EXPECTATIVAS

Tremendo el reto asumido por el Pacto Histórico, en cabeza de la fórmula presidencial que hoy lidera el país. Nada diferente se puede decir ante la herencia recibida, no solo del gobierno saliente sino también de dos siglos de exclusiones, negaciones, injusticia, imposiciones, usurpación de lo colectivo y apropiación destinada a bolsillos inescrupulosos de lo que le correspondía al conjunto social y facilitaría unas mejores –si no ideales– condiciones de vida para las mayorías.

La usurpación se ha concretado, como lo evidencian millones de víctimas en varios planos, por medio de una constante violencia, armada en unos casos, y en otros no, pero sí con medios que se le asimilan o están soportados en el imaginario de muerte.

La dimensión del reto, ahora en manos elegidas por más de once millones de votantes, cada día se hace más diáfana y permite preguntar si acaso quienes actúan como líderes de un país, la cabeza y asimismo el resto del cuerpo, no repararon adecuadamente la situación real del territorio nacional y todo lo que implica superarla, meta imposible, por demás, en cuatro años de gestión.

Desde antes del triunfo se advirtió por muchos medios la precariedad económica del país, con un inmenso déficit financiero como producto de los compromisos derivados de la creciente deuda pública externa –874,9 billones, el 74,3 por ciento del PIB–, de los cerca de 34 billones de pesos adeudados, derivados del faltante acumulado en estos años por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (fepc) y de los cuales se deben cubrir en los próximos tres años un total de 28,5 billones. Igualmente del desequilibrio creciente entre egresos e ingresos (cada vez se importa más), de la ascendente inflación –producto de circunstancias internacionales más que nacionales– y por lo tanto con dificultades no superables en lo inmediato ni mediato. Asimismo, del coletazo que trae la disputa interimperialista en todos los órdenes y con impacto inmediato y más visible en Ucrania y su golpe sobre algunos alimentos, como sobre insumos fundamentales para sostener el modelo agrícola que han impuesto las multinacionales; pero de la misma manera por los efectos, las limitaciones y los bloqueos que trae la crisis sistémica que hoy se siente por doquier. En fin, una realidad compleja que limita y dificulta el margen de maniobra del Gobierno.

Marco restringido que además tiene otras fronteras, como las marcadas seguramente en la visita el 22 de agosto del subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley INL, Todd Robinson, y su donación a la Policía de dos millones de dólares, así como la llegada de Laura J. Richardson, la general comandante del Comando Sur, el cinco de septiembre, y por segunda vez en menos de un año. Unas fronteras que indican que en el juego de los poderes internacionales los Estados Unidos no está dispuesto a abandonar su “portaaviones” como muchos denominan a Colombia. Los cambios en la política de extradición, apenas balbuceados, parecen entrar en fase de hibernación, así como las propuestas de descriminalización de la producción de drogas sicotrópicas, aspectos en los que USA parece tener la última palabra. Es claro que las correlaciones de poder a nivel internacional juegan mucho en estos aspectos, pero, ¿una “paz total”, es posible al interior de una guerra contra las drogas?

Otras realidades, políticas en este caso, también eran evidentes: por ejemplo, las que se desprenden de una ola de protestas que dieron paso a un amplio pliego petitorio por resolver, pliego al cual se le deben sumar todos aquellos firmados y no cumplidos por anteriores administraciones. Una ola de inconformidad queda suspendida en el mejor de los casos –o desinflada, en el peor– para darle un margen de espera al nuevo mandatario. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo identificar el descontento si va tomando forma, y cómo neutralizarlo para no terminar pareciendo o siendo antipopular? Es este un reto no menor que obliga a tener ojos y oídos despiertos para detectar una situación que resultaría grave.

Pese a ello, se corrió el riesgo y se ofreció una propuesta para el cambio. No podía ser de otra manera, ya que quien disputa el gobierno, y con él una fracción del poder, no renuncia a tal oportunidad, amedrentado por las cifras y en espera de mejores tiempos. Mucho más cuando se habita un país en el que casi todo está por hacerse en forma adecuada para que los ciudadanos sientan y vivan otro modelo social, que sí es posible. Un mandato del cambio, con ofertas en todos los ámbitos, a riesgo de un populismo demagógico; los más inmediatos y medibles en los hogares, vivencial o diariamente, pero también los de largo plazo y solo perceptibles en su real impacto en no menos de 20 años. Los primeros son urgentes para las mayorías; los segundos –medio ambiente, transición energética, entre otros– son la motivación de una intelectualidad sin el afán desprendido de los escasos ingresos, o sin la tierra para cultivar, o sin trabajo estable y bien remunerado.

