El problema de la tierra ha tenido varios intentos de solución vía reformas agrarias –fallidas– en Colombia.
Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la tenencia de tierra
Juan Sebastián Naverrete Aldana
Foto Cric.
Desde la Casa de Nariño, mostrando autoridad, el pasado 30 de agosto el gobierno nacional envió una advertencia de desalojar, en un plazo máximo de 48 horas, a los responsables de la “invasión de tierras” en zonas como Valle del Cauca, Cauca, Huila y Cesar. De acuerdo al Gobierno, lo allí manifestado son conductas “reprochables”. Su llamado fue a “[…] respetar la propiedad privada”.
De esta manera empezó la primera puja entre el gobierno del Pacto Histórico y algunos sectores de los movimientos sociales –en especial indígenas y campesinos– que demandan tierra desde hace décadas sin encontrar eco positivo. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la tenencia de tierra según diversos informes, entre ellos el de Oxfam1.
Desigualdad y concentración de la propiedad de la tierra que no solo se mantiene sino que crece desde hace décadas, arrojando en la actualidad un coeficiente Gini a nivel nacional superior al 0.83. No puede ser diferente: existen 5 mil 842 Unidades Productoras (0.25% del número total) con un área superior a 1.000 hectáreas, cuya área acumulada asciende hasta unos 80.4 millones de hectáreas (74% del área total)2. Además, según un estudio de Oxfam a partir del último Censo Agropecuario realizado en el 2014 por el Dane, las pequeñas fincas se han fragmentado aún más, perdiendo cada vez más territorio: hoy el 80 por ciento de las fincas tienen menos de 10 hectáreas y no llegan a ocupar ni el 5 por ciento de la superficie total censada3.
Una realidad que demuestra que el país ha transitado durante décadas por vía contraria a la que ocupa la justicia social, materializada en este caso en la negación al recurso insustituible para quienes tienen en la tierra la vía fundamental para solventar sus vidas.
Sobre estos tópicos, en entrevista con desdeabajo Sebastián Giraldo, dinamizador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –Acin–, resaltó con visión histórica que el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– empezó el proceso de recuperación de tierras en los años 60 en unidad con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc–.
Sentado y cuchareando su plato de comida, a cuyo fondo las luciérnagas dejan rastro de su sonido, Sebastián recordó: “Hubo dos fincas muy emblemáticas en las que ingresaron varias comunidades indígenas en esa época: El Credo, en la parte alta de Caloto y otra finca en Silvia. Desde ahí hubo todo un proceso de Reforma Agraria o de Revolución Agraria, por así decirlo, desde entonces han sido recuperadas alrededor de 70 mil hectáreas de tierra en el Cauca, tierra que pasó de manos de los grandes terratenientes a varias de las comunidades, en un proceso que tomó más de 20 años. Las últimas recuperaciones de esa gran oleada terminaron en 1996, más o menos, luego de ejecutada en el año 91 la masacre en la finca El Nilo en Caloto y en la que fueron asesinados 20 indígenas, producto de lo cual hubo una reparación que implicó la entrega de las últimas fincas. Una reparación parcial porque todavía no se ha entregado el total de las 15 mil hectáreas que el Estado quedó comprometido a indemnizar”.
Con la última oleada de recuperación de tierras, que hoy llaman liberación de la madre tierra, que empezó el 15 de diciembre de 2014 y hasta la fecha, son bastantes las haciendas ocupadas. Según Sebastián, alrededor de 27 fincas hay en proceso de recuperación en todo el norte del Cauca, más o menos unas 12.600 hectáreas. Es por ello que le preguntamos:
—Denuncian distintos sectores que los indígenas tiene mucha tierra. ¿Qué de real tiene esto? Y su respuesta fue inmediata y precisa:
—“Si bien es cierto lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, de que los pueblos indígenas en resguardos constituidos tienen 33 millones de hectáreas, la mayoría de esas hectáreas no son del pueblo nasa ni están en el Cauca, están en departamentos de la región Amazónica y Orinoquia, y también en La Guajira. Si se mira en detalle, esos millones de hectáreas son selvas, bosques y áreas de protección ambiental.
Por su parte, de los 3 millones de hectáreas que tiene el Cauca solo el 17 por ciento es de resguardos indígenas, de ellas más o menos 600 mil hectáreas entre resguardos coloniales y republicanos; pero en el norte del Cauca, que es donde tiene más fuerza el proceso liberador de tierras solo se cuenta con algo así como 89 mil hectáreas para una población de 130.700 personas, más o menos 43 mil familias.
