El gobierno de la esperanza, como lo llaman, con un amplio apoyo popular, ha empezado a navegar en las aguas turbulentas y contaminadas de la política colombiana, como todo el mundo sabe.
Por Oto Higuita
El triunfo del gobierno del cambio y potencia de la vida, de las “calles y las plazas”, marcó un quiebre histórico en la línea de continuidad de los gobiernos tradicionales de la burguesía. Por primera vez en la historia republicana es elegido un presidente que, por un lado, representa un amplio movimiento popular y de ciudadanías libres, y por el otro, no proviene de los partidos políticos liberal y conservador, partidos con los que ha sido gobernada Colombia por una sola clase, la oligarquía.
El gobierno de la esperanza, como lo llaman, con un amplio apoyo popular, ha empezado a navegar en las aguas turbulentas y contaminadas de la política colombiana, como todo el mundo sabe. Completa 8 meses tratando de aprobar un programa de reformas urgentes que pide a gritos la sociedad de los y las excluidas socialmente; reformas que sin ser las más radicales y estar ajustadas a la Constitución, encuentran una férrea oposición y la preparación de un golpe por la clase que históricamente ha devenido en una narcooligarquía.
Oposición carente de escrúpulos y respeto por las formas y las normas, que viene haciendo uso de diferentes estrategias para desgastarlo y crear las condiciones para dar un golpe (blando) contra el primer gobierno que busca reformar al Estado corrupto, criminal y al servicio de las mafias y devolverle su carácter de Estado Social de Derecho como lo establece la Constitución.
Nadie que conozca y haya estudiado el desarrollo y los cambios radicales que ha sufrido el Estado colombiano en las últimas cinco décadas, puede negar la condición de Estado fallido que arrastra la nación. Un Estado al servicio de una minoría que lo ha capturado y se ha enriquecido de los bienes públicos, el presupuesto nacional, la feria de cargos públicos, los grandes negocios y contratos que han monopolizado para sus círculos oligarcas, sus clientes, sus sirvientes y sus lacayos.
Esa concentración desmesurada de la riqueza en Colombia en pocas manos, ha dejado sin derechos constitucionales a una mayoría que sufre la exclusión, la violencia estatal cuando protesta, el exterminio sistemático, además de la pobreza masiva, el desempleo, la carencia de servicios básicos, el acceso de calidad a la salud, la educación, la cultura y la vivienda digna.
Sin duda los que se oponen radicalmente al gobierno del cambio son los factores reales de poder encabezados por las fuerzas políticas derrotadas, dentro y fuera del país (la injerencia e intereses del imperialismo norteamericano), como el gran capital, la banca privada, instituciones claves como la Fiscalía, Procuraduría, ejército y policía, el paramilitarismo y la paraestatal contrainsurgente que sigue asesinando sistemática líderes sociales, el alto clero y los monstruosos medios de comunicación corporativos. Mientras, el gobierno del cambio sólo cuenta con el triunfo electoral y una importante mayoría de pueblo movilizado.
De ahí que el nuevo gabinete nombrado por el presidente Petro plantee preguntas de fondo sobre lo que tendrá que enfrentar en adelante, aparte del argumento de que lo que se busca es “un pacto social” con todas las fuerzas políticas, principalmente con las que se oponen radicalmente a su mandato, lo sabotean y buscan darle un golpe de Estado, como lo advierte el jesuita Javier Giraldo, reconocido defensor de DD.HH. en Colombia. Así que si lo que busca el gobierno es romper el cerco en el que lo tiene cercado la oligarquía, haciendo uso de todas las formas y medios de lucha política, lo único garantizado es que vendrán más ataques de los que poco sabemos cómo, qué ni cuándo vendrán.
Por eso hay que estar extremadamente alertas, el movimiento popular, las ciudadanías libres y el pueblo movilizado para recuperar inmediatamente las calles y volver a la lucha popular y extraparlamentaria, tal y como se hizo durante el paro nacional del #28A del 2021, que pronto se convirtió en el más temido estallido social en Colombia en décadas.
Los perfiles de los nuevos integrantes del gabinete se caracterizan por tener hojas de vida académicas intachables, experiencia y especialización en temas afines a los cargos que fueron nombrados, pero sobre todo la mayoría hace parte del círculo de confianza del presidente, por haber trabajado ya antes con él en la alcaldía de Bogotá o durante su período de senador. Pero también está la cuota de los conversos provenientes de partidos tradicionales como el min interior, un liberal, ex senador que ha estado en las toldas disidentes de ese partido tradicional desde hace unos años; un min TIC hijo de un corrupto líder político liberal de Caldas, heredero de una tradición politiquera mayúscula; hasta un min salud de profesión médico, cirujano cardiopediatra y ex gobernador del Tolima durante el gobierno de Virgilio Barco.
