LA LÓGICA DE LA IMPUNIDAD

Por Mónica Peralta Ramos 

Con el correr de los días, el fantasma de un holocausto nuclear sobrevuela rasante sobre la guerra en Ucrania. Sin embargo, la población mundial no lo ve ni lo oye y las elites de Occidente miran para el otro lado. Este silencio ruidoso apunta a la impunidad, un proceso que conecta a los conflictos geopolíticos con los locales. La impunidad para hacer y deshacer en todos los órdenes de la vida social convierte a las relaciones asincrónicas de poder en un fenómeno natural. Desmitificarlas implica romper su oscuridad, ventilando las causas estructurales que les dan origen.

Las turbulencias que hoy azotan al mundo expresan la crisis de un orden global basado en la hegemonía de los intereses norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos busca el control absoluto sobre los recursos estratégicos del planeta, sobre el sistema financiero internacional a través del rol del dólar como moneda internacional de reserva y sobre una narrativa que, apelando a la democracia, privilegia los intereses de unos pocos en perjuicio de las mayorías. Esto ocurre en un mundo amenazado por un huracán económico y financiero, por la depredación de los recursos y del clima y por la polarización y radicalización de las elites dirigentes en un escenario de crecientes demandas sociales insatisfechas. Estos fenómenos salen a la intemperie en la crisis de legitimidad que erosiona a las instituciones de Occidente, una crisis que arroja luz sobre los orígenes de la impunidad.

En este presente alborotado, la inflación internacional y la crisis energética y alimentaria conectan subrepticiamente a los conflictos geopolíticos con los locales y colocan al problema de la soberanía nacional en el centro de la escena política mundial. Sin embargo, la percepción de estos fenómenos se oscurece tras la bruma de un relato que siembra y cosecha impunidad. Así, la población mundial, destrozada en mil pedazos y sumida en su cotidianeidad minúscula, desconoce que su pequeño futuro individual se juega en las antípodas del planeta, y que la impunidad de las elites locales se enraíza en operaciones militares que conducen hacia un holocausto nuclear.

La semana pasada, la escalada militar en Ucrania tomó un nuevo cariz: con asesoramiento y participación directa de altos funcionarios militares norteamericanos y de la OTAN, el ejército de Ucrania inició una contraofensiva, disputando parte del territorio ocupado por Rusia en el sur y norte de Ucrania. Iniciada la ofensiva, Valeriy Zaluzhny, comandante en jefe del ejército de Ucrania, advirtió que existe “peligro inmediato de que, bajo ciertas circunstancias, Rusia utilice armas tácticas nucleares (…) Tampoco es posible descartar que los países centrales se involucren en un conflicto nuclear limitado, una Tercera Guerra Mundial” [1].

Frente a esto, Rusia acusó al gobierno de Ucrania de realizar una operación “de falsa bandera” para escalar el conflicto militar. Sus tropas bloquearon la contraofensiva en el sur y abandonaron el territorio ocupado al norte, en la zona de Kharkiv, replegándose para defender el centro y sur de su línea de ocupación en el Donbas. Tal vez previendo un desenlace negativo de su contraofensiva, el gobierno de Ucrania propuso el martes la realización de un “Pacto de Kiev” que, en esencia, sería idéntico a la inmediata incorporación de Ucrania a la OTAN. Esta organización, junto con los Estados Unidos, daría así “garantías de defensa inmediata en caso de ataque” [2]. La respuesta de Rusia fue terminante: de concretarse, el Pacto constituirá el inicio de la Tercera Guerra Mundial y será seguido de un inmediato holocausto nuclear [3].

Esta aceleración de las definiciones ocurre en un contexto que ayuda a revelar la lógica de la escalada del conflicto. Desde tiempo atrás, el Presidente Volodímir Zelensky ha bregado por el envío de más armamento y equipo a Ucrania. Ahora ha sido invitado como principal orador a la reunión anual de la organización que nuclea a las principales corporaciones de armamento norteamericanas para exponer allí las oportunidades de negocios que existen en Ucrania [4]. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada el desembolso de 2.000 millones (billions) de dólares destinados a la seguridad de Ucrania, paquete que alcanza los 15.000 millones de dólares aprobados a tal fin desde febrero de este año. A esto se agrega la reciente decisión del Pentágono de requerir más financiamiento para su stock de municiones y equipo diezmado por los envíos a Ucrania. Para el Pentágono, esta recuperación de stocks es indispensable ante la posibilidad de una guerra con Rusia y/o China [5].

Pareciera, pues, que la escalada y la continuidad de las operaciones aseguran enormes ganancias al complejo industrial militar en circunstancias en que la Reserva Federal norteamericana busca desacelerar la economía para combatir la inflación. Esta lógica de maximizar ganancias descarna la impunidad de una guerra que se acelera al precio de provocar un desenlace de consecuencias imprevisibles para la humanidad.

