Después de devastadoras guerras mundiales solo hemos visto comparecer ante tribunales a los del bando vencido, como si las atrocidades contra la población, tales como la tierra arrasada, las violaciones y el sometimiento al hambre, no fuesen una práctica recurrente entre los ejércitos.
Fernando Valencia Rivera
Abogado, docente U. de Antioquia y asesor Corporación Viva la Ciudadanía
La humanidad ha procurado importantes transformaciones en la regulación de la violencia, tratando de contener por la vía de la razón lo que sería una interminable espiral de agresiones, superando el ejercicio de la venganza como acto de reivindicación y transitando hacia una represión impersonal que se ejerce a través de los aparatos de gobierno, ya sean de tipo nacional o internacional. Las personas ceden su capacidad violenta en favor del monopolio estatal y éstos a su vez en favor de organismos intergubernamentales mediante dispositivos regulatorios que adquieren eficacia en directa proporción a su legitimidad o su capacidad represora.
Como no siempre se cuenta con la acción protectora de quien ejerce autoridad cuando se está frente a un riesgo apremiante e insuperable se concibió la legítima defensa, pero como también es posible que la violencia provenga de los propios Estados o por confrontación entre bandos con capacidad destructiva, se establecieron los límites del derecho humanitario, definiendo que aún en medio de una guerra o un riesgo extremo se debe distinguir a quienes no participan en la confrontación o la amenaza, y que en todo caso debe existir proporcionalidad entre la agresión y la respuesta violenta.
Estas sencillas formulaciones parecen complejizarse a medida que se asciende en la escala de poder de los Estados, lo que deviene en gobiernos arbitrarios y prácticas imperialistas que dan al traste con los escasos avances. Después de devastadoras guerras mundiales solo hemos visto comparecer ante tribunales a los del bando vencido, como si las atrocidades contra la población, tales como la tierra arrasada, las violaciones y el sometimiento al hambre, no fuesen una práctica recurrente entre los ejércitos. Los ganadores de las guerras han erigido organismos y sistemas para que la represión no sea venganza, para evitar que las personas o los Estados se vean avocados a la violencia, tal como se prometió con las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, pero a renglón seguido se declararon por fuera de su alcance al darse en este asiento permanente y poder de veto. Los cinco Estados gendarme (China, Rusia, Francia, Inglaterra y USA) no solo se abrogaron el derecho de invadir impunemente a otros países, en lo que ellos lleguen a considerar una legítima defensa o una “guerra preventiva” como la que sustentó la destrucción de Irak, sino que también auspician en sus protegidos el desacato al derecho humanitario y a las autoridades establecidas.
El caso de Israel permite graficar bien esta situación, aunque no es el único, pero sí uno de los más comprensibles por su actualidad. No cabe duda de que este Estado sufrió una criminal agresión y de que le asiste el derecho de defensa (como también podría pregonarse del pueblo palestino), pero como protegido de los Estados Unidos va mucho más allá y emprende una acción de venganza que desconoce el derecho humanitario y arrasa impunemente a una población inerme, acudiendo a métodos desproporcionados y perversos como los de cortar los suministros vitales a la población, obligar su desplazamiento e impedir los dispositivos humanitarios. Se dirá que la acción de Hamás fue igualmente cruel, lo que nos llevaría precisamente al argumento de la venganza.
Mientras esto pasa en Gaza el Consejo de Seguridad fracasó dos veces esta semana en su intento de producir una resolución de condena a los graves hechos: una de las propuestas, auspiciada por Rusia (sin reparar en lo que hace en Ucrania), y la otra por Brasil en su calidad de presidente del organismo. En ambos casos Estados Unidos ha ejercido su derecho al veto y anulado la determinación mayoritaria de los demás integrantes; en el de Rusia es apenas comprensible por la enemistad y los intereses en juego, pero en la promovida por el país suramericano resulta insultante que lo haga bajo el argumento de que el proyecto no declara el derecho de legítima defensa que le asiste a los judíos.
Ahora bien, si ponemos la figura en cabeza de los Estados, digamos para proteger su soberanía, y aceptamos que es legítimo arrasar poblaciones y sociedades, también sería imperativo concluir, como en efecto lo hacen algunos, que las Naciones Unidas y el derecho internacional son apenas una ficción que sirve para normalizar el poder hegemónico de unos pocos Estados, y abriríamos paso a la barbarie, donde la crueldad puede superar a la fuerza para romper asimetrías como las existentes en este viejo conflicto entre Israel y Palestina.
Justo esto es lo que ha venido confrontando nuestro gobierno a través del presidente Petro, esta tendencia global de someter violentamente a las naciones, estas expresiones imperialistas ejercidas desde las potencias y sus países satélite, tal como lo fue Colombia para Estados Unidos en América Latina; con un nuevo modelo de relaciones internacionales basado en la soberanía y en la defensa de los valores del Estado Social de Derecho, representado en acciones concretas como el reconocimiento del gobierno venezolano y la recuperación de relaciones económicas y diplomáticas con ese país, el voto favorable al levantamiento del criminal bloqueo impuesto a Cuba, la implementación de una nueva política antinarcóticos independiente de la agenda norteamericana, el rechazo al proceso golpista contra el presidente Castillo y la apertura a una Paz Total con acuerdos claramente dirigidos a proteger la población civil. Su discurso no es contra Israel ni en favor de Palestina, ni se agota en este conflicto, es por un nuevo orden mundial que trascienda el imperialismo y permita recuperar el sentido de un sistema global que nos permita superar la violencia.
Edición 847 – Semana del 21 al 27 de octubre de 2023
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