra de sus cuentas públicas. También cita a pequeños Estados insulares del Caribe o el Pacífico que se están literalmente ahogando con la subida del nivel del mar debida al calentamiento global y que sus elevadas deudas les impiden acometer inversiones de mitigación y adaptación. “Estamos en un momento muy crítico –añade Mejía– y el tema de la cancelación de deuda es algo que tendría sentido para ayudar a estos países a obtener recursos y poder salir y recuperarse de toda esta crisis múltiple”.

Del mismo modo que la transición ecológica no se puede dejar en manos de un sector privado que solo busca rentabilidad, como señala Gustavo Petro, y tampoco parece que se pueda confiar en la misma estructura financiera global que ha llevado con sus recetas al sobreendeudamiento de los países del sur, no resulta plausible que se sigan utilizando los mismos mecanismos de “ayuda” a los países en desarrollo que se han ido utilizando hasta ahora. Ahí apunta Munevar: “Es imposible seguir utilizando la deuda como mecanismo para financiar la lucha contra el cambio climático —dice el economista—, la única manera es un programa masivo de transferencias que no pueden ser basados en préstamos”, concluye.