En su mensaje sobre el estado de la Unión Europea, la Presidenta de la Comisión Económica señaló en días recientes que “no hay que flaquear” en el combate a la crisis energética. Sin embargo, esta es en esencia “una guerra entre la autocracia y la democracia”. Las mentiras de los autócratas “son tóxicas para nuestras democracias”, agregó. De ahí que, conjuntamente con las medidas para mitigar la crisis energética, la Comisión presentara un paquete complementario destinado a la “defensa de la democracia” [6]. Estos anuncios plantean varios interrogantes en relación a quién toma las decisiones, qué grado de representatividad y legitimidad tienen estas decisiones, cuáles son los criterios para definir la “desinformación”, cuál es el monto de los subsidios y quiénes serán los ganadores y los perdedores.

El rechazo de varios países al intento de imponer un techo al precio del gas ruso hizo fracasar a una medida que despertó suspicacias en torno a los subsidios y a la propuesta de inyección de liquidez para enfrentar los 1.5 billones (trillions) de dólares de deuda con derivados de productos energéticos, que hoy amenaza con transferirse a otros activos financieros europeos: quiénes están detrás de esta deuda, cuál es la relación de los bancos y los traders con la misma y qué pasara con los tenedores de derivados son algunos de los problemas que empiezan a tomar estado público [7]. Al mismo tiempo, se generaliza el cuestionamiento empresarial a la desindustrialización desatada en un contexto de “severo riesgo de protesta social” [8], que ya empieza a mostrar los dientes en Austria, Checoslovaquia y Francia.

Los Estados Unidos tampoco escapan al impacto de la crisis energética. El gobierno ha acudido a la liberación de las reservas estratégicas del petróleo para contener la suba de los precios de la nafta. Sin embargo, en vísperas de elecciones, se agudiza la crisis de legitimidad institucional y la polarización partidaria. Recientemente, una carta firmada por una docena de ex secretarios de Defensa, ex jefes de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y altos ex funcionarios militares, ventiló el descontento castrense ante “el ambiente cívico militar excepcionalmente desafiante” que vive el país. marcado por una “extrema división y polarización política que culminó en la primera elección en más de cien años con resultados puestos en duda y una transmisión de mando alterada” [9]. Los firmantes señalan que las reglas militares prohíben la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en actos políticos y que “los dirigentes militares y civiles deben preocuparse celosamente por mantener separados a los militares de la actividad política partidaria”. Sin explicitarlo, aludían al reciente discurso político de Joe Biden en el que, flanqueado por dos miembros de las Fuerzas Armadas, calificó de terroristas a los partidarios de Donald Trump, acusación que se repite cada vez con más frecuencia.

El raid del FBI a la residencia de Trump y el procesamiento de más de 36 ex funcionarios de su gobierno acusados de connivencia con los tumultos del 6 de enero en el Capitolio al contar los votos que dieron la Presidencia a Biden, ha contribuido, según las encuestas, a aumentar el descontento de la población ante la politización de los organismos de inteligencia [10]. Esta situación llevó al jefe del Departamento de Justicia a prohibir toda participación de los agentes federales en futuros actos políticos a realizarse antes de las próximas elecciones, a fin de “preservar la confianza pública” [11]. Otro memo interno reiteró la restricción de toda comunicación entre agentes del FBI y el Congreso norteamericano, intentado así controlar el flujo de información que reciben senadores y diputados republicanos que investigan la supuesta participación del FBI en los episodios del Capitolio [12]. En paralelo, un nuevo proyecto de ley [13] busca afirmar el control de los grandes medios y monopolios tecnológicos sobre el disenso, bloqueando la información considerada “desinformación” que hoy circula en los medios y plataformas de menor envergadura [14].

Estos fenómenos ocurren en un contexto económico que afecta negativamente a los sectores populares, cuyos votos son disputados tanto por los demócratas como por los republicanos liderados por Trump. Los aumentos de las tasas de interés y la restricción monetaria para desacelerar la economía y controlar la inflación impactan inmediatamente sobre el endeudamiento de los consumidores, que hoy rompe todos los récords, llegando a los 6.644 billones (trillions de dólares) anuales y, si se agrega la deuda con hipotecas, a los 16.2 billones (trillions) de dólares de endeudamiento familiar. Pero no todos sufren por igual: las corporaciones de petróleo, gas y alimentos realizan ganancias extraordinarias y algunos bancos norteamericanos con garantía oficial multiplican la actividad especulativa con derivados, al margen de toda regulación oficial.

Turquía forma parte de la OTAN, pero no ha aceptado las sanciones económicas impuestas a Rusia y ha mediado para facilitar negociaciones que pongan fin a la guerra en Ucrania. Recientemente firmó un importante acuerdo de cooperación con Rusia y cinco bancos turcos se han integrado a la red Mir de financiamiento ruso, que opera con independencia del dólar. Este sistema, junto con otros, intenta constituir un nuevo orden monetario internacional que habilite transacciones comerciales y financieras fuera del área del dólar. Esto ha desencadenado la presión de Estados Unidos y la Comunidad Europea sobre el gobierno turco para que endurezca su posición ante Rusia y la preparación de severas sanciones contra los bancos turcos integrados al Mir, esperando que las mismas sirvan para disuadir a los bancos de cualquier otro país que en el futuro pretendan independizarse del dólar [15]. Golpeando abiertamente hasta a los países integrantes de la OTAN, las sanciones muestran que la impunidad del dólar llega a su fin.

