Centroamérica
Una vez detenido, la presunción de inocencia, el derecho a la legítima defensa, a un juicio justo, queda reducido a la nada. Así, Nayib Bukele, en menos de un año, y bajo un régimen de excepción permanente, ha detenido a más de 64 mil personas acusadas de pandilleros o pertenecientes a las famosas maras
Nayib Bukele ha trascendido las fronteras de El Salvador. Repercutió apareciendo en la Asamblea Legislativa con tropas del Ejército en 2020, convirtió el bitcoin en moneda paralela al dólar oficial en 2021, implementó un escandaloso estado de excepción permanente desde marzo del 2022, para combatir a las pandillas, ha detenido a más de 64 mil personas y ahora presenta su auto proclamada cárcel más grande de América Latina que se haya construido con estruendosa difusión mediática. ¿Qué es el llamado fenómeno Bukele y su particular bonapartismo reaccionario?
“El policía es un juez en la calle”
“El policía es un juez en la calle que tiene criterios para poder identificar e individualizar a cualquier persona”, frase del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, durante la solicitud para una prorroga más del régimen de excepción. En El Salvador cualquiera puede estar bajo sospecha, basta la mirada de ese “juez” policial que decide ipso facto una detención arbitraria. Todo habitante de los territorios que antes controlaban las maras, por la “apariencia sospechosa” o considerado “sospechoso” por su pertenencia a determinados sectores sociales o por la zona en que residen, son factibles de detención.
Una vez detenido, la presunción de inocencia, el derecho a la legítima defensa, a un juicio justo, queda reducido a la nada. Así, Nayib Bukele, en menos de un año, y bajo un régimen de excepción permanente, ha detenido a más de 64 mil personas acusadas de pandilleros o pertenecientes a las famosas maras, donde no se contabilizan los desaparecidos ni las ejecuciones directas en esta “guerra” contra las pandillas. Y según un informe oficial, entre los detenidos hay un total de 1082 adolescentes, 918 niños y 164 niñas.
Bajo métodos de guerra civil han sido atacadas no sólo las áreas territoriales donde las maras ejercían su control hasta hace pocos meses atrás, sino también más allá de las mismas. Se volvió práctica el uso de métodos violentos, como operativos de saturación, la incursión en extensas zonas poblacionales pobres y el copamiento militar del territorio, con redadas y el encarcelamiento masivo. Se expandieron e intensificaron así las políticas punitivas y la violencia de Estado, en la actuación conjunta de militares y policías, donde no existen límites en el ejercicio del poder abriéndose paso la violencia letal, disponiéndose de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia para los ejecutores.
Por otra parte, organismos de derechos humanos denuncian que más de 100 personas han muerto en confinamiento, muchas sometidas a torturas, sin haber llegado siquiera a ser procesadas por algún delito, y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 4.000 habeas corpus de familiares, la mayoría sin ser atendidas.
“Estamos en guerra, lo que hay que escoger es de qué lado estamos”
A finales de marzo de 2022 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó a pedido de Nayib Bukele el inicio de un régimen de estado de excepción que se ha prolongado durante casi todo un año, y todo indica que se continuará renovando. Esta política de “seguridad”, con el nombre de Plan Control Territorial, comenzó un día después de que la famosa mara MS-13 masacró a 87 personas entre el 25 y 27 de marzo en el centro capitalino, la que fue conocida como la jornada más violenta de El Salvador. Hasta ese entonces el Gobierno de Bukele venía desarrollando negociaciones secretas con las tres pandillas más importantes del país, la Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, las que finalmente rompió.
A partir de allí comenzaron las operaciones ostensivas represivas de tierra arrasada bajo el régimen de excepción. En su “objetivo” de combatir la violencia y delincuencia organizada, Bukele habla en términos de “guerra”.
El vicepresidente Félix Ulloa declaró en julio del año pasado, cuando se contabilizaban en ese entonces casi 50 mil detenidos: “Estamos en guerra, lo que hay que escoger es de qué lado estamos, si es del lado del Estado, del gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos…”. Y agregaba, ante las denuncias de violaciones a los más elementales derechos humanos, “siempre en una guerra habrá víctimas inocentes y daños colaterales que habrá que corregir, no se justifica…el Derecho Internacional Humanitario reconoce el “derecho a la guerra” y que el Estado salvadoreño ha hecho uso de ello declarando la guerra a las pandillas”. Así busca vincular nexos con las pandillas a todo aquel que defienda los más elementales derechos humanos.
El “éxito” de Bukele en esta “guerra”, le ha aumentado incluso su popularidad en el propio El Salvador que ha traspasado las fronteras nacionales. Medios digitales perseguidos por las denuncias de sus negociaciones secretas y las violaciones a los derechos humanos, como el Faro.net, recoge en un reciente artículo: “El Faro logró confirmar que miles de pandilleros están ahora en desbandada, que sus estructuras han sido seriamente debilitadas y que su presencia es ya mínima o nula en los territorios que controlaron durante décadas. Para que ello sucediera, hemos tenido que ceder nuestra democracia que, aunque imperfecta, se construyó después de casi 100.000 muertes y miles de desapariciones [durante la guerra civil]. Ahora El Salvador ha entregado el poder a una sola persona, que ya manipula todo el sistema y que no está sujeto ni a mecanismos de control ni de rendición de cuentas.”