Además, y esto no puede olvidarse, la mitad de estas 89 mil hectáreas tienen restricciones de uso por diferentes factores, sobre todo porque son reservas forestales y parques naturales (ley 2 de 1959) y, las solicitudes de ampliación y aprobación de nuevas tierras para sus pobladores han estado muy demoradas”.
Promesas incumplidas y contrarreforma
El problema de la tierra ha tenido varios intentos de solución vía reformas agrarias –fallidas– en Colombia. Así sucedió, por ejemplo, con la ley 200 de 1936, desmontada con la ley 100 de 1944 y más tarde la ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora–, ley incumplida y al final desmontada con el famoso Pacto de Chicoral y con la ley 4 de 19734; otra pretensión de reforma es la resumida en la ley 160 de 1994, impulsada por el actual Ministro de Hacienda, una reforma limitada, según recomendaciones del Banco Mundial, a la promoción de un mercado “libre” de compra y venta de tierras5. En consecuencia le preguntamos a Sebastián Giraldo:
—El Ministerio de Agricultura ha anunciado una Reforma Agraria, ¿cómo podría hacerse efectiva en el Cauca?
—“Para que sea efectiva la Reforma Agraria tiene que hacerse un gran diálogo social entre distintos sectores, para tratar de superar por esa vía las fronteras étnicas con que pretenden ennublar el inmenso faltante de tierra que afecta a estos pueblos. En la lucha por tierra, como lo he comentado, hubo avances desde 1991 en la garantía de derechos en comunidades étnicas, pero no así en el sector campesino.
Como resultado de ello el campesinado giró a algo así como una etnización estratégica, tratando de asimilarse como sujetos antropológicamente diferenciados y, por tanto, sujetos de derechos. Pero de los impactos negativos de ese multiculturalismo colombiano, por así decirlo, tenemos que ahora resaltan el discurso que diferencia indígenas, afros o campesinos. En ocasiones una cosa se vuelve contraria de la otra y se vuelve peligrosa, en este caso las fronteras étnicas llegan a ser fuentes generadoras de conflictos que impiden una articulación de todos los sectores sociales que necesitan la tierra.
Entonces, lo primero que ahora nos urge es hacer un gran diálogo escalonado entre comunidades para ir buscando un lenguaje inclusivo que vaya desmontando las fronteras de lo étnico y permita sumar fuerza social, y así poder afrontar la lucha por el derecho a la tierra al unísono, como negados, excluidos y pobres que somos.
Precisar acá, que si bien hubo avances en el Cauca aún la concentración de la tierra sigue siendo muy grande, con un Gini de 0,9, siendo uno de los más grandes del país y en el norte del Cauca rondando el de 0,7”.
Las circunstancias de vida no mejoran, y además continúa la situación de violencia en esa región. Aparte de la íntimidante advertencia del Gobierno de turno para que las comunidades desalojen los predios recuperados, actualmente el asedio paramilitar en la zona del norte del Cauca tiene una alta intensidad de victimizaciones en municipios como Corinto, Gauchené, Santander de Quilichao y Caloto. Allí, paramilitares de las Águilas Negras –bloque Suroccidental– y las AGC, en asociación con el llamado Cartel de Sinaloa, amenazan a través de panfletos y mensajes de texto dirigidos a líderes sociales de base, especialmente de comunidades étnicas y campesinas que apoyan el proceso de implementación de los acuerdos de paz (Defensoría del Pueblo, 2019, 2020, 2021)6. Una realidad que invita a que seamos y actuemos como un solo dique, que también deja correr sus aguas cuando es necesario.
Una realidad de injusticia y violencia, además de presión íntimidante de parte del Gobierno, que llevó a que la Acin se pronunciara, precisando: “La espada de Bolívar no puede ser envainada hasta que no se haga justicia frente a la extrema inequidad que el dominio colonial ha dejado sobre el derecho al acceso y uso equitativo de los frutos que provee la madre tierra, usurpada de manera violenta de la mano de los grandes terratenientes y empresarios a sus habitantes originarios, pero será siempre el diálogo y no la violencia, nuestra apuesta y nuestro compromiso por el Cauca y Colombia”.
Acotación indígena que invita a recordar las palabras pronunciadas por el Presidente Petro el 7 de agosto, al ordenar traer la espada de Bolívar: “Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros y nosotras. Y quiero que nunca más este enterrada ni retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario El Libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo, es la espada del pueblo”. ¿Cuándo llegará esa justicia que hará envainar la espada? ¿En 48 horas?