El gobierno ha convocado a un diálogo nacional para “estabilizar” la economía y revertir el clima de odio que culminó con el atentado contra la vida de la Vicepresidenta. Este objetivo indispensable para lograr el crecimiento y la paz social se estrecha contra la espesa trama de relaciones de poder que, desde hace décadas, ha impuesto un modelo económico agroindustrial extractivo que potencia la exclusión social y concentra la riqueza y el poder en muy pocas manos. En los últimos tiempos, esta trama de poder revienta al aire libre en un vaciamiento del sistema jurídico y una radicalización totalitaria que prende fuego al sistema político partidario.

Utilizando la vieja y consabida práctica de la corrida cambiaria y la inflación desmadrada, esta trama de poder acorraló al gobierno, vaciando las arcas del BCRA. Un cambio del equipo económico y el ofrecimiento de un “dólar soja” logró que el pequeño grupo de exportadores/productores vendiese los granos y divisas que retenían para provocar una devaluación y mejorar sus rentas. El diálogo tuvo éxito, pero significó aceptar las condiciones impuestas por el más fuerte. El gobierno zafó por un instante de la encerrona y ganó tiempo para no defaultear el Acuerdo con el FMI, pero este sector del “campo” comprobó que “apretar” hasta extenuar rinde frutos. El “otro sector” del campo probó sus dientes esta semana. Indignado por el aumento de la tasa de interés para aquellos productores que no vendieron todavía su soja, expuso su decisión de “cortar el diálogo” si no se levanta la medida inmediatamente. La respuesta no se hizo esperar: deben formalizar el pedido con una carta y la medida seguramente será levantada. Si esto se concreta, se demostrará una vez más que, para estos sectores, el diálogo implica imponer por la fuerza y sin concesiones sus intereses inmediatos por encima de los de los demás.

La semana pasada, el índice de inflación llegó al 7% con el aumento interanual más alto de los últimos 30 años y un crecimiento imparable del precio de los alimentos. Esto ocurre a pesar del diálogo que mantiene el secretario de Comercio con las corporaciones que forman precios, de la continua caída del “costo” de los salarios y de que la aceleración continua del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial muestra que la devaluación que se pide está en marcha.

Ocurre que todos los empresarios tienen al dólar como punto de referencia para ajustar entre sí sus ganancias y rentas, apropiándose de una mayor cuota de los ingresos, las rentas y el excedente que se produce en el país, incluso al precio de esquilmar a los amigos y “competidores”.

Hasta ahora, del diálogo propuesto por el ministro de Economía han quedado excluidos los más vulnerables, los trabajadores y asalariadxs, que con ingresos fijos son expoliados por la inflación y la devaluación continua. Para muchos de ellos, “diálogo” significa la ruptura de promesas electorales y la persistente pesadilla de hambre, frío y desesperanza.

En este contexto, la única forma de dialogar es cambiando las reglas del juego: obligando a todos los sectores a hacer concesiones y apelando a las leyes –que existen, pero no se aplican– si los acuerdos no se cumplen. Un paso indispensable para cambiar estas reglas del juego es emitir una moneda anclada en nuestros recursos naturales, buscar nuevos horizontes para comerciar y obtener financiamiento fuera del área del dólar. Otro paso fundamental es tomar medidas inmediatas para revertir la matriz productiva que reproduce el endeudamiento ilimitado en dólares. Así, desde esta perspectiva, el actual intento de incentivar las inversiones en Vaca Muerta y en el litio ofreciendo dólares subsidiados y exenciones impositivas de distinto tipo implica profundizar peligrosamente los problemas que tenemos y condenarnos a un creciente canibalismo social.

[1] zerohedge.com, 09/09/2022.

[2] newsweek.com, 13/09/2022.

[3] tass.com, 13/09/2022; zerohedge.com, 15/09/2022.

[4] https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1568319301702017034?ref_src=twsrc%5Etfw, zerohedge.com, 10/09/2022.

[5] zerohedge.com, 10/09/2022.

[6] zerohedge.com, 15/09/2022.

[7] zerohedge.com, 13/09/2022.

[8] zerohedge.com, 11/09/2022.

[9] warontherocks.com, 06/09/2022.

[10] zerohedge.com, 11/09/2022.

[11] zerohedge.com, 10/09/2022.

[12] zerohedge.com, 10/09/2022.

[13] “Journalism and Competition and Protection Act”.

[14] consortiumnews.com, 12/09/2022.

[15] ft.com, 15/09/2022.