La violenta mano dura ocultan el verdadero origen de la inseguridad
En casi un año, Bukele ha necesitado montar su espectáculo mediático, mostrar el “éxito” de su “guerra”. Primero fue la presentación de la mayor cárcel construida con capacidad para 40.000 personas, bajo el nombre de Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), hecha como una producción de corto cinematográfico al estilo de un thriller hollywoodense. La presenta al mundo como “la cárcel más grande de toda América”, con una apabullante puesta en escena, mostrada por el propio Bukele en cadena nacional de radio y televisión.
El segundo acto lo constituyó el traslado de 2000 pandilleros al nuevo centro de reclusión, con el mismo vuelo cinematográfico. Una masa de seres humanos, seleccionados entre 60 mil para que nadie apareciera sin tatuajes, y mantener la “veracidad” del thriller en el espectáculo. Muestra su poder sobre las maras con humillantes escenas violatorias del más elemental derecho humano en el trato a las personas, exhibiendo sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco y descalzos, tal como un campo de concentración. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados”, ha afirmado Bukele, mientras el Ministro de Seguridad y Justicia, ha sentenciado: “Sepan que no volverán a salir caminando del CECOT”.
El bombardeo mediático es tan grande que convencen a sectores de la población de que realmente esta es la salida, donde los pedidos por mayor seguridad tiñen de manera reaccionaria el clima social recayendo sobre los más desfavorecidos. Un clima reaccionario que se hace eco en muchos países del continente, buscando imitadores en Colombia, en Venezuela, en Brasil y en muchos otros países.
La violenta mano dura ocultando el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación y opresión, que, en los países centroamericanos es signado por las grandes desigualdades sociales y pobreza extrema, que se expresa también en las grandes migraciones hacia Estados Unidos en busca de un trabajo. Pues las pandillas no surgieron de la nada.
El sistema económico de grosera concentración de las riquezas en un polo ultra minoritario de la población y grandes necesidades al otro extremo, causó las pandillas, surgidas entre los más pobres, que son empujados cada vez más a la miseria, y que para constituirse tuvo la vinculación directa con las propias policías y sus mafias. Y las causas estructurales de la pobreza, que no se resuelven, se profundizan.
Como se lee en un editorial del faro.net, “Pero las pandillas no nacieron por generación espontánea. Han sido la expresión más cruda y violenta de una sociedad descompuesta, corrupta, que brinda pocas oportunidades a la mayoría de la población y que está marcada por la pobreza, la desigualdad, la imposibilidad de movilidad social, de acceso a servicios fundamentales como la salud, la educación, la vivienda digna y empleo digno; la conservación de nuestros precarios recursos naturales… Las causas que dieron origen a las pandillas permanecen allí…”.
Represión y control social del bukelismo
No hay operaciones represivas en territorios donde vive la clase media y alta, se realiza allí donde viven las grandes mayorías populares, en los barrios pobres de la clase trabajadora, e incluso en áreas rurales territorios donde vive la población campesina. En la “guerra” a las pandillas se devela el telón de clases, en tal unilateral “guerra”, la posibilidad de respuesta se reduce a cero, en la sospecha y en la “guerra” de tierra arrasada se van sectores que nada tienen que ver con las pandillas.
El gobierno a través del régimen de excepción y la supresión de derechos y garantías, mediante el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad ha infundido el terror en la población sobre todo en los sectores populares. Es que la gravísima violación de todas las garantías democráticas y derechos dentro del marco de un Estado de excepción permanente, la está sufriendo también y principalmente las familias que habitan en los sectores más empobrecidos del país, quienes encima viven más la pobreza.
Como denuncian algunas organizaciones populares, han sido arrestadas jóvenes madres acusadas de ser pandilleras y mujeres de la tercera edad que acusan de ser colaboradoras, detenidas bajo la brutal violencia ejercida ante sus hijos. Incluso algunas y algunos arrestados no han aparecido en ningún penal de El Salvador, no se sabe adónde fueron llevadas.
Este régimen de excepción y los métodos de guerra de civil en el “combate” a las maras, son utilizado también para aterrorizar al pueblo trabajador, a los movimientos y organizaciones sociales, populares, campesinas y sindicales. No por casual que entre las detenciones arbitrarias han abarcado a diferentes líderes de organizaciones de trabajadores, defensores de los Derechos Humanos, estudiantes y organizaciones populares. Es el control social que se impone bajo el terror.