Sin duda, haber entregado en bandeja de plata la cabeza de min salud Carolina Corcho a la derecha que sabotea las reformas urgentes que necesita el país, es más de la vieja estrategia de un paso adelante y dos atrás, con la idea de generar condiciones para una nueva alianza de clases o pacto social buscando un aliado que, tal vez, no está en el parlamento sino en las calles y campos.
Este viraje en el timón de mando sin un norte claro es producto, seguramente, del acorralamiento en que está el gobierno tratando de impulsar con urgencia una reforma amplia y profunda que, por la necesidad de crear acuerdos con la oposición para que sea aprobada, ya anda coja.
Aquí es válida la pregunta: cuál es la diferencia entre el nuevo gabinete y el anterior? Da la impresión que es más formal que de fondo. El pacto social que propone el gobierno hoy no lo define un remezón del gabinete, esa nueva alianza de clases que se propone la define en concreto una relación de fuerzas que, bajo las condiciones actuales, está por fuera del parlamento burgués. Parlamento que por las mayorías frágiles e inciertas a las que está expuesto, no ofrece garantías reales para formar un gobierno sólido y cohesionado que genere el tan anhelado cambio.
Con este timonazo el presidente Gustavo Petro se distancia del sujeto político, único factor real de poder, entre otros, que puede romper el estado de inercia y estancamiento del proceso en que está sumida Colombia. Tal vez está convencido que es desde el parlamento por más desgastado e ilegítimo que esté, que se debe seguir insistiendo en buscar una mayoría relativa en favor de la reforma, así dicha alianza de clases no sea en realidad garantía para lograrla, y por el contrario, sea una estrategia más para seguir debilitándolo.
No es poniéndole distinta guasca al mismo perro que se lograrán los cambios. Esa alianza de clases siempre dependerá de la suma de todos los factores reales de poder, y las concretas y existentes, con excepción del factor pueblo y movimiento popular movilizado, no están del lado del cambio sino del continuismo oligarca que solo busca poner fin al nuevo gobierno, así éste cuente con la legitimidad de los votos que lo eligieron, pero no la mayoría parlamentaria suficiente para derrotar a las fuerzas que han gobernado Colombia con la política de la muerte.
Está, además, por verse si se cumple el pronóstico de algunos cuadros de la oligarquía, que han sostenido que Petro es el mejor bombero que hay en Colombia para apagar el volcán en ebullición que es la sociedad colombiana. Eso sólo será posible si la paciencia de la gente aguanta y no revienta en cualquier momento, ante un hecho inesperado o conscientemente provocado.
Ya algunos sectores juveniles, sobre todo el estudiantil, empiezan a descreer de un gobierno que ha hecho cambios pero que los ha dejado solos y olvidado (excepto las deudas con ICETEX y la promesa de más universidades y financiación), un gobierno que sin duda ha tomado decisiones que favorecen a sectores populares (el bono o renta para los 3 millones de mujeres cabeza de familia), ha entregado bienes confiscados a la mafia a familias víctimas de desplazamiento y expropiación, que ha demostrado decisión y resultados en la lucha contra el narcotráfico, pero que sigue sin cumplir con otros temas importantes del programa de cambio.
Siguen en la cárcel decenas de jóvenes que estuvieron en el estallido social del #28A del 2021. Es solo un ejemplo de que el descontento en los sectores que ayudaron a generar el cambio desde la lucha popular y extraparlamentaria, aumenta y empieza a dudar de la capacidad de maniobra y decisión de un gobierno que se muestra débil y se distancia de los sectores y del movimiento social. La llamada paz total avanza con grandes tropiezos, mientras continúa el exterminio diario de líderes sociales. Y el tema de tierras para cumplir el incumplido acuerdo de paz con las ex FARC, sigue empantanado porque la derecha está atrincherada, armada y empecinada en impedir que haya una verdadera reforma agraria en Colombia, mientras el gobierno va avanza como una tortuga, la derecha paramilitar y terrateniente lo hace desbocada.
Después del triunfo colosal e histórico, parece como si hubiéramos quedamos anestesiados por la creencia de que todo se iba a solucionar con un nuevo gobierno para el cambio y para la vida; cuando lo que se ha visto es que ejercer gobernanza desde un Estado descompuesto y un parlamento ilegítimo que, además, representa mayoritariamente los intereses de una clase sanguinaria, es, sencillamente, más de lo mismo.
Oto Higuita. Activista y analista social.
@Otohiguita
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