Estamos frente a una oferta de cambio con interrogantes dibujados, además, por el nombramiento de funcionarios de primer orden, y de dudosa o comprobada conducta negativa. El ministro de Educación, responsable en otro gobierno de la salud y quien no le dio cumplimiento al mandato de los jueces para proteger a la niñez wayúu, está en la primera línea, acompañado de quien fuera director del Sena y hoy es jefe de la cartera del Interior. Pero, asimismo, quien encabeza el Congreso y tiene gran poder dentro del Pacto Histórico, con trayectoria clientelar, queda cubierto por mantos de duda, y tal vez por lo cual el día de la posesión presidencial no quedó solo en el momento de ponerle la banda presidencial al nuevo jefe de Estado. La dirección o subdirección de instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar, la Superintendencia Financiera y un largo etcétera figuran en manos de personajes que también generan importantes preguntas.

La justificación de estos nombramientos, como es de dominio público, es la necesidad de abrirle condiciones a la gobernabilidad –“No aislarnos, pues nos tumban”, dijo el Presidente–, y por/para ello permitir que los partidos de siempre mantengan sus prácticas y prolonguen ante la opinión pública la idea de que tal vez el cambio no llegará pronto. ¿Cuándo y cómo?

Paralelo a ello, la dilación del 99 por ciento de las reformas, todas ansiadas, así determinado por la reclamada gobernabilidad y por la correlación de fuerzas, conduce a que las transformaciones demandadas por años en salud, trabajo, agro, medio ambiente, educación, quedan para otros años. ¿Existirá mayoría parlamentaria en esos momentos? ¿El compás de espera brindado al nuevo gobierno, por la sociedad inconforme, se mantendrá aún cerrado para entonces?

Dicen que la popularidad es para gastarla, y la de Petro es alta. Habrá que esperar la medición de su gestión en unos meses para verificar su conservación o su desgaste. Centrado en impactar con un logro grande, como el de la paz –así no sea total–, van quedando al margen otros asuntos, y por ello llegan voces de inconformidad. Es el reclamo de cambios o realizaciones inmediatas, en este caso en la forma del proceder político.

Desde La Guajira alegan con dolor que –el pasado 10 de septiembre– la comitiva presidencial que visitó el departamento estaba integrada también por Alejandro Gaviria –ministro de Salud desde septiembre de 2012 hasta el 7 de agosto de 2018–, a quien, como ya fue señalado en párrafos anteriores, le correspondía cumplir con la Sentencia de Tutela T302/17 y durante 15 meses la desacató. Le indilgan, por tanto, responsabilidad en la “tragedia humanitaria genocida”, según el decir de aquellas voces. Y cuestionan “[…] la realización de una reunión excluyente en la cual estuvieron ausentes las víctimas de la tragedia, o sea, los wayúu de a pie”.

Y denuncian con dolor: “En esos seis años fue que se produjo la gran mortandad de niños en La Guajira y durante sus últimos 15 meses de gestión incumplió la sentencia de tutela referida, es decir, este sujeto abominable con su gestión es responsable de la tragedia humanitaria genocida. Hoy es ministro de Educación y fue a La Guajira a ‘dar clases’ de humanismo”.

Según esas voces, “En esa reunión cerrada Gaviria se hizo acompañar de sus grandes amigos guajiros, quienes le hicieron la campaña en el departamento, encabezados por Rosalinda Aguilar, dueña de la Clínica Wayúu Asocabildos, precisamente una de las clínicas que no cumplen con sus obligaciones en la prestación de los servicios de salud y por eso son corresponsables de esa mortandad de niños”.

Desde ese mismo departamento, otras voces inconformes indican que “[…] están cansados de la información sobre La Guajira desde el pensamiento, el análisis, la visión, hasta el imaginario bogotano o urbano de otras regiones”. Es decir, están cansados del centralismo y el eurocentrismo que por ahora no ven superado en las prácticas del nuevo gobierno.

En iguales términos reclaman quienes habitan en cercanías o en los alrededores del canal del Dique, afanados por soluciones inmediatas para una tragedia de inundaciones que viven y sienten que podrían ser peores si el invierno no cede. ¿Le ganarán el proceder y los tiempos administrativos a la protección de la vida?

Al mismo tiempo, voces especializadas cuestionan, no sin razón, que la tan propagandeada reforma tributaria está muy por debajo de los recursos que requiere el Gobierno para cumplir con lo prometido, tanto como para satisfacer las necesidades de supervivencia, con el ineludible reto de garantizar mucha más vida digna. En su trámite, el despliegue de malabares y de mermelada va dejando al desnudo el costo mayor que llega de la mano de la gobernabilidad: no afectar en debida forma a quienes más tienen y, con ello, no tocar los niveles de injusticia estructural y la desigualdad social que registra el país. Además, si la inflación mundial continúa su marcha –qué en algunos países del centro capitalista, ya alcanza el 10%–, las tasas de interés seguirán subiendo y con ello el servicio de la deuda, lo que achicará aún más lo que pueda ampliarse del gasto social. La perenne deuda con los más desprotegidos tiene, entonces, pocos visos de alguna corrección importante.