Nayib Bukele, la cara del bonapartismo reaccionario salvadoreño
Sin serlo, Nayib Bukele jugó la carta de “outsider” en la política salvadoreña a pesar de provenir del FMLN, al ubicarse contra la corrupción generalizada en todo el período que va de la posguerra en El Salvador, al llegar a la presidencia rompiendo el bipartidismo del régimen político surgido luego de los Acuerdos de Paz. Antes de llegar a la presidencia fue elegido alcalde del municipio Nuevo Cuscatlán en el 2012 al 2015, a pocos kilómetros de la capital salvadoreña, posteriormente se elige alcalde de dicha capital, San Salvador, en el 2015 hasta el 2018, ambos cargos bajo la bandera del FMLN.
Por las discrepancias y los conflictos internos fue expulsado de dicha tolda política. En el 2018 fundó su propio partido, Nuevas Ideas, el cual define como un partido “descentralizado”, y se lanza a las presidenciales. En las elecciones presidenciales del 2019 Bukele logró una abrumadora victoria, que no necesitó de segunda vuelta, derrotando al candidato del FMLN. En ese entonces, por sus posiciones políticas fue ubicado dentro de la variopinta derecha en ascenso en América Latina en dichos años por su alineamiento con la ofensiva golpista de Estados Unidos en Venezuela, reconociendo a Juan Guaidó, la marioneta gringa, como presidente interino.
Aunque la relación de Bukele con Estados Unidos viene siendo ambigua a diferencia de su inicio más proyanki, y en momentos cargados de tensión, como cuando lo empezaron a cuestionar por sus políticas internas. A la vez ha amenazado con un posible acercamiento a un nuevo aliado: China. En 2019 el presidente salvadoreño visitó Pekín y desde entonces ha anunciado varios proyectos de inversiones y colaboración con el país asiático. Pero el peso económico y político de Estados Unidos es demasiado grande en El Salvador, y el interés de China es muy limitado en la economía salvadoreña.
Llegado a la presidencia Bukele ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas revitalizándola luego de la larga guerra civil y duplicando el número de efectivos militares con el pretexto de combate a la violencia y delincuencia. Lo puso de manifiesto con su accionar en febrero del 2020 cuando militarizó la Asamblea Legislativa ante la negativa de votar un proyecto de endeudamiento por un crédito para aprobar un Plan de Control Territorial que costaría casi 110 millones de dólares.
En las elecciones legislativas de febrero del 2021 su triunfo fue nuevamente arrollador, quedando con el dominio absoluto de la Asamblea Legislativa junto a sus aliados del derechista partido GANA. En dichas elecciones los partidos que se venían alternando el poder en la posguerra luego de los acuerdos de paz en 1992, ARENA y el FMLN, quedaron reducidos a su mínima expresión en cuanto a representación parlamentaria, siendo que eran los dominantes en el parlamento unicameral en toda la etapa anterior. Desde que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa Bukele ha tomado el control del Poder Judicial, así como también de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo a su servicio la Justicia que le abra paso a su reelección.
Con todo ese capital, Bukele ha buscado elevarse por encima de la sociedad, arbitrando y decidiendo por doquier con todo su poder, llegando a utilizar incluso, como ya lo hemos dicho, métodos de guerra civil para el control social. Así fue perfilándose el bonapartismo de Bukele, altamente represivo y cada vez más diseñando a su imagen y semejanza, con un fuerte militarismo sobre la sociedad y sobre el que se asienta. Como todo bonapartismo reaccionario cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Y Bukele se prepara para las próximas elecciones presidenciales, que junto a las legislativas se celebrarían en febrero de 2024. Pero la Constitución de El Salvador no permite la reelección, cuestión que no será obstáculo para el Bonaparte salvadoreño. Así lo anunció en cadena nacional el 15 de septiembre de participar por segunda vez como candidato presidencial, manifestando: “Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia del 2024…Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado; el camino que, por primera vez en la historia, hemos demostrado que es el correcto…”. Así vendría el nuevo golpe de Bukele, que nada indica que perdiera una próxima elección presidencial. Se habla que con toda esa fuerza impondría una nueva Constitución a su medida y semejanza.
El bonapartismo reaccionario y punitivista de Bukele no solo que avanzará, sino que ya avanza contra los trabajadores y los pobres, como lo demuestra las detenciones de dirigentes sindicales y populares, como los trabajadores municipales José Leónidas Bonilla Torres, Dolores Victoria Almendares Alvarado y Geovanni Aguirre, el trabajador y dirigente sindical portuario, David Melquisedec Castillo, entre muchos otros. Una represión que se impondrá con más fuerza. Se hace urgente que los trabajadores, la juventud, las mujeres trabajadoras, los campesinos y los sectores populares salvadoreños emprenda una lucha implacable por la defensa de las libertades democráticas, y tirar abajo el régimen de excepción. Una lucha que está ligada a la pelea por sus derechos fundamentales y los ataques a sus condiciones de vida, mediante la movilización de los trabajadores, la juventud, sectores populares y campesinos.
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