De sur a norte
Las horas del reloj no se detienen y tampoco frenan la crítica y compleja situación de violencia con que pretenden distintos actores bloquear los procesos de recuperación de tierras en el Cesar, donde la mayor tensión y vulneración de derechos humanos se encuentra en los municipios de Astrea, exactamente en el predio Génova; en Chimichagua, con los predios rurales Santa María y La Oficina; en Tamalameque, vereda Bocas, con los predios de Machín, Berlín y Los Mangos; en San Martín, por el corregimiento Puerto Oculto está el predio El Reposo. También en el Magdalena en el municipio de El Banco, y en Santander en el municipio de Río Negro.
Jorge Niño, abogado del equipo de trabajo del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en entrevista con desdeabajo contó sobre la situación de los 62 procesos que acompaña en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur y centro del Cesar, y los Santanderes. Todos hacen parte de la Comisión de Interlocución, todos procesos de tierra de comunidades campesinas víctimas y revictimizados en el marco del conflicto armado interno de Colombia.
—¿Cómo está la situación en esos municipios y predios?
—Estos procesos están muy críticos, con presencia de actores armados, que al parecer cumplen órdenes de poderes e intereses políticos y económicos de terratenientes, empresarios agroindustriales y ganaderos de la zona.
—¿Son casos de campesinos que han sido desplazados o han sufrido de procesos de violencia, o solo campesinos sin tierra?
— Son procesos de recuperación de tierra y defensa del territorio de población campesina y agrominera que han sido desplazados y han sufrido violencia; son víctimas del conflicto armado por desplazamiento y despojo de tierras. También de otros hechos como amenazas, desaparición y homicidios.
—¿Las fincas ahora ocupadas hacen parte de un reclamo jurídico?
— Estos son predios de zona rural y hacen parte de procesos jurídicos, más que jurídico van por vía administrativa y algunos otros en el Consejo de Estado en donde hemos instaurado demandas contra actos administrativos proferidos en su época por el Incora, entidad que adjudicó baldíos reservados, y que por su misma naturaleza no debieron salir del dominio público al dominio. privado. Al ser adjudicados están siendo utilizados para proyectos ganaderos y agroindustriales con afectación del ecosistema, desaparición y desviación de cauces de ríos, con un impacto ambiental bastante grave para las comunidades campesinas que viven en ese territorio desde la época de los grupos paramilitares, padeciendo despojó y desplazamiento.
Actuar paramilitar que continúa hasta la fecha y con antecedentes en el Nororiente colombiano con el asesinato de líderes sociales como Aldemar Parra García, presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar en 2017; Fabiola Fajardo Ayala, lideresa de la vereda La Colorada e integrante del Movimiento Resistencia a la Minería en el Carmen de Chucurí en 2018, y el de Lede María Ortega Ortiz, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo, asesinada en 2019 en El Tarra, Norte de Santander7.
¿Qué vendrá?
No pasaron ni 48 horas y el Cric denunció el 2 de septiembre que en Caloto el Esmad utilizó armas de fuego: “Inician no los desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto a solo 6 horas después de encuentro con ministros”, escribió la organización. Acciones gubernamentales que dejan el panorama lleno de niebla para los sectores reclamantes de tierras que históricamente han exigido una justa e integral Reforma Agraria, pero al mirar atrás ven cómo sus intentos por garantizar un derecho fundamental quedan de nuevo como dos espejos que se miran frente a frente.
1 Cardona Antonio José. (18 de abril de 2018). Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. www.mongabay.com
2 Garay Luis Jorge, Desigualdad y exclusión social, ilegalidad y conflictividad. Ediciones Desde Abajo, 2022.
3 Oxfam, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. www.oxfam.org, 4 de julio de 2017.
4 Soluciones agrarias. Reforma agraria, portón para la paz, Volumen 7/8, Ediciones Desde Abajo, 2007, p. 55.
5 Chaparro Pablo, Delgado Julián, Cote Luis, ¿La era de la reforma agraria?, 7 de septiembre de 2022, www.jacobinlat.com
6 Giraldo Javier, Alzate Leonardo, Muggenthaler Ferdinand, Peters Stefan, ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografía de una paz violenta en Colombia, Fundación Rosa Luxemburgo, 2022, p. 169.
7 Ibíd., p. 129.
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